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El e-gov en las provincias argentinas


Por Josefina VacaHoracio Cao

Este artículo presenta resultados de una investigación, desarrollada en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina, sobre aspectos vinculados al desarrollo del e-gov o gobierno electrónico. Los resultados obtenidos ofrecen una primera mirada sobre el nivel de desarrollo del e-gov en las distintas jurisdicciones provinciales, el cual parece guardar una estrecha relación con la heterogeneidad y desigualdad territorial del país.

Introducción

El propósito de este artículo (01) es presentar una primera descripción sobre el despliegue del e-gov (02) en las provincias de la República Argentina. Esta descripción es relevante en virtud de la complementación de dos factores:

. El alto grado de desigualdad y heterogeneidad regional del país, habida cuenta de la existencia de diferentes patrones sociales y especializaciones productivas, por un lado, y grados relativos de desarrollo y modernización, por otro.

. La creciente importancia que adquiere el fenómeno del e-gov, en tanto que en su desarrollo juegan un papel importante elementos tales como la democratización del funcionamiento del Estado, el acceso del conjunto de la sociedad a la revolución informacional, el rediseño de las relaciones entre el Estado y la sociedad, etc.

Nuestra aproximación al análisis del e-gov se realiza a partir del trabajo de campo efectuado en cada una de las provincias argentinas. Éste fue diseñado sobre la base de una serie de indicadores seleccionados en virtud de su pertinencia para observar el objeto analizado, de su disponibilidad o posibilidad de construcción ad hoc y de su capacidad de cumplir con atributos básicos de la información como pertinencia, confiabilidad, claridad, etc.

Cabe destacar que los datos existentes antes de realizar esta investigación eran muy escasos, debido a que el e-gov es un fenómeno de reciente incorporación en la agenda de los gobiernos provinciales.

En cuanto a la presentación de la información –y tomando en cuenta que nuestra visión prioriza el factor regional–, los datos se transcriben por provincias y grupos de provincias siguiendo una clasificación utilizada por el Banco Mundial, en función de las características socioeconómicas de las diferentes jurisdicciones (ver Anexo I).

Esta forma de exponer la información permite observar con mayor claridad la correspondencia –o no– entre las características más estructurales de la sociedad y el nivel de desarrollo del e-gov. En este sentido, como hipótesis a priori, podría esperarse que en el caso del e-gov se reproduzca lo que se conoce como el “principio de equiparación” (Dhal, 1983), según el cual, aunque pueden encontrarse excepciones, una región que se caracteriza por un desarrollo relativo en un factor o dimensión muy probablemente tendrá un nivel análogo de desarrollo relativo en otros factores. Así, es de esperar que las provincias con menor desarrollo relativo tengan una situación equivalente en lo que respecta al progreso del e-gov en su territorio.

1. Criterios generales para la recopilación de la información

La primer tarea fue la de seleccionar los indicadores a utilizar. Como punto de partida teníamos un conjunto de 105 indicadores, incluidos en lo que se denominó Propuesta Estándar de Medición de las TIC (PEM), construido a partir de una investigación auxiliar (CFI, 2002). La PEM, desarrollada sobre la base de experiencias nacionales e internacionales en el tema, contiene elementos que no podían obviarse para realizar un seguimiento permanente e integral de la situación de las tecnologías infocomunicacionales en cada una de las jurisdicciones. Sobre una parte de estos indicadores se realizó el trabajo de campo que se transcribe a continuación.

Un primer rastreo mostró que la oferta disponible de datos homogéneos y consistentes era muy escasa, observando además, significativas diferencias en la calidad de la información de cada provincia. Como señalamos, el hecho de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sólo recientemente pasaran a ocupar un lugar en la agenda pública hace que aún no se hayan generado mecanismos para que, al menos en sus aspectos más importantes, sean captados de manera sistemática por las diferentes unidades públicas encargadas de ofrecer información.

En resumen, estos factores llevaron a que una parte muy importante de la información se recabara a través del trabajo de campo diseñado y coordinado por el equipo de investigación. Asimismo, fue crucial contar con la Red de Información y Conectividad del CFI, cuya colaboración permitió recopilar datos referidos al avance del gobierno on line y a las regulaciones locales en materia de TIC en cada jurisdicción.

Otra faceta del trabajo de campo se llevó a cabo a través de Internet mediante una investigación sobre los sitios web oficiales de cada provincia. Para esto se trabajó con una metodología concebida para que los resultados fueran totalmente comparables.

Los datos se recopilaron y analizaron diferenciando, en principio, la situación de cada una de las 24 jurisdicciones provinciales. Luego, se volcaron siguiendo una clasificación de provincias que las agrupa en: avanzadas, intermedias, rezagadas y despobladas (03). Esta modalidad de trabajo tuvo el objetivo de observar en qué medida los patrones socioeconómicos se articulaban con la situación del e-gov.

2. Metodología utilizada

2.1. Aspectos generales

En Argentina, existen escasos antecedentes de recopilación de información sobre el despliegue del e-gov y poca precisión acerca de cuáles son los indicadores clave para conocer la situación real.

Este hecho, sumado a que el e-gov nos remite a un fenómeno complejo y difícil de sintetizar en pocos registros, marcó la necesidad de construir una batería de indicadores que permitiera captar sus características principales. Así, se trabajó con ocho variables compuestas cada una de ellas por varias dimensiones, alcanzando un total de 27 subvariables (04), que hacen referencia a diferentes aspectos del e-gov en cada uno de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Como podrá advertirse en la próxima sección, las diferentes dimensiones fueron diseñadas bajo un perfil binario, asignándose +1 punto por cada aspecto considerado positivo y con 0 punto la ausencia de dicho aspecto. Las excepciones a esta regla se encuentran en la medición del nivel de actualización del sitio web, que va desde +3 puntos positivos en los casos de actualización on line hasta -1 punto si se observa que transcurre más de un mes sin actualización, y en los casos en que existen regulaciones locales que afecten a las TIC, variable de característica inversa cuya presencia también asigna -1 punto.

Como consecuencia de este diseño, a cada jurisdicción se le asigna una puntuación final, que tiene un valor que va desde -2 puntos hasta +28 puntos.

2.2. Indicadores de e-gov

a. Disponibilidad del gobierno on line para los ciudadanos.

El grado de disponibilidad de estos recursos permite ver en qué medida los gobiernos están incorporando las TIC a sus procesos y productos organizacionales como así también a generar otro tipo de ámbito de relación con los ciudadanos.

* Existe algún sitio web del gobierno provincial:

. con información on line a disposición de los ciudadanos = +1 punto

. que ofrezca servicios y trámites on line a los ciudadanos = +1 punto

. que posibilite la contratación on line = +1 punto

b. Normativas.

La existencia de normativas permite observar de qué manera los gobiernos están marcando las pautas dentro de las que se desarrollará este fenómeno. Pudiendo, además, medir la existencia de marcos jurídicos y políticas tendentes a conducir el cambio o, simplemente, la adaptación de sus efectos.

* Existencia de un marco que reglamente los sitios web de los entes públicos provinciales = +1 punto

* Existencia de alguna directiva interna del gobierno provincial para incorporarse a la Web = +1 punto

* Existencia de alguna estrategia respecto del gobierno on line = +1 punto

* Existencia de algún organismo que centralice las políticas de TIC = +1 punto

c. Disponibilidad del gobierno on line para contratistas y proveedores.

Si bien estos datos son parte de los indicadores del gobierno on line, han sido abordados por separado para comprobar si los gobiernos están aprovechando las TIC en las relaciones con sus proveedores.

* El gobierno publica las compras ya realizadas = +1 punto

* El gobierno publica las licitaciones = +1 punto

* Las gestiones del gobierno y sus interacciones con contratistas y proveedores ocurren totalmente on line = +1 punto

d. Regulaciones locales que afectan a las TIC.

Estos datos permiten observar si existen elementos regulatorios dentro del gobierno que estén operando sobre el desarrollo de las TIC mediante la intervención en el mercado, generando un indicador por aproximación de políticas públicas sobre TIC.

* Existen impuestos locales específicos = -1 punto

* Existen entes del Estado provincial y/o regulaciones locales a las TIC = +1 punto

e. Políticas locales de estímulo del uso y desarrollo de las TIC.

Estos datos permiten observar si existen elementos de promoción que favorezcan el despliegue de las TIC mediante la intervención del Gobierno en el mercado siendo, al igual que el anterior, un indicador por aproximación de políticas públicas sobre TIC.

* Existen regímenes de promoción sectorial a las empresas de las TIC = +1 punto

* Existe algún régimen local o de incentivo o promoción a la inversión en TIC por parte de las empresas = +1 punto.

f. Evaluación del sitio web del Poder Ejecutivo provincial.

El hecho de que el gobierno posea un sitio en la Red es de por sí un indicador importante; sin embargo, se consideró conveniente medir bajo algún estándar la calidad del mismo. La valorización de los aspectos seleccionados genera una idea clara y comparable del sitio en términos de accesibilidad y actualización.

* Tiene sitio web = +1 punto

* Accesibilidad (ver Anexo II) = +1 punto

. Acceso

. Velocidad

. Compatibilidad con los buscadores

. Popularidad del sitio web

* Actualización

. on line: por los organismos de la Red y los usuarios = +3 puntos

. diaria: por un responsable del sitio = +2 puntos

. semanal =+1 punto

. mensual = 0 punto

. desactualizada (más de un mes) = -1 punto

g. Evaluación del sitio web del Poder Legislativo provincial.

* Tiene sitio web = +1 punto

* Accesibilidad (ídem Poder Ejecutivo provincial – ver Anexo II)

* Contenido

. información general: cámaras, bloques, comisiones, reglamentos internos = +1 punto

. bases de datos: proyectos, legislación, versiones taquigráficas = +1 punto

. compras y licitaciones = +1 punto

h. Evaluación del sitio web del Poder Judicial provincial.

* Tiene sitio web = +1 punto

* Accesibilidad (ídem Poder Ejecutivo provincial – ver Anexo II)

* Contenido

. gestión de la oficina judicial: registro y seguimiento de causas = +1 punto

. grandes registros: de peritos, de abogados, público de comercio = +1 punto

. bases de datos documentales: jurisprudencia, dictámenes, acordadas, leyes, decretos, doctrina = +1 punto

. compras y licitaciones = +1 punto

3. Los resultados del estudio

Como marco general del análisis, cabe señalar que algunos estudios ubican a Argentina en una muy buena posición en el ámbito internacional en cuanto a e-gov. Según el World Markets Research (2001), este país ocupa el puesto número 19 entre 196 países y, según el Programa de Administración Pública de la ONU (2003), se encuentra un 50 por ciento por encima del promedio mundial en una categoría de alto nivel de e-gov.

Ahora bien, al analizar la situación en todo el territorio nacional, el e-gov presenta diferentes niveles de desarrollo en las distintas jurisdicciones y áreas analizadas, que en líneas generales reproducen el patrón socioeconómico de clasificación de provincias utilizada en esta investigación (ver Anexo I).

En el cuadro (01) presentamos los resultados obtenidos a partir de la recopilación de datos referidos a la disponibilidad del gobierno on line para los ciudadanos, contratistas y proveedores, y la existencia de normativas, regulaciones y promociones. En términos generales puede decirse que los resultados obtenidos guardan cierto paralelismo con las características de la clasificación de provincias utilizada: las jurisdicciones avanzadas muestran los índices más altos, seguidas por las despobladas, intermedias y rezagadas. En el caso de estas dos últimas se verifica la inexistencia de diferencias sustanciales.

Analizando los diferentes ítems, se observa que en el caso de las “Normativas”, las provincias intermedias y las rezagadas se ubican después de las avanzadas y quedan mejor posicionadas que las jurisdicciones despobladas.

Otro aspecto a resaltar es la baja puntación del indicador “Regulaciones y promociones”, lo que señala que, a excepción de las provincias de Buenos Aires y La Rioja, ninguna jurisdicción posee sistemas impositivos, entes reguladores, regímenes de promoción sectorial y/o regímenes locales de incentivos o promoción de la inversión en TIC. Similar análisis puede ser aplicado a la dimensión “Contrataciones” que en general presenta resultados muy alejados del “Óptimo”, lo que hace pensar en un bajo nivel de difusión del e-gov en el ámbito de compras y contrataciones del Estado.

El cuadro (02) presenta los resultados del análisis de los sitios web de los tres Poderes del Estado provincial. Nuevamente, y con mayor énfasis que en los casos analizados en el cuadro (01), se reproduce la lógica de la clasificación de provincias de este estudio, colocándose en primer lugar las jurisdicciones avanzadas, seguidas por las despobladas, luego las intermedias y, por último, las rezagadas.

En lo que respecta al análisis particular de cada punto, en todas las provincias, con la excepción de Santiago del Estero y Corrientes, el Poder Ejecutivo posee su propio sitio web. Sin embargo, un 71 por ciento de los mismos es únicamente informativo (contenidos estáticos) y/o de interacción básica (intercambio de información vía e-mail). En un 40 por ciento de los sitios se publican las licitaciones en marcha, pero en ningún caso se observó la posibilidad de tramitarlas electrónicamente. Según el estudio, los niveles de accesibilidad a los sitios son buenos en un 75 por ciento de los casos; pero no ocurre lo mismo con la actualización, pues un 25 por ciento de los sitios es actualizado con una periodización superior al mes, lo que demuestra una débil vinculación con los procesos administrativos y de gestión cotidianos.

En un 70 por ciento de las jurisdicciones, el Poder Legislativo tiene un sitio web propio, con buena accesibilidad en un 54 por ciento de los casos. No obstante, la mayoría de los sitios es meramente de carácter informativo y sólo un 17 por ciento incluye compras y contrataciones. En ningún caso existe la posibilidad de seguir o de participar on line en debates, tampoco la de establecer una consulta popular electrónica.

En cuanto al Poder Judicial, éste presenta mejores estándares que los del Legislativo. Un 78 por ciento de las jurisdicciones tiene su propio sitio web, con buena accesibilidad en un 67 por ciento de los casos. Sólo uno de cada cinco permite algún tipo de gestión on line, la mitad cuenta con base de datos de legislación y jurisprudencia, un 15 por ciento ofrece registros de abogados y peritos, y sólo un 12 por ciento incluye compras y contrataciones.

Sobre los resultados presentados hasta aquí, y con la finalidad de poder construir una imagen de la diferencia que separa a cada jurisdicción del valor total del país, se calculó un registro adicional, denominado “brecha”, que responde a la fórmula:

Brecha de la Jurisdicción = Valor País / Valor Jurisdicción *100

Se trata de un indicador inverso: cuanto menor es el porcentaje de “brecha”, mayor es el avance relativo de la provincia en el tema en cuestión.

De manera similar a los guarismos que se presentan en el cuadro 1 del Anexo I (ver: cuadro comparativo de regiones (10)), los resultados globales correspondientes al desarrollo del e-gov transcritos en el cuadro (03) mantienen la estructura general: las provincias avanzadas aparecen como las jurisdicciones mejor posicionadas seguidas por las provincias despobladas. Por último, en la situación de menor desarrollo relativo, encontramos a las provincias intermedias y a las rezagadas. Sin embargo, en de estos dos grupos, si bien por un margen estrecho, el orden está invertido: las provincias rezagadas tienen mayor nivel de desarrollo en e-gov que las intermedias.

Profundizando este análisis observamos algunas anomalías que explican porqué las provincias rezagadas superan a las intermedias: las provincias de Chaco y Misiones presentan guarismos muy desarrollados. En el caso de Misiones, su puntuación la coloca como la segunda jurisdicción en el ranking nacional con 19 puntos sobre 28. Otros aspectos a destacar son: el bajo nivel de desarrollo de dos provincias intermedias (Entre Ríos y Salta) que muestran registros de rezagadas, y el caso de Formosa, cuyos resultados directamente se salen de la escala.

Conclusiones

El presente estudio es el primer intento sistemático de construir un panorama sobre el nivel de avance del e-gov en las 24 jurisdicciones que componen la República Argentina. En este sentido, haber realizado la tarea y presentar sus resultados constituye un importante logro en sí mismo. Sin pretender agotar el análisis de la importante variedad y cantidad de datos recopilados, se pueden señalar algunas interesantes conclusiones:

1. Como indica casi toda la experiencia internacional, la gran mayoría de las provincias argentinas se encuentra en una etapa inicial o incipiente del desarrollo del e-gov, en tanto que ofrecen principalmente servicios informativos y/o de interacción básica.

2. Reproduciendo el patrón de desigualdad regional, se verifica la existencia de una brecha en el nivel de despliegue de e-gov con un importante grado de paralelismo al de la brecha económico-social. Las provincias avanzadas son las jurisdicciones de mayor desarrollo relativo, seguidas por las despobladas y, finalmente, por el grupo de jurisdicciones calificadas como intermedias y rezagadas.

3. En el marco de este patrón general existen algunos elementos a destacar. En primer lugar, las provincias que definimos como despobladas muestran un cierto avance relativo en comparación con su situación socioeconómica. De acuerdo con una investigación paralela (Vaca, 2002), todo parece indicar que este hecho se origina en las demandas que genera el importante crecimiento turístico en la región, lo que induce a un desarrollo general de las TIC que impacta en el e-gov.

4. Una importante anomalía al patrón descrito se observa en el nivel de avance del e-gov en el caso de las provincias rezagadas, ya que muestra un grado mayor de desarrollo que el observado en las jurisdicciones intermedias.

5. A priori, puede inferirse que en el caso del e-gov, esta situación se debe a que se trata de una actividad que no estuvo determinada por las fuerzas del mercado, sino que tuvo que ver con otros factores, como por ejemplo la voluntad política de llevar adelante un proyecto específico. En este sentido, se destaca el caso de Misiones con un nivel de desarrollo del e-gov que sería el correspondiente al de una provincia avanzada.

En resumen, si bien estos resultados confirman a grandes rasgos la hipótesis de equiparación, también muestran que algunas jurisdicciones han podido alcanzar un desarrollo en e-gov superior al que se deduciría de su desarrollo socioeconómico.

Epílogo: estado del e-gov en Argentina, año 2003

En 2003, en el marco del Programa “Las Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información y las Administraciones Públicas Provinciales” desarrollado por el CFI, se llevó a cabo un nuevo trabajo de campo acerca del estado del e-gov en el territorio nacional. Los elementos considerados en este estudio fueron: 1) normativa referida a la organización del e–gov en las provincias; 2) disponibilidad de gobierno on line para el ciudadano, 3) sitio web del Poder Ejecutivo, 4) disponibilidad de gobierno on line para contratistas y proveedores, 5) sitio web del Poder Legislativo, 6) sitio web del Poder Judicial, y 7) regulaciones.

En cuanto a los resultados obtenidos, una primera consideración tiene que ver con el proceso de incorporación de TIC en las Administraciones públicas provinciales que, a pesar de la crisis argentina, no se ha detenido ni ha involucionado. Por el contrario, aunque a menor ritmo, se ha avanzado en diferentes aspectos como los de mejorar la utilización de la inversión en infraestructura existente, optimizar procesos y coordinar acciones a partir del aporte de equipos técnicos de las propias administraciones.

Del análisis del cuadro (04), que comprende la clasificación de las provincias avanzadas, se desprende que la provincia de Santa Fe se posiciona en el último lugar entre las provincias avanzadas, con una puntuación significativamente menor que la media del grupo. Los 11 puntos otorgados (sobre 32) a esta provincia la sitúan más cerca de las provincias intermedias y despobladas. Sin embargo, a pesar de su baja calificación, posee un muy consistente plan de gobierno digital.

En el cuadro (05), que comprende la clasificación de las provincias intermedias, los 12 puntos obtenidos por la provincia de Tucumán, posicionan a esta jurisdicción en un nivel intermedio, apenas por encima del promedio nacional y como la mejor de las provincias intermedias. Influyen en su situación la existencia de un marco normativo y de políticas gubernamentales específicas en la materia, y la buena puntuación por los contenidos que ofrece el sitio web del Poder Judicial.

En el cuadro (06), que comprende la clasificación de las provincias despobladas, los 10 puntos obtenidos por la provincia de Santa Cruz la sitúan muy por debajo tanto del “Óptimo” como del “Promedio” de la región; su situación es análoga a la observada en las provincias rezagadas.

En el cuadro (07), que comprende la clasificación de las provincias rezagadas, la provincia de Chaco muestra una excelente actuación, con estándares muy por encima de la media de su grupo y de la nacional. Por su parte, los 0 puntos otorgados a Formosa posicionan a esta provincia muy por debajo del promedio de las rezagadas y en el último lugar a nivel nacional.

Bibliografía

BANCO MUNDIAL: «Argentina provincial finances study. Selected issues in fiscal federalism», Banco Mundial Report: 15487 AR, Washington, EEUU, 1996.

BANCO MUNDIAL: Provincial Finances. Update ‘98, Banco Mundial, LCSPR, Washington, 1998.

CAO, H. y RUBINS, R.: «La estructura institucional de las provincias rezagadas», Realidad Económica, núm. 128, IADE, Buenos Aires, 1994.

CONSEJO FEDERAL de INVERSIONES (CFI): Las Nuevas Tecnologías de Comunicación e Información y las Administraciones Públicas Provinciales, CFI, Buenos Aires, 2002. Disponible en www.cfired.org.ar/esp2/indices/f_biblio.htm.

DAHL, R.: Análisis político actual, Eudeba, Buenos Aires, 1983.

ESTESO, R. y CAPRARO, H.: «Algunos elementos para el análisis de las relaciones entre el Estado Federal y las Provincias», Cuadernos IIPAS, núm. 1, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 1989.

NÚÑEZ MIÑANA, H.: «Indicadores de desarrollo regional en la República Argentina: resultados preliminares», Documento Interno núm. 10 – Facultad de Ciencias Económicas, UNLP, La Plata, Buenos Aires, 1972.

ONU: «América Latina en el mundo. Situación de América Latina y el Caribe en cuanto a la capacidad de Gobierno Electrónico (E-Gov capacity)», Programa de Administración Pública de las Naciones Unidas y American Society for Public Administration, 2003; tomado de: www.top.org.ar/Boletin/BoletínN3.htm.

PROGRAMA de las NACIONES UNIDAS para el DESARROLLO (PNUD): Aportes para el desarrollo humano de la Argentina / 2002. Un enfoque integral, Buenos aires, Argentina, 2002.

PROVINFO: Base de Datos de la Unidad de Información Integrada, Ministerio del Interior, Secretaría de Provincias, Buenos Aires, 2003.

ROFMAN, A. y ROMERO, L.: Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1997.

VACA, J.: «Las tecnologías de la información y la comunicación en la Argentina: un enfoque regional», Revista Venezolana de Gerencia, Año 7, núm. 17, Universidad de Zulia, Venezuela, 2002.

WORD MARKETS RESEARCH: Global e-Government Survey, Word Markets Research, EEUU, 2001.

Anexo I. Clasificación de provincias utilizada

Cualquier visión que se haga de la totalidad del país no puede pasar por alto el nivel de heterogeneidad y desigualdad en sus dimensiones política, social, económica, demográfica, etc. Una importante cantidad de trabajos abordaron la temática, empezando por los clásicos de Núñez Miñana (1972) y Romero y Rofman (1997, edición original 1973). Posteriormente se desarrollaron otras clasificaciones, como las de Esteso y Capraro (1989) y Cao y Rubins (1994), que incorporaron a sus marcos teóricos los acontecimientos ocurridos a partir de la desestructuración del Estado Interventor, sin llegar a resultados sustancialmente diferentes.

El presente estudio trabaja con la clasificación utilizada por el Banco Mundial (1996; 1998) en sus publicaciones sobre provincias argentinas, que divide al país en cuatro categorías:

– Avanzadas o centrales: se caracterizan por ser las jurisdicciones que presentan una concentración de población y un aparato productivo de dimensiones muy superiores al que se observa en otras áreas del territorio. De esta manera, constituyen a escala nacional, el sector más dinámico en la evolución de la estructura económica y social.

– Intermedias: se trata de aquellas provincias que, sin compartir el tamaño ni el dinamismo de las avanzadas, han generado productos que se insertan en las provincias del área central, presentando ritmos de desarrollo económico y social intermedios.

– Rezagadas: son aquellas provincias que no desarrollan actividades de exportación hacia el área central y que exhiben una extendida presencia de formas de producción no capitalistas. Durante buena parte del último siglo y medio fueron el punto de partida de migraciones hacia el área central. En términos relativos, estas provincias presentan el menor nivel de ingreso per cápita y los índices de mayor deterioro social.

– Despobladas: ubicadas en el sur del país, se caracterizan por la baja densidad poblacional relativa, fruto del tardío proceso de ocupación y desplazamiento de la población aborigen (finales del siglo XIX). Dentro de su aparato productivo se destaca la existencia de algunos sectores muy desarrollados, como el petrolero y el turístico, conviviendo con explotaciones ganaderas extensivas.

Algunos indicadores transcritos en el cuadro (08) dan cuenta de las notables diferencias que existen entre las diferentes áreas que integran el territorio argentino.

La delimitación provincial se detalla en el siguiente mapa (10).

Anexo II. Metodología para el análisis de la accesibilidad

Se diagnosticaron los 63 sitios web pertenecientes a las 24 jurisdicciones provinciales mediante un testeador automático (Watson Addy), y a través de una revisión específica de cada uno de éstos para medir la accesibilidad por medio de cuatro variables:

1. Respuesta del servidor a la dirección correspondiente (positiva o negativa).

2. Velocidad de acceso a la página: tiempo en segundos con una conexión dial up de 56 Kbps.

3. Compatibilidad con los servidores de búsqueda: buena, regular o mala, en la medida que tuviera etiquetas (Meta tags) de descripción de la página y de palabras clave que facilitaran ser encontradas por los buscadores.

4. Popularidad del sitio web: cantidad enlaces al sitio. Se diseñaron intervalos diferentes para sitios gubernamentales, legislativos y judiciales, y se clasificaron (popularidad alta; media y baja).

Se valorizaron las respuestas de modo de poder calificar la accesibilidad de cada sitio web:

1. Respuesta del servidor: Sí = +1 / No = 0.

2. Velocidad: 1 segundo = +3 / menos de 10 segundos = +2 / más de 10 segundos = +1.

3. Compatibilidad: buena = +3 / regular = +2 / mala = +1.

4. Popularidad: alta = +3 / media = +2 / baja = +1.

En relación con el cuarto punto, se valoraron las respuestas a la popularidad con escalas diferentes de acuerdo a si el sitio web pertenecía al Poder Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial (ver cuadro (09)).

Con los cuatro aspectos evaluados como se expuso, los sitios web podían obtener una puntuación máxima de 10 puntos. Finalmente, se obtuvo la puntuación de cada sitio y se le otorgó un punto en accesibilidad a los que obtuvieron una calificación igual o superior a 5; a los que no alcanzaron esa puntuación se los calificó con 0 puntos.

Artículo extraído del nº 60 de la revista en papel Telos

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