12 de enero de 2021

L

La digitalización como bien colectivo

por Andrés Ortega

Con la pandemia, la digitalización se ha convertido en un bien colectivo, incluso común, a menudo en manos privadas. Debe nutrir las políticas de ayuda al desarrollo. Y requiere de una supervisión y una regulación para la que no hay aún fórmulas adecuadas.

 

[ ILUSTRACIÓN: VÍCTOR COYOTE ]

 

Ya venía de antes. ¿Quién puede vivir sin móvil, sin un buscador como el de Google o sin Maps? Pero la pandemia ha acelerado nuestra conversión en una sociedad digital, a la vez que ha puesto aún más de manifiesto unas graves brechas de acceso y conocimientos digitales en y entre nuestras sociedades. La digitalización, incluida la conectividad, se debe abordar como un bien colectivo, incluso común, aunque en muchos casos lo proporcionen empresas privadas. Un bien que beneficia a todos y del que nadie debe ni puede ser excluido Es el equivalente al agua corriente, a la electricidad, a la telefonía por cable, que al principio fueron lujos para unos pocos y sin las que no podemos ya vivir.

La pandemia hubiera sido muy diferente sin el grado de digitalización y de conectividad alcanzado. En Europa, un 50 por ciento de los empleados ha trabajado desde sus casas en los momentos más duros del confinamiento. Gracias a las infraestructuras de comunicación, el entretenimiento, en casa, ha podido subsistir, así como las relaciones sociales. Son tendencias que, en una parte significativa, están para quedarse, junto con el impulso a otros servicios como las visitas médicas a distancia o el comercio electrónico. Son transformaciones de nuestras economías, pero también de nuestros modos de vida. Son parte de la crisis y tienen que ser parte de la recuperación, con una aceleración aún mayor de la digitalización. Pero, justamente por ello, la digitalización y la conectividad se han convertido, o deberían hacerlo, en bienes comunes.

 

 

La ONU, en el Consejo de Derechos Humanos y desde la Asamblea General, calificó en 2016 el acceso a Internet como un derecho humano básico fundamental, desde el que también defender todos los derechos humanos. Estamos ante bienes o servicios esenciales. Se podrían considerar —como fue el caso de la electricidad, del agua corriente, de la electricidad y la telefonía— servicios públicos o public utilities. Hoy la presidencia italiana del G20 para 2021 quiere que se impulse desde este foro el acceso universal a Internet. Aunque no es una cuestión solo de acceso, sino de la calidad de ese acceso para la vida moderna.

Internet es crítico

El concepto de bien público global ha ido ganando importancia en la política internacional de la mano de algunas agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y diversas ONG. Desde la OCDE se habla de bienes públicos globales o transnacionales. Preferimos, sin embargo, la denominación “bien colectivo”, que a menudo es suministrado por entidades privadas, para el conjunto de la comunidad, o de las comunidades, para la consecución de intereses comunes.

Como tales, requieren cierta supervisión y regulación. Como señala Tom Wheeler (Wheeler, 2020), la COVID-19 nos está enseñando, por ejemplo, que Internet es crítico y requiere de una supervisión dado su interés público. Ahora bien, la economía digital, opera de manera diferente a la industrial clásica en la que la regulación giraba en torno al “quién”, más que al “qué”. En la era industrial clásica, las redes que llevaban el producto eran diferentes del producto en sí, por lo que la regulación se tenía que plantear de otro modo. Hace falta un nuevo tipo de regulación o supervisión para la economía digital, para estos bienes comunes y otros que no lo son, que todavía no está diseñado.

Las empresas que los suministran a menudo se basan en bienes y capacidades privadas (como la conectividad para Google) y en capacidades públicas (como es el caso del GPS). En este sentido, el profesor y economista Dani Rodrik señala que “si las empresas grandes y productivas tienen un papel crítico que desempeñar, deben reconocer que su éxito depende de los bienes públicos que sus gobiernos nacionales y subnacionales suministran todo, desde la ley y el orden y las normas de propiedad intelectual hasta la infraestructura y la inversión pública en habilidades e investigación y desarrollo”.

La ONU calificó en 2016 el acceso a Internet como un derecho humano básico fundamental

Hay también una cuestión de precios y de beneficios. La aportación de las empresas al bien común puede reforzarse. Pero estos bienes requieren de grandes inversiones y es legítimo que las empresas que han incurrido en ellas quieran recuperarlas en beneficios. Una cuestión, como plantea el premio Nobel Jean Tirole, es cuándo esos beneficios son excesivos.

¿Son beneficios elevados el coste a pagar por la existencia misma de estos servicios tan valiosos, como tan a menudo se pretende desde Silicon Valley?

Muchas de estas empresas se basan en datos proporcionados —a menudo inintencionadamente— por los usuarios, que luego las empresas utilizan, procesan o revenden. Pero hay algo más. Muchos de estos bienes resultan sin coste monetario alguno y cómodos para estos usuarios, aunque de algún modo —normalmente con sus datos o sus compras— el usuario, y el sector público, ha de pagar por los costes de inversión de estas industrias.

La pandemia ha puesto de manifiesto —no solo en España— brechas preexistentes en el terreno digital, sociales —y de educación—, de género, de edad, entre zonas urbanas y zonas rurales y empresariales (entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas). Centrémonos en una, la internacional o global, ya que los bienes comunes no han de ser solo nacionales o regionales sino, de algún modo, también globales.

El 93 por ciento de la población mundial vive en zonas que están dentro del radio físico de cobertura de los servicios de banda ancha para dispositivos móviles. Sin embargo, solo el 53,6 por ciento de la población mundial utiliza actualmente Internet, lo que supone que 4.100 millones de personas están privadas de acceso. Los países menos adelantados, donde solo el 19 por ciento de la población dispone de acceso, son los menos conectados.

La digitalización debería ser parte integral de las políticas de cooperación, de la ayuda oficial al desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta Agenda 2030 menciona “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Objetivo 4), acceso a la innovación (Objetivo 9), pero no establece una pasarela con justicia e igualdad (Objetivo 10). Sin embargo, estos objetivos tienen que estar conectados a través de la tecnología. El G20 y la ONU pueden impulsarlo.

El secretario general de la ONU ha apoyado una “hoja de ruta para la cooperación digital”, basada en las recomendaciones del panel de alto nivel sobre esta cuestión. En esta se habla de “bien público digital” y se insiste en las soluciones de código abierto, con recomendaciones concretas. Según esta hoja de ruta, los bienes públicos digitales son esenciales para explotar al máximo el potencial de las tecnologías y los datos digitales con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en los países de ingresos bajos y medianos. Un esfuerzo concertado a escala mundial para crear bienes públicos digitales sería clave para alcanzar esos ODS. La hoja de ruta insta a implantar tales bienes como parte de las iniciativas inmediatas de los Estados miembros de respuesta a la pandemia de COVID-19 y, en el futuro, como parte de sus enfoques para lograr los Objetivos.

Hace falta un nuevo tipo de regulación o supervisión para la economía digital, para estos bienes comunes

Una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) digital, centrada en la dimensión empresarial como se propone desde el centro holandés Clingendael1, aseguraría que la IV Revolución Industrial impulsará un crecimiento inclusivo también en esos países, incluido el control sobre sus propios datos. Una AOD europea que incorporara esta dimensión en materia de infraestructuras digitales y de ciberseguridad facilitará que se adapten a las normas europeas, en vez de a las de otras economías, especialmente la china. Pues en este asunto de bienes comunes digitales también se plantea una cuestión de competencia entre normas y estándares. La Comisión Europea se ha comprometido a presentar para 2021 una “estrategia global de cooperación digital”.

La idea de la digitalización y la conectividad como bien común nacional, europeo y global, debe formar parte de los diversos planteamientos para un nuevo contrato social en estas dimensiones. La pandemia ha acelerado la urgencia de un nuevo contrato social que incluya la digitalización. Telefónica, por ejemplo, propone “una transición digital justa e inclusiva”2. También la Estrategia España Digital 20253 postula estos planteamientos. Incluso el G20. Pero hay que ir más allá de las buenas intenciones, con políticas concretas.

Notas

 1Clingendael. Disponible en: https://www.clingendael.org/about-us

 2Telefónica ha propuesto un “Un Pacto Digital para reconstruir mejor nuestras sociedades y economías”. Disponible en: https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/pacto-digital-de-telefonica

 3Plan España Digital 2025. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf

Bibliografía

Gobierno de España (2020): Plan España Digital 2025. Disponible en: https://bit.ly/3jSdlHv
Naciones Unidas. Secretario General (2020): Hoja de ruta para la cooperación digital: aplicación de las recomendaciones del Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital. Informe del Secretario General. Disponible en: https://undocs.org/es/A/74/821
Okano-Heijmans, M. (2020): “Digital connectivity going global. The case for digital ODA” en Cligendael. Disponible en: https://www.clingendael.org/publication/digital-connectivity-going-global
Telefónica (2020): “Un pacto digital para reconstruir mejor nuestras sociedades y economías”. Disponible en: https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/pacto-digital-de-telefonica
Tirole, J. (2020): “Competition and the Industrial Challenge for the Digital Age” en Toulouse School of Economics. Disponible en: https://bit.ly/35XbKv8
Wheeler, T. (2020): “COVID-19 has taught us the internet is critical and needs public interest oversight” en Brookings. Disponible en: https://brook.gs/3jSd2fP

Artículo publicado en la revista Telos 115


Ir al número ...


Andrés Ortega

Investigador asociado del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de las Ideas, ha sido director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España en dos ocasiones.


Comentarios

Artículos relacionados