5 de marzo de 2024
por
Mikel Berraondo
Ilustrador
DAQ
En la era de la inteligencia artificial pocas personas se cuestionan la necesidad de estar conectados, o por lo menos, de tener la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación. Esta necesidad surge desde el mismo momento en que la conectividad se convierte en uno de los elementos que condicionan la capacidad de una persona de disfrutar sus derechos humanos y de relacionarse con muchas de las instituciones públicas que garantizan y permiten ejercer dichos derechos. Para ejercer derechos como la educación, la salud, el acceso a la información, o incluso el derecho a la participación, se requieren de una manera más o menos reglada determinados niveles de conectividad y de acceso a dispositivos que te permitan dicha conectividad. En base a estos argumentos, la inclusión digital se convierte en una condición básica para el ejercicio de derechos y en una de tantas fronteras socioeconómicas que clasifican a la ciudadanía.
Si trasladamos la cuestión de la inclusión digital a realidades culturales diversas, como puede ser la de los pueblos indígenas, la condicionalidad para el ejercicio de los derechos se agudiza, agravada por coyunturas sociopolíticas perversas que condicionan la toma de decisiones de las instituciones e, incluso, de las empresas que deben promover dicha inclusión digital a través de regulaciones o del desarrollo de infraestructuras.
Las organizaciones indígenas han considerado las nuevas tecnologías como una oportunidad para promover sus culturas, ejercer derechos humanos y luchar contra las violaciones
El racismo sistemático que sufren los pueblos indígenas y la exclusión consciente de las dinámicas sociales, económicas o políticas de los países convierten a la inclusión digital de estos pueblos en una amenaza para el mantenimiento de los equilibrios excluyentes y racistas. En América Latina la inclusión digital de los pueblos indígenas tiene un tono de épica revolucionaria por cuanto significa dejar de invisibilizar y contribuir a hacer realidad la plurinacionalidad que con tanta pomposidad proclaman las constituciones de la mayor parte de países del continente. Para mantener esa épica es importante que la inclusión digital sea siempre culturalmente apropiada, debe respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos y debe estar al servicio del desarrollo de las personas y pueblos que habitan el mundo. Nunca debería servir como un instrumento de colonización, aculturación o de vulneración de derechos.
La importancia de la digitalización para el ejercicio de derechos está fuera de toda duda, así como los riesgos y perjuicios que pueden generar en las comunidades indígenas más aisladas o vulnerables una digitalización descontrolada o sin capacidades comunitarias para manejarla. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sitúa a la falta de capacidades como una de las tres barreras que alejan a los pueblos indígenas de la inclusión digital. Las otras dos son la falta de infraestructuras y redes de conexión en regiones remotas, y los escasos recursos económicos para acceder a dispositivos con conectividad1. Conforme avanzan las fronteras digitales, los elementos que condicionan la conectividad acaban siendo el racismo y la ausencia de capacidades.
Desde las organizaciones indígenas han considerado las nuevas tecnologías como una oportunidad para promover sus culturas, ejercer derechos humanos y luchar contra la impunidad que suele acompañar las violaciones de derechos humanos que sufren de manera reiterada. Existen muchos ejemplos interesantes como Servindi en Perú2, Kichwa.net en Ecuador3, el proyecto de mujeres artesanas Wayuu kattoui 20214, Rising Voices5, Rhizomatica en México6 o el navegador indígena7 entre tantos otros.
A pesar de todos los ejemplos tan interesantes que existen la inclusión digital sigue siendo un reto importante para los pueblos indígenas, especialmente aquellos que habitan regiones aisladas, remotas o que no han tenido muchos contactos con la civilización no indígena. Los pueblos en situación de contacto inicial, principalmente localizados en la región amazónica o en el Chaco Paraguayo, son especialmente vulnerables ante cualquier alteración de los equilibrios complejos que conforman sus formas de vida. Y las nuevas tecnologías pueden ser un elemento completamente distópico si las comunidades no tienen las capacidades adecuadas para promover una inclusión digital culturalmente adecuada.
Un ejemplo interesante de lo que estamos reflexionando, que ilustra de manera clara la fina línea que separa la inclusión digital de la vulneración de derechos, se está viviendo en las comunidades indígenas del Municipio de Megantoni, en el departamento de Cuzco, en Perú. Este municipio está conformado por diversas comunidades indígenas de tres grupos principalmente (Matsiguengas, Ashaninkas y Kakintes). Desde hace más de 20 años, viven rodeados de proyectos gasíferos muy importantes para el país como Camisea o el Lote 57. Hasta la llegada de las empresas extractivas, las comunidades del municipio vivían en una situación en la que se había producido un contacto inicial, pero estaban alejadas de los centros poblados de la región. De hecho, todavía quedan pueblos en situación de aislamiento viviendo en la región. Con la llegada de las empresas extractivas, los procesos de colonización de la región se aceleraron.
En los últimos años el municipio ha realizado un esfuerzo importante para facilitar el acceso a Internet de sus comunidades como parte de sus estrategias de desarrollo. Hasta esa fecha, el acceso a Internet resultaba complicado en todas las comunidades del municipio, y no siempre era de fácil acceso. La posibilidad de acceder a Internet y a dispositivos con conectividad de manera sencilla y permanente ha supuesto una auténtica revolución dentro de las comunidades que ha permitido promover la inclusión digital, fundamentalmente de la población joven de las comunidades, y ha mejorado la conectividad de las comunidades.
Pero la revolución digital también ha supuesto algunas complicaciones y conflictos internos como consecuencia de las carencias formativas de la población de las comunidades en el uso de las nuevas tecnologías. Entre estas complicaciones destacan las rupturas de los modelos culturales tradicionales entre la población joven, nuevos referentes sociales y culturales externos a las comunidades y las familias, brechas importantes entre la población joven y la población adulta o, lo que es lo mismo, entre las personas conectadas y no conectadas, y rechazo al uso del idioma propio, a las formas tradicionales de vestido
y danzas.
En definitiva, una ruptura potente del equilibrio cultural dentro de las comunidades y una amenaza importante de nuevos procesos de colonización y aculturación. La accesibilidad y la inclusión digital se convirtieron, sin intencionalidad alguna, en uno de estos procesos como no se había vivido antes en la zona por la rapidez con la que se estaba produciendo y por la imposibilidad de los líderes tradicionales de entender y controlar dicho procedimiento de aculturación.
En las comunidades de Megantoni que se encuentran en el área de influencia del proyecto extractivo de gas Lote 57 se identificó, juntamente con las comunidades, la necesidad de trabajar internamente para promover una inclusión digital culturalmente adecuada y coherente con los derechos de las comunidades. A través de un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, las comunidades participaron en un procedimiento de identificación de impactos en sus derechos humanos de las actividades extractivas, y de definición de acciones de mitigación o remediación para los impactos adversos.
Entre las acciones de mitigación y remediación de los impactos asociados de manera indirecta a los derechos culturales que se están implementando en las comunidades destacan: la realización de talleres de formación para jóvenes y adultos sobre nuevas tecnologías, usos de Internet y redes sociales; talleres sobre derechos humanos y digitalización para promover el uso de la digitalización en el marco de las estrategias de protección de sus derechos humanos; dinámicas participativas intergeneracionales que promuevan reducir las brechas entre jóvenes y mayores y recuperar conocimientos culturales como las bibliotecas humanas o la digitalización de la cultura a través del almacenamiento de la memoria cultural de las comunidades en Internet; y actividades de fortalecimiento cultural, usando tecnologías en las que participen jóvenes y mayores (grabaciones de vídeos en idioma propio, promoción de danzas y artesanías tradicionales en redes sociales) promoviendo el uso del idioma propio o las vestimentas tradicionales.
La inclusión digital se convierte en una condición básica para el ejercicio de derechos y en una de tantas fronteras socioeconómicas que clasifican a la ciudadanía
Estas comunidades quieren utilizar la inclusión digital para proteger y fortalecer sus culturas, para digitalizar las culturas generando espacios de uso en redes sociales, espacios de almacenamiento cultural a través de webs donde mantener viva la memoria de cada pueblo y para difundir las culturas de las comunidades, sus idiomas, sus danzas y sus artesanías.
Para ello, se han inspirado en otros ejemplos (como los citados en párrafos anteriores) que nos dejan otros pueblos indígenas de la región que han demostrado cómo la inclusión digital puede ser un instrumento para el fortalecimiento cultural y de los derechos. Y con este objetivo han solicitado apoyo a la empresa que opera en sus territorios y a las instituciones públicas para apostar por este modelo de inclusión digital —culturalmente apropiado— como parte de una responsabilidad compartida por respetar derechos y garantizar su ejercicio.
La responsabilidad del buen uso de la digitalización, así como de promover una inclusión digital culturalmente adecuada, no solo reside en los gobiernos. Las empresas de comunicación y las empresas que llegan a los territorios indígenas que, de manera directa o indirecta promueven el acceso a Internet, deben tener un compromiso real con la protección de los derechos y para que la inclusión digital sea inclusiva —nunca mejor dicho— con las comunidades indígenas y, dentro de esas comunidades, con los grupos más vulnerables —mujeres y personas mayores—. No solo deben ver el posible negocio de llevar la digitalización a las comunidades y áreas remotas, sino que se deben preocupar por desarrollar programas de digitalización de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los grupos vulnerables. Estos programas deben tener un enfoque y una utilidad práctica total y deben servir para proteger y ejercer los derechos en cualquiera de estas áreas remotas donde llegan las empresas, pero no llega el Estado y donde la gobernanza es muy débil y maleable ante la presencia de cualquier tipo de actores. Uno de los aspectos esenciales de estos programas debería centrarse en potenciar las habilidades de las personas para gestionar las nuevas tecnologías, así como en proporcionar conocimientos sobre las oportunidades y los riesgos asociados.
1Disponible en: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/brechas-digitales-pueblos-indigenas/
4https://www.instagram.com/kattoui2021/
5https://rising.globalvoices.org/
7https://indigenousnavigator.org/es
Martínez Mauri, M. y Orobitg, G. (2019): “Internet favorece a las comunidades indígenas”. The Conversation. Disponible en:
https://theconversation.com/internet-fortalece-a-las-comunidades-indigenas-110251
Municipalidad de Megantoni (2020): “Proyecto de Internet por fibra óptica en Megantoni iniciaría el 2021”. Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/MMegantoni/videos/898392707356999/
Us, H. (2022): “La triple barrera para reducir brechas digitales para pueblos indígenas”. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/brechas-digitalespueblos-indigenas/
Socio de la consultora social Akuaipa Transformation. Es doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Deusto y máster Europeo de derechos humanos y procesos democráticos por la Universidad de Padua. Experto internacional en derechos humanos.
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