17 de noviembre de 2026

J

Jeffrey Epstein vs. Jeffrey Epstein: cuando el archivo cambia de manos

por Marta María Ramírez
Ilustrador Retoka

Los testimonios, denuncias, fotografías, registros de vuelo, vídeos y documentos archivados permitieron invertir la dirección de la mirada, reconstruir las redes de relaciones, contrastar los relatos de las sobrevivientes y explorar los rastros que quedaron dentro de distintas estructuras de vigilancia para terminar haciendo visible a quien administraba su invisibilidad. Las fallas en la vigilancia a Epstein permitieron que muriera bajo custodia penitenciaria y que el proceso penal en su contra no llegase a juicio. Pero no pudieron detener la producción de conocimiento sobre él y sobre los delitos que cometió.

 

En 2019, una noticia me llevó hasta Jeffrey Epstein. Algo tan cercano como Cuba en aquella nota me revolvió. La prensa colombiana había publicado que Andrés Pastrana*, expresidente de Colombia, aparecía en los registros de vuelo del depredador y que reconocía haber viajado en su avión con destino final a La Habana, a donde habría acudido en 2003, invitado por Fidel Castro.

Desde entonces empecé a seguir el rastro“1”. Cada nueva publicación modificaba lo que podía saberse de las anteriores, y la acumulación y el cruce de evidencias permitían volver sobre preguntas que habían quedado abiertas (algunas, todavía lo están). Pero la interrogante que me atraviesa ahora es otra: ¿cómo puede un archivo digital volverse en contra de quien lo produce al cambiar de manos y convertirse en una herramienta para reconstruir hechos y contrastar testimonios?

Los Epstein files

Hasta el 11 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés) ha publicado casi 3,5 millones de páginas de archivos relacionados con Epstein, incluidos más de 2 000 vídeos y 180 000 imágenes. El propio DOJ habría identificado unos 6 millones de páginas potencialmente relevantes, por lo que el archivo público constituye apenas una parte del universo documental en poder del Gobierno.

El caso Epstein es extraordinario porque una ley específica obligó al DOJ a convertir un enorme conjunto de registros penales en un archivo digital público. La Ley Epstein“2”, como se conoce popularmente, fue firmada el 19 de noviembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, un hombre que mantuvo una relación social con el protagonista del archivo, también expuesta en esos documentos. Esta orden presidencial se dirigía al mismo sistema institucional que, durante años, había producido, clasificado, retenido los registros sobre Epstein y administrado la justicia para sus denunciantes.

Si para Michel Foucault el poder disciplinario operaba mediante espacios cerrados (la cárcel, la fábrica, el hospital, la escuela) y el sujeto pasaba de una institución a otra, cada una moldeándolo, Gilles Deleuze señalaba que ese modelo entró en crisis en la segunda mitad del siglo XX porque las instituciones dejaron de ser “moldeadoras” y se volvieron “moduladoras”. El control ya no dependía de encerrar al sujeto en un edificio, sino de modular continuamente su acceso, su flujo, sus datos, sin necesidad de ningún muro.

Y me surgen más preguntas: ¿en qué momento este archivo se convierte en un objeto de interés público que merezca una intervención legislativa extraordinaria? ¿Fue bajo presión de una sociedad que ya había empezado a construir un archivo propio, fuera del circuito institucional? ¿Esa acumulación de presión convirtió al expediente Epstein en un problema para la institución y para el propio Gobierno de Trump?

Surveillance y gestión de visibilidad

Hay evidencia de que Epstein construyó activamente sistemas para vigilar y controlar a otras personas y, al mismo tiempo, administró su propia visibilidad pública. Testimonios como el de la sobreviviente Maria Farmer apuntan a que había cámaras ocultas en sus propiedades, refiriéndose específicamente a una sala donde se monitoreaban dispositivos colocados en habitaciones, dormitorios y baños de la mansión de Nueva York. También hay registros de dispositivos ocultos en su residencia de Palm Beach. En 2026, se verificó material proveniente de una spycam dentro de esta casa.

Sin embargo, el rastro es particularmente fuerte en el control de la reputación. Documentos publicados muestran que Epstein tenía una estrategia organizada para vigilar su huella digital y manipularla. Se sabe que buscaba regularmente su nombre y recurría a personas dedicadas a modificar los resultados que aparecían sobre él: posicionamiento en buscadores (SEO), páginas favorables, enlaces, Wikipedia, fotografías… Esta operación llegó incluso a intentar obtener menciones en sitios académicos para aumentar la notoriedad de determinadas páginas en Google.

Documentos publicados muestran que Epstein tenía una estrategianorganizada para vigilar su huella digital y manipularla

Desde su impunidad, Epstein también documentó cada encuentro con personalidades académicas, científicas y políticas, dejando huellas digitales y físicas de su relación con ellas: su propio archivo.

El caso Epstein muestra un claro ejercicio de surveillance que, según el sociólogo David Lyon, consiste en “la atención focalizada, sistemática y rutinaria a los detalles personales con fines de influencia, gestión, protección o dirección”. Desde su perspectiva, la vigilancia no se limita a la observación directa de los cuerpos, sino que también comprende la recopilación y el uso de información personal para intervenir en las personas y en sus relaciones.

De vigilante a vigilado

En 2005, la denuncia de los padres de una adolescente de 14 años desencadenó la investigación de la mansión en Palm Beach. Epstein pasó de observador a observado. La vigilancia física de su residencia, la grabación de entradas y salidas, el seguimiento, la recogida de basura y los registros aparecen en el informe policial, que documenta, además, el seguimiento mediante vehículo con vídeo entre el 31 de marzo y el 5 de abril de 2005. No obstante, la investigación se extendió hasta mayo de 2007, cuando la fiscalía federal preparó un borrador de acusación formal (draft 60-count indictment) que incluía unos 60 cargos federales.

En 2005, con la denuncia de los padres de una adolescente de 14 años, Epstein pasó de observador a observado

El 24 de septiembre de 2007, Jeffrey Epstein firmó un acuerdo secreto de no procesamiento (Non-Prosecution Agreement o NPA) negociado con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta, que se ejecutó en junio de 2008, cuando se declaró culpable únicamente de dos cargos estatales: solicitud de prostitución y captación de menores con fines de explotación sexual, a partir de la acusación formal de la Fiscalía del estado de Florida (condado de Palm Beach).

¿Qué obtuvo de esa negociación? Inmunidad federal total, que el borrador de esta acusación fuera guardado en un cajón, y una condena de 18 meses (de los que cumplió solo 13) en una cárcel del condado de Florida, con un régimen de libertad condicional para ir a trabajar cada día.

Pese a quedar registrado como delincuente sexual, Epstein continuó con su vida pública y su relación con personas poderosas. El manejo del fiscal general generó otra batalla judicial emprendida por las víctimas, que sostuvieron que la Fiscalía no había actuado de forma transparente.

El diario inglés The Guardian se pregunta en un artículo del 3 de enero de 2026, por qué se perdieron tantas oportunidades de detener a este depredador. No solo Maria Farmer había acudido a denunciarlo a él y a su cómplice, Ghislaine Maxwell, en 1996, sino que también consta la denuncia de una taxista en 2004.

Sousveillance: del She said al #MeToo

El #MeToo, que había comenzado en 2006 con la activista afroestadounidense Tarana Burke en Estados Unidos, se viralizó como hashtag cuando la actriz Alyssa Milano escribió un tuit el 15 de octubre de 2017, tras las denuncias contra otro depredador, el productor estadounidense Harvey Weinstein: “Si has sufrido acoso o agresión sexual, responde a este tuit escribiendo ‘yo también’”. La respuesta inmediata al tuit de Alyssa Milano desencadenó, para muchas mujeres, la sensación de ya no estar solas.

El objeto de investigación ya no fue únicamente sobre Weinstein o Epstein, sino sobre la infraestructura que permitió que sus sistemas funcionaran durante tanto tiempo. El archivo testimonial, como tecnología de poder, se convirtió en un instrumento contra el poder, un counter-archive (contraarchivo)“3”, como resultado de la sousveillance (del francés sous, “debajo”, y veillance, “vigilancia”), práctica de vigilar “desde abajo hacia arriba”.

El archivo, como tecnología de poder, se convirtió en un instrumento contra el poder, un counter-archive

El investigador canadiense pionero en “computación vestible” (wearable computing), Steve Mann, acuñó este término a finales de los años 90 para referirse a las personas comunes que registran, graban o documentan a quienes normalmente ejercen poder o vigilancia sobre ellas. Mann llevaba cámaras y sensores portátiles encima como experimento personal y académico, documentando su entorno de la misma manera en que las cámaras de seguridad lo documentaban a él. De ahí surgió el concepto, en contraposición a la surveillance.

En noviembre de 2018, el Miami Herald publicó la investigación de la periodista Julie Brown sobre Epstein, las sobrevivientes y este acuerdo. El caso volvió a estar en la palestra pública. Como consecuencia, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York abrió una nueva investigación, cuyo centro fue el acuerdo de marras, que terminó con la encarcelación del depredador.

El panóptico defectuoso

Jeffrey Epstein ingresó al Metropolitan Correctional Center (MCC) de Manhattan, Nueva York, el 6 de julio de 2019 , y dos días después fue instruido bajo los cargos federales de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores en Nueva York y Palm Beach. El 10 de agosto de 2019 fue encontrado muerto en su celda.

El MCC no es una prisión con un panóptico estrictamente benthamiano, pero la vigilancia del depredador se basaba en un dispositivo institucional de observación presencial, recuento y videograbación. La noche de su muerte, las rondas obligatorias no se realizaron y los registros que debían acreditar la supervisión fueron falsificados. A ello se sumó el fallo del sistema de grabación de las cámaras de la SHU (Special Housing Unit o Unidad de Alojamiento Especial), que había dejado sin registro recuperable buena parte de las imágenes desde finales de julio. Seguían transmitiendo imágenes en directo, pero gran parte del material no se almacenaba. La avería se detectó el 8 de agosto, dos días antes de la muerte de Epstein.

Ese mecanismo, que debía mantenerlo bajo vigilancia, no garantizó su custodia ni produjo un documento audiovisual completo de lo sucedido, aun cuando ya había intentado atentar contra su vida.

Ni después de muerto

En 2025, varias sobrevivientes pidieron que se hicieran públicos los archivos de Epstein. Sabían que estos podían mostrar la magnitud de los abusos, la extensión de la red y los fallos institucionales que habían sufrido. La cadena ABC entrevistó a siete sobrevivientes, que esperaban que la difusión ayudara a visibilizar el alcance de lo ocurrido y a su propio proceso de sanación.

Pero la publicación masiva de esos mismos registros las expuso, ahora ante una audiencia global. El problema, por tanto, no era solo qué debía hacerse público, sino también quién debía hacerse visible cuando el archivo se abriera.

El propio DOJ explicó que empleó a más de 500 abogados y revisores para procesar millones de páginas. Pero incluso la mirada humana a esa escala falla. No es un error del algoritmo, como pensé al principio, sino un error humano.

Una revisión del Wall Street Journal encontró nombres e información personal de al menos 43 víctimas expuestas en documentos publicados29. El DOJ reconoció el problema y trabajó para retirarlos y corregirlos. Algunas sobrevivientes denunciaron el acoso posterior y la revictimización al reproducirse la desigualdad original de la mirada.

En el Congressional Record del 26 de mayo de 2026, Jena-Lisa Jones, que denunció haber sido abusada por Epstein cuando tenía 14 años, dejó constancia de que las sobrevivientes habían acudido al Congreso para pedir transparencia y rendición de cuentas, pero que la publicación de sus datos les había causado nuevos daños.

Según su testimonio, algunas mujeres que nunca habían hablado públicamente, vieron sus identidades reveladas. Hubo casos en los que familiares se enteraron así del abuso, y en los que otras sobrevivientes descubrieron conexiones que habían permanecido en privado. Jones calificó esto de “retraumatización” y dijo explícitamente: “This is not the transparency we asked for” (“Esta no es la transparencia que pedimos”).

Mientras el synopticon, definido por el sociólogo noruego Thomas Mathiesen, sería el reverso exacto del panóptico porque describe a “muchos mirando a uno”, sin importar si esos “muchos” tienen intención emancipadora o no, la sousveillance sería una relación de poder invertida (el vigilado se convierte en vigilante), con una intención política explícita de contrapeso. En este caso, ocurren casi al unísono.

Las muertes de Jeffrey Epstein y de dos de sus reclutadores, Jean-Luc Brunel, también fallecido en prisión preventiva antes de que las acusaciones contra él pudieran ser sometidas a juicio y, más recientemente, Daniel Siad, dejan procesos interrumpidos y preguntas que el archivo, por sí solo, no puede responder. En el caso de Siad, además, los documentos permiten rastrear vínculos profesionales y comunicaciones relacionadas con la captación de modelos y referencias, también en Cuba. La expectativa de que Ghislaine Maxwell aporte nuevas revelaciones tampoco llena el vacío.

Más allá de Epstein, Maxwell y Brunel, el archivo también documenta a otras decenas de personas con distintos grados de implicación, desde posibles coconspiradoras hasta figuras públicas sin vínculos claros.

La publicación de los archivos no sustituye la obligación de investigar ni el derecho de las sobrevivientes a que sus denuncias sean examinadas con rigor y a obtener respuestas judiciales. Y, a estas alturas, también habrá que rendir cuentas a la sociedad civil que ha participado en la sousveillance.

Y me pregunto si 500 revisores no bastan para garantizar la coherencia de un archivo de 3,5 millones de páginas, ¿quién auditará este proceso en adelante? El archivo seguirá creciendo con nuevas identificaciones, redacciones, posibles filtraciones y hasta aquí nadie ha dicho quién vigila a este vigilante digital.

 

 

* Hasta el cierre de este reportaje, Andrés Pastrana no ha respondido a mis mensajes públicos y privados en los que le solicito una entrevista para esclarecer las circunstancias de su vuelo a La Habana. Tampoco he tenido respuestas de la cancillería cubana sobre el viaje de Epstein y otros asuntos relacionados con Cuba en sus archivos.

Notas

 1Mi propio proceso de recolección funcionó, sin proponérmelo, como un acto de sousveillance.

 2Epstein Files Transparency Act, catalogada como la Ley Pública 119-38. Disponible en: https:/​/​www.​govinfo.​gov/​app/​details/​DCPD-​202501133

 3Según el Archive/Counter-Archive (A/CA) de Canadá, estos archivos se definen como aquellos que “tienen la intención explícita de archivar de manera diferente, de romper con las narrativas nacionales convencionales y de incorporar la diferencia en los relatos públicos”. Tienen como objetivo contrarrestar la hegemonía de las instituciones archivísticas tradicionales, que normalmente han descuidado o marginado a las mujeres, a los pueblos indígenas, inuit y métis, a la comunidad LGBT2Q+ y a las comunidades de inmigrantes. Disponible en: https:/​/​counterarchive.​ca/​about.​ 

El término también es utilizado por la doctora en Ciencias Políticas Sara Tonsy para definir a: “…los testimonios compartidos en los distintos medios constituyen un archivo —o, más exactamente, un contrarchivo— de los actos de violencia contra las mujeres en un formato más accesible, alejado del escrutinio del triángulo Estado-sociedad-cultura”. Disponible en: https://kohljournal.press/counternarrative-sexual-violence

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Artículo publicado en la revista Telos 130


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Autor

Periodista cubana. Se establece en Madrid en 2022, tras más de 20 años de experiencia en investigación periodística, estrategias de comunicación, campañas institucionales y sociales que buscan generar impacto social, y activismo, desde una perspectiva feminista decolonial. Es redactora en TELOS.

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