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Ultimos borradores y anteproyectos


Con el plazo límite del 31 de julio y ante el horizonte de la liberalización del sector para 1998, las legislaciones de la televisión por cable y local vienen sufriendo continuas remodelaciones para conciliar exigencias contradictorias de los agentes de un mercado importante de futuro.

La accidentada elaboración del proyecto de Ley de Televisión por Cable, del que se había previsto un texto definitivo para finales del 93, según se informaba en esta misma sección (ver Telos núm. 36), ha sufrido en los últimos meses nuevas incidencias. Fijándose como fecha límite en estos momentos el 31 de julio, han sido ya seis los borradores elaborados sin que por el momento parezca que ninguno de ellos suscite consenso tanto en el interior del Gobierno como entre los actores interesados.

En los primeros borradores los objetivos del Ministerio de Obras Públicas se dirigían a conceder una casi absoluta prioridad a Telefónica (con el concurso hipotético de Correos y Retevisión) en la explotación de los servicios portadores, en consonancia con la política diseñada en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones; asimismo se establecían plenas competencias para el MOPTMA en la resolución de las concesiones y tarifas, y se limitaban los servicios de operación a la transmisión de televisión y ciertos servicios de valor añadido, relegándose la posibilidad de incluir servicios bidireccionales (telefonía, vídeo interactivo, etc.) a una posterior regulación.

El objetivo, en los términos en que se planteó por el ministro Borrell, se centraba en aprovechar las redes existentes e impedir el acceso a actividades concebidas como servicio público.

LAS DEMANDAS POLÍTICAS

En esta situación numerosos actores políticos y económicos se han considerado afectados negativamente.

A principios de febrero el Partido Popular presenta una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, incluyendo propuestas que abran las competencias a los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, junto con medidas dirigidas a impedir la concentración en los servicios de operación. La proposición fue presentada a los medios de comunicación en el contexto de una crítica global a la política de Obras Públicas, que entorpece, en opinión del PP, la liberalización del sector.

Para la Diputada del Partido Popular Ana Mato “es urgente que se proceda a una regulación de todo el panorama audiovisual que impida que, como ocurre en estos momentos, existan siete leyes diferentes, en muchos casos contradictorias entre sí, para regular un mismo sector”. De igual forma apoya la creación, en el interior de esta legislación general “de una comisión independiente que actúe como árbitro en la materia”.

Por las mismas fechas, responsables de telecomunicaciones de Cataluña y el País Vasco coincidieron públicamente, durante la celebración de unas jornadas sobre “televisión por cable y los servicios asociados”, organizadas en Barcelona por el Instituto Catalán de Tecnología, en reclamar de la futura legislación el derecho de adjudicación de los servicios y la unificación de portadores y operadores. Reclamaron, incluso, competencia para situarse, como de hecho se produce, como explotadores de ambos servicios.

EL ÚLTIMO BORRADOR

Navegando en este mapa de intereses, en marzo, el Ministerio de Obras Públicas presentó un nuevo borrador al Consejo Asesor de Telecomunicaciones, en el que trata por igual de satisfacer las demandas suscitadas y seguir apoyando la posición de Telefónica.

Por un lado, se permite a los operadores que instalen sus propias redes, al tiempo que se concede a Telefónica (disposición adicional tercera) “título habilitante para la prestación en cualquier demarcación del servicio de televisión por cable, utilizando la red propia del servicio portador telefónico básico”.

Se establecen dos tipos de empresas operadoras: con infraestructura propia (o contratando la de Correos y Retevisión) y sin infraestructura, recurriendo en este caso a la ya habilitada en la demarcación correspondiente, previo pago de un canon.

Los ayuntamientos y, en determinados casos, las Comunidades Autónomas, fijarán los límites de las demarcaciones, salvo cuando éstas excedan el ámbito de una misma Comunidad, en cuyo caso sería el MOPTMA el encargado de hacerlo. Se concede también competencia a las Comunidades en la concesión administrativa del servicio a operadores que exploten una red ajena.

La regulación de los contenidos se efectuará de acuerdo con la normativa general sobre producción, publicidad y patrocinio (se entiende que tal normativa tendrá carácter de general con la futura adecuación de la Directiva Europea de TV sin Fronteras), así como con lo dispuesto en la legislación de las Comunidades Autónomas que posean competencias en la materia.

En las disposiciones adicionales al texto se incluye el pago de un canon a la administración por parte de los operadores y la habilitación de aquellas redes que fueron instaladas con anterioridad al 1 de enero de 1993.

Mientras tanto, la prensa ha sostenido que en el interior del propio gobierno y a pesar de las declaraciones conciliadoras se mantiene un pulso entre Economía, principalmente vía Tribunal de Defensa de la Competencia, y Obras Públicas sobre los plazos y el carácter de la liberalización a que se ha de conducir el sector en 1998. Se habla incluso del apoyo a una liberalización amplia y rápida, en consonancia con el área de Economía, por parte del Vicepresidente Serra.

Pedro de Torres, vocal del Tribunal, matiza que esta institución no ha opinado como tal sobre el tema y que las declaraciones recogidas en los últimos meses han sido hechas a título personal. Con este mismo carácter afirma que el anteproyecto “es razonable, a condición de que ponga en pie de igualdad a todos los posibles concesionarios. Sin embargo, ello no es así, el campo de juego está claramente inclinado a favor del operador principal, al cual se le da libremente entrada, saltándose el sistema de concesión”. No obstante, según Torres “mejor que el sector se desarrolle en un marco ordenado por Ley que en la situación actual, sobre todo tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1994 que habilita a cualquiera para instalar una red de TV por cable”.

INTERESES Y MOVIMIENTOS

Las diferencias con los sectores que integran el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones (industrias electrónicas, operadores audiovisuales, asociaciones de usuarios, Comunidades Autónomas y sindicatos) se han hecho evidentes también a medida que se han ido conociendo las diferentes propuestas legislativas.

La Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL), fabricantes y suministradores de equipos, plantea la urgencia de resolver cuanto antes la incertidumbre jurídica para poder poner en marcha económicamente el sector. Para Jesús Banegas, Presidente de esta Asociación, “el último borrador de Proyecto de Ley de TV por cable debe enviarse lo antes posible al Parlamento para que pueda entrar cuanto antes en vigor. Sus relativas limitaciones se pueden considerar menores en relación con el impacto positivo para el país que tendría su desarrollo real en un corto período de tiempo”. Aniel ha defendido un cierto respaldo al papel de Telefónica y una actuación selectiva por parte de la administración, dependiendo de cada segmento de la actividad en telecomunicaciones, si bien el ritmo en la toma de medidas es insatisfactorio; en opinión de Banegas, “aunque España puede tener la excusa de que otros países europeos no van mucho más deprisa en esta materia, es una pena que las actuaciones en este campo no sean más francas y ambiciosas”.

Por su parte, los grandes usuarios (bancos, eléctricas y otras empresas), representados en AUTEL (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones) se suman a la preocupación por el ritmo, máxime cuando se estrecha cada vez más el calendario de medidas a aplicar para la liberalización del sector.

La situación del mercado del cable en España presenta en la actualidad una actividad mínima: el 1 por ciento de los hogares se encuentra cableado, frente al 3 por ciento en el Reino Unido, el 5 por ciento en Francia, el 36 por ciento en Alemania o el 90 por ciento en Holanda. Las diferencias en los porcentajes responden a los diversos modos en que se ha acometido la implantación de las redes de cable.

Las previsiones de negocio perfilan un mercado potencial de 9 millones de hogares y un millón de empresas, con una inversión global de 700.000 millones de pesetas para cablear todo el territorio. De producirse el desarrollo deseado, en diez años se obtendría una penetración del 50 por ciento de hogares y un 10 por ciento de abonados. Los ingresos por los servicios explotados se estima que duplicarán los obtenidos por los servicios de televisión convencionales (en torno a 400.000 millones, en el mismo periodo).

En este contexto numerosas entidades y empresas vienen operando desde hace tiempo, al amparo del vacío legal que subsiste en la actualidad, con las expectativas de garantizar una posición de privilegio una vez regulado el sector.

AESDICA (Asociación Española de Servicios de Distribución por Cable), que agrupa a 30 empresas del sector con redes ya implantadas en diversos puntos de España y contratos ultimados con multinacionales de la distribución de programas (ver en esta sección Telos núm. 36), se ha mostrado satisfecha por el respaldo del Tribunal Constitucional y la apertura del último borrador a la posibilidad de seguir explotando sus redes.

MULTITEL, participante en la sociedad Cable Europa con BBV, BCH, Banesto e Iberdrola, se ha integrado como accionista (10 por ciento) en sociedades implantadas en Jerez, Santander y Burgos; en sus planes, según Carmen Fuentes, Directora de Expansión del holding, se va a realizar próximamente este mismo tipo de asociación en Zaragoza, Palma de Mallorca y Oviedo. Sus expectativas con respecto a las empresas de distribución de programas pasan por que se definan las tarifas de distribución una vez que se estabilice la oferta de canales, que conoce en estos momentos una progresión acelerada.

SOGECABLE, entidad perteneciente a Prisa, y que participa con Abengoa y Telefónica en Cablevisión, mantiene silencio respecto a los últimos acontecimientos y se pronuncia únicamente sobre determinadas acusaciones que les atribuyen una situación de beneficio como socios de Telefónica. Para Pío Cabanillas “tras seis borradores, muy distintos entre sí, lo más racional es una prudente espera. En cualquier caso, me parece aventurado pensar que el último texto beneficia a Cablevisión. Lo único que nos beneficiaría, como a todo operador de cable, es que se apruebe una ley cuanto antes”.

Los propietarios de las redes públicas de telecomunicaciones, y principalmente Telefónica afrontan el recorrido que ha de llevar a la liberalización total de las telecomunicaciones, en 1998, con el respaldo de la administración para constituirse en empresas cabecera del sector. Motivo por el que en todo momento se les ha concedido una situación de privilegio en la normativa ya elaborada y la que está por venir.

LA TV LOCAL

También se ha presentado a finales de marzo un borrador de Proyecto de Ley sobre Televisión Local, coincidiendo con varios acontecimientos que colocaban de nuevo en la actualidad esta cuestión.

Por un lado volvió a producirse una sentencia absolutoria sobre el cierre de una emisora de TV local, argumentándose la misma, como viene siendo habitual, en el vacío legal existente acerca del funcionamiento de esta actividad; sumándose a una sentencia del Tribunal Constitucional (31 de enero) que respaldaba el derecho a emitir de las televisiones ya existentes.

Al tiempo, la Asociación de Televisiones Locales (ATEL) presentó a primeros de febrero una proposición de Ley en el Congreso en vistas a su regulación, como medida de presión para legalizar a las aproximadamente 500 emisoras que emiten actualmente.

La elaboración de la Ley de Televisión por Cable planteaba además la posibilidad de una posible reconducción de las emisiones hercianas de la TV Local a través de las redes de cable. La urgencia de la regulación se acentuaba incluso ante las previsiones del Gobierno Catalán de legislar la materia en su propio ámbito territorial.

Por fin, el 28 de marzo el Consejo Asesor de Telecomunicaciones contaba con el citado borrador del Ministerio, cuyas líneas maestras quedaron así:

– Se concibe la TV local como un servicio público de ámbito local.

– Se concederá una licencia de emisión por término municipal, pudiendo aumentarse el número de concesiones en municipios de alta población.

– La asignación de la frecuencia, según la disponibilidad del espectro y priorizando las transmisiones de las televisiones públicas y privadas actuales, será competencia del Ministerio de Obras Públicas; las concesiones tendrán una duración máxima de cinco años prorrogables.

– No se permitirá la programación en cadena y se fijan los tiempos mínimos de emisión en 1h diaria y 15 semanales; se prohíbe la emisión de publicidad de las 18h. a las 22h.

– Las entidades emisoras deberán atender a la promoción de los intereses locales y la participación de grupos sociales.

– Se fija como límite máximo de capital extranjero el 25 por ciento; asimismo ninguna persona física o jurídica podrá poseer más de un 50 por ciento de las acciones de dos o más sociedades concesionarias que operen en una misma Comunidad Autónoma.

– Las televisiones locales de explotación comercial pagarán un canon a la administración.

 

Fuentes de Obras Públicas advierten el carácter provisional del borrador, sujeto todavía a estudios y negociaciones y apuntan la posibilidad, sin que pueda tenerse aún como pretensión firme de actuación, de que la administración de frecuencias siga un modelo similar al seguido en la asignación de frecuencias de FM. Es decir, que habría un reparto de competencias entre el propio Ministerio y las Comunidades Autónomas.

Una vez conocido este texto, ATEL, y en el mismo sentido el Partido Popular, según declaraciones a Telos de la Diputada Ana Mato, ha centrado la discusión en torno al número de concesiones que se habilitarán. En su opinión, debe ampliarse en tanto técnicamente sea posible. La escasez del espectro herciano, argumento básico del Ministerio para limitar su acceso, es, según la Asociación, una maniobra para permitir a Retevisión ocupar frecuencias y demandan del MOPTMA información sobre el espectro disponible en los municipios en la actualidad.

Siempre según estimaciones de ATEL, las inversiones realizadas en la actualidad en TV local son de unos 10.000 millones de pesetas, con una audiencia media diaria de 500.000 telespectadores y un empleo calculado en 10.000 puestos de trabajo. El Estudio General de Medios, sin embargo, cifra la audiencia en 1993 en 182.000 espectadores. Otras fuentes fijan los horarios de emisión entre las 7h y las 17h. del día y el tiempo dedicado a la publicidad entre el 10 y el 15 por ciento del total de emisión.

 

Artículo extraído del nº 38 de la revista en papel Telos

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