El etnocentrismo europeo no ha permitido ver convenientemente que las radios comunitarias en Latinoamérica suponen un referente de gran valor para el mundo como medio de movilización popular. Las experiencias de estos medios revalorizan el papel del Tercer Sector (TS) en el concierto internacional y dan coherencia a los movimientos que las reivindican como motor de cambio y participación social.

Las radios libres europeas, nacidas hacia finales de los años 60 y comienzos de los 70 fundamentalmente, jugaron un papel trascendental en la ruptura de los monopolios públicos, devolviendo inicialmente la voz a la sociedad, rescatando el audiovisual para propiciar la aparición de canales democráticos de expresión. Las nuevas democracias europeas, lejos del paternalismo de la posguerra, comenzaban a oír las voces de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, la iniciativa comercial privada aprovechaba esta liberalización para exigir marcos regulatorios que acabaron por devaluar en los aspectos legislativos el papel de las radios ciudadanas que no tenían un afán de lucro.

Antes elitistas que populares

Hoy, los países europeos que han regulado las radios de corte asociativo o comunitario lo han hecho desde perspectivas temerosas y atentatorias contra la libertad de comunicación y el derecho de acceso. La presión de las grandes corporaciones de radios comerciales sobre el poder político y el temor de la clase dirigente a no poder controlar el discurso son los principales factores que han incidido en la creación de un marco legal de tolerancia lleno de cortapisas y dificultades.

Las radios ciudadanas siguen siendo en Europa pocas y están sometidas a duras exigencias de potencia de emisión, lo que les resta visibilidad y capacidad de incidencia ante la maquinaria tecnológica y propagandística de los medios públicos y comerciales. Por último, para cumplir con la definición latinoamericana de ser radios sometidas a las “3P”, la sostenibilidad de estos medios nunca está suficientemente garantizada.

Aunque no en todos los países la situación sea similar, lo cierto es que los resultados de estas emisoras son escasos. Las líneas de programación no consiguen tener incidencia social y los grupos que las lideran se empeñan en trabajar un discurso elitista que les impide crecer popularmente. Máxime cuando la sociedad europea es hoy más individualista que nunca y su capacidad de movilización se reduce a situaciones políticas puntuales. Los escaparates del mercado que genera la sociedad de consumo son los únicos capaces de movilizar cada día a las masas con garantía de éxito. Las emisoras ciudadanas europeas consiguen sólo tener presencia cuando trabajan con colectivos de inmigrantes y éstos se implican en su programación. La invisibilidad de la población de inmigrantes en la mayoría de medios favorece esta apropiación de los medios no lucrativos.

En realidad las radios del Tercer Sector en Europa tratan de desempeñar un importante papel de reideologización social, reivindicando mayores niveles de participación y de justicia social en un marco global. Discurso que llega a entrar en conflicto con las formas tradicionales de hacer política y las prácticas de vida de una mayoría social. En realidad nuestros medios alternativos no están en consonancia con la existencia de una sociedad civil organizada y estructurada que, sin embargo, no encuentra reflejo en el ámbito mediático. Un extraño divorcio con los medios del Tercer Sector difícil de entender y un desaprovechamiento de las oportunidades. Mientras, el conjunto de los medios de información hace un discurso que trata antes de dar sostenibilidad a sus empresas, que perspectivas útiles tendentes a armar pensamiento y a desarrollar nuevas estrategias de vida.

Los más de sesenta millones de pobres de la rica Unión Europea (antes de la última ampliación) parecen ser insuficientes para que cale el discurso sobre la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, de exigencia de modificación de los hábitos de producción y consumo, de las doctrinas del necesario decrecimiento económico de los países enriquecidos, fundamentado en el control del derroche, para permitir vivir con dignidad al resto del mundo.

Los medios del Primer y Segundo Sector parecen empeñados en defender un modelo de vida agotado que nos aleja cada vez más de los compromisos constitucionales, mientras los ciudadanos no encuentran el espacio necesario para que sus demandas sean oídas cada día. “El mercado decide por todos” en nuestro simplificado y terrible esquema de supervivencia en el que la espiral del consumo sólo contribuye a agrandar la brecha entre ricos y pobres, y al deterioro continuo del planeta.

La ausencia de tribunas de expresión para la sociedad civil constituye uno de los mayores déficits democráticos de nuestro sistema de gobierno, contribuye a la invisibilidad de problemas reales y condena al silencio a los movimientos ciudadanos.

Frente a esta situación, la radio de corte ciudadano europea e incluso los legisladores, deberían mirar el rol que desempeñan las radios comunitarias en América Latina, su labor social como motor de dinamización y participación y los avances producidos en algunos marcos regulatorios.

Antecedentes latinoamericanos: radios nacidas de los movimientos populares

El movimiento de reivindicación y uso de la radio como expresión y altavoz de la voluntad popular surgió en Latinoamérica antes que en Europa. La necesidad de organizarse frente a la injusticia y la reivindicación de los derechos de los trabajadores dieron lugar en Bolivia a las radios mineras. La necesidad de modificar y mejorar las condiciones de vida de los campesinos colombianos, a una extensa red de emisoras sociales y educativas a partir del modelo de Radio Sutatenza.

Radio Sutatenza surgió en 1948 por iniciativa de un sacerdote que pensó en la utilidad de este medio para mejorar las condiciones de vida de sus parroquianos antes que en los intereses derivados del proselitismo religioso. La buena acogida de la experiencia, testada en indicadores de mejora social, dio lugar al nacimiento de la red Acción Cultural Popular (ACPO). Fue, sin duda, la primera radio escuela de Latinoamérica. La Fundación ACPO dispuso una amplia red de emisoras en todo el país que buscaba la educación integral del campesino rural, que en la década de 1940 representaba el 70 por ciento de la población de Colombia y cuyos índices de analfabetismo eran considerables. ACPO trabajaba también con equipos móviles que trataban de dinamizar la vida de las comunidades facilitando transmisiones con la participación de los campesinos y contribuyendo a la formación de líderes.

El proceso de migración campesina a las ciudades en los años 60 y la aparición de cadenas comerciales monopolizadoras del espectro, junto a la ausencia de protección de la red por parte del gobierno contribuyeron a su desaparición en 1989. Sus equipos fueron comprados por la cadena comercial Radio Caracol (Reyes, 1999: 35).

En 1947 apareció en Bolivia Radio Sucre en el municipio Cancañiri. La programación de la emisora reflejaba su oposición a la oligarquía minera que concentraba gran parte del poder del país en no más de cuatro familias. La emisora fue destruida durante la guerra civil de 1949. Sin embargo, no fue ésta la única emisora pionera. También en 1947 inició su funcionamiento La Voz del Minero en la localidad de Siglo XX-Potosí. Fue el sindicato minero el inspirador de este fenómeno de apropiación llamado a contrarrestar la demonización de su trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores. «Las radios sindicales representan la respuesta a la lógica necesidad de contar con espacios propios, en los que el pensamiento y la palabra de la clase obrera pudieran manifestarse con el legítimo derecho a la libertad de expresión que en la práctica les negaban los medios de difusión liberales aliados a las instancias de poder minero-feudal» (Herrera, 2006: 43).

En los años 50 estas radios jugaron un papel trascendental en la revolución boliviana, la segunda gran revolución de la historia latinoamericana tras la vivida en México a principios del siglo pasado. En 1952 ya disponían de varias emisoras y en la década de 1960 su red disponía de una veintena. Las radios se sostenían directamente con cuotas que aportaban los mineros y que equivalían aproximadamente a medio jornal de un día de trabajo al mes.

La importancia de la minería y su sindicato como fuerza revolucionaria y de gran capacidad de movilización jugaron un papel trascendental en el éxito de la revolución de 1952 que se tradujo en el reconocimiento del sufragio universal, los derechos de los pueblos indígenas y la primera gran reforma agraria llevada a cabo en Bolivia.

Estas radios sindicales eran eminentemente participativas: «Daban a su audiencia acceso casi sin restricción a sus micrófonos, visitando las calles, los mercados (…) y el propio interior de las minas (…) Incluso sirvieron como locales para las asambleas comunales…» (Beltrán, 2001: 17). Los trabajadores que soportaban condiciones de miseria dejaron de ser receptores para convertirse en emisores, dejaron de oír hablar de ellos, para hablar ellos mismos y organizarse en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Las radios mineras establecieron los principios de la comunicación participativa mucho antes de que el término fuera acuñado (Gumucio, 2001: 55).

Una de las emisoras mineras que más protagonismo alcanzó fue Radio Pío XII. Fue fundada en 1959 en el departamento de Potosí por los sacerdotes oblatos canadienses para oponerse al discurso del sindicato minero, combatir a los movimientos de izquierda de orientación comunista y a la expansión del ateísmo (Herrera: 2006, 43). La emisora no sobrevivió a sus objetivos y en pocos años su discurso fue cambiando ante la evidente realidad de explotación e injusticia social. La gestión de la emisora fue cedida a los mineros que terminaron por incorporarla a su red de emisoras.

Sin la relevancia del pasado debido al decaimiento de la industria de la minería, la debilitación del sindicato y la represión de que fueron objeto durante el periodo de las dictaduras (1964-1982) en que llegaron a ser declaradas objetivo militar, destruidas, incautados sus equipos y perseguidos sus periodistas, la radio minera sigue hoy subsistiendo y cumpliendo su papel social a través de cinco emisoras.

La fuerza de la radio del Tercer Sector

Estos dos modelos espontáneos y primigenios, junto a la propagación de las tesis educativas revolucionarias de Paulo Freire formuladas en la “comunicología de la liberación” y recogidas por Beltrán y Bordenave principalmente, han venido marcando el devenir de los modelos de radios sin ánimo de lucro y entroncadas con la vocación de servicio público en sus múltiples denominaciones: comunitarias, populares, educativas, asociativas, “truchas”, libres… Las radios ciudadanas de América Latina constituyen un referente internacional que marca estrategias en el mundo a la hora de establecer prácticas de cambio social favorecedoras de apuestas participativas y orientadas a mejorar las condiciones de vida. Medios que han propiciado la constitución de un poder ciudadano con capacidad para definir nuevos esquemas de vida y en muchos casos la organización económica de sus modos de supervivencia.

Las radios alternativas en América Latina o alterativas, en la denominación de Rafael Roncagliolo, han sido insurgentes y defensoras de los movimientos populares ante la represión económica y política en que han vivido y viven muchas de sus poblaciones y pueblos originarios. Ésta es una notable diferencia con los modelos europeos donde la necesidad de producir cambios sociales está más relacionado con la reivindicación de renovar estructuras sociales que con la supervivencia diaria. La radio ciudadana europea se orienta ante todo a la sensibilización. En América Latina este discurso está presente, pero fundamentalmente construyen modos de vida, articulan cooperativas, trabajos colectivos, redes de solidaridad y defienden intereses comunitarios.

La evolución sufrida por la radio comunitaria o ciudadana en América Latina viene marcada desde su nacimiento por dos factores principales: primero, por su articulación en redes regionales y, segundo, por haberse convertido en actores comunitarios que buscan el cambio mediante acciones integrales. El mensaje tiene una función de catalizador social facilitando la organización para mejorar las condiciones de vida del entorno en que nacen.

Modelos como Radio Izcanal, en El Salvador, Radio Quimilí y La Tribu, en Argentina, Radio Atipiri y Pachamama, en Bolivia, Radio Luna, en Ecuador, Santa Rosa FM, en Colombia, Radio Favela, en Brasil, Radio Teocelo, en México, o FM El Puente, en Montevideo, son botones de muestra de los cientos de emisoras empeñadas en trabajar por la transformación social. Emisoras que lejos de trabajar de manera individual se integran en redes nacionales y regionales en la búsqueda de un mayor impacto y acciones coordinadas: Educación Radiofónica Boliviana (ERBOL), Red de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), Red del Movimiento Campesino Santiago del Estero (MOCASE), Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica (FGER), la Red del Río Magdalena en Colombia… Y por encima de ellas la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Asociación Latinoamericana de educación radiofónica (ALER) como redes que aglutinan al conjunto de emisoras en Latinoamérica y Caribe, facilitando el trabajo colectivo a través de conexiones satelitales.

De manera indiscutible, la comunicación se convierte en estos entornos participativos en un valor de progreso y de construcción de tejido social.

Marcos legislativos favorables

Pocos países han legislado a favor de la radio comunitaria, pero en tres de ellos sus marcos regulatorios constituyen un avance relevante que no encuentra referentes en otros continentes. En ellos ha sido la voluntad popular la que ha conseguido imponer unos principios de democratización básica del espacio radioeléctrico que les hace singulares. Son modelos a imitar y tener en cuenta para dejar de satanizar a quienes piensan que otro mundo puede ser posible, un mundo más justo donde impere, como manifiestan los bolivianos, la necesidad de vivir bien sobre la necesidad de vivir mejor.

El caso más llamativo es el de Ecuador, donde en 2002 se aprobó, gracias a la presión de la Coordinadora de Radios Populares (CORAPE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la legislación en materia comunitaria más avanzada que se conoce. La ley establece que los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones y oportunidades de las estaciones comunitarias de radiodifusión son los mismos que los de las estaciones comerciales (Chaparro: 2002, 96). Es decir, las emisoras de radio y televisión comunitaria pueden competir en potencia y obtención de recursos publicitarios con los medios comerciales. La única diferencia se establece sobre la posible obtención de beneficios económicos, que en el caso de los medios comunitarios estos deben ser reinvertidos en la mejora del medio.

La ley ecuatoriana no sólo permite la competitividad con los medios comerciales, sino que facilita la profesionalización de los periodistas de los medios, al no poner límites a la cobertura de las emisoras y la emisión de publicidad. El exceso de trabajo voluntario genera un cansancio en los medios comunitarios que les lleva en muchos casos a desaparecer o a funcionar en rutinas que no les permiten alcanzar sus objetivos. Los medios comunitarios de Ecuador son cooperativas sociales donde los periodistas pueden aplicar principios de horizontalidad en la toma de decisiones diaria.

En Colombia los medios (radio y televisión) comunitarios fueron legalizados en 1994. El decreto que los regula obliga a la concesión de una radio por municipio destinada a colectivos sociales y otra a las alcaldías, regulándose de esta forma, también, la radio municipal. Las emisoras no pueden hacer proselitismo religioso, político o de cualquier otra índole. Se les permite la emisión de quince minutos de publicidad por cada hora. La propiedad de estos medios debe estar en manos de una comunidad organizada y con personalidad jurídica. La mayor restricción la supone el hecho de que no pueden emitir con más de 250 vatios, sobretodo en los municipios de mucha población donde la radio comercial tiene una fuerte presencia.

El decreto colombiano no había sido desarrollado en toda su extensión hasta este año, cuando definitivamente el movimiento de radio comunitario ha conseguido que la norma se aplique también en los 25 municipios de mayor población del país donde el gobierno no había asignado frecuencias todavía. El tejido social colombiano, muy deteriorado por los años de guerra, las mafias de la droga y la marginalidad social, ve aquí una oportunidad para fortalecerse. La radio comercial ha demostrado su incapacidad para trabajar en este frente y presentarse como auténtica garante de un servicio público.

El último caso ejemplar que podemos citar es el de Venezuela, que en 2002 aprobó el Decreto de Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público sin fines de lucro. La cobertura de los medios comunitarios se ciñe a los límites de la localidad a los que se presta el servicio a través de una “fundación comunitaria”, responsable de garantizar la comunicación libre y plural. Tanto los solicitantes como los responsables de las fundaciones no pueden ser funcionarios públicos, militares, dirigentes políticos, sindicales o de cámaras empresariales, ni tampoco familiares de directivos de medios comerciales. El régimen de financiación se establece a través de la publicidad. Y si bien las condiciones impuestas pueden llegar a ser exigentes –radios y televisiones comunitarias no pueden emitir más de cinco minutos de publicidad por hora y cada anuncio no puede durar más de cinco segundos ni repetirse más de cuatro veces por hora (Chaparro, 2002)–, éstas guardan relación con la necesidad de garantizar un servicio público no servil al interés comercial.

La voluntad popular se impone a la ausencia de regulación

Cada uno de estos países ha buscado acomodo a los medios comunitarios desde su singularidad, tratando de respetar viejos acuerdos regionales como el Pacto de San José de Costa Rica (1976), que establecía el compromiso de democratizar el espacio radioeléctrico y permitir el acceso a la creación y gestión de medios a los movimientos ciudadanos. Hecho que inevitablemente produjo la protesta de la organización regional de la radio comercial que trabajó de manera chantajista para evitar el desarrollo de estos medios. La voluntad del movimiento ciudadano, su constancia y desobediencia ante el abuso del poder están dando sus frutos. Al menos estos tres países constituyen un referente de suma importancia que viene a demostrar que el ejercicio de las responsabilidades ciudadanas lejos de ser una traba para la mejora de un país es una contribución a la estabilidad democrática.

Aunque en el resto de los países latinoamericanos la situación sea de regulaciones con limitaciones extremas (como en Brasil o Chile que impiden la emisión con potencias superiores a un vatio), cuando no de absoluto vacío legal, hay que destacar que la voluntad popular ha logrado mantener activas estas iniciativas que gozan de un gran respaldo, ya que constituyen los auténticos altavoces de los problemas sociales y un medio eficaz para organizar la búsqueda de soluciones, que en muchos casos tienen que ver con la construcción de infraestructuras comunitarias, creación de cooperativas de viviendas, de pequeñas industrias o granjas para generar condiciones dignas de vida.

Necesidad de nuevas políticas públicas de comunicación

Cabría pensar que en la Unión Europea no existen las mismas necesidades que las descritas en América Latina, pero este hecho no deja de ser una falacia cuando observamos los graves problemas a los que nos enfrentamos y la ceguera y ausencia de responsabilidad con la que actúan la mayoría de los medios y nuestros gobernantes. Europa es también causante en su dilapidación de recursos propios y fundamentalmente de los extraídos de los países que empobrecemos, de las catástrofes humanitarias, del deterioro ambiental y de una crisis de valores sin precedentes. Culpable de esconder sus miserias y favorecer la desigualdad social en su propio espacio, no redistribuyendo adecuadamente sus riquezas.

El control del espacio radioeléctrico por parte de los medios públicos y comerciales de manera abusiva es otra prueba de falta de voluntad por construir una sociedad vertebrada donde el ciudadano desempeñe el papel protagonista que le corresponde. Hace ya más de setenta años que los movimientos populares demostraron que las herramientas que facilita la comunicación horizontal promueven el compromiso social y mejoran las condiciones de vida. Hace más de cuarenta años que las tesis difusionistas basadas en prácticas paternalistas demostraron su fracaso.

Si no aprendemos a trabajar, demandar y legislar en favor de otro modelo de comunicación, no podremos garantizar los cambios necesarios que se deben producir para solucionar los urgentes y grandes retos de futuro que nuestras democracias deben afrontar a corto plazo. Los medios deben ser divulgadores de las vanguardias del pensamiento y al mismo tiempo herramientas que permitan construir el diálogo necesario para facilitar el entendimiento, la igualdad de derechos en la práctica y un mundo más equitativo y en connivencia con el planeta que habitamos.

Bibliografía

BELTRÁN SALMÓN, L. R.: Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo, ERBOL, La Paz, 2001.

CHAPARRO ESCUDERO, M.: Sorprendiendo al futuro. Comunicación para el desarrollo e información audiovisual, La Frontera, Barcelona, 2002.

GUMUCIO DRAGÓN, A.: Haciendo Olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social, Fundación Rockefeller, La Paz, 2001.

HERRERA MILLER, K.: ¿Del grito pionero al silencio? Las radios sindicales mineras en la Bolivia de hoy, Friedrich Ebert Stiftung / Instituto Latinoamericano de Investigaciones sociales, La Paz, 2006.

REYES, J.: Historia Legislación y ética de la radio en Bolivia, ERBOL, La Paz, 1999.