4 de marzo de 2024
por
Juan M. Zafra
“Iberoamérica es una fuente inagotable de talento”, afirma el chileno Andrés Allamand, al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), un organismo internacional de apoyo a los 22 países de habla hispana y portuguesa en América Latina y en Europa cuya finalidad es promover la cooperación, la inclusión social, la igualdad de género, el medioambiente y el emprendimiento con una mirada innovadora, solidaria y sostenible.
El encuentro con Allamand, mantenido en la sede del secretario general de la SEGIB en Madrid, parecía imprescindible para un número de TELOS dedicado al progreso de la sociedad digital sin exclusiones. Durante la conversación, Allamand destaca dos ideas: la necesidad de incrementar el gasto público y privado en I+D y la oportunidad que representa la digitalización. En primer lugar, para que los gobiernos iberoamericanos recuperen la confianza de sus ciudadanos a partir del impulso a los servicios públicos digitales, mejorando la administración, la transparencia y los modelos de gobernanza. En segundo lugar, porque como se ha puesto ya de manifiesto con la creación de 50 compañías unicornio —empresas de base tecnológica o start-ups que han conseguido una valoración superior a los 1.000 millones de dólares— en Iberoamérica, la región cuenta con un talento excepcional para creer en un universo digitalizado.
La digitalización facilita la participación ciudadana, el pleno ejercicio de los derechos, la inclusión financiera y el acceso a la información, contribuyendo así a un desarrollo más equitativo y sostenible
La Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales1 establece las bases para el desarrollo de una sociedad digital justa, inclusiva, sostenible y solidaria. ¿Qué aspectos considera prioritarios para conseguir un modelo de sociedad como el que se plantea?
Lo primero es poner a las personas siempre en el centro, para asegurar que sus derechos sean garantizados y protegidos en los entornos digitales. Lo segundo es avanzar en la reducción de brechas y en evitar el surgimiento de nuevas. Lo tercero es velar por que los entornos digitales favorezcan la participación social, económica y política de la ciudadanía a través de la implementación de espacios inclusivos abiertos y libres de desinformación. Todo lo anterior requiere impulsar la conectividad y el desarrollo de habilidades digitales, especialmente entre los colectivos más vulnerables y aquellos que tradicionalmente han sufrido la exclusión y la marginación. También es prioritario avanzar hacia Administraciones públicas digitales, que aumenten las instancias de interacción con la ciudadanía, para que esta pueda acceder fácilmente a información transparente y oportuna, se simplifique el acceso a los servicios y se desburocraticen los trámites. De esta forma, no solo se mejora el ejercicio de los derechos de las personas, sino que también se fortalece su confianza en las instituciones. Al mismo tiempo, un intercambio fluido con los gobiernos incentiva la inversión y el crecimiento económico.
En el actual contexto global de conflicto y policrisis —económica, medioambiental, social e incluso bélica— parece una tarea imposible conseguir el avance hacia la sociedad digital bajo esos principios.
El potencial de la digitalización en América Latina radica en su capacidad para impulsar la inclusión social y económica. Al fomentar la adopción de tecnologías digitales en diversos sectores, desde la educación y la salud hasta los servicios gubernamentales y el acceso a economías digitales, se pueden cerrar brechas históricas y proporcionar oportunidades equitativas para toda la sociedad. La digitalización no solo mejora la productividad, sino que también facilita, entre otras, la participación ciudadana, el pleno ejercicio de los derechos, la inclusión financiera y el acceso a la información, contribuyendo así a un desarrollo más equitativo y sostenible. La digitalización no es un fin en sí mismo; solo tendrá sentido si tiene por objeto mejorar la vida de las personas. Hoy existe ya una brecha entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no; según diversos informes de bancos regionales, en América Latina hay aproximadamente 250 millones de personas que no disponen de acceso a la Red. Las mujeres y las personas que habitan en zonas rurales son las más afectadas y conectarlas representa un desafío complejo para el que no bastan las innovaciones tecnológicas y comerciales; se requieren políticas públicas claras que orienten la implementación de esas nuevas tecnologías, y se necesitan también modelos de cooperación renovados que permitan compartir y replicar las experiencias más exitosas.
¿En qué consisten esas medidas innovadoras para impulsar la sociedad digital sin exclusiones y eliminar las brechas sociales?
Iberoamérica es una tierra fértil para la innovación. Prueba de ello son las cerca de 50 empresas unicornio que existen en la región, a las que se suman miles de start-ups que proponen soluciones creativas basadas en la aplicación de nuevas tecnologías para resolver diversos desafíos. La región es una fuente inagotable de talento ciudadano que solo necesita vías para expresarse. En este sentido, todos los mecanismos e instrumentos de innovación abierta deben ser apoyados. Cada vez que existe un proceso de tal naturaleza, aparecen respuestas y soluciones innovadoras que fácilmente pueden escalarse, incluso a niveles globales. En cualquier caso, es imperativo incrementar el gasto público y privado en I+D, toda vez que este se encuentra muy por debajo del nivel que existe en las economías más avanzadas y potentes en estas materias. También hay que tener en cuenta que una de las medidas fundamentales para mantener y reforzar el liderazgo que hemos ido adquiriendo en esta materia es la de fortalecer la seguridad jurídica. Para poder innovar y emprender es fundamental que existan reglas claras y estables, reglas que resguarden el derecho de propiedad, que velen por el cumplimiento de los contratos, que permitan resolver las disputas de manera rauda y oportuna, que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos, que brinden estabilidad social y que sean interpretadas y aplicadas consistentemente.
Iberoamérica es una fuente inagotable de talento ciudadano que solo necesita vías para expresarse
¿Qué particularidades identifica en el entorno iberoamericano para que la digitalización sea una oportunidad sin exclusiones?
El entorno iberoamericano se caracteriza por ser un espacio de diálogo, cooperación y construcción de consensos en el que todos sus integrantes participan en total igualdad. Se trata además de un espacio integrado por 22 países que comparten afinidades históricas, lingüísticas y culturales, además de valores y principios como la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así mismo, es una región de paz, en la que no existen grandes conflictos entre países. Y, cuando surgen diferencias, estas se resuelven a través del diálogo, o en última instancia a través de los mecanismos de solución de controversias contemplados en el derecho internacional. La comunidad iberoamericana ha sido capaz de abordar desafíos globales como la transición digital, la crisis climática, la seguridad alimentaria y la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional.
¿Qué características debe ofrecer ese liderazgo transformacional que reclama a los entornos público y privado?
Es clave un liderazgo capaz de dialogar y construir consensos que permitan armonizar el bien común y los intereses de la sociedad en su conjunto con aquellos legítimos intereses privados. Una alianza público-privada para superar desafíos como la conectividad o la alfabetización digital tendría importantes beneficios en términos del bienestar de las personas, y a la vez impactaría positivamente en la productividad de la región, una de las facetas en las que esta exhibe un mayor rezago. Una sólida alianza público-privada es la mejor forma de garantizar que la digitalización repercuta en una mejora en la calidad de vida de todas las personas.
Es prioritario avanzar hacia administraciones públicas digitales para que se fortalezca la confianza de la ciudadanía en sus instituciones
¿Qué medidas considera prioritarias para que esa colaboración público-privada sea real y eficiente?
En la base de toda alianza o asociación exitosa se encuentra la confianza, la existencia de objetivos compartidos, marcos regulatorios adecuados y formas efectivas de solucionar las controversias. Todo lo anterior, en el caso del proceso de digitalización, resulta especialmente importante debido a la cuantía de las inversiones que se requieren para que el proceso sea exitoso, sin perder de vista que dicho proceso tiene siempre un horizonte de mediano y largo plazo. En este sentido, atendida la importancia de avanzar en materia de conectividad y despliegue de infraestructuras como base para la construcción de sociedades digitales más inclusivas, esta debería ser un área prioritaria para el trabajo conjunto, que podría materializarse a través de iniciativas de financiación mixta e incentivos fiscales, complementadas con marcos regulatorios estables y predecibles como ya he señalado.
En el proceso de digitalización se mira con atención a las operadoras de telecomunicaciones y a las plataformas digitales; usted subraya el papel de las Administraciones.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de regular para proteger a los usuarios de las plataformas digitales y dar confianza a los inversores. Las Administraciones públicas tienen el deber de aprovechar el proceso de digitalización para acercarse a sus ciudadanos, mejorar su gestión y aumentar su confianza en las autoridades e instituciones. Existe un volumen significativo de operaciones e interacciones Administración pública-ciudadano que se pueden digitalizar, agilizando así los tiempos de solicitud y de respuesta, y reduciendo los costos para ambas partes; estas interacciones van desde el acceso a la información a la simplificación o eliminación de trámites y procedimientos burocráticos. La Administración pública también tiene que garantizar que aquellas comunidades, en su mayoría rurales, que no tienen conexión digital y hasta ahora han quedado postergadas, tengan una alternativa de digitalización. Donde no puede llegar el cable o el 5G, habrá que explorar opciones satelitales. En este mismo contexto puede plantearse la conveniencia de establecer una tarifa de “conexión digital social”, es decir subsidiada, para favorecer a colectivos vulnerables. Por último, para poder sacar el máximo partido a este proceso de transición digital, simultáneamente al despliegue de infraestructuras hay que garantizar la capacitación en competencias digitales de los usuarios, así como garantizar el uso adecuado de esta tecnología. Hoy los gobiernos están bajo fuerte presión de la ciudadanía, que les exige resultados “aquí y ahora”.
Se proclama la centralidad de las personas en el proceso de transformación, pero los cambios generan mucha inquietud e incertidumbre en ámbitos como el empleo y la privacidad. ¿Con qué medidas se evidencia la centralidad de las personas?
Debemos velar por la construcción de un futuro digital centrado en la persona, un futuro en donde cada voz sea escuchada, cada derecho protegido y cada sueño pueda ser libremente desplegado. Para esto nos debemos asegurar de que cada individuo pueda ejercer sus derechos fundamentales en línea con la misma libertad y seguridad con la que cuenta fuera de los entornos digitales. En este sentido, los trabajos de implementación de la Carta Iberoamericana enfocan sus esfuerzos en abordar temáticas particularmente sensibles para la ciudadanía, pero que son de extrema necesidad atender para que el foco esté siempre en las personas, que deben estar en el centro de toda política. Por ejemplo, respecto a la protección de la privacidad, estamos trabajando en reforzar y actualizar las normativas y regulaciones en materia de protección de datos. Para ello, contamos con una Red Iberoamericana de Protección de Datos que reúne a las máximas autoridades iberoamericanas en la materia; una red que promueve el intercambio de experiencias y conocimiento que ha impulsado, por ejemplo, los proyectos de ley que en estos momentos se están discutiendo en Bolivia y República Dominicana.
Hoy el gran asunto son las inteligencias artificiales y su impacto social.
Sobre temáticas relacionadas con la inteligencia artificial debemos establecer principios éticos claros y transparentes en su desarrollo y aplicación. También tenemos que asegurar que los algoritmos sean justos, transparentes, incluyentes y que respeten los derechos fundamentales de las personas, evitando sesgos y discriminaciones indebidas. Por ello, trabajamos de la mano con la UNESCO para incorporar su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial en el diseño de los marcos regulatorios nacionales, y con la RAE en proyectos relacionados con la defensa, la proyección y el buen uso de la lengua española, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías actuales. En el ámbito del empleo, estamos trabajando con ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto desigual, en términos de género, que ha provocado la irrupción de las plataformas digitales. Queremos contar con un mapeo de las plataformas digitales significativas en el contexto iberoamericano, su clasificación por sector, así como con una investigación exhaustiva sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres en el acceso a empleos en estas plataformas.
La digitalización no es un fin en sí mismo; solo tendrá sentido en si tiene por objeto mejorar la vida de las personas
¿Cómo ve el futuro?
El futuro será digital. Lo importante es trabajar para asegurarnos de que, además, sea justo, inclusivo y sostenible. Para esto es fundamental orientar los procesos de digitalización de forma que las personas y sus derechos se encuentren siempre en el centro. Cada día que pasa serán más las actividades y las esferas de nuestras vidas que se trasladan al mundo digital; lo importante es aprovechar este proceso para cerrar brechas como las de género, las que afectan a las poblaciones rurales o a los pueblos originarios. Si aprovechamos las oportunidades y procuramos desde el primer minuto que los espacios digitales estén libres de desigualdades habremos dado un paso fundamental en la construcción de un mejor futuro para nuestra región.
1Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, aprobada durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el 25 de marzo de 2023 en Santo Domingo, bajo el lema “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”. Disponible en: https://www.segib.org/?document=carta-iberoamericana-de-principios-y-derechos-en-entornos-digitales
Director de TELOS. Profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III. Es secretario general de Club Abierto de Editores (CLABE), la primera asociación de editores en España. Patrono de Fundación España Digital; forma parte del comité asesor del Foro de Gobernanza de Internet (IGF-Spain), miembro del consejo editorial de la revista latinoamericana Ibercampus; del Consejo Asesor de Cibervoluntarios y forma parte del consejo del Cluster de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Trabajó en medios como El País y Radio Nacional de España y fundó el diario digital bez.es. Fue asesor del gabinete del secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de España y responsable de comunicación del Plan Avanza para el impulso de la sociedad de la información. Es licenciado en Ciencias de la información y ha realizado Programas Directivos en Inteligencia Artificial por la UNIR y en Transformación digital por el Instituto de Empresa. Es fellow de la German Marshall Fund y miembro de VIA Círculo Jefferson, la asociación de alumnos del Programa de Liderazgo de Visitantes en EEUU.
Ver todos los artículosDirector de TELOS. Profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III. Es secretario general de Club Abierto de Editores (CLABE), la primera asociación de editores en España. Patrono de Fundación España Digital; forma parte del comité asesor del Foro de Gobernanza de Internet (IGF-Spain), miembro del consejo editorial de la revista latinoamericana Ibercampus; del Consejo Asesor de Cibervoluntarios y forma parte del consejo del Cluster de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Trabajó en medios como El País y Radio Nacional de España y fundó el diario digital bez.es. Fue asesor del gabinete del secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de España y responsable de comunicación del Plan Avanza para el impulso de la sociedad de la información. Es licenciado en Ciencias de la información y ha realizado Programas Directivos en Inteligencia Artificial por la UNIR y en Transformación digital por el Instituto de Empresa. Es fellow de la German Marshall Fund y miembro de VIA Círculo Jefferson, la asociación de alumnos del Programa de Liderazgo de Visitantes en EEUU.
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