¿Quién teme a la Ley Audiovisual?


Los últimos retoques introducidos vía Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en la normativa de las televisiones privadas y el retraso en la aprobación de la Ley del Audiovisual han enturbiado las expectativas sobre la voluntad de la Administración para la pronta reordenación del sector. La falta de consenso gubernamental sobre la financiación de Televisión Española (TVE) sería la causa de esta política errática.

La Ley del Audiovisual sigue haciéndose de rogar. A pesar de los buenos deseos manifestados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que el texto fuera tramitado durante esta legislatura, la realidad le desmiente. Aún toca esperar. Mientras, sin prisas pero sin pausa, se reforma a trompicones la normativa de las privadas.

Superado ya el ecuador de los comicios del 25-M sin que el Consejo de Ministros haya dado el visto bueno al proyecto, la sospecha en el sector señala la falta de consenso entre los distintos ministerios implicados como la principal causa de que la ansiada Ley General de Radio y Televisión siga aún en el limbo del Consejo de Estado.

Sin embargo, lo que al final ha resultado ser una brusca parada de mulo había venido precedida por súbitos arranques de caballo. Echando mano de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003, en dos ocasiones sucesivas el Gobierno ha introducido cambios significativos en la normativa que rige la Ley de la Televisión Privada de 3 de mayo de 1988. Con recepción ambivalente, ya que uno de estos retoques fue del agrado de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y el otro, por el contrario, ha sido visto con aprensión por la patronal del sector.

El primer envite se produjo el 3 de octubre del pasado año, y vino a recoger una de las demandas habituales de los operadores comerciales. Utilizando la remisión al Congreso de los Diputados del borrador de la Ley de Acompañamiento, el Gobierno incluyó a última hora una reforma para permitir a un único accionista controlar el 100 por cien de una cadena. Hasta ese momento el tope estaba situado en el 49 por ciento del capital, según modificación introducida también vía Ley de Acompañamiento por el Partido Popular en 1998.

Aparte de lo que tiene de guiño a una inquietud planteada por la UTECA, la música de fondo esgrimida por el Ejecutivo para el desbloqueo incidió en la necesidad de clarificar la propiedad de los medios y salvar la incongruencia del anterior sistema de cupos en el marco europeo de libre circulación de capitales. Uno de los efectos inmediatos de la medida ha sido la toma de una amplia mayoría del control en Tele 5 por Mediaset a expensas del Grupo Correo. El consorcio italiano propiedad del primer ministro Silvio Berlusconi, que ahora posee el 52 por ciento de la cadena, ya utilizó el reajuste legislativo de hace cinco años para convertirse en el accionista de referencia de dicha televisión privada.

Pluralismo, posiciones de dominio y servicio público

El segundo y último chupinazo a la Ley ha tenido como diana la enunciación de un régimen de incompatibilidades a empresas que participen en cadenas de ámbitos territoriales diferentes. Como en los casos anteriores, el anuncio fue hecho por el Gobierno por sorpresa y sin darse el enterado de cortesía a los agentes sociales representativos. Prueba de esta urgencia es que la medida intervencionista se implementó mediante un último paquete de enmiendas introducidas en el Senado a la Ley de Acompañamiento el 25 de noviembre de 2002.

En esta ocasión la acción se justificó desde las filas del partido gobernante presentándola como un importante activo de su programa electoral. Según el portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Luis de Grandes, «la defensa del pluralismo de los medios de comunicación» y la necesidad de impedir «posiciones de dominio en el mundo audiovisual» han sido los principios fundamentales que motivaron la reforma restrictiva de las televisiones privadas.

El nuevo articulado impone un espacio de práctica unicidad en la propiedad de las cadenas. Según la literalidad de la disposición aprobada «las personas físicas o jurídicas que participen en el capital de una sociedad concesionaria de un servicio público de televisión de ámbito estatal no podrán participar en ninguna otra sociedad concesionaria de un servicio público de televisión, sea cual sea su ámbito de cobertura». Lo que en teoría significa acotar notablemente el margen de maniobra de las sociedades que gestionan las tres cadenas privadas de ámbito nacional: Tele 5, Antena 3 y Canal +.

Al amparo de la inaplicada Ley de la Televisión Local de 1995, en mayor o menor medida las concesionarias ya habían tomado posiciones en el espectro local. Esta política de hechos consumados es la que ahora pretende enmendar la disposición aprobada, lo que está llamado a provocar un nuevo reposicionamiento del territorio audiovisual a corto plazo.

Como era de suponer, las propias cadenas y otros sectores afectados hicieron sentir inmediatamente sus discrepancias de forma y fondo respecto a las modificaciones introducidas. Mientras el Grupo Correo-Prensa Española, accionista de Tele 5, denunció la existencia de «un trasfondo político» en la operación, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) complementaba desde su perspectiva esta opinión calificando el procedimiento empleado de «oscurantista».

Aunque en realidad la falta de transparencia señalada por la AUC sugiere más la posibilidad de que el anteproyecto encubra un ataque al concepto de servicio público esencial definido en el Estatuto de RTVE. Para su portavoz, Alejandro Perales, «tal y como está el texto no se garantiza la existencia de la televisión pública y a medio plazo se podría gestionar con operadores privados, siguiendo el modelo indirecto avanzado ya por la televisión de la Comunidad Valenciana».

Necesaria pero insuficiente

De lo trascendido hasta la fecha sobre el anteproyecto se sabe que la triple incompatibilidad en un mismo territorio –estatal, autonómico y local– afecta a todas las televisiones generalistas, incluidas las de pago, y contempla establecer en su posterior reglamento límites de población para su aplicación; también que en el ámbito de las televisiones locales su Plan Técnico rector sólo permitirá la tecnología digital, a fin de propiciar el “apagón” analógico previsto para 2012. Asimismo el Gobierno da un plazo de un año, hasta enero de 2004, para que los operadores se ajusten a la nueva normativa.

Como compensación de esta batería restrictiva, la Ley incluirá, según las últimas enmiendas incorporadas, una cierta limitación de las emisiones publicitarias en las cadenas públicas. La fórmula, a medio camino entre lo dispuesto en la Directiva europea de Televisión Sin Fronteras de 1994/1999 y lo históricamente solicitado por las privadas, prevé que se eliminen los spots en películas, emisiones infantiles y documentales.

Sin embargo, la UTECA no contempla la medida más que como un primer paso, necesario pero claramente insuficiente, que remite al conflicto de intereses que divide al PP en cuanto al hecho esencial de la financiación de TVE. Según su representante, Jorge del Corral, la clave de bóveda del asunto estriba en la «ausencia de una ley que ordene el territorio de las televisiones publicas y privadas, acabando con esa excepción que permite en España la competencia desleal de las públicas gracias a su doble financiación vía subvención y publicidad».

La mano tendida de la Administración hacia las cadenas de titularidad privada surge precisamente cuando el sector atraviesa su segunda gran crisis publicitaria tras la inicial de 1992, depresión que se ha materializado en las pérdidas registradas en el último ejercicio en las dos cadenas que transmiten en abierto. Antena 3 TV registró números rojos por valor de 30 millones de euros y su competidora Tele 5, aunque obtuvo beneficios, vio reducidas sus ganancias en un 25 por ciento respecto al año anterior.

Todo este panorama de actuaciones parciales y parches permite atisbar, en generalizada opinión de muchos agentes del sector, que se sigue sin tener un modelo con que afrontar el problema de la financiación de TVE, que a finales de 2001 soportaba una deuda acumulada de 4.808 millones de euros, que superará los 6.000 millones a finales del presente ejercicio. En ese contexto se explicaría, en opinión de las fuentes consultadas, que la disparidad de criterios entre los ministerios de Economía y Hacienda y de Ciencia y Tecnología provocara una vez más el aplazamiento de la Ley General Audiovisual como mal menor político.

Rafael Cid

Artículo extraído del nº 56 de la revista en papel Telos

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