Lograr la neutralidad climática en 2050 es el objetivo que define la estrategia medioambiental de la Unión Europea (UE). Y, para ello, se apoya en el Pacto Verde Europeo (Green Deal), un conjunto de leyes e iniciativas que proponen transformar la economía hacia la sostenibilidad, descarbonizando sectores como la energía, el transporte y la agricultura, a la par que se reducen las emisiones según un calendario realista pero exigente. Una estrategia ambiciosa y muy necesaria que requiere un notable esfuerzo colectivo, especialmente a corto plazo.
Antes de que Europa se proclame primer continente climáticamente neutro, debería alcanzar dos metas intermedias: la reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990 de al menos un 55 % para 2030 (medida conocida como Objetivo 55), y de un 90 % para 2040.
Pues bien, pese a que hasta ahora la descarbonización europea avanzaba a buen ritmo (la reducción de emisiones alcanza el 37 % en 2025 respecto a la referencia de 1990), el futuro inmediato se dibuja bastante sombrío. ¿La razón? El auge en toda Europa de los movimientos populistas, especialmente de extrema derecha y de grupos que pueden englobarse bajo el “ecofascismo”.
Se trata de movimientos que se oponen a las políticas climáticas tildándolas de elitistas, además de perjudiciales para las industrias nacionales y para la estabilidad económica y social. Los partidos con agendas nacionalistas, antiinmigración y escépticas con respecto al clima están ganando fuerza en toda Europa. En sus discursos se refieren a la acción climática como una amenaza existencial para la identidad nacional y la soberanía económica.
Los partidos conservadores y de extrema derecha en Europa se oponen a la transición y prometen a sus votantes “defender las industrias tradicionales de altas emisiones”. Al identificar los impuestos verdes como “el enemigo a batir”, políticas verdes como la fijación de precios al carbono corren el riesgo de ser percibidas como injustas para los consumidores y para las economías vulnerables.
El paso de la “preocupación científica” a la “polarización política” por el cambio climático redefine la viabilidad de los objetivos climáticos establecidos en Europa. Ya no solo tiene peso la eficacia regulatoria, sino también la capacidad de resistir a una desinformación financiada y planificada que desplaza el debate de los datos científicos hacia las identidades, las ideologías y las emociones. Esta metamorfosis comunicativa deliberada puede fracturar el consenso científico y técnico construyendo una narrativa de resistencia.
Para los tomadores de decisiones, es imperativo comprender que la obstrucción no es un accidente orgánico, sino una “siembra” estratégica de desinformación. Según el análisis de Bernhard Forchtner, la evolución de la postura ante el cambio climático de la derecha radical se desglosa en tres fases críticas:
Para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, priorizar el crecimiento económico sobre la mitigación del cambio climático supuso un impulso significativo del voto euroescéptico. A diferencia de 2019, cuando el activismo climático impulsó a los partidos verdes, desde 2024 la oposición a las políticas verdes se ha convertido en un motor para los partidos que exigen menos autoridad de la UE en asuntos nacionales.
La ultraderecha se ha empeñado en retratar el Pacto Verde Europeo como una ecología punitiva orquestada por élites cosmopolitas, cuyo fin último sería imponer un “decrecimiento infeliz” a las clases trabajadoras. En este marco, la soberanía energética se redefine como una autarquía basada en recursos tradicionales, desafiando frontalmente la transición renovable. El resultado es una crisis de integridad donde el clima es solo el rehén de una desconfianza sistémica.
La nueva narrativa ensalza al agricultor como el “verdadero guardián” del paisaje y depositario de un savoir-faire ancestral frente a las regulaciones de “élites desconectadas”. Bajo esta visión, infraestructuras como los parques eólicos son denunciadas como un “robo del paisaje” que agrede la identidad visual y cultural de la nación. El descontento en regiones rurales y posindustriales ha cristalizado en un voto euroescéptico que percibe la transición verde como una carga económica asimétrica.
La convergencia entre la degradación ambiental y la narrativa del reemplazo demográfico es particularmente aguda en formaciones como Victory (Grecia) o Reconquête (Francia). Estos partidos sostienen que la inmigración masiva destruye el “vínculo biológico” y tradicional con la tierra, argumentando que el crecimiento poblacional fuera de las fronteras europeas es la verdadera causa del agotamiento de recursos. De este modo, la seguridad climática se vincula indisolublemente al control migratorio, alegando que la migración desarticula la armonía natural y el equilibrio biótico del continente. Cuando los activistas climáticos, los partidos verdes y los científicos son presentados como “fanáticos” o “histéricos” que amenazan la racionalidad y el bienestar de la nación, la oposición climática puede entenderse como un acto de resistencia patriótica.
¿Podemos darle la vuelta a la tortilla y desmontar esos argumentos? Sin duda. Aprovechando el Fondo de Transición Justa de la UE, diseñado específicamente para regiones con alta dependencia de industrias intensivas en carbono. Y empezando por priorizar la compensación directa y el alivio fiscal para los sectores que se perciben como “perdedores de la transición”. Es imperativo presentar a la descarbonización no como una amenaza a la identidad local, sino como la única vía para garantizar la autonomía estratégica y la protección de la herencia biocultural frente a crisis externas.
Si asignamos recursos para diversificar la economía, a la vez que ofrecemos apoyos directos al trabajador y programas de reciclaje profesional, podremos hacer que el apoyo social a la transición energética e industrial crezca.
Otro aspecto fundamental es reorientar los esquemas de subsidios (centrados principalmente en empresas y negocios) hacia los ciudadanos, especialmente a la juventud, y particularizar en cuestiones apremiantes como la vivienda. Sin olvidar la protección a los agricultores, uno de los sectores más movilizados contra el Objetivo 55, ofreciendo estrategias de soberanía alimentaria, priorizando la inversión nacional en agricultura y fomentando un consumo energético y alimentario de origen nacional.
Si queremos evitar el “caos climático”, es esencial situar la transición energética fuera de la dinámica de víctima y verdugo. Y al defender el Pacto Verde, en lugar de centrarse en el sacrificio, conviene presentar la energía solar y la eólica como las “energías de la libertad”. Vincular lo verde con la seguridad nacional es la forma más efectiva de arrebatar esa bandera al populismo.
La viabilidad del Objetivo 55 depende más de ganar la batalla cultural y emocional que de la precisión técnica de la legislación. La desinformación no es la causa, sino el síntoma de una crisis profunda de confianza institucional. Si la Unión Europea no logra desactivar la obstrucción afectiva, se arriesga a una parálisis permanente ante el abordaje del cambio climático, el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI.
La reconciliación entre democracia y clima exige una política que valide las preocupaciones de los ciudadanos sin sacrificar la verdad científica, haciendo que el afecto y las emociones dejen de funcionar como una herramienta de bloqueo para convertirse en un motor de resiliencia colectiva y soberanía real.
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Es investigador del CSIC experto en ecología y cambio climático, destacado divulgador sobre la crisis ambiental y reconocido por su labor en concienciación social y sus propuestas para afrontar los retos ecológicos globales.
Es investigador del CSIC experto en ecología y cambio climático, destacado divulgador sobre la crisis ambiental y reconocido por su labor en concienciación social y sus propuestas para afrontar los retos ecológicos globales.
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