La liberalización de las telecomunicaciones en el seno de la CE obliga a las empresas operadoras a anticipar cuáles serán las nuevas reglas de juego del mercado
El horizonte del año 1998 está ya muy cercano. La apertura de fronteras y la disolución de los monopolios de telecomunicaciones en toda Europa serán la cuestión clave a la hora de redistribuir las cartas en el sector, por lo que las empresas operadoras deberán afrontar el desafío de la competitividad y el desarrollo de demandas muy especializadas en segmentos apetecibles del mercado.
Si bien es cierto que una consecuencia lógica de esta apertura es la irrupción de tensiones en la adaptación entre oferta y demanda, también lo es que los problemas y oportunidades que presenta el Mercado Unico para los negocios de comunicación no tienen precedentes.

Nunca como ahora se ha dado el momento para trazar nuevas estrategias a escala de Europa, lo que exige un conocimiento de los públicos a quienes se dirige y un uso de las más diversas tecnologías.
Surgirá así una necesidad real de estudiar las diferentes demandas de los diversos servicios; analizar el sistema de precios; establecer cómo se puede incentivar la eficiencia y la innovación sin menoscabar el acceso universal a las comunicaciones; definir cada uno de los mercados; cuáles son los criterios por lo cuales habría que regular el mercado; dimensionar los costes de las empresas; la productividad, la economía de escala, y un largo etcétera del cual se ocupa la economía de las telecomunicaciones.

REFORZAR LA INVESTIGACION

Teodosio Pérez Amaral, profesor de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, afirma que «la investigación cuenta en los países avanzados de la Comunidad con una experiencia superior a la nuestra», y que por ende «la libertad de instalación de empresas, de servicios y de personas trae más retos a la investigación española. Hay que desarrollar la investigación propia, pero además prepararse para la competitividad que se echa encima», advierte.
Según Luis Rodríguez Romero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid, en España existe un considerable atraso de la «economía de las telecomunicaciones, y una gran confusión acerca de su importancia», déficit que, reconoce, está poco a poco siendo subsanado.
Para este especialista, economía de las telecomunicaciones puede ser definida como «estudiar la perspectiva del funcionamiento global de las telecomunicaciones. Es decir, aplicar los criterios de organización industrial a este sector».
Rodríguez Romero puntualiza que la tendencia mundial considera que liberalización y apertura de mercados son factores importantes de eficiencia económica para la prestación y el uso de los servicios de telecomunicación. Al respecto, señala que algunos expertos defienden el concepto de competencia potencial en los mercados (no hace falta que haya multitud de empresas para que haya competencia, basta que sólo haya libertad) como el mejor camino para aumentar el potencial competitivo.

Vislumbra así, «muchos productos de telecomunicaciones, cada uno con su propio mercado, y cada uno con distintos competidores dentro de ese mercado».
Ahora bien, ¿de qué modo podrán las PTT afrontar este desafío? Rodríguez Romero responde: adecuando sus tarifas, acordando alianzas con otras operadoras, y posicionándose en el mercado. Para ello, opina, cuenta con ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, apunta, que ya está introducida en el mercado; conoce a los clientes, tiene relación con ellos y sabe qué demandan; posee la infraestructura; y, por último, tiene el nombre.
Entre las segundas, anota, el tamaño; la falta de flexibilidad, y la ineficiencia lógica ante la falta de competencia. Por eso cree que las empresas operadoras no deben oponerse frontalmente a la liberación del mercado, sino que deben dilatar el cambio para adaptarse rápidamente. En ese sentido,destaca que una vez que se liberalice, lo que será muy importante es la regulación del mercado y de la competencia.

Ambos estudiosos coinciden en apreciar que una buena regulación debería exigir mucho más de lo que actualmente pide, y disponer un trato más favorable al consumidor, empezando por la obligación de emitir facturas detalladas de las comunicaciones imputadas.

La regulación del sector de las telecomunicaciones, que está compartida por la Comunidad Europea y las autoridades reguladoras nacionales de los países miembros, a veces incluso con mayor protagonismo de aquélla que de éstos, constituye un cuerpo de disposiciones cada vez más amplio, cuyo objeto es el de establecer las reglas de juego dentro de un nuevo marco competitivo.

Al respecto, Teodosio Pérez remarca que ya no es únicamente la tecnología lo que va a decidir la futura configuración de las redes y servicios, sino que será la demanda de esos servicios, sobre todo los prestados en régimen de competencia, la que los determine. Aquí radica la gran diferencia de cara al futuro, puesto que los operadores no decidirán más su oferta con el supuesto implícito de que el mercado seguirá, sino que habrá que contar previamente con profundas investigaciones de mercado.

Pérez matiza que la dinamicidad del marco regulatorio europeo exige la continua adaptación de las estrategias empresariales a la nueva situación, por lo que para las empresas europeas la cooperación resulta imprescindible ante un panorama de constitución del MUE en 1998, en el que la competitividad en los mercados globales requiere unas dimensiones determinadas, o unos niveles de especialización y flexibilidad que actualmente no poseen las empresas europeas.
Los nuevos proveedores de servicios no influenciados por el criterio aplicado tradicionalmente por los operadores a las tarifas y las reducidas inversiones para desarrollo de posibles redes, favorecerán que puedan jugar con márgenes de precios más ajustados a costes y conseguir importantes cuotas de mercado, fundamentalmente en el sector negocios. Para simplificar: los nuevos operadores entrantes pueden ofertar precios más competitivos, puesto que los márgenes de beneficios son mayores.

Rodríguez Romero observa que la mayoría de los operadores implementan una bajada generalizada de las tarifas internacionales, aún no consolidada,y una tendencia al abaratamiento de las tarifas de tránsito. Obviamente, ello repercutirá en una subida sustancial de las tarifas locales.

RESPUESTAS DE LA ECONOMÍA

Teodosio Pérez destaca también que la experiencia demuestra que ante la existencia de un duopolio, la empresa más pequeña cobra su servicio un 15 por ciento menos que la otra, y que así logra captar un 15 por ciento del mercado. En cambio, cuando hay tres empresas, existe una mayor competencia, en especial la dada entre las dos más pequeñas.

Otro hecho frecuente es que la empresa que anteriormente gozaba de una situación de monopolio recurra a fijar los precios por debajo de los costes, para echar a la competencia del mercado.

Ahora bien, ¿se justificará la existencia de monopolios naturales en un mercado sin regular? Es preciso recordar que un monopolio puede fundarse sobre determinadas prácticas restrictivas de la competencia o ampararse en una disposición legal, sin que por ello sea un monopolio natural, ya que éste sólo existe en el caso de que el coste de producción de una determinada cantidad de bienes o servicios por parte de una sola empresa sea menor que cuando la misma producción se lleve a cabo por dos o más empresas.

En este caso la permanencia de varias empresas en el mercado, si llega a tener lugar en algún momento, es una situación transitoria, y origina un coste social superior al que resultaría con la existencia de una sola empresa, que al fin sobrevive como la única viable por puras razones económicas y de bienestar social. Pero si la concurrencia de varias empresas permite producir una determinada cantidad de bienes o servicios con un menor coste social, entonces la competencia es deseable desde el punto de vista del bienestar colectivo.
Las estructuras tarifarias y la desaparición progresiva de subsidios cruzados vienen influenciadas por el comercio internacional de servicios. Así, las operadoras deberán reestructurar progresivamente las tarifas de los diferentes servicios, con orientación hacia los costes. Desde el punto de vista empresarial tiene sentido ajustar las tarifas al coste, pero hay resistencia, pues al dejar de subvencionar el acceso y el abono, se dificulta el acceso universal, un concepto hasta ahora defendido por todos.

Teodosio Pérez recuerda que el tercer y último informe Huber acerca del estado de la competencia de las telecomunicaciones, argumenta a favor de que la red local no es monopolio natural pero sí lo es el de larga distancia y el internacional. ¿Porqué? Porque la fibra óptica permite que por un solo cable se cubra cualquier volumen de demanda.

Esto, que parece ser contradictorio -admitido por el propio autor del informe-, abre nuevas interpretaciones acerca del concepto de acceso universal, que podría ser argumentado por las operadoras existentes que ya tienen la capacidad instalada.
Frente a la próxima apertura del mercado, Rodríguez Romero y Pérez Amaral advierten la importancia que adquiere la economía de las telecomunicaciones, y señalan la necesidad de acometer estudios rigurosos de las experiencias de desregulación, para establecer cuál ha sido la evolución de los costes, de las tarifas, de la innovación, cómo ha afectado el volumen de tráfico y, claro está, cuál ha sido el efecto de la competencia.