2 de marzo de 2024

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Siglo XXI, Internet para todos

por Mario Coronado
Ilustrador Emma Gascó

Internet ha sido una fuerza disruptiva democratizando el acceso al conocimiento y desafiando las barreras tradicionales. Sin embargo, la desigualdad persiste, especialmente en América Latina y exacerbada por la pandemia. Para lograr una sociedad más justa, es esencial garantizar un acceso equitativo al mundo digital y promover la educación en habilidades digitales.Esto puede reducir las brechas de género, educación, políticas y la división entre áreas urbanas y rurales. La conectividad digital puede ser una herramienta poderosa para abordar estas desigualdades. La colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil es crucial para aprovechar este potencial en el siglo XXI1.

 

El siglo XXI estaba destinado a ser el motor de grandes cambios tecnológicos, sociales y políticos. Internet era, incluso antes de su comercialización, una herramienta destinada a revolucionar multitud de paradigmas y, de hecho, hay expertos que sostienen que ha sido responsable de democratizar el acceso a fuentes de información y conocimiento. Esto se debe a la naturalidad con la que el mundo digital desafía parte de la rigidez y ciertas pautas formales que han caracterizado a los estudios y la comunicación científica y empresarial durante décadas (Piscitelli, 2005). Cuando solo falta un año para la entrada en el primer cuarto de siglo, se hace necesario observar si las dinámicas que generaron grandes desigualdades en siglos anteriores se han trasladado también al mundo digital o si, por el contrario, se quedaron atrapadas en el mundo analógico. El presente artículo tiene por objetivo reflexionar sobre el acceso igualitario al mundo digital y sus capacidades para conseguir sociedades más justas.

Al margen de ideologías, hay cierto consenso en la comunidad científica al considerar que la desigualdad genera un enorme coste económico, político y social. En particular, la región latinoamericana ha sido testigo de cómo altas cuotas de desigualdad generan círculos viciosos que acaban separando, aún más, la distancia entre ricos y vulnerables (Sánchez-Ancochea, 2022). Es por ello por lo que, para evitar la reproducción de situaciones injustas y económicamente no deseadas, se deben impulsar políticas públicas y regulaciones que garanticen la inclusión y el acceso de los grupos más vulnerables al mundo digital. Todo esto se vuelve aún más necesario a la vista del gran acontecimiento que caracterizará esta década: la pandemia y la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Son numerosos los expertos que coinciden en que las economías más digitalizadas han sufrido menos los efectos adversos de la pandemia (Hilbig, 2020). Debido a ello, los gobiernos han entendido que su resiliencia está íntimamente ligada al desarrollo del mundo digital y al igualitario acceso a este por parte de sus conciudadanos. En este avance hacia la digitalización de la región latinoamericana, no pueden quedarse en un segundo plano. Empresas y gobiernos han de trabajar conjuntamente para facilitar un acceso igualitario a la red y conseguir sociedades más justas e igualitarias.

Para lograr una sociedad más justa, es esencial garantizar un acceso equitativo al mundo digital

Sin embargo, no solo lograr un acceso de calidad a la red debe ser un derecho para los ciudadanos. También se debe contar con una educación en capacidades digitales para garantizar que se maximicen los beneficios de estar conectado. El derecho a la conectividad tiene que desarrollarse desde una perspectiva inclusiva, ya que la reducción de la brecha digital facilita la reducción de otras brechas y desigualdades que hacen menos justos y más disfuncionales a los Estados. Las siguientes líneas tienen por objetivo demostrar en qué medida una sociedad igualitariamente más digital puede ser mucho más igualitaria en otros aspectos, reduciendo así los costes que la desigualdad genera en los propios Estados (Sánchez-Ancochea, 2022).

Una mayor conectividad permite reducir distintas brechas interconectadas. Por ejemplo, se puede hablar de una brecha digital de género; de una brecha digital educacional; de una brecha digital político-institucional, e incluso de una brecha digital periférica. Esta última es la que hace referencia a las desigualdades de acceso al mundo digital entre las zonas céntricas y las periferias, entre las ciudades y las zonas rurales. Este es un elemento central en la formulación de políticas públicas al ser un clivaje primario, esto es, un asunto que ha dividido históricamente a distintos grupos sociales (Lipset y Rokkan, 2001), y es particularmente más relevante en regiones como la latinoamericana, donde los ciudadanos de las zonas rurales se ven afectados por mayores desigualdades.

Brecha digital educativa

Sin embargo, en la medida en la que se pueda ofrecer una mayor conectividad a la población, se puede avanzar en la igualdad en el derecho de acceso a una educación de calidad. La crisis sanitaria originada por COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo aquellos estudiantes o centros que contaban con mayores recursos y pasos dados hacia el mundo digital se han mostrado más resilientes y han sufrido en menor medidas las consecuencias de los confinamientos (Colell, 2020). Así lo demuestran distintas investigaciones académicas que concluyen que la clausura de los centros educativos como consecuencia de la pandemia puso de manifiesto la brecha digital existente en el ámbito educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual de los alumnos con más recursos y con menos recursos (Suárez y García-Perales, 2021).

 

Siglo XXI, Internet para todos de Mario Coronado

 

Por otro lado, cuando hacemos referencia a brecha digital solemos hacer referencia a una doble dimensión. En primer lugar, la imposibilidad de acceder a los contenidos que se encuentran en el mundo digital y, por otro lado, la dificultad para adquirir competencias digitales con las que desenvolverse en el día a día. Esta dimensión reviste una enorme importancia cuando la inexistencia de estas competencias digitales limita la posibilidad del individuo para informarse, comunicarse, navegar con seguridad, e incluso participar políticamente Suárez y García-Perales, 2021). Por ello, y dada su trascendencia no solo a nivel de competencias sino también en clave de igualdad política, es imprescindible que continúen los avances que distintas empresas y fundaciones están llevando a cabo para formar digitalmente a la ciudadanía y que, al mismo tiempo, los Estados faciliten la conectividad de sus territorios.

Ha sido objeto de discusión en estas líneas el grado de interconexión de distintas desigualdades y en qué medida un mayor acceso a la conexión digital puede ser un factor que ayude a la disminución de estas brechas. Ejemplo de ello es que la reducción de la brecha digital educacional también puede reducir las desigualdades entre lo urbano y lo rural. Latinoamérica es una región que cuenta con numerosas poblaciones atomizadas en las que la calidad de la educación puede ser deficiente (Colbert, 1999).

Latinoamérica es una región que cuenta con numerosas poblaciones atomizadas en las que la calidad de la educación puede ser deficiente

La falta de infraestructuras imposibilita que todas estas poblaciones cuenten con un centro educativo, o que un profesor pueda desplazarse de manera periódica para impartir sus clases. Por ello, la implantación de conectividad en zonas remotas podría permitir que distintos niños y niñas de diferentes lugares pudieran recibir lecciones de manera sincrónica y online, y estudiar a través de píldoras educativas de acceso permanente. Sin duda, este tipo de soluciones resultan clave para no solo disminuir la brecha entre los que más y menos recursos económicos tienen, sino también entre los habitantes de las zonas rurales y las zonas urbanas.

Existe otra desigualdad que permea las capas de distintas sociedades pero que, sin embargo, es trascendentalmente notoria en América Latina, y esta es la que se aprecia entre hombres y mujeres. Lugones, Lagarde o Evelyn Stevens2 han puesto sobre la mesa la gran brecha de género en la región. Todas ellas coinciden en que las mujeres latinoamericanas sufren distintas desigualdades interconectadas entre sí —por su género y su origen étnico— y que eso tiene como consecuencia peores tasas de empleabilidad, estudios e incluso dificulta su realización personal (Lugones, 1994; Lugones, 2008)3. La conectividad aquí puede ser un factor diferencial que permita reducir las discriminaciones que demandan estas pensadoras. A este respecto, el mundo digital se está preparando para facilitar la igualdad de género. Distintos desarrolladores fomentan el empleo de los denominados “algoritmos morados”, esto es, algoritmos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, y que no reproduzcan las injustas situaciones del mundo analógico. Por otro lado, el mero acceso al mundo digital y a las posibilidades que en él se esconden puede facilitar que las niñas accedan a contenidos pedagógicos, adquieran capacidades digitales y se puedan formar para mejorar su probabilidad de resultar empleadas o emprendedoras. Todo ello, demuestra la capacidad que la conectividad puede suponer para adquirir una plena inclusión digital e igualdad real entre hombres y mujeres.

En definitiva, la conexión digital resulta ser una herramienta poderosamente útil para disminuir numerosas brechas y lograr la igualdad real entre ciudadanos. La brecha de género, la brecha político-institucional, la brecha digital, la brecha urbano-rural, o la brecha educacional pueden ser superadas a través del acceso inclusivo al mundo digital. Hacerlo posible requiere del esfuerzo coordinado entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

Notas

 1La inclusión digital como catalizador clave para cerrar las brechas sociales y económicas en América Latina fue el foco del “Primer Encuentro por la Inclusión Digital: Desarrollo integral de América Latina”, que se realizó en Lima (Perú) el pasado 7 de noviembre de 2023 y cuya segunda edición será en Colombia en 2024. El encuentro, organizado por Internet Para Todos (IPT), BID, BID Invest, CAF y Telefónica Hispam, es un espacio de reflexión que busca acelerar la inclusión digital en la región compartiendo y debatiendo modelos disruptivos de iniciativas públicas y privadas, así como políticas públicas.

 2Lugones, M. (2008): “Colonialidad y género” en Tabula Rasa, (09), 73-101. Disponible en: https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501

 3Lugones, M. (1994): “Purity, Impurity, and Separation” en Signs, 19(2), 458-479. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3174808

Bibliografía

Colell, E. (2020): “Las clases online por el coronavirus lastran a los más pobres” en El Periódico. Disponible en: https://bit.ly/3cO1LL4

Hilbig, S. (2020): El coronavirus y la nueva desigualdad digital. Democracia y política en América Latina. Disponible en Nueva Sociedad: https://nuso.org/articulo/el-coronavirus-y-la-nueva-desigualdad-digital/

Lipset, S. M. y Rokkan, S. (2001): “Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales” en Batlle, A. (ed.): Diez textos básicos de ciencia política. Barcelona, Editorial Ariel.

Piscitelli, A. (2005): Internet, la imprenta del siglo XXI. Barcelona, Gedisa.

Sánchez-Ancochea, D. (2022): El coste de la desigualdad. Lecciones y advertencias de América Latina para el mundo. Barcelona, Editorial Ariel.

Suárez, B. y García-Perales, N. (2021): “Covid-19: La brecha (digital) educativa a través de la prensa” en RIITE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 11, 53-68. Disponible en: https://doi.org/10.6018/riite.475881

Artículo publicado en la revista Telos 124


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Autor

Graduado en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima, Perú), tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Boston y un MBA de la Universidad de Yale. Es director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica y es patrono de la Fundación Telefónica Perú.

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