(*) Este texto fue presentado como conferencia inaugural en el IX Congreso Ibercom, “El espacio iberoamericano de comunicación en la era digital”, Sevilla, noviembre de 2006.

Reseña de la “década de fuego”

Las primeras manifestaciones académicas de inconformidad por el papel instrumental de la comunicación para perpetuar la dominación y la dependencia brotaron ya, en cierto grado, a fines del primer tercio de la década de 1960 en dos estudios precursores: el de Antonio Pasquali (1963) en Venezuela y el de Eliseo Verón (1963) en Argentina. A fines del último tercio de esa misma década, la proposición del pedagogo brasileño Paulo Freire (1969, 1969a) de una “educación para la libertad” por medio de la “concientización” brindaría a los comunicólogos inspiración para pensar luego en una “comunicación horizontal”. Y también entonces el especialista paraguayo en comunicación educativa Juan Díaz Bordenave (1969, 1969a) comenzó a sembrar semillas de cambio en el enfoque de la comunicación para el desarrollo rural.

Al despuntar la década de 1970, dos comunicólogos aportaron marcos de partida para la investigación crítica y propositiva sobre la dependencia y la dominación. Uno fue Armand Mattelart (1970, 1970a), que comenzó por documentar la situación de dependencia de los medios de comunicación masiva en Chile y por denunciar el filtrado de información por agencias noticiosas internacionales como uno de los indicadores de imperialismo cultural. Y el otro fue el autor de la presente reseña, boliviano residente entonces en Colombia, mediante un estudio revelador de la naturaleza de la dominación interna en la región y por vía de un diagnóstico de la incomunicación que halló prevaleciente en la misma (Beltrán, 1970, 1970a).

La investigación halló, en esencia, lo siguiente en cuanto a la dominación interna:

1. La disponibilidad de los medios de comunicación masiva favorecía marcadamente a la población urbana en desmedro de la rural.

2. El contenido de los mensajes correspondía predominantemente a los intereses de los estratos urbanos superiores de la población y era ajeno a los de los estratos urbanos inferiores, en particular a los del campesinado entonces mayoritario. Los mensajes propiciaban la conservación de la sociedad oligárquica y desalentaban expresiones críticas y propositivas.

3. La propiedad de los medios de comunicación era privada y mercantil casi en su integridad y en buena parte monopólica en algunos países. Y no venía a ser infrecuente el caso de que los propietarios de los medios fueran también dueños de tierras agropecuarias, empresas mineras y firmas comerciales (Beltrán, 1970a).

Entre los resultados de los estudios respecto de la dependencia externa sobresalieron los siguientes:

a) Dos agencias de noticias de Estados Unidos, la UPI y la AP, monopolizaban el tráfico internacional en lo concerniente a América Latina, inclusive dentro de los países integrantes de ésta. Las principales agencias publicitarias de ese país manejaban la gran mayoría de los anuncios publicitarios de las corporaciones transnacionales en la región. Y la mayoría de las encuestas de opinión pública y de los estudios de mercadeo era efectuada en la región también por empresas estadounidenses.

b) Un poco más de la mitad de las películas cinematográficas que se proyectaban en la región y un tercio de los programas de televisión provenían de Estados Unidos. La mayoría de la música grabada en disco que difundía la radio tenía el mismo origen. Y la mayor parte de las revistas de alta circulación, de las tiras cómicas y de los libros de historietas eran en la región adaptaciones y traducciones de publicaciones de Estados Unidos.

c) Valiéndose de su emisora estatal internacional La Voz de América y de varios medios más, el Servicio de Información de Estados Unidos (USIS) hacía propaganda política que incluía mensajes antagónicos a movimientos de la región contestatarios. Y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevaba a cabo operaciones clandestinas de comunicación opuestas al cambio social en la región y, en algunos casos, hasta contribuyentes a desestabilizar gobiernos (Beltrán, 1978).

En cumplimiento del mandato de su Asamblea General, la UNESCO llevó a cabo en 1974 en Bogotá la Primera Reunión de Expertos sobre Políticas Nacionales de Comunicación.

Diecisiete invitados concurrieron a dicha cita. Evaluaron los problemas mayores de la comunicación en la región. Acordaron plantear la formulación y la aplicación de las políticas tanto al nivel nacional, con ajuste a las circunstancias prevalecientes en cada país, y al nivel regional en pos de acción cooperativa, como un procedimiento de cambio legalista y democrático. Lograron el consenso para delinear en detalle la agenda para las deliberaciones de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe que UNESCO tenía programada para 1975.

Apenas conocieron el informe final que la UNESCO (1974) publicó sobre la reunión de Bogotá, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudiaron airadamente aquel pronunciamiento por considerarlo atentatorio contra la libertad de prensa y destinado «a servir las aspiraciones de fascistas y marxistas» (Associaçao Interamericana de Radiodifusao, 1975: 2). Y anunciaron su determinación de oponerse frontalmente a la realización de la Conferencia Intergubernamental. Lo hicieron estentóreamente por su cadena continental de múltiples medios y obraron con firmeza en el ánimo de autoridades de Argentina, Perú y Ecuador para que no brindaran sede a aquella conferencia, lo que llegaría a obligar a la UNESCO a postergarla.

Fue Costa Rica, el país más cercano al ideal democrático, el que, desafiando al encono de la AIR y de la SIP, acogió en San José, en julio de 1976, a la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en Latinoamérica y el Caribe.

La AIR y la SIP sí lograron impedir que la UNESCO presentara oficialmente en San José el informe de la Reunión de Expertos de Bogotá, pero de facto no poco del pensamiento de ellos prevaleció como una base de las reflexiones y determinaciones de la conferencia, incluyendo esta definición inicialmente formulada para dicha reunión (Beltrán, 1974) y refinada y divulgada por su autor justamente en 1976: «Una Política Nacional de Comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación en un país» (Beltrán, 1976). De ella iría a decir el comunicólogo español Josep Gifreu (1986) que era «una primera definición de políticas de comunicación que haría fortuna».

La conferencia culminó en la Declaración de San José, que convalidó rotundamente en catorce enunciados el credo reformista democrático de Bogotá y formuló treinta recomendaciones para el diseño e implantación de políticas de comunicación en las jurisdicciones nacionales.

Paralelamente al empeño en pro de las Políticas Nacionales de Comunicación que protagonizó Latinoamérica, se produjo en los años 1970 otro inusitado y vigoroso emprendimiento emancipatorio encabezado por el Movimiento de los Países No Alineados. En 1973 anunciaron en Argel su determinación de forjar un Nuevo Orden Internacional de la Economía (NOIE). Y, concomitantemente, proclamaron en Túnez en 1973 la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información para descolonizar la comunicación.

De ahí en adelante, los países no alineados consiguieron llevar el debate hasta el seno de las Naciones Unidas. Y allá, entre 1976 y 1978, la controversia entre los países desarrollados y los subdesarrollados alcanzaría un alto grado de conflictividad.

En procura de un apaciguamiento que permitiera la conciliación, la UNESCO estableció en 1977 la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación bajo la presidencia del científico irlandés Sean MacBride, Premio Nobel de la Paz y Premio Lenin de la Paz. La Comisión MacBride logró que la Asamblea General de la UNESCO aprobara en 1980 en Belgrado, mediante un bien negociado consenso, su informe final (MacBride, 1981).

Inconforme con el desenlace de la pugna de diez años y disgustado con la UNESCO, el Gobierno de Estados Unidos iría a retirarse de ese organismo en 1984.

Latinoamérica no tuvo en la promoción de la causa del NOMIC un papel protagónico a nivel político. En cambio, en el terreno técnico-académico hizo importantes contribuciones a la lucha por ese ideal justiciero. Por ejemplo: (1) puso a disposición de la UNESCO y del Movimiento de los Países No Alineados un acervo importante de textos resultantes de sus investigaciones que documentaban la problemática de la información internacional sometida a la dominación y a la dependencia y registraban propuestas de cambio suyas; (2) aportó al simposio de Túnez un estudio sobre el derecho a la información preparado por el investigador mexicano Horacio Estavilla; (3) propició, en la región y fuera de ella, oportunidades de reflexión auspiciados principalmente por el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET); (4) tuvo participación en las labores de la Comisión MacBride de la UNESCO mediante el concurso del economista chileno Juan Somavía, fundador y director del ILET, y del célebre periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez; y (5) colaboró, por encargo de la UNESCO con el coordinador de los Ministros de Información de los Países No Alineados, Moustafá Masmoudi (1978), en la preparación para la Comisión MacBride de una propuesta de definición de la naturaleza del Nuevo Orden Internacional de la Información mediante el concurso de los asesores Fernando Reyes Matta, de Chile, y Luis Ramiro Beltrán, de Bolivia.

A mediados de ese mismo periodo inicial, surgió otra línea de investigación derivada del pensamiento innovador del brasileño Paulo Freire, quien condenara ya en 1969 a la educación tradicional por opresiva y conservadora, y propusiera una educación liberadora basada en el diálogo concientizador por medio de una relación interpersonal bidireccional y no autoritaria, a la que llamó “comunicación horizontal”. Frank Gerace (1973), estadounidense residente en Bolivia que se identificaba con la lucha del pueblo contra las dictaduras, comenzó a trabajar en la posibilidad de traspasar la esencia del pensamiento freiriano en general a la comunicación opuesta a la dominación interna. Exiliado al Perú, prosiguió en ese empeño propiciando la reflexión con grupos urbanos comunitarios. Como producto de todo ello publicó en 1973, en Lima, una propuesta preliminar en su libro Comunicación Horizontal.

El comunicólogo paraguayo Juan Díaz Bordenave (1979) emprendió la reflexión sistemática sobre la comunicación horizontal, poniendo énfasis en la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público, por medio de la comunicación libre y dialógica. Entre los que se sumaron a ese emprendimiento estuvieron el sociólogo brasileño residente en Colombia Joao Bosco Pinto (1972) y el educador español radicado en la región Francisco Gutiérrez (1973). Entre quienes se destacaron por aportes a esta reflexión en el último tercio de la “década de fuego” se hallaban el sociólogo y periodista peruano Rafael Roncagliolo (1977) y el educador uruguayo Mario Kaplún (1978). Y en la primera mitad de la década de 1980, la producción de literatura sobre esta área temática ( 1) experimentó un sustantivo crecimiento generalmente bajo el rótulo de “comunicación alternativa” aunque también se usaron otros calificativos como “participatoria”, “dialógica”, “comunitaria” y “grupal” ( 2).

Hasta mediados de la década de 1970, con una antigüedad de aproximadamente tres lustros, la investigación científica latinoamericana sobre comunicación aparentemente había producido alrededor de un millar de estudios, según lo indicó un primer inventario abarcador de dicha actividad académica regional (Beltrán, 1974a, 1977). Y llegó a la preocupante conclusión de que la investigación en comunicación en Latinoamérica parecía «haber sido, a veces, una búsqueda con los ojos vendados… cualquiera que sea el color de la venda» (Beltrán, 1977).

En septiembre de 1973, fue un trascendental seminario regional de expertos latinoamericanos en investigación de comunicación realizado en Costa Rica con patrocinio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL) y la Fundación Friedrich Ebert. Sus reflexiones condujeron, en la percepción del comunicólogo brasileño José Marques de Melo (1984), a estas consideraciones primordiales: (1) reconocer la naturaleza dependiente de la teoría y de la metodología predominantes en la región; (2) proponer la búsqueda de alternativas teóricas y metodológicas adecuadas para ofrecer soluciones a los problemas que confrontan los países latinoamericanos, procurando la develación de las interrelaciones que configuran las estructuras de la dominación y la dependencia; y (3) dar prioridad en la investigación a los papeles de la comunicación en la educación y en la organización y movilización popular.

Los expertos señalaron como objetivo central de la investigación latinoamericana «el análisis crítico del papel de la comunicación en todos los niveles de funcionamiento, sin omitir sus reacciones con la dominación interna y la dependencia externa; y el estudio de nuevos canales, medios, mensajes, situaciones de comunicación, etc., que contribuyan al proceso de transformación social» (CIESPAL, 1977).

En la década de 1970, Armand Mattelar (1970) lanzó desde Chile la voz de alerta en cuanto a la naturaleza de la investigación sobre comunicación tal como era concebida y practicada en Estados Unidos. Criticó su marcado interés por estudiar los efectos de los mensajes de los medios masivos en el público entendido como mercado potencial. Reprochó el afán de detectar las motivaciones de la gente a fin de volverla dócil a la persuasión mercantil y política. Afirmó que los principales métodos de investigación estadounidenses no eran integrales ni resultaban apropiados para el análisis crítico de la comunicación masiva. Denunció que, aunque los investigadores de Estados Unidos consideraban a su metodología de indagación objetiva, neutral y libre de valores, en realidad ella propiciaba ajustes funcionales para perpetuar sin cuestionamiento alguno a la sociedad establecida.

A mediados de la indicada década un estudio afín al de Mattelart (Beltrán, 1978a) aportó un análisis crítico de las premisas, objetos y métodos foráneos prevalecientes en la investigación latinoamericana sobre comunicación. Corroboró la anotación de la especial influencia de la orientación estadounidense hacia el estudio de los efectos y de las funciones de la comunicación, así como en apoyo a la persuasión para el ajuste de las personas a las normas tradicionales de la sociedad. Añadió la tendencia a no tomar en cuenta los factores estructurales de la sociedad e incurrir más bien en el “endiosamiento” del individuo y confirmó el hecho de que la teoría condicionaba a la metodología para favorecer al conformismo.

Por último, a finales de los años 70 se registraron dos aproximaciones iniciales a la formulación de modelos de la comunicación que buscaban sustituir al modelo clásico estadounidense, inspirado en el pensamiento aristotélico, que el propio Harold Laswell llegaría un día a reprobar por haber llegado a considerarlo “oligárquico”.

Uno de esos paradigmas lo propuso el comunicólogo chileno Fernando Reyes Matta (1977) con eje en la noción de “comunicación participación social activa”. Considerando a la comunicación un “bien social” subrayando la multidireccionalidad en el proceso de ella, trazó un esquema de interacción facilitada por el acceso efectivo e instrumentada por la participación consciente, activa y crítica de los ciudadanos –como emisores y receptores de mensajes– en la comunicación como instrumento para intervenir en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.

La otra proposición, hecha por el autor de la presente reseña, fue la de bases para un modelo de “comunicación horizontal” cifrado en la interacción simbólica libre e igualitaria por medio del acceso, el diálogo y la participación. Situó estos elementos en el marco de derechos, necesidades y recursos de comunicación no se daban sólo con el fin de la persuasión. Entendió al acceso como el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes, a la participación como el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes y al diálogo como el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes y, al mismo tiempo, a recibirlos. Consideró al acceso la precondición para la comunicación horizontal, a la participación la culminación de ella y al diálogo el eje crucial de la misma. Bajo tal enfoque, descartó la distinción verticalista y manipulatoria entre “emisor” y “receptor” por considerar más bien “comunicadores” a los participantes del ambidireccional proceso (Beltrán, 1979).

Al nacer la década de 1970, la insurgencia provino de empeños individuales aislados en unos pocos puntos de la región. De ahí en adelante, sobre todo al flamear los estandartes del nuevo orden y de las políticas, se fue formando naturalmente a lo largo de la región un espíritu de cuerpo entre aquellos rebeldes que constituyeron una amplia y combativa comunidad académica. Fue un fenómeno agrupativo espontáneo que iría creciendo e integrándose. Y, ciertamente, no fue una secta político-partidaria embarcada en subversivo activismo propiciado por intereses inconfesables, como pretendieron hacerla ver la AIR y la SIP. Fue un movimiento intelectual abierto en el que convivían libremente diversas tendencias ideológicas en torno al ideal universal de la libertad, la justicia y la democracia; un conjunto de francotiradores amantes de la quimera cuyas armas eran las ideas forjadoras de un sueño de redención para su pueblo.

José Marques de Melo destacó como características de la investigación crítica Latinoamericana el mestizaje teórico, el hibridismo metodológico, el compromiso ético y la dimensión extranacional. Considerándola una corriente definida, innovadora y vigorosa, la identificó temprano como Escuela Latinoamericana de Comunicación (ELACOM). Y se constituyó en su promotor, historiador y protector.

Al promediar aquella década de 1970, que por otra parte fue la paradigmática de la Guerra Fría, el extraordinario ingenio tecnológico que había sido capaz de poner al hombre en la luna cambió su rumbo hacia la tierra para proveerla de sus asombrosos adelantos. La industria electrónica estadounidense de alcance transnacional comenzó a adueñarse del mundo tomado como un mercado global. Las trompetas imperiales anunciaron, pues, ya entonces el cercano advenimiento de la Sociedad de la Información.

Políticas y NOMIC al canasto y UNESCO al cadalso

Los gobiernos de Venezuela, Perú y México–a la luz de los principios de la Declaración de San José (UNESCO, 1976)– trataron de aplicar las recomendaciones aprobadas. Les resultó imposible hacerlo principalmente porque los grandes medios de comunicación –apoyados por la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)– ejercitaron sobre ellos una presión de tal naturaleza que lograron detener en seco el empeño implementador. Aparentemente, esto sirvió además como lección para que ninguno de los demás países de la región se atreviera a hacer nada semejante.

En mayo de 1981 –convocados por el World Press Freedom Committee– los principales sistemas de comunicación masiva occidentales emitieron en Francia la Declaración de Talloires por la que rechazaron tajantemente el ideal del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación y desahuciaron cualquier intento de regulación de la información internacional.

Reunido ese mismo mes en Georgetown, Guyana, el Movimiento de los Países No Alineados manifestó su total respaldo a la UNESCO y censuró las campañas occidentales que buscaban inhibirla de sus compromisos de llevar adelante el planteamiento del NOMIC.

Poco después el Gobierno de Estados Unidos pasaría la factura a la UNESCO, provocando la dimisión del Director General de dicho organismo, Amadou Mahtar M’Bow (1978, 1979), y se retiraría del mismo, generando con ello una marcada regresión de la UNESCO al tradicional encuadre conservador.

Que circunstancias como las indicadas no hubieran permitido la implantación de las propuestas Políticas Nacionales de Comunicación no quería decir que no hubiera políticas de comunicación en los países latinoamericanos. Simplemente continuaron existiendo las consabidas políticas parciales (no integrales) y coyunturales (no duraderas) y, a veces inclusive implícitas (en vez de ser explícitas).

Esas políticas eran las apropiadas para garantizar que nada cambiara a favor de la democratización de la comunicación y así se perpetuaran intactas la dependencia y la dominación a conveniencia de la hegemónica potencia mundial y de las oligarquías nativas adictas al status quo.

Eso sigue ocurriendo hoy solamente que en harto mayor grado en virtud de las realidades de la era neoliberal y globalizadora que, en la hora del auge de la Sociedad de la Información, alienta la preferencia por aquello de que “la mejor política es la de no tener ninguna”. De ahí, por el contrario, el marcado énfasis en la desregulación que las fuerzas del mercado demandan para evitar toda normatividad que no les sea conveniente, lo cual es una eficaz manera de que se favorezca, en nombre del supuestamente libre flujo de la información, la arbitrariedad y, si es del caso, la impunidad. Pero promueven crecientemente en la región políticas propiciadoras de la concentración de la propiedad de los sistemas de comunicación y de la privatización mercantil y transnacional. Y esas políticas no son diseñadas por procedimientos abiertos y pluralistas ni en consulta con la sociedad civil; por lo general, se las prepara en círculos empresariales que negocian en privado con dirigentes políticos para que las procesen por la vía legislativa y den cuenta con lo obrado.

Otras políticas: ¿son deseables y posibles hoy?

Los medios tradicionales de comunicación masiva son por naturaleza permeables a la regulación de su desempeño por medio de sistemas normativos como las políticas de comunicación. ¿Lo son también los ultramodernos medios característicos de la Sociedad de la Información hoy o, debido a su naturaleza digital y virtual, son abiertos y caóticos y, por tanto, no regulables?

Plantea esa significativa interrogación la comunicóloga venezolana Migdalia Pineda de Alcázar (2005) y hace referencia a «quienes sostienen que la Internet no podrá ser sometida a ninguna reglamentación ya que ello atentaría contra la misma naturaleza de la red de redes como una malla abierta, libre y democrática por sus posibilidades de acceso sin cortapisas ni limitaciones… [Sin embargo, la misma investigadora admite:] un proceso de democratización de las comunicaciones en el contexto actual de globalización deberá considerar la definición de políticas de comunicación, de políticas culturales y de políticas de educación en una doble dimensión: lo internacional y lo local».

El comunicólogo brasileño Valerio Cruz Brittos (2005) está también entre los que creen que hoy más que antes resulta fundamental la adopción de políticas de comunicación “nacionales, regionales y globales”.

Y, también el parlamentario mexicano Javier Corral (2003), versado en telecomunicación, piensa que es inconcebible que en este siglo Latinoamérica no cuente aún con Políticas Públicas bien definidas en cuanto al ejerció de las Nuevas Tecnologías.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPyS), con sede en Perú, encomendó a los comunicólogos argentinos Martín Becerra y Guillermo Mastrini (2004) la responsabilidad de coordinar una investigación regional sobre las industrias de información y comunicación ante la Sociedad de la Información. Y llegaron a generalizaciones como estas:

1. Al año, un ciudadano latinoamericano adquiere menos de un libro, asiste menos de una vez a una sala de cine, adquiere en el circuito legal medio disco compacto y compra un diario en diez ocasiones. En cambio, accede a diario a los programas de la televisión abierta y de la radio. Pero la conexión a Internet no logra alcanzar ni al 10 por ciento de la población de la región.

2. La estructura de las industrias culturales y de telecomunicación muestra en Latinoamérica un alto grado de concentración. Las cuatro primeras firmas de cada mercado dominan, en promedio regional, más del 60 por ciento del público y de la facturación del mercado.

3. En la década de 1990 el mayor crecimiento se registró en los procesos de concentración de la propiedad.

A una situación como la descrita corresponde bien esta advertencia que hicieran Álvarez Monzoncillo y Zallo (2003): «Los riesgos de la apropiación de la comunicación por grandes grupos y de la desigualdad en el acceso son tan grandes que, lejos de una desregulación, se requiere profundizar en la regulación».

En Colombia, Jesús Martín-Barbero (2001) estima que las propuestas para establecer políticas hechas en la región con patrocinio de la UNESCO no llegaron a materializarse debido no solamente a la oposición del sector privado, sino también a que no dieron apropiada consideración a la sociedad civil y porque atribuyeron sólo al Estado la responsabilidad de formularas y aplicarlas. Afirma que ellas tienen sentido en una realidad tan distinta como la de hoy a condición de que: (1) asuman que su espacio real es más amplio y complejo ya que involucra a la diversidad de las culturas locales y a la construcción del espacio cultural latinoamericano; (2) que no sean pensadas como meras políticas gubernamentales de medios y de tecnología sino que formen parte de las políticas culturales; (3) que sean diseñadas para el ámbito privado y el público de los medios, y (4) que se proyecten hacia la educación.

En Venezuela, Andrés Cañizales (2002) comparte las críticas de Martín-Barbero y también reprueba la ausencia de políticas porque en la era neoliberal el rechazo a la regulación es drástico. Aboga por la participación del pueblo en el ejercicio normativo.

Mastrini (2005) considera que el de Argentina es un caso de “mucho ruido y pocas leyes”, señalando la paradoja de la fuerte intervención del Estado en la comunicación en ausencia de una política que tome en cuenta los intereses de todos los componentes de la colectividad. Propone que las organizaciones de la sociedad civil se unan para lograr que se implante una política de servicio público pluralista y democrática que no se limite a proteger la libertad de expresión y la libertad de empresa. Y refiriéndose al régimen del Presidente Kirschner, Washington Uranga (2005) sostiene que si en un gobierno que se considera progresista no se han producido avances en la legislación sobre comunicación, es porque no se ha forjado la voluntad política para el cambio. Y explica: «La dirigencia política argentina se siente incapaz de enfrentar a los intereses económicos que dominan los medios».

En Bolivia, José Luis Exeni (1998), propone lo que llama «Políticas Públicas para la Comunicación Pública» (PPCP). Las concibe como «(a) un conjunto de principios, normas, aspiraciones y respuestas racional y deliberadamente adoptados; (b) para orientar, mediante procesos de estimulación positiva o negativa, en el marco de objetivos previamente establecidos de predicción-decisión-acción, los procesos de transmisión e intercambio de información; (c) … referida a intereses y objetivos colectivos, en función de situaciones y problemas socialmente considerados –en un lugar y tiempo determinados– de reproducción o cambio social; (d) destinados a promover o revitalizar las representaciones colectivas y otorgar sentido y evaluación a la acción social organizada; (e) considerando como sujeto(fuente) y objeto(destinatario) al Estado, la sociedad o ambos, y cuya implementación es definida por la estructura estatal. [Este investigador considera que] las PC siguen siendo, incluso más que en su surgimiento hace tres décadas, un ideal deseable, necesario e irrenunciable» (Exeni, 2003).

Para reinventar la utopía

Sobradas razones tiene Antonio Pasquali (1998) cuando dice lo siguiente: «Hoy, como a todo el mundo consta, el orden reina nuevamente, y la real politik de una sola y misma plutocracia gobierna un mundo en el que mercado, individualismo y liberalismo son admitidos como únicas categorías interpretativas de todas las realidades… El mercado es el único poder legítimo, y el paneconomicismo por él impuesto, el criterio supremo para decidir del valor o irrelevancia de cada cosa…».

En efecto, en aras de la Sociedad de la Información, en el campo de la comunicación la dependencia externa se ha expandido y acentuado en enormes proporciones y la dominación interna ha consolidado su vigencia en el marco del fracaso del desarrollo y de la consecuente exacerbación de la pobreza de las grandes mayorías generados por la instauración del neoliberalismo y de la globalización. En comparación con la situación que prevalecía en los años de 1970 la de hoy es de tal magnitud, complejidad y brío que tiende a causar reacciones de impotencia, de inermidad y hasta de desolada resignación entre los observadores comprometidos con el ideal de la democratización de la comunicación. Sin embargo, el propio maestro Pasquali (2003) los exhorta a no alzar las manos cuando dice: «Pero no desesperemos, por Dios santo; Spes ultima Dea, la esperanza es la última diosa. Nos adaptaremos a la nueva circunstancia, redoblaremos el coraje y la inteligencia. América Latina es el continente con mayores opciones para indicar nuevos caminos en Comunicaciones al mundo entero, no las desperdiciemos» (Pasquali, 2003).

El camino hasta el momento más señalado por el pensamiento latinoamericano es el de la reformulación de políticas para que correspondan a la naturaleza de los formidables desafíos de la actualidad. El primer paso indispensable para la reanudación de la lucha latinoamericana por la democratización de la comunicación debiera ser contrarrestar, contra viento y marea, al poderoso esquema de desregulación reviviendo, remozando y reactivando a la regulación. Neurálgico y crucial como obviamente es para la existencia de la sociedad el campo de la comunicación, no puede ser exento de esa función reguladora de comportamientos, sean ellos para la continuidad o para el cambio.

Uno de los retos mayores –y más apremiante– a que se enfrentan hoy los latinoamericanos comprometidos con el cambio es, pues, el de abrir las compuertas del colosal embalse conservador –foráneo y nativo– que represa a la intención de forjar la normatividad reguladora. O sea, hay que emplearse a fondo y cuanto antes para abatir las barreras alzadas contra las propuestas normativas de innovación justiciera.

Intentar ese emprendimiento para el siglo XXI habrá de demandar la reinvención de la utopía de las políticas de comunicación, según ya lo intuyeran en 2002 participantes del VI Congreso Latinoamericano de Investigación de la Comunicación ( 3). Uno de ellos, el comunicólogo boliviano especializado en la materia, José Luis Exeni (2003) planteó allá esta pregunta diciente del gran desafío: «¿Qué hacer para que las políticas de comunicación largamente abandonadas por los investigadores de la comunicación y, más aún, por los hacedores de políticas, se conviertan en objeto de indagación, materia de enseñanza, motivo de preocupación ciudadana y objeto de decisión pública?».

El ponente presentó siete consideraciones sobre sendas para buscar respuestas al interrogante, unas indicativas de qué hacer y otras de qué no hacer. Entre las primeras sobresalieron la de preferir la formulación de varias políticas públicas sectoriales a la de una sola omniabarcante y la de reconocer para las políticas los ámbitos regional y local sin confinarse al ámbito macronacional. Entre las últimas: insistir en la dicotomía estatal versus privado; no subsumir lo público en lo estatal; no buscar beneficio privado bajo el discurso de lo público; y no pensar en lo público bajo una óptica homogeneizante que ignore las diferencias prevalecientes dentro de cada nación.

Se ha criticado constructivamente algo de lo que se intentó hacer en los años 70. Han surgido algunas concepciones renovadoras. Y se ha visto empeño por hacer propuestas realistas y prácticamente ajustadas a las muy distintas y muy difíciles circunstancias que prevalecen ahora en la región

Todo ello es alentador y promisorio, porque muestra que los viejos precursores no han renunciado a la utopía y que algunos jóvenes han venido a sumarse al compromiso del sueño justiciero. Lamentablemente, sin embargo, no aparece aún en la escena un trazo articulador de las ideas, diversas y dispersas, ni un principio de organización colectiva para poder pasar de ellas a las acciones con impacto al conjugar talentos, energías y recursos. Algunas revistas de las muchas de la profesión publican ocasionalmente artículos sobre el tema. Y en algunas reuniones se presentan y debaten ponencias centradas en el mismo ( 4). Pero esto no ha llevado aún al terreno de lo conjugatorio y proactivo. No se tiene noticia de ningún esfuerzo multiinstitucional para integrar concepciones ni para forjar colaboraciones.

Mientras ello siga siendo así, no habrá mayor posibilidad de tornar las propuestas en operaciones porque, obviamente, el reto es hoy de tal naturaleza que ni personas ni agrupaciones pueden aspirar a obrar con eficacia en aislamiento. La reflexión y la acción cooperativas son, pues, mandatarias y urgentes si en verdad se va a acometer con expectativa de buen suceso la romántica empresa de reinventar la utopía.

Mucho más que en ninguna otra región del mundo subdesarrollado, Latinoamérica cuenta con una amplia y vigorosa infraestructura institucional regional que la habilita para asumir el gran desafío si halla alguna manera de articularse. Existen en el área de las agrupaciones la FELAFACS, hoy con algo más de mil facultades asociadas, la ALAIC de los investigadores, el Secretariado Conjunto de las Organizaciones Católicas de Comunicación, la ALER de los radialistas educativos, la rama regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la FELAP de los Periodistas. Y están, entre otras, instituciones como el CIESPAL con sede en Ecuador, el Instituto Prensa y Sociedad (IPyS) con sede en Perú y también de vocación regional, el ININCO de Venezuela, el INTERCOM de Brasil y el Instituto de Investigaciones de la UNAM de México.

Lo que hace falta es que todas esas entidades se pongan de acuerdo cuanto antes para diseñar y ejecutar, juntando anhelos y recursos, un Programa Regional Cooperativo para Democratizar la Comunicación que pudiera tener objetivos operacionales como éstos:

1. Realizar un inventario diagnóstico de las características principales de la dominación y la dependencia en materia de comunicación en la región en la era de la Sociedad de la Información, asegurándose de que desemboque en un mapa de la naturaleza de los problemas, del estado de las políticas y de las posibilidades y limitaciones para la acción cooperativa solutoria.

2. Identificar todas las propuestas conceptuales sobre políticas expresadas y analizarlas, armonizarlas y sintetizarlas en un planteamiento integral y coherente de bases para la formulación y aplicación de ellas a los niveles regional, nacional y local.

3. Diseñar a partir de ambos estudios una estrategia general de acción cooperativa multi-institucional, para propiciar la implantación en todos los países de nuevas políticas apropiadas a la realidad actual cifradas primordialmente en la movilización social para ejercer presión sobre los tomadores de decisiones en los ámbitos político, empresarial y periodístico.

4. Divulgar, promover y negociar, a los niveles nacional y regional, la implementación de la estrategia de acción cooperativa para la democratización de la comunicación.

5. Establecer lo más pronto posible una Comisión Regional de Coordinación del Programa y, a las órdenes de ella, un Secretariado Ejecutivo Permanente como responsable de ponerlo en operación.

¿Podrá decirse que este elemental y presuroso esquema para aquel programa también es utópico? Sí, pero ojalá que no se lo entienda así por considerarlo irrealizable, sino más bien al cobijo de estas sabias e indelebles palabras del maestro Paulo Freyre:

Aquello que es utópico
no es lo inalcanzable;
no es idealismo;
es un proceso dialéctico
de denunciar y anunciar;
denunciar la estructura deshumanizante
y anunciar la estructura humanizante.

Bibliografía

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