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Medidas de choque para construir la España digital


Por José Fernández Beaumont

El Plan de Convergencia de la Sociedad de la Información, elaborado por el Ministerio de Industria a través de Red.es y que cuenta con la participación de todo el sector, ha puesto al descubierto el grave retraso digital que sufre España en relación con los países de su entorno. Además plantea un dilema de fondo señalado por los expertos: imponer las nuevas tecnologías o simplemente generar confianza en ellas. Una vez que se habiliten los presupuestos, el plan se consolidará para un periodo de cuatro años.

La primera fase del plan que ha consistido en hacer una fotografía de la situación ha arrojado unos resultados devastadores. España está expuesta a un elevado riesgo de exclusión digital y marginación de la economía del conocimiento y ello puede tener consecuencias sociales y económicas de gran alcance.

Sobre este crudo diagnóstico han pivotado los análisis, conclusiones y propuestas para salir de esta situación que han hecho los expertos dirigidos por el catedrático de Economía, Emilio Ontiveros, en la ponencia sobre el Plan de Convergencia, una especie de “libro blanco” encargado por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla. En términos no mucho más optimistas se muestra el análisis que ha quedado patente en el informe de la Comisión de Sociedad de la Información y del Conocimiento que se creó de forma paralela en el Senado.

Ante esta situación se impone, en opinión de los autores de la ponencia, que el Gobierno adopte como una de las acciones centrales de su actividad una urgente estrategia de modernización económica del país. Con este fin se señalan en este estudio preliminar una serie de prioridades.

El “informe Ontiveros” se elaboró con la participación de todos los sectores implicados: administraciones públicas, asociaciones empresariales, asociaciones de usuarios, empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sindicatos y colegios profesionales bajo la supervisión de Red.es que ha actuado como oficina técnica.

Después ha sido debatido por los representantes de las Comunidades Autónomas y por los miembros del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi). Las conclusiones servirán de base para incluir en los presupuestos del próximo año las partidas pertinentes para hacer frente a este “parón digital”.

Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ha explicado que con este plan, que tendrá una duración de cuatro años, se pretende alcanzar, y si es posible superar, el nivel medio de desarrollo de los países europeos. La primera de las ocho dimensiones consideradas críticas para que se produzca competitividad nacional, según marca la Agenda de Lisboa, es la creación de una Sociedad de la Información para todos.

España, que está muy lejos de cumplir esta condición, mantiene en este sentido un doble y grave retraso: en el crecimiento de la productividad y en el grado de inserción en la Sociedad de la Información. Su patrón de crecimiento no es el propio de una economía avanzada. Comparados con los de otros países, los indicadores de crecimiento e inserción en la Sociedad de la Información (inversión en TIC, formación bruta de capital fijo, peso del valor añadido, inversión en I+D, difusión y uso de las TIC) han sido mucho más bajos en España y se han mantenido por debajo de la media de Europa y de la OCDE.

Patrón de crecimiento insostenible

Los expertos señalan que este patrón de crecimiento es insostenible a medio plazo porque adolece de la dotación de capital tecnológico y humano suficiente para competir en un entorno global basado de forma progresiva en el conocimiento.

Personas comprometidas en el sector señalan algunas contradicciones a la luz del desarrollo de los indicadores. Jesús Banegas, presidente de AETIC, la todopoderosa patronal de la industria de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías, estima que el sector de las tecnologías de la información crece en España a un ritmo razonable. Lo ha hecho a razón de un 9 por ciento en 2004. Es el mayor crecimiento experimentado desde el estallido de la burbuja tecnológica hace cinco años. Sin embargo, dista mucho del 15 por ciento de crecimiento que se había alcanzado antes de esta fecha.

Ante esta perspectiva el presidente de AETIC quiere dejar bien claro una posible e inicial solución: «crecer menos del diez por ciento es poner en duda la convergencia con Europa». A juzgar por la percepción que se tiene desde las empresas de tecnologías de la comunicación, el panorama es incierto pese a una clara recuperación.

Otra de las voces en sumarse al negro diagnóstico de los expertos españoles ha sido Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, quien ha advertido que el atraso tecnológico es un problema muy serio. Para paliar o solucionar esta situación, el comisario europeo ha instado a aumentar la inversión en educación y en I+D y a reformar la regulación actual.

Por su parte el director de la Oficina de Economía del Presidente, Miguel Sebastián, anticipándose a las conclusiones del “informe Ontiveros” y seguramente con el ánimo de orientarlas hacia algunas macromagnitudes, ha dicho que el objetivo que se ha marcado el Gobierno en el Plan de Convergencia para la Sociedad de la Información es alcanzar la media de la Unión Europea en el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a las TIC, lo que equivaldría a pasar del 4,8 por ciento registrado en 2004 al 7 por ciento en 2009.

Estas malas cifras, corroboradas por varios informes nacionales e internacionales, preocupan al Gobierno, a las administraciones públicas en general y a las empresas. Por esos todos ellos se han embarcado en varios frentes para sacar a España del vagón de cola que ocupa en estos momentos en relación con el desarrollo de la competitividad y la Sociedad de la Información. Sin embargo, no se puede olvidar un problema de partida: ya intentó algo similar el Gobierno del Partido Popular con los programas Info XXI y España.es. Ambos fracasaron.

Ahora bien, nadie está dispuesto a quedarse quieto pese a que la fotografía sea dramática y ponga en evidencia la precaria situación de la Sociedad de la Información española. Pero, como ha señalado el sociólogo Manuel Castells, experto incorporado por el Gobierno al Plan de Convergencia tanto en el nivel europeo como español, «hay que admitir con realismo las cosas como son y tratar de cambiarlas también con realismo».

Diferentes formas de promoción

Hacer avanzar la Sociedad de la Información no es sencillo. Los expertos no se ponen de acuerdo en la forma de promoverla. ¿Se construye, por ejemplo, regalando un ordenador a cada ciudadano para que entre en Internet? La respuesta es no. Lo avalan estudios empíricos.

Miembros que han participado en la ponencia o “libro blanco” para el plan de convergencia señalan que se han manifestado y analizado dos tendencias a la hora de definir qué se quiere alcanzar y cómo hay que promover ese objetivo. Por una parte se puede plantear un sólido conjunto de muchas medidas en distintos frentes (empresas, educación, sanidad, administración electrónica…) con el fin de ponerse a la altura de los indicadores de otros países europeos. Por otra parte se encuentra la posición de que no se adopte un sistema de fuerza, prácticamente de imposición de medidas para salir del atolladero, lo cual no tendría en cuenta el que se alcanzaran o no las cifras de “desarrollo deseable”.

Los que apoyan esta segunda opción entienden que no se trata de estimular, por ejemplo, la demanda de Internet, de sus usos y de otras tecnologías por el mero hecho de que haya que utilizar las tecnologías de la información. Está demostrado que este mecanismo no funciona.

«Cuando nos digan que hace falta comprar muchos ordenadores para aumentar la productividad o la competitividad pensemos en lo que nos conviene realmente, sin fiarnos de lo que nos venden», dice Jesús Galván, asistente técnico del programa inserto en el desarrollo de la SI, Artepyme, del Ministerio de Industria. Según este experto no está demostrado que Internet ayude necesariamente a mejorar la productividad de las empresas, aunque sí mejora la competitividad.

Ya se ha señalado que la propuesta de generar confianza nada tiene que ver, por ejemplo, con regalar ordenadores o “imponer el uso de Internet”. Esta práctica no ha dado buenos resultados en España, al menos hasta ahora. Así lo ha puesto de manifiesto Castells cuando se refiere a que los estudios que se han llevado a cabo en Cataluña señalan que los niños de primaria y secundaria utilizan Internet en el colegio dos horas al mes, mientras que en sus casas se enganchaban durante más de diez horas al mes.

Todo esto le lleva a Castells a afirmar que «La idea de alfabetizar en el uso de Internet es ridícula, lo que hay que hacer es crear una oferta útil antes que estimular la demanda. (…) La gente utiliza las TIC para lo que le interesa y estos intereses no coinciden muchas veces con los discursos oficiales», añade el profesor e investigador de la Universidad Oberta de Catalunya.

Podrían adoptarse aquí medidas similares a las de Finlandia, uno de los países más destacados en materia de competitividad y convergencia. Allí los mayores que todavía no han accedido de forma sistemática a las “ventajas” de Internet, acompañan a la escuela a sus nietos para que les enseñen el manejo de las posibilidades de la Red, alegando entre otras razones, y para ellos la principal, que después pueden comunicarse con sus nietos mediante el correo electrónico.

Propuestas oficiales

Con el objetivo de hacer eficaz el Plan de Convergencia para el cuatrienio 2006-2010, la ponencia dirigida dentro de Red.es por Emilio Ontiveros se ha marcado con carácter general las siguientes prioridades:

-Suscribir un pacto de Estado que incluya un acuerdo de todas las administraciones públicas (Gobierno y CCAA) así como la creación de un organismo de alto nivel para desarrollar y coordinar el uso de las TIC.

-Digitalizar la Administración hasta hacer realidad la existencia de un trámite único electrónico tras definir y reconocer a través de un plan específico los derechos de los ciudadanos con la SI.

-Alfabetización y soluciones para Pymes mediante la reducción de la burocracia y de exigencias financieras y de incentivación fiscal.

-Fomentar la confianza en las TIC en relación con la accesibilidad y la seguridad. Se trata de que sea más sencillo, seguro y de más calidad el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-Asegurar la interoperabilidad de las redes, favoreciendo infraestructuras adecuadas en los edificios y eliminando al mismo tiempo determinadas barreras normativas que dificultan en especial el desarrollo de la televisión digital terrestre, la banda ancha y la telefonía móvil.

-Garantizar los contenidos, es decir, los derechos de autor y la propiedad intelectual apoyando la competencia en este sector.

Inversiones económicas

La fotografía económica, tecnológica y social sobre la Sociedad de la Información en España es sólo la fase inicial del Plan de Convergencia que tendrá que completarse con el incómodo aunque esencial tema de la asignación de recursos económicos y su modo de aplicarlos.

En relación con la financiación y las posibles ayudas europeas habrá que resolver dos cuestiones. La primera es qué cantidades y para qué se asignarán al Plan de Convergencia en los presupuestos generales del Estado del próximo año. La segunda se refiere a la posibilidad de solicitar en torno a 10.000 millones de euros (es la cifra que se barajan en sectores del Gobierno) de los fondos de cohesión europeos para aplicarlos al desarrollo de la Sociedad de la Información en España durante el periodo 2007-2013.

Parece lógico que el componente económico sea abordado por los responsables de la SI de las Comunidades Autónomas y que éstas se pronuncien también sobre la petición de los fondos de cohesión y sobre todo de su reparto, en el supuesto de que esos fondos sean concedidos.

Algunas fuentes que trabajan en el desarrollo del Plan de Convergencia han señalado que podría plantearse un problema si las Comunidades Autónomas deciden que sean ellas las que repartan los fondos de cohesión y no el Gobierno de la nación. Dado que se trata de un plan de convergencia global, sería más lógico, según estas mismas fuentes, que este reparto fuera decidido por el Gobierno.

Artículo extraído del nº 64 de la revista en papel Telos

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José Fernández Beaumont