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Radiotelevisión Española (RTVE)La crisis puede esperar


Rebasado el ecuador del Plan Marco de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para sanear las cuentas de Radiotelevisión Española (RTVE), el Gobierno español anuncia un presupuesto continuista en el Ente Público.

Primero hizo zozobrar la Ley del Audiovisual y ahora puede convertir en dolce far niente el Plan Marco diseñado hace dos años por la SEPI (www.sepi.es) para cuadrar las cuentas de RTVE. Un presupuesto sin ajuste para el próximo ejercicio revela que el Gobierno no piensa encarar la crisis financiera del Ente Público RTVE en el año clave electoral de 2004.

Las Presupuestos Generales que se han enviado al Parlamento asignan 1.652,07 millones de euros a RTVE para el próximo año. Una cifra que supera en 75,82 millones a la de 2003 y que pone en evidencia que, mientras el Ejecutivo lidera una política europeísta de déficit cero para las cuentas generales del Estado, relega hasta mejor ocasión política el anunciado saneamiento del Ente Público.

Los recursos de que dispondrán la radio y televisión pública española durante el año entrante representan un incremento del 4,81 por ciento respecto al anterior ejercicio. No obstante, el reparto para las dos grandes áreas en que se especifica la dotación presupuestaria, explotación y capital, tiene registros diferentes. La dotación de explotación pasa de 1.499,74 millones de euros a 1.557,79 y la de capital de 76,51 a 94,28 millones de euros.

Esta distribución de las partidas económicas supone que en el primer caso se produce un suave incremento del 3,87 por ciento y en el capítulo de inversiones se brinca hasta alcanzar un notable 23,23 por ciento. Con este último impulso, los administradores de RTVE pretenden mantener el nivel de competitividad de la empresa incentivando el estratégico capítulo de la mejora de estructuras y la renovación tecnológica.

En el contexto de la proximidad de un apretado calendario electoral, que culminará en las elecciones generales de marzo de 2004, estas cifras indican que para el Gobierno el agujero negro de 6.224 millones de euros acumulado por RTVE puede esperar. La previsión oficial supone que al final del siguiente ejercicio el déficit haya añadido otros 668 millones de euros al principal de la deuda histórica. Esto significaría acaparar por este concepto algo más del 2 por ciento del total de la deuda del Estado en circulación, superar el presupuesto de Defensa y casi triplicar el de Educación.

Tal política ha provocado, no obstante, daños colaterales en los órganos de dirección del Ente Público. En este sentido, los indicios señalan a la gestión de la crisis económica de RTVE como el factor desencadenante de la reciente salida de su cúpula del secretario general, Marcelino Alonso, y del director general, Juan Antonio Romero. Crisis sobre crisis que se produce también cuando los máximos responsables de TVE-1 metabolizan una condena de los Tribunales por vulneración de los derechos fundamentales y manipulación informativa por la cobertura de la huelga general del 20 de junio de 2002.

Precariedad financiera

Este fluido panorama supone en lo interno una rectificación implícita de las previsiones adelantadas en diciembre de 2001 por el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, respecto a la aplicación de un Plan Marco de tres años para equilibrar las cuentas en RTVE. El compromiso adquirido entonces por las autoridades en sede del Consejo de Administración del Ente era liquidar la deuda y el déficit a finales de 2004.

El problema de la precariedad financiera de las televisiones públicas en España no es coyuntural ni exclusivo de las emisoras oficiales, incluidas las autonómicas. El fragor de la búsqueda de nuevos mercados para sanear sus economías, implementando dinámicas agresivas en el mercado publicitario, ha hecho que la crisis repercuta en todo el sector audiovisual, provocando la protesta continuada de los operadores privados.

En esta dirección van dirigidas las denuncias que reiteradamente se lanzan desde la influyente Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA / www.uteca.com), entidad que agrupa a Antena 3 TV, Telecinco y Sogecable. Estas críticas, resumidas en palabras de su portavoz, Jorge del Corral, concluyen en acusar a RTVE de competencia desleal y abusiva por consolidar una estructura de gestión de doble financiación lesiva para los intereses del sector.

El medio televisivo español, que en 1999 representaba el 7 por ciento del total europeo (Enrique Bustamante, 2002), movió durante el año 2000 unos 4.327 millones de euros y en la década de los años 90, en su conjunto, 3,86 billones de pesetas. Este crecimiento se vio ralentizado a partir del año 2001, por efecto de la segunda gran crisis de anunciantes.

El cambio desde una situación de posición dominante a una de competencia dio origen a unos rendimientos decrecientes en la televisión pública que se han ido solapando tradicionalmente con el recurso de la deuda. Es significativo al respecto que si en 1989, el año víspera del lanzamiento de las privadas, TVE acaparaba el 72,9 por ciento del share o cuota de pantalla, diez años después, con la competencia plenamente operativa, su share había caído hasta el 35,3 por ciento.

El debate publicitario

Sin embargo, ha sido el apartado publicidad, con el efecto de la apertura del mercado y su utilización por TVE como principal fuente de ingresos, el factor que más ha condicionado las señas de identidad del sector. Mientras en 1991 TVE ingresaba por esta apartado 197.000 millones de pesetas, un lustro más tarde la porción de tarta publicitaria que captaba la televisión pública sólo había remontado hasta 229.204 millones. Esta desaceleración coincide con la caída de los precios por la “guerra de cadenas”, que desde una tarifa/minuto en 1989 de 3,6 millones de pesetas por inserción hizo que se hundiera hasta 600.000 pesetas en 1996.

Así las cosas, en 1999 las cadenas privadas, Antena 3 TV y Telecinco, sumaban ya el 54,5 por ciento del paquete publicitario y el 43,7 por ciento de la audiencia, y la tendencia seguía su inercia. Aunque estas magnitudes hay que ponderarlas, en cuanto a ingresos reales, con el hecho de que las televisiones en su conjunto, en ese año, cobraron por publicidad el 27,7 por ciento de lo emitido a tarifas oficiales.

Curiosamente, es precisamente en el bienio 2000-2002, coincidiendo con la entrada en la SEPI del Ente Público y la presentación de un Plan Marco para su saneamiento, cuando la televisión pública estatal realiza un mayor esfuerzo para financiarse vía publicidad. Según el Observatorio AEA de la Publicidad (www.anunciantes.com/observatorio), en ese periodo los niveles de saturación publicitaria y promocional de TV-1 y TV-2, con un 19,33 por ciento y un 31,13 por ciento respectivamente, eran muy superiores a los obtenidos por las operadoras privadas (Telecinco un 7,05 por ciento, Antena 3 TV un –4,35 por ciento y Canal + un 16,65 por ciento).

Esta escapada hacia el mercado publicitario, si se compara con la práctica de las cadenas públicas europeas, señala en dirección a una “excepción española”. En el primer trimestre del 2002, nuestro país seguía siendo el líder en cuanto a tiempo de publicidad permitida por hora de programación (12 minutos), frente a los modelos representados por Alemania (20 minutos día), Italia (3 minutos), Francia (10 minutos en los dos principales canales) y Suecia y Noruega, naciones donde no se contempla la emisión de anuncios en sus canales.

Especialmente significativo es el contraste del caso español con Portugal, único Estado de los citados que tampoco cuenta con la subvención vía canon por hogar. Frente a los ya citados 12 minutos, nuestro vecino peninsular tolera un máximo de 8 minutos para la primera cadena pública RTP1 y cero en RTP2. Comparativa aún más reveladora ante el dato de que en julio de 2003 nuestra segunda cadena oficial coronó su máximo histórico de “restos de programación” (spots, autopromociones, avances de programación y teletiendas).

Socialmente estratégico

El teórico empantanamiento en que parece estar entrando el sector es una de las razones que ha impulsado a algunos expertos, como Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC / www.auc.es), a urgir la “configuración de un modelo de televisión pública que asegure su supervivencia”. En su último estudio La televisión pública en la era digital, publicado en julio de 2003 por la Fundación Alternativas (www.fundacionalternativas.com), Perales alerta sobre el riesgo de que esta pueda convertirse a medio plazo «en la única posibilidad de existencia de una televisión generalista en abierto».

Desde tal perspectiva, y para que la televisión pública pueda cumplir «su papel socialmente estratégico en la nueva era digital», este profesor e investigador del sector, considera imprescindible una voluntad política por parte de los poderes públicos que asegure al menos tres condiciones. En su opinión, la regeneración del medio exigiría su desgubernamentalización, con elección parlamentaria del Presidente y de los miembros del Consejo de Administración; el fortalecimiento de su hecho diferencial frente a las privadas y la adopción de un modelo mixto de financiación, «apoyado de forma prioritaria en los ingresos públicos».

Estas y otras reflexiones sobre la necesidad de alternativas válidas a la crisis que envuelve a las televisiones públicas, no se agotan en el ámbito de las cadenas estatales. Aunque de otro calibre y con su propia idiosincrasia, las insuficiencias del modelo de gestión también afectan a las cadenas autonómicas (TVAA). Pioneras en asuntos como los consejos audiovisuales, incorporados a su estructura en el caso vasco y catalán, las TVAA tampoco se libran de estar atrapadas en la trampa de la deuda.

Al cierre de esta edición de la revista TELOS se ha sabido que la Comisión Europea, respondiendo a sendas denuncias presentadas en su día por Telecinco y Antena 3, pedirá a las autoridades españolas que reformen la garantía pública ilimitada que se concede a RTVE. En su resolución, Bruselas da un plazo de un mes al Gobierno para un modificar el sistema de aval con que el Estado cubre la deuda histórica del Ente Público porque «no es compatible con el mercado común».

Rafael Cid

Artículo extraído del nº 58 de la revista en papel Telos

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