La consolidación de empresas fuertes y sólidas que lleven a cabo actividades audiovisuales diversas y una política capaz de revertir la creciente descapitalización del sector, se presentan como las medidas más urgentes para hacer frente a la crisis, además de la necesidad de formar personal capacitado acorde con las nuevas tecnologías y las exigencias creativas derivadas del cruce entre los diversos soportes de la imagen.

En 1992, por fin, convergieron múltiples iniciativas para hacer frente a la crisis del espacio audiovisual español, y en especial del cine.

Jornadas en las que participaron casi todos los sectores de la producción, la creación de una comisión nacional presidida por el vicepresidente Narcís Serra y el encargo de un estudio por parte del ministerio de Cultura que por primera vez encara la situación de la cinematografía desde un punto de vista industrial, fueron los hechos más destacados de ese intento colectivo por asegurar un puesto para España dentro de la imagen europea. 1993 comenzó además, con el aporte del diagnóstico realizado por FUNDESCO La industria cinematográfica en España 1980-1991, que se presentó a finales de febrero como consecuencia de un encargo realizado por el Instituto de Cinematografía (ICAA) para detectar posibles líneas de actuación.

Según el informe del ministerio de Cultura sobre El sector cultural en España ante el proceso de integración europea, el diagnóstico de la crisis en el sector y sus posibles soluciones nacionales no difieren del resto de los países comunitarios, a pesar de que el volumen de facturación local representa sólo algo más del tres por ciento de la cifra que manejan las 50 principales empresas europeas. El trabajo, realizado durante casi tres años por un equipo del Centro de Estudios y de la Planificación (CEP), fue presentado en diciembre pasado, tras haber sido adaptado a las últimas novedades en materia de legislación comunitaria.

Las divergencias fundamentales con la industria de los países fuertes comunitarios, de acuerdo con el estudio del CEP, radican en una relación inmadura del cine con la televisión, una legislación aún incipiente, y una tradición que ha impedido hasta el momento que la visión empresarial española en este sector traspase las fronteras. Sin embargo, todas estas son dificultades de tipo estructural que se encuentran en fase de superación desde hace algunos años.
La distribución y la exhibición también representan en este momento factores conflictivos a la hora de pensar una estrategia de protección para el espacio audiovisual español. Estos dos sectores de la industria cinematográfica se han volcado de lleno a las películas norteamericanas precedidas por una gran campaña de publicidad, como única forma de hacer frente a la disminución millonaria de espectadores que se viene produciendo en las últimas décadas.

El gobierno, por su parte, creó una comisión para estudiar y proponer decisiones al más alto nivel sobre los grandes asuntos del panorama audiovisual español, presidida por el vicepresidente Narcís Serra e integrada por los ministros de Economía, Industria, Obras Públicas y Transportes, de Relaciones con las Cortes y del Portavoz.

Esta comisión fue formada con el propósito de que elabore propuestas decisivas en estos momentos calificados como críticos para el sector audiovisual, y de que analice la posibilidad de crear un organismo central de seguimiento y control de la legislación y las concesiones de nuevos canales audiovisuales.

1. LA DEBILIDAD DEL SECTOR

Otros sectores han sumado sus manifestaciones frente a la crisis. La Fundación Procine, creada por las 19 productoras cinematográficas más importantes del país como portavoz de sus necesidades, admitió la debilidad de la industria española al presentar un informe en el que se prevé para los próximos años la realización de apenas 20 películas anuales, frente a las 166 que se rodaron en 1966 y las 60 de 1986.

En este sentido, propusieron la creación de un marco financiero con líneas privilegiadas de crédito y la reducción del IVA al tres por ciento, así como la constitución de sociedades compuestas en un 50 por ciento por bancos y grupos profesionales, y el resto por inversores privados, tal como se cumple en el 40 por ciento del cine comunitario.La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), por otra parte, tras acusar a la Sociedad Estatal del Quinto Centenario de incumplir el programa de difusión del cine español, creado en 1991 para paliar la grave crisis generada al faltar los 2.000 millones de pesetas que TVE invertía cada año en la producción de películas, admitió que la regulación de las licencias de doblaje llevada a cabo por la administración respondía en buena parte a los intereses actuales de los productores audiovisuales comunitarios y españoles.

Esa reforma de la Ley de Cine concretada recientemente con la intención primera de que los espectadores vayan a ver películas españolas, consistió en la modificación del otorgamiento de licencias de doblaje para películas extranjeras. De acuerdo con la nueva legislación, por cada título producido por un país comunitario se otorgarán tres licencias para largometrajes de países ajenos a la CE, pero la primera sólo se otorgará cuando el film comunitario haya obtenido 50 millones de facturación.

Esta medida, que además favorece la obtención de licencias para las distribuidoras que acrediten su participación en al menos el 25 por ciento de la financiación de alguna película comunitaria, es el primero de los pasos concretados por la administración para hacer frente a la crisis, ante tantas llamadas de alerta, informes y propuestas.

Sin embargo, esta nueva regulación provocó el rechazo unánime entre las multinacionales del cine, como una prueba más de que los sectores de exhibición y distribución responden a intereses contrapuestos del resto de la industria cinematográfica española. Para el presidente de la distribuidora Columbia Pictures en España, Ernesto Victoria, el cine es un producto de consumo y en él debe mandar el mercado.

2. LAS PERSPECTIVAS

Según el estudio del ministerio de Cultura, resulta incuestionable la necesidad de las ayudas públicas al sector tanto en España como en el resto de Europa, debido a la importancia estratégica del mantenimiento de la ficción de producción nacional, en el contexto de un mercado cada vez más transnacional.

La formación y la inversión en el desarrollo de tecnología se plantean además como dos retos fundamentales. En el campo de la formación, por ejemplo, se recomienda la realización de seminarios de alto nivel en las especialidades de producción, guión y dirección de casting, que carecen de tradición académica.

En cuanto a las propuestas del informe elaborado por Fundesco, destaca la necesidad de modificar el actual modelo productivo de tipo artesanal que encarece crecientemente la producción fílmica de la industria española. Asimismo resalta las buenas perspectivas que existen para las medianas empresas profesionalizadas, en las que se tenderían a concentrar capital español y extranjero, al tiempo que alerta contra el vedetismo en una cierta capa de intérpretes, realizadores y técnicos, que encarecen las producciones sin que después se justifique por los ingresos de las obras.

Este análisis de la situación fue encargado al equipo de profesionales dirigido por José María Alvarez Monzoncillo con el objeto de elaborar estadísticas fiables que permitan detectar los problemas y algunas de las posibles soluciones, además de estudiar el impacto de las diferentes legislaciones en el período analizado de 1980 a 1991.
Para el equipo de Fundesco, que trabajó en forma exhaustiva durante seis meses, además de la necesidad imprescindible de contar con el aporte de las cadenas de televisión y de regular la protección fiscal a la industria cinematográfica y audiovisual en general, el problema de la competencia ya no radica en producir muchas películas e imágenes, sino en producir filmes creativos desde el punto de vista artístico y comercial, con capacidad para conectar con el público.