Lo que denotan las reflexiones vertidas en La brecha digital es la toma de conciencia por parte del sector empresarial español sobre una novedosa forma de exclusión social. El carácter divulgativo y el estilo periodístico en que está escrito este libro garantizan la comprensión de una problemática de profundas consecuencias que para ser sorteada necesita de la actuación conjunta del Estado, las empresas y el tercer sector.

Habría que comenzar por apuntar que el título de este libro es, como se puede constatar a lo largo de las cifras y mapas presentes en sus páginas, engañoso: el peligro de exclusión de mano de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, más que un riesgo es una realidad. Por ejemplo, en el África subsahariana, el sur de Asia y los países árabes, espacios geográficos poblados por más de dos mil trescientos millones de habitantes (equivalentes al 39 por ciento de la población mundial), la penetración de Internet supone sólo medio punto.

En cuanto al origen concreto de la Brecha Digital, para Fernando Ballestero –economista, profesor universitario y director de la Fundación Retevisión Auna, editora de este libro– ésta «surge muy unida a las diferencias en términos de renta». Desde este punto de vista podríamos pensar que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) vienen a reforzar las desigualdades sociales ya presentes en las sociedades contemporáneas que el Estado del bienestar en sus diferentes versiones nacionales procuró, a veces con éxito, combatir. Asimismo, y esto no se lee en ninguna de las 174 páginas del libro…, se hace evidente que una solución de carácter estructural y general debe atacar a un sistema de producción y distribución de bienes que se revela día a día más injusto.

Es este, el de la marginación social a partir de la no-adaptación a las TIC, un problema de hondo calado que no se resuelve únicamente a través de la garantía del acceso a la Red, sino que –como oportunamente se señala– requiere una formación y el desarrollo de habilidades específicas por parte de los usuarios y, agregaríamos, proyectos alternativos de apropiación de tecnologías.

¿Una nueva etapa?

Vale la pena detenernos en la primera parte del libro –capítulos I y II– donde se presenta, desde una perspectiva histórico-evolutiva, el marco socio-económico de «nuestro mundo» y el surgimiento de una nueva fisura. ¿Es la mítica Sociedad de la Información una superación de la sociedad industrial? En opinión de Ballestero, sí.

Pese a la falta de consenso acerca de si vivimos en una sociedad radicalmente diferente de la sociedad a la que dio lugar la Revolución Industrial, Ballestero afirma que nos encontramos, ni más ni menos, ante «una nueva etapa de la evolución humana». A través de profusas referencias a Manuel Castells –«la versión más sofisticada disponible de este concepto», Nicholas Garnham dixit– y, en menor medida, a Alvin Toffler, Ballestero expone que «la revolución digital» ha surtido efecto en las reglas de la actividad económica capitalista, dando lugar a una «Nueva Economía», y en la sociedad en su conjunto.

Evidentemente afirmaciones de este calibre son producto de una concepción ideológica guiada por un determinismo tecnológico que desconoce los debates actuales (por ejemplo, sobre el crecimiento de la productividad en el mundo capitalista) y las críticas de distintos reconocidos investigadores del campo de la economía política de la comunicación, algunas publicadas en este medio.

Hacia una metodología útil

A partir de esta realidad, denominada brecha digital, es preciso contar con indicadores adecuados, indispensables a la hora de elaborar un diagnóstico certero, a fin de evaluar las diferencias sociales que generan la adopción discriminada de las TIC y buscar acciones que ayuden a eliminar esta nueva fisura en las sociedades contemporáneas.

En este sentido el autor propone una serie de acciones a implementarse para el caso español que abarcan desde la realización de un estudio con detenimiento de la brecha digital en España (la Fundación Retevisión-Auna está investigando con metodología novedosa el grado de brecha digital existente en las diferentes Comunidades Autónomas) hasta la potenciación de la Administración electrónica, pasando por el desarrollo de un plan de reforzamiento de la formación profesional.

Asimismo, Ballestero postula en el IV capítulo, en consonancia con el plan de acción eEuropa 2002, la necesidad de sistematizar y homologar en el ámbito internacional la recogida de datos y de diseñar un nuevo enfoque metodológico que permita cuantificar y plasmar gráficamente el nivel de brecha digital presente en cada sociedad. Así, capítulo VI, propone un modelo de representación gráfica tridimensional (la «Pirámide digital») que contempla cinco variables principales: desigualdad social, equipamiento, acceso a Internet, operabilidad de los ordenadores y capacidad o potencialidad en el aprovechamiento de la Red.

Servicio universal

Parte del debate actual que tiene como protagonistas a políticos y académicos de todas las regiones está relacionado con las medidas que es necesario adoptar para procurar reducir la creciente brecha entre unos segmentos de población opulentos y otros que sufren procesos de empobrecimiento. Como apunta el autor de La brecha digital, habitamos un mundo donde «las desigualdades siguen acentuándose» y con datos que «ponen de manifiesto que los avances tecnológicos y el progreso no se extienden por igual».

Fue a través de la aplicación del principio de servicio universal, fomentado sobre todo por formas de Estado que encontraron la justificación y reivindicación de su accionar político en el campo de las comunicaciones a lo largo del pasado siglo en «el bien común», que ciudadanos de numerosas zonas de distintos países desarrollados y, en menor medida, de países en vías de desarrollo, accedieron, a precios razonables, a la prestación de servicios tales como el correo postal o la telefonía básica.

Según numerosos especialistas, a fin de garantizar el desarrollo armónico de un medio tan importante como Internet, el acceso a la Red de redes debe estar regido por el principio de servicio universal. Ballestero, pese a su preocupación acerca del «riesgo» de exclusión en la SI, entiende que «las posibilidades que brindan hoy las tecnologías en general, y el hecho de que pueda accederse a Internet desde distintos medios (telefonía fija o móvil, acceso alámbrico o inalámbrico…) han llevado a que el concepto de servicio universal aplicado al ‘acceso a Internet’ esté perdiendo vigencia en la actualidad». Por lo demás, la pérdida de vigencia aludida no está referenciada y los argumentos esgrimidos por los supuestos detractores del principio de servicio universal como garante del acceso a Internet son de naturaleza endeble.