17 de noviembre de 2026
por
Francesca Bria
Ilustrador
Sean Mackaoui

En el siglo XXI, la soberanía digital es la condición material de la democracia. El control sobre las cadenas de suministro de semiconductores, las plataformas en la nube, los modelos de inteligencia artificial y las materias primas críticas se han convertido en la moneda de cambio del poder geopolítico. Infraestructuras que antes parecían invisibles, como los cables submarinos, los servidores de centros de datos lejanos o los algoritmos que ordenan lo que vemos y sabemos, ahora deciden quién gobierna, quién se beneficia y quién es gobernado. Europa se enfrenta a una elección que ya no puede posponer: construir su propio futuro digital o dejar que otros lo hagan.
El panóptico ha servido durante mucho tiempo como imagen de la vigilancia moderna: una torre central desde la que todo puede verse y unos sujetos que adaptan su comportamiento porque saben que se les puede estar observando. En la era digital, esa imagen suele aplicarse al individuo, a los datos que generamos, a las plataformas que los recopilan y al consentimiento que se nos pide que demos. Esa dimensión es real, y Europa ha elaborado una legislación rigurosa en torno a ella. Pero no es ahí donde reside el poder decisivo. El poder en el mundo digital ya no se ejerce principalmente vigilando a las personas. Se ejerce controlando la infraestructura de la que dependen sus sociedades. Los hospitales, los tribunales, las redes eléctricas, los ejércitos y las comunicaciones por satélite funcionan ahora con sistemas que son propiedad de terceros y que, por lo tanto, estos pueden tasar, restringir o desconectar. En junio de 2026, una orden estadounidense de control de exportaciones privó de la noche a la mañana a todos los usuarios europeos de los modelos de IA más avanzados. Cuando Microsoft bloqueó la cuenta de correo electrónico del fiscal de la Corte Penal Internacional tras las sanciones de EE. UU., una empresa privada dejó sin acceso a un investigador de crímenes de guerra a petición del Gobierno estadounidense. La arquitectura que hace esto posible es el stack (pila o infraestructura tecnológica en capas): minerales, energía, chips, redes, la nube, modelos y aplicaciones, dispuestos en capas de tal forma que, quien controla las capas superiores, determina lo que puede funcionar en las inferiores. Se trata de poder estructural: la capacidad no de imponer decisiones concretas, sino de determinar las condiciones en las que se toman todas las decisiones. Esto se aplica especialmente a Europa, porque son los Estados los que ceden nuestra soberanía digital: el ministerio que adquiere su estrategia soberana de IA a un hiperescalador (gran proveedor de servicios en la nube) estadounidense, el Gobierno que traslada sus sistemas judiciales a una nube extranjera, y la Comisión, que firmó en Washington, en junio de 2026, la declaración de Pax Silica, vinculando Europa a una cadena de suministro de IA organizada bajo el liderazgo estadounidense. El problema, por lo tanto, no es la vigilancia, y la respuesta no consiste en imponer más normas sobre cómo la infraestructura puede observarnos. La respuesta es el control democrático sobre la propia infraestructura. Lo que importa es que las decisiones sobre dónde se almacenan nuestros datos, quién gestiona la capacidad de cálculo, qué modelos utilizan nuestros hospitales y ministerios y bajo qué legislación se toman, sean adoptadas por instituciones que rindan cuentas ante los ciudadanos y puedan ser revisadas por estos. Europa cuenta con esa capacidad en algunos ámbitos. Construir el resto es el proyecto político de la década.
El auge de la IA está configurando un nuevo orden tecnoeconómico a una velocidad que supera la capacidad reguladora de cualquier democracia. Cinco empresas estadounidenses prevén gastar conjuntamente ahora cerca de 700 000 millones de dólares al año en esta carrera, y quienes controlan ese orden se han fusionado con el Estado, que se supone que debe regularlo. Cuando este otoño de 2026 países y la Unión Europea solicitaron a la Asamblea General de la ONU normas vinculantes sobre la IA de vanguardia, los dos países que desarrollan los modelos se mantuvieron al margen, y una semana después seis directores ejecutivos firmaron en la Casa Blanca un acuerdo voluntario con auditores de su propia elección. Las empresas redactan las normas y el Gobierno las firma.
Una alianza de oligarcas tecnológicos y líderes populistas está imponiendo su control sobre la economía digital global. A esto lo denomino la Pila Autoritaria“1”: un sistema de capas en el que una ideología posdemocrática se infiltra en el capital riesgo, que coloca a sus representantes en el Gobierno, el Gobierno redacta los contratos y esos contratos convierten a las plataformas privadas en el sistema operativo del Estado. Palantir gestiona los datos del Pentágono y la maquinaria de deportación del ICE, y vende los mismos sistemas a un número cada vez mayor de Gobiernos europeos; Starlink se encarga de las comunicaciones del ejército de Ucrania. Este es el panóptico de nuestra época. Su torre es la infraestructura de la que dependen los Estados, y los hombres que ostentan los contratos estatales ocupan el lugar del inspector. Es el sucesor del complejo militarindustrial sobre el que advirtió Eisenhower, pero más rápido y de doble uso por su diseño. Hoy, cinco de sus empresas tienen un valor superior a las economías de Alemania y Francia juntas. La Pax Silica es la política exterior de este orden.
Lanzada por el Departamento de Estado de EE. UU. en diciembre de 2025 e inspirada explícitamente en la Pax Americana, ofrece a los aliados una cadena de suministro segura de chips, minerales críticos y recursos informáticos —que Europa necesita— a cambio de una alineación política con Washington. Europa fue admitida en un primer momento como invitada; no como socia, sino como cliente. Posteriormente, en junio —el mismo mes en que la Comisión publicó su Paquete de Soberanía Tecnológica—, firmó en Washington la declaración de Pax Silica en nombre de los Estados miembros. Francia se había opuesto a la decisión y fue derrotada en la votación. Ningún parlamento nacional la debatió. El día de la firma, Jacob Helberg, el subsecretario de Estado que diseñó la doctrina, ofreció a Europa “soberanía en materia de innovación” en lugar de soberanía digital, lo que significa innovación en una cadena de suministro dominada por Estados Unidos. El trato es claro. La cooperación en materia de suministro, que redunda en interés de Europa, tiene como precio el cumplimiento de un orden imperial digital cuyas reglas se redactan en Washington, se imponen mediante el acceso a tecnología crítica y son de naturaleza posdemocrática.
La interdependencia, que hemos pasado 30 años gestionando, se ha convertido en un arma como descubrieron las unidades ucranianas en octubre de 2026, cuando se restringió su acceso a Starlink. Mientras tanto, las dependencias de Europa se agravan. Importamos más del 80 % de nuestra tecnología digital. Tres empresas estadounidenses controlan el 70 % del mercado europeo de servicios de infraestructura en la nube. Menos del 5 % de la capacidad computacional mundial de IA se encuentra en Europa. Cada año, 300 000 millones de euros de los ahorros europeos se destinan a los mercados de capitales estadounidenses, financiando precisamente la dependencia que afirmamos querer superar.
Actualmente, dos modelos dominan el panorama mundial. En Estados Unidos, el capital riesgo se fusiona con la seguridad nacional, vinculando los chips, la nube, la IA y las aplicaciones a la estrategia militar. En China, la Ruta de la Seda Digital integra plataformas, vigilancia y pagos en una arquitectura de control unificada, que abarca desde los minerales hasta los modelos. Se trata de órdenes tecnoeconómicos diferentes que comparten un principio común: soberanía sin democracia. Al resto del mundo, incluida Europa, se le pide que elija un bando.
La legitimidad de este modelo también se está resquebrajando desde abajo, bajo la presión del imperativo climático. En Irlanda, los centros de datos ya consumen el 22 % de la electricidad del país, y el coste recae en los hogares; y en España se han concedido 6,3 gigavatios de acceso a la red a centros de datos que aún no existen. La política de la IA se ha convertido en una política de facturas de energía, agua, suelo y de quién tiene el poder de decidir sobre nuestro futuro. La orientación de la IA es una elección política, y en Silicon Valley la elección ya está hecha: ya no se construyen aplicaciones, sino imperios digitales.
El reto de Europa no es convertirse en un peón entre dos imperios. Es construir una alternativa democrática, una tercera vía que combine la soberanía con la apertura, la seguridad con la innovación y la competitividad con el valor público. Esto es EuroStack“2”: una arquitectura digital democrática que integra los derechos humanos, la sostenibilidad ecológica y la rendición de cuentas democrática en cada capa de nuestros sistemas tecnológicos, desde los minerales críticos que obtenemos hasta los chips que diseñamos, las nubes que almacenan nuestros datos y la IA que da forma a nuestras decisiones. No es un muro. No es una fortaleza. Es una constelación de sistemas abiertos, interoperables y soberanos construidos para la democracia.
EuroStack supone una infraestructura europea de nube pública regida por la legislación europea, con derecho a salida y sin ningún “interruptor de emergencia” controlado desde el extranjero. Supone una IA soberana desarrollada bajo nuestro marco regulador y entrenada con datos europeos tratados como un bien común. Supone IRIS² como alternativa a la dependencia de Starlink, y el euro digital y la identidad digital europea implementados en una infraestructura que controlamos. La prueba de fuego es siempre el control jurídico, más que la nacionalidad: quién puede apagar un sistema y bajo qué legislación.
La regulación por sí sola no basta. No se puede gobernar lo que no se posee, ni defender lo que no se controla. Las leyes sin infraestructura son escudos de papel. Durante una década, la respuesta de Europa a las grandes tecnológicas fue la regulación. La próxima década, debe centrarse en la propiedad de nuestra capacidad de cálculo, nuestra nube, nuestros datos, nuestra defensa y nuestro dinero. Europa gasta 2,6 billones de euros al año en contratación pública, y menos de una décima parte de su cuota digital recae en empresas europeas. Estamos financiando nuestra propia dependencia. La soberanía digital debe considerarse una inversión en el poder democrático futuro, no un reflejo defensivo.
Los pilares ya existen. En la actualidad, la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC) cuenta con 13 factorías de IA; además, hay cinco gigafábricas de IA en fase de desarrollo. Los modelos lingüísticos públicos de España, entrenados en español, catalán, euskera, gallego y valenciano con una inversión inferior a tres millones de euros, consideran la pluralidad lingüística como un bien público. Mistral [startup francesa de IA] se ha comprometido a aportar un gigavatio de potencia de cálculo europea para 2030. Y las vías para salir de las dependencias actuales son reales: este año, la Bundeswehr (las fuerzas armadas alemanas) descartó los contratos con Palantir; los servicios de inteligencia nacionales de Alemania y Francia eligieron a un proveedor francés y alegaron la soberanía digital como motivo; y el holding estatal español ordenó a las empresas públicas que dejaran de firmar contratos. Nada de esto requiere un avance tecnológico revolucionario. Lo que falta es demanda, capital y coordinación. La Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (Cloud and AI Development Act, CADA) debe convertirse en una normativa vinculante de contratación pública Buy European [que priorice los productos y herramientas fabricados en Europa], soberana por defecto, y Europa necesita un Fondo Tecnológico Soberano de 300 000 millones de euros a lo largo de diez años para financiar una infraestructura tecnológica propia con una inversión comparable a la que el mercado privado estadounidense destina a una sola empresa.
A nivel municipal, hemos demostrado que las alternativas democráticas funcionan. Cuando ocupé el cargo de directora de tecnología e innovación digital de la ciudad de Barcelona, creamos fideicomisos de datos que gestionan los datos de la ciudadanía en beneficio del interés público, al tiempo que garantizan la transparencia y el control colectivo. El proyecto DECODE y la plataforma Decidim otorgaron a los ciudadanos la propiedad de sus datos, reutilizándolos para la planificación urbana y la democracia participativa. A través de la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales, unas 60 ciudades están construyendo ahora elementos de infraestructura democrática. Las regiones europeas que acogen fábricas de IA están haciendo lo mismo con la inteligencia artificial. En Emilia-Romaña, donde presido la Agencia Regional de Innovación, estamos trabajando en una estrategia Apply AI de diez años para una IA pública, industrial y democrática. Esta estrategia conecta la factoría de IA de Bolonia con los distritos industriales de la región, gestiona los datos industriales y sanitarios a través de cooperativas y parte de necesidades sociales e industriales reales, en lugar de partir de la tecnología.
Y el camino a seguir debe forjarse con socios más allá del marco transatlántico. Europa debería construir una coalición no alineada con Canadá, la India, Brasil y la Unión Africana para redactar las normas que los dos imperios no establecerán. La no alineación estratégica no es aislamiento, es la condición para una cooperación genuina.
Pero la soberanía requiere algo más que políticas e inversión. Requiere imaginación. Y en este sentido, Europa posee algo que ni Estados Unidos ni China pueden igualar: la mayor red mundial de laboratorios culturales. Nuestros museos, centros de arte, festivales, bienales e institutos de investigación conforman un ecosistema distribuido de experimentación, construido a lo largo de décadas de inversión pública sostenida, y en el que artistas, científicos, ingenieros y ciudadanos convergen para imaginar alternativas.
Junto con el comisario José Luis de Vicente, denomino a esta iniciativa “Archipiélago de Futuros Posibles”“3”: una visión de la autonomía digital europea basada en la ecología, la ciencia, las artes y nuevas formas de imaginación colectiva. No se trata de un plan maestro centralizado, sino de una federación de laboratorios que reimaginan lo que la tecnología puede ser cuando está al servicio tanto de las personas como del planeta. Artistas y científicos ya están construyendo piezas de este futuro. El Computational Compost de Marina Otero Verzier reimagina el centro de datos como una infraestructura viva, integrada en la naturaleza, que recicla energía y restaura el equilibrio ecológico. En el Centro de Supercomputación de Barcelona, se pone la computación de alto rendimiento al servicio del interés público, desde la ciencia climática hasta la respuesta a las pandemias y la investigación cultural. Vladan Joler y Kate Crawford trazan un mapa de las arquitecturas ocultas del poder digital, haciendo visible lo que las plataformas preferirían mantener en la opacidad. No se trata de visiones lejanas. Son prototipos funcionales de otra relación entre la tecnología y la sociedad, basada en la regeneración en lugar de la extracción, en la transparencia en lugar de la opacidad, en la democracia en lugar del control.
La contribución de las artes y la cultura no es meramente decorativa. Es esencial. Repensar nuestra relación con la energía, los materiales, las ciudades y los algoritmos requiere una reinvención cultural de la vida cotidiana. Como escribió Édouard Glissant: “No utilices lo real para justificar tus fracasos. En cambio, haz realidad tus sueños para merecer tu realidad”. El tejido cívico de Europa —sus municipios, universidades, bibliotecas, cooperativas, sindicatos y fundaciones culturales— es nuestra mayor fortaleza. Debemos convertir este pluralismo en poder estratégico.
EuroStack y el Archipiélago son dos caras de un mismo proyecto: un momento constitucional para Europa en la era digital, una declaración de que la democracia debe integrarse en los cimientos de nuestros sistemas tecnológicos, en lugar de añadirse a posteriori. Lo que distingue al modelo europeo es la finalidad de la inteligencia artificial. Debe estar al servicio de los trabajadores, ampliando las capacidades humanas y repartiendo los beneficios entre toda la sociedad; debe ser segura, con los sistemas críticos sujetos a la legislación europea y sin que ningún interruptor se encuentre en el extranjero; debe ser competitiva, con modelos abiertos para la industria, la sanidad y los servicios públicos; y debe ser limpia, contribuyendo a la transición ecológica mediante energías renovables, límites de consumo de agua y aportaciones a la red eléctrica por parte de cada centro de datos. “Made in Europe” significa IA sin oligarcas.
Si Europa no actúa, se convertirá en una colonia digital bien regulada: cumplidora pero subordinada, inteligente pero impotente, con sus sistemas críticos en manos de terceros y gestionados desde otros lugares. Si lo conseguimos, seremos pioneros en un orden democrático para la era de la IA, demostrando que el futuro no tiene por qué ser autoritario para ser tecnológicamente avanzado. La cuestión no es si la democracia puede regular la tecnología, sino si la democracia puede gobernar a través de la tecnología, recuperando las infraestructuras que determinan los derechos, la prosperidad compartida y la libertad. La infraestructura codifica el poder. Quien la construye, la posee. Quien la posee, la gobierna.
Podemos seguir siendo un archipiélago de dependencias, fragmentado, vulnerable, moldeado por sistemas que no controlamos. O podemos convertirnos en un archipiélago de futuros posibles, abierto, soberano y regenerativo, donde la cultura, la ciencia y la tecnología hablen con una sola voz democrática. La elección a la que se enfrenta Europa es entre la sumisión y la soberanía. Ha llegado el momento de la independencia digital de Europa.
1Disponble en: https://www.authoritarian-stack.info
Profesora honoraria del Instituto de Innovación y Finalidad Pública del University College London, miembro del Consejo de Administración del Consejo Europeo de Innovación y presidenta de ART-ER, la agencia de innovación de Emilia-Romaña.
Profesora honoraria del Instituto de Innovación y Finalidad Pública del University College London, miembro del Consejo de Administración del Consejo Europeo de Innovación y presidenta de ART-ER, la agencia de innovación de Emilia-Romaña.
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