El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) de Chile viene publicando, desde hace algunos años, informes bienales sobre temas centrales para la comprensión del devenir de los últimos lustros en Chile. En el 2002 publicó un informe que daba cuenta de las paradojas de un modelo “exitoso” en lo macroeconómico, pero que desde la subjetividad de los individuos implicaba incertidumbre, desconfianza e inseguridad.

En 2004, el tema central fue la identidad(es) nacional. El crecimiento del PIB a tasas del 7 por ciento anual (promedio) en la década de 1990 generó cambios culturales relevantes que se expresó en un feble “nosotros” como sentido de comunidad. Se consignó el lugar central de los medios de comunicación y especialmente de la televisión, como espacio simbólico de entretenimiento y de relato del contexto de los sujetos.

En 2006 el PNUD publicó Las nuevas tecnologías: ¿un salto al futuro? En el contexto latinoamericano, Chile asoma como un país destacado en la incorporación de las distintas tecnologías digitales en la vida cotidiana de los sujetos, como resultado de una estrategia de desarrollo que incluía esta dimensión. A nivel de hipótesis podemos sugerir que, a partir de la recuperación de la democracia en 1990, se integran sistémicamente tres sectores claves. Por una parte, un sistema económico de corte neoliberal introducido durante la dictadura de Pinochet, corregido con políticas públicas socialmente inclusivas. Por otra, un itinerario de transición democrática para una plena vigencia de instituciones políticas plenamente democráticas que permitiera soltar las amarras de disposiciones autoritarias heredadas del régimen militar. Y, un tercer factor fue la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que permitieran la fluidez en la transmisión de información en una economía abierta que, dado el bajo tamaño del mercado local, basa su crecimiento en las exportaciones.

Manuel Castells (Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, FCE, Santiago de Chile, 2005), en el contexto de su propia arquitectura conceptual, denomina el caso chileno como modelo “democrático liberal incluyente”. El proceso se inicia en los años 80 con lo que en ese momento se rotulaba como “automatización de procesos”, especialmente en el sector financiero y algunas actividades productivas de exportación. Posteriormente, en los años 90 los avances de las TIC comienzan a colonizar los espacios centrales para la formación de sujetos: la escuela y el hogar. Esta tendencia se agudiza en este siglo con la importación de equipos con aranceles bajos o nulos, producto de los tratados de libre comercio con EEUU, la Unión Europea y algunos países asiáticos. Las líneas centrales de la “idea-país” se han mantenido más o menos estables dado que una misma alianza política de centro-izquierda ha gobernado el país desde 1990 hasta ahora. En este marco se destacan las políticas públicas (especialmente gobierno electrónico) proclamadas en un discurso inicial de gobierno y reflejadas en aquellas acciones provistas en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).

Tecnologías digitales

Es en este contexto se inscribe el Informe sobre tecnologías digitales, cuyo objetivo central es observar el impacto de éstas en la vida cotidiana de los chilenos. En este propósito parece relevante destacar dos ámbitos centrales, por una parte, lo que le compete a las TIC en el espacio escolar y la relación de éstas con los ciudadanos.

La introducción de las TIC en el sistema educativo mediante programas nacionales es una constante en Iberoamérica. En el caso de Chile a principio de los años 1990 se creó el Programa Enlaces, desde el Ministerio de Educación, con las finalidades, por una parte, de facilitar el acceso a las tecnologías digitales de sectores socioeconómicos bajos y, por otra, de introducir estos dispositivos en los métodos de enseñanza-aprendizaje, de modo que se mejore la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas pedagógicas tendiendo hacia un corte constructivista. No obstante, algunos sugieren que indirectamente también se está creando un mercado para las empresas globales y locales ligadas a las TIC.

La evidencia presentada en el informe indica que el impacto deseado no se logra si no se acompaña la introducción de los dispositivos digitales con otro tipo de acciones que involucren a todos los actores educativos, especialmente los docentes. Además, se requieren cambios en la gestión, metodologías activo-participativas y de otros factores que den cuenta de un amplio cambio en el sistema. Las TIC sólo son una parte coadyuvante en el proceso de transformación. Sin embargo, éste no es el discurso dominante respecto al uso educativo de las TIC, ya que en general se las presenta como factores centrales del cambio no sólo en la escuela, sino también en la familia. La publicidad dirigida a padres y madres habla de la “necesidad básica” de contar con un ordenador en casa para mejorar el rendimiento educativo de los hijos.

Por otra parte, es necesario también considerar que las TIC conllevan una rapidísima obsolescencia tecnológica; por tanto, muchas veces la escuela no cuenta ni con los equipos, ni con la conectividad y versiones de software que requieren especialmente los estudiantes, por tanto, estos tienden –sobre todo en los sectores medio-bajo y bajo– a acudir al cibercafé del barrio para conectarse y efectuar ciertos usos que requieren actualizaciones frecuentes. Es así como, la escuela, la casa y el cybercafé son los espacios en que se conectan y usan las TIC. En este contexto la escuela no es el lugar privilegiado por las limitaciones de acceso, “dirigismo” docente y, muchas veces, porque el uso educativo de las TIC es una mera extensión de prácticas educativas verticales que desaprovechan el carácter interactivo, la gramática multimedial de las TIC y la información disponible en la red Internet.

Estado y ciudadanía

Un segundo aspecto central de Informe sobre tecnologías digitales da cuenta de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Se supone que las TIC pueden llegar a constituir herramientas de comunicación que faciliten y dinamicen la democracia, al mejorar la fluidez de los vínculos entre los sujetos y los organismos democráticos que los representan. Este es un tema especialmente sensible en Chile por la reciente transición democrática que ha vivido el país en los últimos diecisiete años, considerando que el modelo económico ha construido y fortalecido la formación de sujetos en su dimensión de consumidores.

Autores como Delamaza (Tan lejos tan cerca. Políticas públicas y sociedad civil en Chile, Lom, Santiago de Chile, 2005) han planteado que Chile tiene una sociedad civil especialmente débil y que el Estado poco ha hecho para potenciar esta dimensión de los sujetos. Incluso plantea que el modelo en sí implica un débil Tercer Sector y un fuerte mercado. El Estado «no ha permitido la ampliación de la esfera pública y la construcción de las instituciones públicas democráticas, deliberativas e inclusivas que actualmente se requieren» (2005: 193).

El informe del PNUD analiza el fenómeno en múltiples dimensiones, examinando los niveles de digitalización de las organizaciones de base (producción de páginas y uso de Internet para poblar el espacio político a través de la Red) que reflejen los puntos de vista de las organizaciones de los ciudadanos, como una manera de disputar el poder al Estado y al Mercado. En este sentido se trataría de potenciar el poder simbólico de las organizaciones de participación del ciudadano.

Las conclusiones generales de Informe… apuntan a que la sociedad civil no ha incorporado las herramientas propias de las TIC para profundizar los procesos democráticos, o mejor dicho de re-democratización, generando pocos espacios de participación que contribuyan al empoderamiento comunicacional de los sujetos. En general, el uso más frecuente está asociado al ciberactivismo de cierto grupo de organizaciones vinculadas al medioambiente. En todo caso, volvemos a plantear que las TIC por sí mismas podrían dinamizar ciertos procesos, siempre y cuando –como en este caso– el Estado profundice una política que potencie la acción ciudadana.