El pasado mes de junio en Sevilla se realizó un encuentro que reunió a representantes de los consejos audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía, los únicos que en España poseen personalidad jurídica propia y capacidad regulatoria y de sanción, con otros representantes de otras tantas autoridades del audiovisual de Francia, Reino Unido y Alemania. Al margen de que, tal vez por una cuestión de localismo español, en la presentación de la conferencia se planteaba como intención el «disipar aquellas dudas y recelos que se han generado últimamente alrededor de los Consejos Audiovisuales y recoger opiniones y sugerencias que contribuyan a enriquecer y a profundizar en la importante labor que desarrollan este tipo de instituciones independientes». Lo cierto es que el título de la reunión, «Consejos Audiovisuales en Europa: garantía de derechos y libertades», era mucho más explícito. Y lo era porque los derechos y libertades, justamente, deben ser el núcleo de todo debate sobre los Consejos. Ya se sabe que éstos cumplen varias funciones según sean los paisajes audiovisuales nacionales, pero la más sustantiva tiene que ver con el ejercicio de la democracia en el continente europeo (y por ello todos los países de la Europa Oriental se han dotado de ellos). Mucho más en la actual etapa de migración hacia las tecnologías digitales y los profundos y desconocidos cambios sociales y económicos que conlleva ese proceso. Así se entiende sin dudar por parte de la EPRA (www.epra.org), la Plataforma Europea de Autoridades Regulatorias, en cuyas reuniones semestrales siempre está presente la necesidad de proteger los derechos de los telespectadores tanto en lo referente a los intereses generales como a los individuales.

Este Cuaderno Central de TELOS pretende colaborar en el debate sobre los proyectos de ley que plantean la existencia de una autoridad independiente del audiovisual de cobertura estatal. Para ello hemos reunido las opiniones de académicos de universidades como la Complutense (Enrique Bustamante), País Vasco (Ramón Zallo), Carlos III (Manuel Palacio), Pompeu Fabra (Ferrán Tomás); de personalidades implicadas en la puesta en marcha de políticas administrativas o prácticas del audiovisual como Ángel García Castillejo (Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones), Victoria Camps (Consejera del Consejo del Audiovisual de Cataluña) o Jorge del Corral (Secretario General de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas-UTECA); y de autores extranjeros que nos relatan algunas experiencias internacionales como hace Jérôme Bourdon cuando habla del francés Conseil Superiéur de l’ Audiovisuel, con mucha frecuencia el principal faro que guía los esfuerzos españoles, o Gernot Schumann cuando describe el caso de la federal Alemania, con cierta similitud con el caso español si consideramos que allí existen quince autoridades audiovisuales, una para cada uno de los Estados Federados.

En suma, presentamos un abanico de intervenciones suficientemente amplio que dividido en dos grandes bloques –uno centrado en el caso español y otro en el desarrollo de diversos puntos de vista sobre la materia– busca, como se ha dicho, encontrar la significación actual, las competencias y el funcionamiento que pudiera tener un Consejo Audiovisual de España, concebido éste como un intento de salto democrático en la historia del audiovisual español.