Plataformas digitales en la escuela: ¿cómo cuidar la privacidad de los estudiantes?

Las plataformas digitales llegaron a las escuelas sin políticas públicas claras ni cumplimiento normativo. Entonces, los docentes abrazaron las nuevas tecnologías y ahora, en un movimiento pendular, crece el rechazo al uso de las pantallas en el entorno escolar. El uso de plataformas digitales en las escuelas solo será viable si hay políticas públicas claras, que combinen la formación y capacitación de la comunidad educativa con plataformas diseñadas para asegurar una adecuada gestión del riesgo para sus usuarios.

 

[FOTOGRAFÍA: KINOMASTERSKAYA / ISTOCK ]

 

Abordar el papel de las plataformas digitales en el entorno escolar plantea enormes retos en un contexto de alarma y prevención ante los riesgos (desde el ciberacoso a la adicción a las pantallas) que implican para los más jóvenes^“1”. Además, ha habido una aplicación pendular de medidas, que van del impulso a la prohibición^“2”, pasando por el uso intensivo de recursos digitales alternativos durante la pandemia –como apps no verificadas, correos privados y medios propios no autorizados– ante el fracaso de las aulas virtuales. Hoy existen, también, entornos digitales que constituyen una herramienta de comunicación para padres y madres.

Un despliegue voluntarista desde el desconocimiento

A pesar de los esfuerzos desplegados por la Agencia Española de Protección de Datos entre 2007 y 2011, el cumplimiento normativo no caló en los centros escolares ni en la autoridad educativa. Así:

1. Faltó, a pesar del esfuerzo de los reguladores^“3”, una estrategia de formación para los estudiantes. En general, se consideraba que la cuestión de las nuevas tecnologías quedaba cubierta por las asignaturas sobre informática.
2. A pesar de que en esos años arrancó el Día de Internet Segura, se percibía como un tema ajeno al entorno escolar.
3. No se planificó la llegada de la digitalización a los centros escolares, pese a que la cuestión de los riesgos de las redes sociales fue objeto de análisis en comisiones parlamentarias en el Congreso y el Senado, así como en Red.es, la entidad pública encargada de la transformación digital, y por parte de un grupo de trabajo creado por la vicepresidencia de la Comisión Europea.

En la práctica, se estaba generando un riesgo sistémico para nuestros niños, niñas y adolescentes. En el ámbito educativo y social se celebraba la innovación y se ponía en valor a los docentes que utilizaban las primeras aplicaciones móviles en las aulas, desplegando una intensa actividad en los medios sociales. Se implantaron así, de manera sistemática, prácticas escolares que constituían la antítesis de la responsabilidad proactiva que exige el Reglamento General de Protección de Datos.

Entonces, y quizás hoy, buena parte de los centros educativos, públicos y privados, no podían acreditar haber formado de manera integral a su personal en el ámbito de la protección de datos. Basta con consultar el BOE, o rastrear los planes de formación continuada de funcionarios, para verificar que solo se han cumplido dos de las previsiones contenidas en la ley sobre protección de datos personales y derechos digitales (LOPDGDD): el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado (INTEF)^“4” ha promovido un marco de competencias digitales del profesorado y se ha incluido la materia en los temarios de oposición.

El resultado práctico de este estado de cosas resulta descorazonador. Basta con una sencilla búsqueda en internet, no demasiado exhaustiva, para encontrar decenas de vídeos de niños y niñas de educación infantil realizando algún tipo de práctica escolar, o de estudiantes durante un examen oral de inglés. Todo ello, con la anuencia de las autoridades educativas, e incluso del propio regulador, que ni atajan estas prácticas ni realizan auditorías preventivas para afrontar al elefante en la habitación: el consentimiento para que los centros escolares expongan a sus alumnos en las redes se da en un contexto de asimetría de poderes, y no con una finalidad educativa sino meramente promocional.

El consentimiento para que los centros escolares expongan a sus alumnos en las redes se da en un contexto de asimetría de poderes, y no con una finalidad educativa sino meramente promocional

Abordamos así la viabilidad del uso de las plataformas digitales desde una posición de extrema debilidad, caracterizada por factores que conducen a prever riesgos sistémicos para la integridad de nuestros escolares:

1. La falta de políticas públicas que definan los perfiles, autorizaciones y competencias de los equipos directivos, planteen una estrategia integral y cuenten con procesos de validación y autorización de las herramientas de gestión de los datos.
2. La normalización de un modelo de incumplimiento normativo, en el que el profesorado aplica como criterio rector el sentido común, que se corresponde con sus fines docentes e investigadores en lugar de con la preservación del interés superior del menor.
3. El uso de recursos de terceros, y no confiables, con carencias severas desde el punto de vista de la garantía de la privacidad. En la práctica, se obliga a una persona menor de edad a “contratar un servicio” que se monetiza pagando con su privacidad.
4. La normalización de la exposición pública de niños, niñas y adolescentes, cuya identidad digital acaba siendo generada por adultos irresponsables.

El uso de plataformas sociales: una operación imposible

El sistema educativo español se enfrenta a una significativa ola de oposición al uso de las plataformas digitales, que incluye la propuesta de prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Paradójicamente, hay principios normativos que dificultan la implantación de esta propuesta, a la vez que existe la necesidad acuciante de dotar a los escolares de las competencias y capacidades necesarias para interactuar con la tecnología.

El Reglamento de Protección de Datos (RGDP) obliga a evaluar el posible impacto para los derechos y libertades de las personas del tratamiento y la protección que se le dé a sus datos, en particular si para ello se utilizan las nuevas tecnologías. A su vez, la lista positiva de la Agencia Española de Protección de Datos contempla qué tipo de tratamientos de datos quedan exentos de estas evaluaciones. En cualquier caso, esta normativa es la que aplica también en el ámbito de las instituciones educativas.

Pudiera parecer que en un teórico caso de uso con estudiantes de la ESO mayores de 14 años, el consentimiento sería viable. No obstante, no se puede considerar que el consentimiento legitime el uso de una plataforma digital de terceros con fines educativos.

A merced de las grandes plataformas

Se sabe que las plataformas dominantes generan riesgos sistémicos para las garantías de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que deberían hacer inviable su uso por parte de los menores^“5”. Las recientes sentencias y acuerdos judiciales formalizados por Meta en Estados Unidos o las acciones emprendidas por la UE apuntan a la existencia potencial de un conjunto de prácticas altamente lesivas para la salud de nuestros escolares.

Además, en el mejor de los casos y en la hipótesis de una ausencia de problemas, las plataformas no se han diseñado buscando una funcionalidad de naturaleza escolar^“6”. No ofrecen ningún tipo de servicio en el que el proveedor opere como un encargado del tratamiento. Las responsabilidades de gestión del riesgo, garantía del adecuado funcionamiento, y de seguridad y protección de las personas menores de edad se asumen con protestas, retirando verificadores y presionando desde la Administración estadounidense para su desregulación. Si sumamos scroll infinito, generación de conductas adictivas, y notificaciones hápticas (mediante vibraciones, pulsaciones o movimientos de los dispositivos electrónicos) no parece que las estructuras de diseño de estos entornos sean compatibles con un ecosistema de aprendizaje seguro.

Estas plataformas no se han diseñado buscando una funcionalidad de naturaleza escolar

Por todas estas razones no resulta viable el empleo de plataformas digitales en el entorno educativo. Salvo que se dieran ciertas circunstancias.

¿Una propuesta viable?

Ante los riesgos derivados de las plataformas digitales, la UE ha reaccionado con lo que mejor sabe hacer: regular^“7”. Ésta es una política de naturaleza reactiva que o bien impone prohibiciones o bien exige de los proveedores prevenir, gestionar y reducir los riesgos. Podemos compartir la opción legislativa y a la vez señalar que supone un enfoque reduccionista de un problema que también debería ser abordado desde las políticas públicas.

Una de las objeciones más comunes ante la ola prohibicionista consiste en afirmar que el mundo digital es un espacio de socialización que ofrece oportunidades significativas de crecimiento emocional. No se discute esta afirmación. Sin embargo, no existe una sola oferta que reúna los requisitos de diseño adecuados para cumplir con estas funciones. El mercado solo persigue un objetivo: monetizar la privacidad concibiendo a los usuarios como siervos digitales^“8”. Y ello exige una captación temprana de los futuros usuarios a través de patrones de adicción.

Cuando el mercado no provee un servicio necesario corresponde a los poderes públicos su impulso

En conclusión, no existe una plataforma tecnológica que ofrezca a los estudiantes espacios sociales que les formen para ejercer la libertad de expresión y les familiaricen con herramientas con potencial para el crecimiento personal en una sociedad democrática y participativa. En un Estado social y democrático de derecho que pretende garantizar condiciones materiales de igualdad y libertad, cuando el mercado no provee un servicio necesario corresponde a los poderes públicos su impulso. El uso de plataformas digitales en entornos escolares solo será viable mediante una estrategia clara de políticas públicas que combine la formación y capacitación del conjunto de la comunidad educativa con el impulso de modelos de negocio funcionales que aseguren una adecuada gestión del riesgo.

Notas

 ¹United States District Court for the Northern District of California, 2023.

 ²Generalitat Valenciana, 2024.

 ³AEPD, 2008.

 ⁴Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 2022.

 ⁵Ministerio de Juventud e Infancia, 2024.

 ⁶Martínez Martínez, R. & Fernández Hernández, C., 2024.

 ⁷Comisión Europea, 2026.

 ⁸Varoufakis, Y., 2024.

Bibliografía

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