La paradoja digital: avances tecnológicos y barreras persistentes

En la relación entre digitalización y derechos humanos surgen nuevas brechas que afectan a las personas con discapacidad. La solución pasa por una gobernanza inclusiva y accesible que garantice que el progreso tecnológico sea también un avance en igualdad y justicia social.

 

 

Digitalización y derechos. Dos términos, ideas y conceptos que hoy, más que nunca, van acompañados de una gran carga simbólica. Dos narrativas que navegan entre lo tangible y lo intangible se han convertido en espacio de reivindicación, lucha, participación y presencia.

Cuando recordamos que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas tiene discapacidad, no son pocas las caras de sorpresa. Esta se transforma en asombro cuando se menciona que las personas con discapacidad siguen enfrentándose a barreras estructurales que les impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Cuestiones que para muchos resultan cotidianas —como el acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, al derecho a la movilidad o la salud sexual y reproductiva (así como tantas otras)— siguen siendo un caballo de batalla para 1.300 millones de personas en el mundo.

Una de cada seis personas tiene discapacidad, según la OMS

No son temas nuevos, aunque sigamos escuchándolos con perplejidad. ¿Qué ocurre con esos derechos, en apariencia conquistados y que, cada vez más, se convierten también en obligaciones? Hablamos, sin duda, de la digitalización.

Relacionarnos digitalmente ya no es un privilegio: es una forma de ser y de estar en la sociedad. Nos permite participar, reivindicarnos, estar presentes, involucrarnos. Sin embargo, esta nueva obligación, construida en torno a un derecho, ¿nos permite integrarnos a todos por igual? ¿Da espacio a los colectivos vulnerables? ¿Son los derechos digitales una nueva forma de exclusión socioeconómica?

La situación, por ahora, parece poco halagüeña: a la espera de datos globales más consolidados, todo apunta a que la digitalización o la inteligencia artificial son hoy, paradójicamente, fuentes de desigualdad en nuestras sociedades. Una brecha que, si sigue ensanchándose, podría empañar los maravillosos avances que las nuevas tecnologías han traído a la forma de relacionarse, aprender o trabajar de las personas con discapacidad^“1”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2026 cumple dos décadas, ya incluye referencias a la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la accesibilidad para poder participar en igualdad de condiciones. Por su parte, la Estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 dio un paso más al promover el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación accesibles, y servicios digitales inclusivos. Desde junio de 2025, con la entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad, se han establecido bases y criterios comunes para toda la Unión Europea. Parece que estamos caminando en la buena dirección.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, mientras la mención a la discapacidad como concepto crece, solo 2 de los 27 Estados miembros (Portugal y Dinamarca) incluyeron la digitalización como un tema de especial vinculación con las personas con discapacidad, según el análisis proporcionado por el Foro Europeo de la Discapacidad —en los informes del Semestre Europeo que cada Estado miembro entrega para construir sus políticas sociales y económicas—. Es curioso, por tanto, que la digitalización se haya convertido en una cuestión que damos por sentado. Sin embargo, si no continúan desarrollándose las herramientas adecuadas, puede dejar fuera de la vida (a todos los niveles) al 15 % de la población. De hecho, según datos de Eurostat, las personas con discapacidad se conectan a internet un 20 % menos que el resto de la población.

Diferencias entre países

Nosotros todavía somos afortunados. Estamos escribiendo este artículo desde España, uno de los países líderes en la inclusión de personas con discapacidad, gracias a la acción de entidades como la Alianza Internacional de la Discapacidad, el Foro Europeo de la Discapacidad o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Pero la realidad global, de la que ya ha alertado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, es que las diferencias entre regiones siguen siendo abrumadoras. Por poner un dato, en Uganda solo el 5 % de las mujeres y el 9 % de los hombres con discapacidad declaró usar servicios de internet móvil (la cifra es del 19 % para las mujeres y del 27 % para los hombres sin discapacidad).

España es uno de los países líderes en la inclusión de personas con discapacidad

La solución parece sencilla: seguir impulsando regulaciones rigurosas que estén al servicio de los colectivos vulnerables. Estas deben empoderar a la ciudadanía y normalizar su presencia, tanto en el espacio público como en el virtual. Es importante que la accesibilidad y las tecnologías de apoyo penetren en todas y cada una de las capas de la participación y vida social de este colectivo. Con ello, se conseguirá mejorar el disfrute de los derechos humanos, al tiempo que se hace cumplir la Convención y sus dos principios más básicos: la prevención de la discriminación y la garantía de un acceso equitativo a los entornos digitales.

Hablar de derechos digitales y discapacidad exige materializarlos. No se trata de proponer una única solución, sino de trabajar en un plano multinivel que plantee estrategias de gobernanza, accesibilidad, capacitación, innovación, inversión y colaboración. Nuestras sociedades están cambiando. Es un cambio que no podemos negar y que, desde el colectivo de personas con discapacidad, se quiere abrazar. Pero hemos de actuar consecuentemente. Si no diseñamos un futuro digital inclusivo, vamos a seguir perpetuando un círculo de vulnerabilidad, desigualdad e invisibilidad.

Para las personas con discapacidad, las nuevas tecnologías han supuesto un espacio para relacionarse, formarse, trabajar… Tenemos el deber de convertir el futuro en una ventana de oportunidad para construir un mundo digital más amable, humanizado, diverso y cercano. No solo para las personas con discapacidad, sino para todos los colectivos que, en algún momento y bajo diferentes circunstancias, tengamos que relacionarnos con ellas.

Alguna vez habrán oído esa frase que reza “De cada necesidad, nace un derecho”. Nos gusta pensar que llamarlos derechos digitales ha allanado el camino, pero la realidad es que conquistar derechos implica reivindicarlos, trabajarlos y defenderlos. Tenemos el deber moral, como sociedad, de convertirlos en una extensión natural de los derechos de las personas con discapacidad.

Los avances técnicos son y serán cambiantes, aparecerán nuevas herramientas, plataformas o algoritmos que nos vengan a desafiar de nuevo, y lo que hoy nos parece actual quedará desactualizado para cuando este artículo vea la luz. Pero hay una certeza que no puede alterarse: las nuevas tecnologías son —y deben ser— herramientas poderosas para la eliminación de barreras.

Es hora de dar ejemplo

Para lograrlo, necesitamos gobiernos firmes que sirvan de ejemplo para el sector privado y que trabajen de la mano con las organizaciones de personas con discapacidad para impulsar tecnologías más justas y resilientes. En España, en la Carta de Derechos Digitales, gracias a las recomendaciones emitidas por el CERMI, se recoge el derecho a la protección de las personas con discapacidad con referencias explícitas a la accesibilidad universal. Así, el Estado se convierte en ese pilar que ha de actuar como garante de que los derechos de las personas con discapacidad sean no solo reales, sino efectivos.

Se tiene la enorme oportunidad de enfocar este reto desde la proactividad, desde la participación y el empoderamiento. Las nuevas tecnologías están configurando un modo distinto de habitar el mundo y de definir la identidad. La pregunta es ineludible: ¿Vamos a permitir que millones de personas se queden fuera por no haber podido habitar los espacios virtuales?

 

Este número de TELOS ha sido realizado en colaboración con:

Notas

 ¹Entrevista en vídeo a Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo.
Disponible en: https://www.derechosdigitales.gob.es/es/historias/lo-que-internet-da-y-lo-que-quita-a-las-personas-con-discapacidad

Bibliografía

Bariffi, F. Informe resumen del CERMI de los contenidos sociales del Reglamento sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Versión 1. Madrid, CERMI & Fundación Derecho y Discapacidad, 2024. Disponible en: https://cermi.es/novedad/informe-resumen-de-los-contenidos-sociales-reglamento-de-ia-de-la-ue

CERMI. “El Gobierno informa de que la Carta de Derechos Digitales garantiza la accesibilidad y la inclusión a las personas con discapacidad” en CERMI. Disponible en: https://cermi.es/noticia/el-gobierno-informa-de-que-la-carta-de-derechos-digitales-garantiza-la-accesibilidad-y-la-inclusion-a-las-personas-con-discapacidad

GSMA (Global System for Mobile Communications Association). The Mobile Economy. Londres, GSMA, 2025. Disponible en: https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/?utm_source=website&utm_medium=blog&utm_campaign=gender-gap-2023

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Derechos de las personas con discapacidad y las tecnologías y dispositivos digitales, incluidas las tecnologías de apoyo. Ginebra, Consejo de Derechos Humanos, 2025. Disponible en: https://docs.un.org/es/A/HRC/58/33

ONU. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nueva York, ONU, 2008. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Unión Europea. Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Luxemburgo, EUR-Lex, 2021. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/strategy-for-the-rights-of-persons-with-disabilities.html