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Artículos de la Sociedad de la Información

Tribuna
17/02/2010
Nivel dificultad: Medio

La regulación ante el Espacio Único Europeo de la información

Rafael de Sádaba

La regulación es un aspecto decisivo en el impulso y desarrollo de la Sociedad de la Información. Este artículo le ofrece un completo y detallado análisis de este importante asunto.

Ha transcurrido más de una década desde que en 1998 se introdujera la competencia plena en el mercado de las telecomunicaciones, pilotada por una regulación sectorial emanada de las directrices de Bruselas y aplicada ex–ante, que ha convivido con el marco normativo general de la competencia, de intervención ex-post. Desde entonces se han puesto en juego modelos de competencia en servicios y en redes, con resultados diferentes que, sin embargo, permiten extraer conclusiones y aprender de la experiencia.

Está en liza ahora la introducción de un nuevo modelo regulatorio, vinculado a la evolución de las redes y tecnologías hacia un entorno de banda ancha. No cabe duda de que la conectividad de alta capacidad es clave para la implantación plena de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de que solo en un entorno de accesibilidad plena a aquélla será posible acabar con la brecha digital. El nuevo marco regulatorio tiene ante sí el reto de facilitar este objetivo, conjugando los diversos intereses en juego, garantizando el cumplimiento de las reglas de una competencia justa y leal y evitando asfixiar a un sector, que ha demostrado su enorme potencial para resistir la crisis y reavivar la economía.

Una nueva regulación para un escenario de partida diferente

Conviene hacer memoria y recordar cual era la situación de partida, cuando el mercado de las telecomunicaciones se abrió a la competencia, para repasar también los pilares en que se apoyó el modelo regulatorio entonces implantado. Conviene hacerlo y calibrar con cuidado si, en un escenario de partida completamente distinto, son válidos algunos de los principios directores impuestos por los Organismos Reguladores.

Partíamos entonces de unas infraestructuras operadas en monopolio por unos entes, las PTTs (Post, Telegraph and Telephone), en la mayoría de los casos parte de la Administración y financiadas vía presupuestos públicos. Conviene salir aquí al paso de un error bastante generalizado y resaltar que éste no fue el caso de España, donde una compañía de carácter privado, participada por el Estado, fue la encargada, mediante contrato con éste, de operar y explotar en exclusiva los servicios de telecomunicaciones, a excepción de telégrafo y télex, que permanecieron en el ámbito estatal, enmarcados en Correos.

Pues bien, esa situación de partida, redes únicas explotadas en monopolio, propició la implantación de un modelo basado en el principio de apertura de las redes, en que se primó la competencia en servicios y se implantó toda una batería de medidas destinadas a posibilitar que nuevos agentes pudieran encontrar su hueco en el mercado a partir de la red única existente. Conceptos como preasignación, portabilidad de número, desagregación de bucle, fueron implantándose sucesivamente como soportes de una competencia que difícilmente podría conseguirse si se obligaba a los nuevos entrantes a desplegar redes alternativas, como demostró el intento de potenciar las redes de cable, que aún hoy no puede decirse que constituyan una alternativa generalizada. Figuras como la de Operador Dominante, réplica de la de Operador con Poder Significativo de Mercado utilizada por la normativa de competencia, se utilizaron para sustanciar todo un marco legal cuya base es la puesta a disposición de terceros de la red del operador establecido, en condiciones de transparencia y no discriminación.

(http://ec.europa.eu/information_society/topics/telecoms/regulatory/98_regpack/index_en.htm)

Se introdujo asimismo el Servicio Universal como garantía de una accesibilidad mínima y asequible, a los servicios de telecomunicación, (básicamente servicio telefónico), garantizada a cualquier ciudadano.

Posteriormente, la aplicación de la competencia a la prestación de los servicios móviles dio origen a un modelo diferente, en que la base fue la competencia en redes, entre otras cosas porque la situación de partida era también distinta. No aparecía ya un único agente que operaba una única red, sino que se trataba de distintos operadores, cada uno desplegando su infraestructura propia, en competencia con los demás. La gran eclosión de los servicios móviles da fe del éxito de este modelo, al que ha habido tentaciones de trasladar el principio de apertura de redes característico del anterior, que afortunadamente no han derivado en imposiciones regulatorias y han primado el acuerdo comercial sobre cualquier obligación en este sentido.

La evolución de las tecnologías y la constante aparición de nuevos servicios han propiciado que ambos modelos se complementen en unas ocasiones y choquen en otras. La telefonía móvil está desbancando a la telefonía fija, internet móvil constituye para muchos usuarios una alternativa válida al ADSL. La conexión de banda ancha no es privativa ya de un tipo de red determinado.

Para determinar el escenario de partida a partir del cual debe abordarse la regulación de la banda ancha, es necesario definir con precisión que se está considerando como tal. Evidentemente no es lo mismo hablar de conexiones a unos cuantos Mbit/s, disponibles ya en las redes actuales tanto fijas como móviles, que de conexiones de muy alta velocidad, sólo posibles en redes de nueva tecnología y soporte de fibra.

Redes de alto ancho de banda y el principio de neutralidad tecnológica

Normalmente la frontera para considerar una conexión como de banda ancha se fija en el entorno de 1Mbit/s-2Mbit/s. Velocidades que hoy día pueden proporcionar también las redes móviles y que, para la mayoría de los usuarios son suficientes para satisfacer sus necesidades de conectividad. El hecho de poder ofrecer servicios similares o equivalentes, sustituibles entre sí, con tecnologías diversas ha dado pié al principio de neutralidad tecnológica, según el cual, la regulación de estos servicios debería ser transparente a unas tecnologías que pueden ser usadas indistintamente para proveerlos.

La situación cambia si hablamos de anchos de banda muy superiores, cuya provisión hoy por hoy requiere de tecnologías específicas y el despliegue de nuevas infraestructuras, con inversiones muy elevadas. Es cierto que queda mucho por hacer para desarrollar servicios que justifiquen que un ciudadano sienta la necesidad de tener una conexión de tan alta capacidad, pero no es menos cierto que muchas veces la conectividad es la que abre luego la puerta a las aplicaciones. Tal vez por ello la Comisión Europea ha puesto todo su empeño en auspiciar estas infraestructuras de banda muy ancha (http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/digital_divide/index_en.htm), como antídoto para luchar contra la brecha digital y ha dedicado a ello una importante dotación económica.

En suma, en el despliegue de estas nuevas redes de altísima capacidad la situación de partida es muy similar para cualquier agente que considere participar. Se trata de infraestructuras nuevas, por construir y lo que debería garantizarse es que aquellos agentes que decidan comprometerse e invertir en un proyecto tan oneroso y complicado, no encuentren en las medidas regulatorias una cortapisa ni un “desincentivo” que les haga desistir. Así podría ocurrir si se imponen obligaciones de apertura de estas nuevas autopistas de la información, más allá de las que se refieran a la planta ya existente, como conductos, canalizaciones, etc.

La banda ancha: ¿un derecho ciudadano?

Evidentemente si el despliegue de estas redes de muy alto ancho de banda va a ser el remedio para atajar la brecha digital, ningún ciudadano debería quedar excluido del acceso a las mismas. Ahora bien, conseguir esto no es un tema trivial. Las empresas que desplieguen estas infraestructuras tienen derecho a hacerlo en condiciones de rentabilidad y retorno de la inversión. Por tanto no cabe exigirles que operen en zonas cuya rentabilidad sea dudosa o nula, sino se destinan fondos comunitarios y/o estatales a apoyar este objetivo.

Incluir la banda ancha en el Servicio Universal contribuirá a paliar el problema, pero tampoco lo solucionará, en tanto que se garantizará como mucho una velocidad de 2Mbit/s, que aunque suficiente para muchas aplicaciones, daría lugar a una nueva modalidad de brecha digital, esta vez entre aquéllos con acceso a las nuevas redes y los que tendrían que conformarse con una banda ancha, llamémosla de 2ª categoría.

La irrupción de otros entes como proveedores de accesos de banda ancha con soluciones inalámbricas (Wifi, Wimax,…) puede verse como una solución desde la óptica del usuario, pero podría plantear dudas en el marco de la aplicación de una competencia leal. (file:///G:/Articulos/Interesantes/WIFI/WIFIyPLanE.html) La proliferación de Ayuntamientos que proporcionan a sus habitantes este tipo de conexiones es ya un fenómeno habitual y sin vuelta atrás, al que habrá que buscar encaje en este puzle de intereses, cuidando que el objetivo final, que debe ser la integración de todos en la Sociedad del Conocimiento, no resulte perjudicado, pero velando a la vez para que se respeten los derechos de todas las partes.

Conclusiones

A nivel europeo se ha establecido el año 2010 como la fecha para instaurar un “Espacio Único Europeo de la Información” (Single European Information Space) como base de la nueva economía digital. Pare ello la Comisión Europea ha emitido una serie de objetivos y recomendaciones a cumplir por los estados Miembros. Entre otros, promueve que en dicho año el uso de internet a alta velocidad abarque al 30% de la población. Paralelamente se pone en marcha un nuevo paquete de medidas regulatorias (http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm) con objetivo de adaptar a la realidad social y de mercado las anteriores normativas.

El sector de las comunicaciones electrónicas y las nuevas tecnologías ha demostrado su fortaleza frente a la crisis y se presenta como el candidato más firme para sentar las bases de una nueva economía, basada en la información y el conocimiento. La Regulación no debe ser una cortapisa sino más bien un catalizador, que sabiendo evolucionar y adaptarse a los tiempos, sea capaz simultáneamente de, fomentar la competencia, proteger al usuario y estimular a los actores del sector. Tarea que puede parecer ardua pero de cuya realización exitosa dependerá que aflore todo el potencial que este sector lleva consigo.

Destacados

  • No cabe duda de que la conectividad de banda ancha es clave para la implantación plena de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de que solo en un entorno de accesibilidad plena a aquélla será posible acabar con la brecha digital.
  • Las redes de altísima capacidad son infraestructuras nuevas, por construir y debería garantizarse que aquellos agentes que decidan comprometerse e invertir en ellas, no encuentren en las medidas regulatorias una cortapisa ni un “desincentivo” que les haga desistir.
  • El sector de las comunicaciones electrónicas y las nuevas tecnologías ha demostrado su fortaleza frente a la crisis y se presenta como el candidato más firme para sentar las bases de una nueva economía, basada en la información y el conocimiento. La Regulación no debe ser una traba sino más bien un catalizador.

Sobre el autor

Rafael de Sádaba: ex-directivo de Telefónica; durante 26 años desempeñó puestos en áreas como Responsabilidad Social, Regulación, Desarrollo de Servicios, Alianzas Internacionales, Marketing y Tecnología. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Media Responsable. Columnista de Mujeres&Cia y colaborador eventual de Media Luna Comunicación.

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