17 de noviembre de 2026
por
Francisco José García Ull
Marina Pascual Ortiz
Ilustrador
Aníbal Hernández
Esta experiencia puede resultar familiar a muchos padres y madres: al recoger a nuestro hijo de un año en la escuela infantil, preguntamos si ha comido y recibimos como respuesta: “Míralo en la app”. El centro, privado, exige pagar una agenda digital en la que se anota qué come o si ha mojado el pañal y se suben fotos y vídeos. Las educadoras, desbordadas, solo pueden rellenarla a las siete de la tarde, cuando los niños ya se han ido, así que hasta entonces nadie sabe si han merendado. La aplicación, en cambio, sí registra su alimentación, sus rutinas y su imagen, y nadie explica qué datos se guardan, dónde ni durante cuánto tiempo. Una herramienta pensada para comunicarnos mejor nos comunica peor y, por el camino, guarda datos de un niño de un año sin que nadie explique para qué.
No es un problema solo de los centros privados ni de la educación preescolar. En muchos colegios públicos tampoco hay constancia de que las familias hayan firmado autorización alguna, y por los grupos de WhatsApp circulan fotos y nombres de niños. Es la shadow IT escolar: tecnología que nadie ha elegido ni evaluado, pero que todos usamos y que alimenta un riesgo poco visible, la datificación de la infancia: la conversión en datos de lo que los niños hacen mientras aprenden, comen o juegan.
Imaginemos a Lucía, de 12 años, que cursa 1.º de la ESO en un instituto público que trabaja con la plataforma Google Workspace for Education. Es un ejemplo inventado, pero corriente. Abre un Chromebook con su cuenta del centro, entrega una redacción en Classroom, repasa Ciencias con un concurso en Kahoot y diseña una infografía en Canva. Por la tarde, atascada con las matemáticas, pregunta a un asistente de inteligencia artificial: Google ofrece Gemini a usuarios educativos de todas las edades desde 2025 (Google, 2025).
Nada de esto es ilegal ni malintencionado, y estas plataformas ofrecen recursos valiosos para el trabajo docente. Pero, al terminar el día, Lucía ha dejado rastro en cinco o seis empresas, casi siempre por decisión de otros, y con 12 años está por debajo de los 14 que fija la ley española para consentir por sí misma el tratamiento de sus datos. Cabe preguntarse quién ha evaluado qué información necesitan recoger esas herramientas, y qué sucede con ella después.
Una pantalla se ve: se cuenta en horas y se puede apagar. La datificación no da síntomas ni se nota en el aula: se acumula en silencio, cuenta a cuenta y aplicación a aplicación. Cada herramienta que el centro incorpora es una empresa más con acceso a lo que el alumno escribe, consulta y hace, y las familias casi nunca saben cuántas son ni qué guardan. Una vez cedidos, nadie puede comprobar con facilidad qué ocurre con los datos: se aceptan unas condiciones de uso, a menudo en nombre de otros, y se confía. En la escuela hay una consecuencia añadida y más grave: los niños no solo ceden datos, sino que se acostumbran a hacerlo. Si desde los seis años estudiar significa iniciar sesión en una plataforma comercial, difícilmente aprenderán a preguntarse a quién pertenece lo que producen.
El problema no es exactamente que se “vendan los datos de los niños”, Google sostiene que en sus servicios educativos principales no hay anuncios ni perfiles de alumnos (Google, s. f.). El problema es más sutil: dentro de una misma plataforma, conviven finalidades distintas, y no todas tienen que ver con educar. Muchas tienen que ver con mejorar sus propios productos: medir el rendimiento o desarrollar funciones nuevas con la actividad de los alumnos. Otras, con fidelizar al usuario: el paquete básico es gratis, y quien aprende con una herramienta de los 6 a los 18 años probablemente la seguirá usando de adulto. Por eso la transparencia debe ir más allá de publicar una política de privacidad: los centros necesitan saber qué datos se recopilan, quién accede a ellos, cuánto tiempo se conservan y qué papel desempeñan los sistemas automatizados.
El Reglamento General de Protección de Datos exige una protección específica para los menores (Unión Europea, 2016), y la ley española fija en 14 años la edad para consentir por sí mismos (España, 2018). La Ley Orgánica de Educación habilita a los centros a tratar los datos necesarios para educar, pero solo esos (España, 2006): no necesitan pedir consentimiento para todo, pero tampoco pueden usar cualquier plataforma de cualquier manera. Esa frontera la están trazando los reguladores: la autoridad danesa concluyó en 2024 que no había base legal para ceder datos de alumnos a Google para mejorar sus productos, y este año amonestó a 51 municipios por deficiencias en la protección de los datos del alumnado de sus centros (Datatilsynet, 2024; Ingeniøren, 2026).
En España, la Agencia Española de Protección de Datos multó en abril con 20 000 euros (reducidos después a 12 000) a un colegio que usaba Google Workspace con más de 500 alumnos, muchos menores de 14, sin informar bien a las familias (Confilegal, 2026). Estos casos no prueban que Google Workspace sea ilegal, sino que incorporar una plataforma exige algo más que contratarla y repartir cuentas.
En marzo de 2026, las autoridades de protección de datos publicaron un decálogo que recuerda que estas plataformas no son voluntarias para el alumnado ni para las familias (AEPD, 2026). Precisamente por eso, las administraciones y los centros educativos deben garantizar que los datos de los menores estén protegidos y que las plataformas respeten la normativa de privacidad.
Sobre el papel, la norma es exigente; el problema es que no llega a la puerta del aula. Ni siquiera sabemos cuántos alumnos tienen una cuenta de Google o Microsoft a través de la escuela, y sin cifras es difícil evaluar nada.
Además, el debate público se ha centrado en el tiempo de pantalla. Madrid eliminó el uso individual de dispositivos en Infantil y Primaria (Comunidad de Madrid, 2025), pero menos tabletas no significa menos datos: el niño que usa un ordenador compartido una hora a la semana sigue entrando con su cuenta, y una aplicación aparentemente inofensiva puede recoger información sobre su alimentación, sus rutinas o su imagen, como la agenda digital con la que abríamos este artículo.
Algunas medidas no requieren inventar nada:
Datos mínimos: que los datos de menores no se usen para nada que no sea estrictamente educativo, la frontera que ya trazó la autoridad danesa.
Alternativa pública real: existen EducaMadrid o Aules, y la guía del INTEF sobre inteligencia artificial ya habla de soberanía digital y de evitar la dependencia de plataformas comerciales (INTEF, 2026).
Consentimiento con alternativa: informar de verdad a las familias, no con un enlace, y ofrecer una opción que no penalice a quien diga que no.
No pretendemos que se apaguen las pantallas, sino que se vea lo que hoy no se ve. Decidir qué cedemos y a quién no es algo que debamos delegar. Quizá convenga empezar por lo más sencillo: preguntar a la educadora, al tutor o al centro qué datos de nuestros hijos se están recogiendo y para qué. Porque cuando la respuesta a “¿Ha comido?” es “Míralo en la app”, lo que se pierde no es solo privacidad: es conversación. Esa escena cotidiana refleja un problema mayor: docentes, familias, centros y alumnado vivimos bajo unas condiciones que no conocemos y para las que nadie nos pidió permiso. Y quizá lo más preocupante no sea que hayamos dejado de preguntarnos quién pone las reglas, sino que estemos enseñando a las siguientes generaciones a no hacerse esa pregunta.
AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). (2026): Principios básicos para la contratación y uso de plataformas educativas digitales por las administraciones educativas y centros docentes. Madrid, AEPD. Disponible en: https://www.aepd.es/documento/apd-plataformas-educativas-administraciones-centros.pdf
Comunidad de Madrid. “La Comunidad de Madrid despliega medidas educativas pioneras para prolongar la estancia en el colegio y limitar el uso individual de pantallas” en Comunidad de Madrid (2025). Disponible en: https://www.comunidad.madrid/noticias/2025/09/03/comunidad-madrid-despliega-medidas-educativas-pioneras-prolongar-estancia-colegio-limitar-uso-individual-pantallas
Boletín Oficial del Estado (BOE). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Madrid, BOE, 2018. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado). Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Versión 2.0. Madrid, Ministerio.
Rivera, B. “Digitalizar el aula sin garantías en protección de datos cuesta 12.000 euros a un colegio de Madrid” en Confilegal (2026). Disponible en: https://confilegal.com/20260415-digitalizar-el-aula-sin-garantias-en-proteccion-de-datos-cuesta-12-000-euros-a-un-colegio-de-madrid
Oddershede, M. “Chromebook-sagen slutter med alvorlig kritik: 51 kommuner skal rette op” en Ingeniøren (2026). Disponible en: https://ing.dk/artikel/chromebook-sagen-slutter-med-alvorlig-kritik-51-kommuner-skal-rette-op
Doctor en Comunicación por la Universitat de València, profesor titular en la Universidad Europea de Valencia e investigador del Grupo de Investigación Aula-0. Su trabajo se centra en IA, educación, pensamiento crítico y desinformación.
Doctor en Comunicación por la Universitat de València, profesor titular en la Universidad Europea de Valencia e investigador del Grupo de Investigación Aula-0. Su trabajo se centra en IA, educación, pensamiento crítico y desinformación.
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Doctora en Biología por la Heinrich Heine Universität Düsseldorf y máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica. Profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde imparte Biología y Bioquímica.
Doctora en Biología por la Heinrich Heine Universität Düsseldorf y máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica. Profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde imparte Biología y Bioquímica.
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