TV Digital en Chile. Políticas Públicas y Democracia

Chiara Sáez Baeza

Santiago de Chile: Editorial Universitaria; La Crujía Ediciones, 2014, 172 p.

ISBN: 978-956-11-2451-6

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Este libro analiza de una forma amplia y desde un punto de vista muy crítico el largo proceso de digitalización de la televisión en Chile, con un debate legislativo que duró cerca de seis años. El análisis se realiza incidiendo en los siguientes aspectos: la consecución de un mayor grado de participación ciudadana en el proceso y el logro de una mayor pluralidad gracias a la introducción de nuevos actores. Y se especifica que en el contexto chileno la introducción de nuevos actores que permitan una mayor diversidad se refiere principalmente a ampliar el espacio de la televisión pública y comunitaria. Estos dos puntos se considera que son unos cambios transcendentales y toda la exposición gira en torno a una transición hacia la televisión digital que facilite la consecución de dichos cambios.

Esperanzas de cambio

La implantación de la televisión digital despertó en Chile, al igual que en otros muchos países, la esperanza unos profundos cambios en el sistema audiovisual debido a la consecución de una mayor pluralidad de contenidos gracias a la incorporación de nuevas cadenas, aunque los resultados obtenidos han decepcionado estas esperanzas. En este libro se menciona el estudio internacional La televisión digital terrestre: experiencias nacionales y diversidad en Europa, América y Asia, editado por Luis Albornoz y Mª Trinidad García Leiva, en donde se exponen los procesos seguidos por nueve países de estos tres continentes y donde se concluye que en ninguno de ellos el proceso ha servido para una transformación democratizadora del sector audiovisual.

En la actualidad, la sociedad chilena tiene una posición muy crítica con respecto a los contenidos de la televisión en abierto; además, a lo largo de la historia de la televisión chilena la sociedad civil ha estado excluida del proceso que la regula.

En el libro se propugna que el Estado garantice el fomento de una televisión con cobertura nacional educativa, cultural y comunitaria en el contexto digital; también se enumeran distintas medidas para garantizar un desarrollo sustentable de la misma, debido a la barrera a la entrada que implica la obtención de financiación sobre todo en el caso de las televisiones de carácter local y comunitario. Por otra parte, según los resultados de distintas encuestas, la sociedad chilena tiene una alta preferencia por los contenidos culturales, aunque su emisión en la televisión analógica es muy reducida. También se menciona el importante papel que en distintos estudios internacionales se le asigna a la televisión como una herramienta de servicio público, cada vez más relevante en los planos de Sociedad, Cultura e Identidad y Educación.

Las televisiones comunitarias en Chile

Por su parte, se define la comunicación comunitaria en función de los siguientes tres elementos: el carácter no lucrativo, la participación de las comunidades de referencia y la ausencia de límites de cobertura; y se señala que «una definición que incorpore estos tres elementos asegura la sustentabilidad y carácter distinto del sector». Los medios comunitarios se mueven con criterios de rentabilidad social, en la búsqueda de una promoción de la diversidad, del pluralismo y de la interculturalidad. También se especifica que «el hecho de que no tengan fines de lucro no quiere decir que los medios comunitarios tengan que ser pobres, pequeños y pocos».

En Chile existen más de quince televisiones comunitarias (la más antigua con quince años de experiencia), que están asociadas en dos organizaciones a nivel nacional y que se encuentran en un limbo legal, situación de la que se considera responsable al Estado, ya que no legisló sobre ellas en el contexto analógico y ante la llegada de la televisión digital no se generaron concesiones para ellas. La autora comenta que «se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión por parte de sectores socialmente desfavorecidos la mayoría de las veces, poco o mal representados en el sistema televisivo convencional». Además, se propugna que con la llegada de la televisión digital se asignen las primeras concesiones de radiodifusión televisa de libre recepción de carácter comunitario a las organizaciones que tengan experiencia en la zona o en las que participen personas con experiencia en la creación de contenidos de carácter comunitario o que permitan satisfacer los intereses de dicha comunidad.

Políticas de televisión digital

El libro consta de tres capítulos y un epílogo. En el primer capítulo, que lleva por título ‘Industria y ciudadanía en las políticas de digitalización’ en primer lugar se exponen las políticas industriales de televisión digital seguidas en distintos países sudamericanos y europeos, para posteriormente centrarse en los problemas que plantea el desafío digital para las televisiones comunitarias y se propugna la elaboración por parte del Estado de unas políticas de comunicación que sean promotoras activas del tercer sector de la comunicación, ya que sin la existencia de estos medios comunitarios «el sistema de medios completo pierde libertad, diversidad y representatividad». También se mencionan diversas políticas seguidas por distintos países europeos y sudamericanos centradas en estos aspectos.

‘La TV Digital en Chile. Escenario para la participación’ es el título del segundo capítulo, en el que, siguiendo el enfoque politológico desarrollado por Joan Subirats, se analiza todo el proceso. El capítulo consta de los siguientes cuatro apartados: Recursos, Actores, Institucionalidad y Estrategias para la intervención ciudadana.

Propuestas de la Mesa de Ciudadanía y TV Digital

Por su parte, el tercer capítulo, titulado ‘El proceso de la ley de TV Digital en clave ciudadana’, es muy interesante. En él se recogen las once propuestas que la Mesa de Ciudadanía y TV Digital («agrupación que representa a distintas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil») presentó en el año 2011 al proyecto que permite la introducción de la televisión digital en Chile, aunque cuando terminó el debate ninguna de estas propuestas había sido aprobada de una manera íntegra. En cada uno de estos once puntos se detallan sus objetivos, se fundamenta según los planteamientos de distintas instituciones internacionales, se especifica en qué países se ha incorporado a su legislación y, por último, se comenta la medida en la que se ha incorporado a la legislación chilena y se realiza un análisis crítico del texto legal correspondiente.

Los once puntos que propuso la Mesa de Ciudadanía y TV Digital son: fomento integral a la televisión educativa, cultural y comunitaria; existencia de un telerradiodifusor público para televisión educativa, cultural y comunitaria; mejoramiento en la definición y mecanismos de otorgamiento de las concesiones comunitarias; reconocimiento legal de las televisiones comunitarias existentes; mayor representatividad en la composición del CNTV (Consejo Nacional de Televisión, el organismo regulador autónomo de la televisión); cuotas de pantalla para la producción audiovisual independiente; regulación de obligaciones de must-carry («norma que obliga a los proveedores de televisión por cable a incluir en su señal a los canales de televisión que posean concesión de televisión abierta») para permisionarios de televisión de pago; mejoras en la prevención de la concentración de espectro; mejoras en la definición de reserva de espectro; asegurar gratuidad y libre recepción de la TDT, y desarrollo de usos sociales de la televisión digital.

También se incluyen en este capítulo una serie de temas que surgieron en la discusión en torno al proyecto, entre otros: la exclusión digital y la desprotección de espectro como bien público. Por último, se incluyen una serie de amenazas que se agrupan en dos bloques. En primer lugar a nivel industrial, hay una carencia de dinero público para ayudar en gastos de infraestructura a los canales comunitarios y a los canales comerciales medianos o pequeños, debido a que los fondos públicos financiarán de forma preferente los proyectos que provean Internet y televisión digital. Esta falta de sustentabilidad impide asegurar una diversidad y pluralidad de contenidos. Además, tampoco se han resuelto los temas de la concentración de la propiedad cruzada de medios ni de la interactividad de los televisores.

El segundo bloque lo integran las amenazas a los niveles de democratización mediática. Se afirma que la carencia de financiación para los canales educativos, culturales no lucrativos y comunitarios dificulta la consecución de una diversidad en el sistema televisivo; también se reduce la libertad de expresión de la comunicación comunitaria. Además, tampoco está garantizado el acceso universal para personas mayores, discapacitados visuales, familias pobres, de zonas extremas y apartadas.

Otras críticas a la Ley

El libro finaliza con un apartado de conclusiones, donde se menciona que la ley promulgada no está pensada desde una lógica redistributiva, ya que el apoyo financiero está destinado a empresas convergentes que pueden prestar servicios de televisión y de Internet y no a los canales no lucrativos o a los canales comerciales medianos o pequeños. Tampoco muestra ningún interés por diversificar el acceso al espectro ni por el acceso de los sectores segregados o excluidos. También se señala que «la ley deriva hacia una desprotección del interés público, ya que hay derechos y beneficios que no quedan garantizados de una manera equitativa», debido a que la ley evidencia un modelo comunicacional que refuerza las posiciones dominantes de las empresas más fuertes y debilita a los medios de titularidad pública y a los medios comunitarios, que se considera que son los medios que mejor resguardan el interés público.

La financiación privilegiada otorgada a las empresas dominantes se califica como una actitud que es «plenamente coherente con la trampa del Estado subsidiario que afecta a otros ámbitos de interés público en Chile, como son los casos de la salud, la educación o el transporte». Se especifica que con este tipo de decisiones no se consigue la equidad, sino que aumenta el grado de desigualdad existente en el ámbito comunicacional. También se comenta que si el proceso hubiera sido más abierto, probablemente se hubiera obtenido otro resultado: «Si la ley hubiera sido debatida de manera más abierta, desde una perspectiva social y ciudadana, incluyendo de manera sistemática el punto de vista de los sectores que -con este modelo- seguirán en posiciones precarias, el resultado final pudo ser otro».

Por último, en un epílogo que lleva por título ‘¿La TV Digital en el Purgatorio?’, se detalla la impugnación que sufrió la Ley con un requerimiento de inconstitucionalidad contra cuatro aspectos de la misma, así como el veto presidencial. La Ley fue promulgada el 22 de mayo de 2014 «con parte de las limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que logró imponer el veto presidencial de Piñera: la ley que era insuficiente en este sentido, no hizo más que empeorar con el veto».