La producción audiovisual independiente no pasa por su mejor momento, pese a que algunas de las series televisivas de mayor éxito pertenecen a la cantera de la llamada producción ajena. Desde diferentes instancias se pide una reconversión de un sector muy unido a las ayudas al cine.
Las productoras independientes se han convertido, después del inicio de la televisión privada en España (comienzo de los años 90), en un elemento importante en la cadena de valor del sector audiovisual. Y no sólo en España, sino también en toda Europa. La Directiva de Televisión sin Fronteras dio un gran respaldo a la actividad del sector al determinar que un mínimo de un 10 por ciento de las emisiones debía ser de obras de productoras independientes creadas en los últimos cinco años. Además, las obras europeas deben superar el 51 por ciento de la producción. Por otra parte las cadenas tienen la obligación de invertir el 5 por ciento de sus ingresos en producción audiovisual europea (cine y series), aunque no necesariamente debe ser toda independiente.
Estas medidas legales junto a los programas Media de la Unión Europea de asistencia a la producción han hecho que la producción independiente crezca en número de espacios, en tiempo real de emisión y en porcentaje del coste total de las emisiones de televisión en la mayor parte de los países europeos.
En España, la discusión en los ámbitos político, empresarial y profesional que ha abierto el anuncio de nuevas medidas legales para el sector audiovisual puede ser adecuada para plantearse la necesidad o no de acometer lo que algunos han llamado una etapa de refundación.
Las radiografías hechas por consultoras y asociaciones del sector (Geca, 2005; FAPAE, 2004) señalan que la producción ajena disminuyó un 2,8 por ciento (15.707 horas) debido a la política de las cadenas de fomentar la producción propia. La distribución por géneros de la producción independiente muestra un crecimiento de los programas de telerrealidad que coincide con una significativa caída del número de series de ficción.
El grueso de la producción audiovisual española independiente lo integran unas 140 productoras que realizan en conjunto una media de 250 programas al año. En el ranking de actividad y contratación Globomedia, con 15 programas, ocupa la primera posición. Le siguen Gestmusic Endemol con 10 y Baleuko con siete. Zeppelin Televisión se sitúa en quinta posición con seis programas pero con menos número de horas emitidas (319 horas con 23 minutos).
Estos y otros datos hay que interpretarlos en medio de una política de concentración, de fusiones y pactos. El movimiento más reciente se refiere a la preparación para la fusión de Globomedia y Mediapro. Previamente se produjo la salida de Globomedia del Grupo Vocento (tenía un 24 por ciento). También hubo movimientos en la otra productora dominante, Gestmusic Endemol, tras su fusión con Zeppelin.
Este sector, con una importancia cada vez mayor en el conjunto de la industria audiovisual presenta, no obstante, algunas deficiencias. Por un lado, registra un número muy elevado de empresas que producen poco o muy poco cada año; por otro lado, los términos contractuales que enmarcan las producciones no están muy bien especificados y pueden acarrear un grado importante de inestabilidad. A todo esto habría que añadir la mezcla en un mismo saco de las condiciones legales de producción que se refieren a las productoras de cine, a las de televisión, a las productoras propias, a las productoras independientes y a las coproducciones.
Si nos atenemos a algunas previsiones derivadas del nuevo paquete legislativo diseñado por el Gobierno español, el futuro tampoco parece ser del todo atractivo, aunque se puede tomar como un reto. Por ejemplo, según se contempla en el borrador del proyecto de ley de Servicio Público de Radio y Televisión de Titularidad Estatal, Televisión Española (TVE) no podrá encomendar en ningún caso la producción de sus programas informativos a productoras privadas. No es que las productoras independientes se distingan precisamente por realizar informativos para las cadenas y mucho menos para las públicas, pero de momento ese terreno podría quedarles vedado.
El comienzo de esta nueva etapa del audiovisual llega marcada por cambios en la televisión pública y por unos muy buenos resultados económicos de la televisión privada. Además, se ha alcanzado la cifra más alta en los últimos diez años de consumo televisivo: 226 minutos diarios.
En este contexto la producción independiente se mueve en una situación dual, algo esquizofrénica. No en vano, las cadenas tratan, por una parte, de explotar al máximo la producción propia y, por otra, no dudan en contratar el contenido de la franja del prime time a las productoras independientes. Son conscientes de que en esa banda se juegan los ingresos más sustanciosos por publicidad.
Al margen de su dimensión, las productoras independientes se enfrentan a otros problemas más o menos permanentes como la gestión de derechos. Los representantes de las cadenas quieren intervenir en todo el proceso de contratación y realización de la obra. Argumentan que si el operador aporta los medios técnicos y el dinero para producir la obra, a él le corresponden todos los derechos. Pero este planteamiento no reconoce suficientemente el valor del principal aporte de las independientes: su capacidad creativa.
Aunque las productoras independientes aparentemente puedan perder terreno entre las cadenas generalistas, no por ello se quedan paradas. Por el contrario, se lanzan a otras formas de producción basadas en nuevos medios y en alianzas, por ejemplo, con el sector de las telecomunicaciones. Tal es el caso de Globomedia, que firmó con el Grupo Auna un acuerdo de colaboración para producir una serie de ficción que será emitida a través del servicio de vídeo de la operadora de telefonía móvil Amena y por medio de la conexión de banda ancha que ofrece Auna. Este proyecto se enmarca dentro de un nuevo pacto de contenidos multimedia que desarrollarán ambas compañías. Como primera iniciativa de este acuerdo, Globomedia producirá una serie de ficción para teléfonos móviles cuyos capítulos estarán acompañados de servicios interactivos (votaciones, sorteos, descargas de tomas falsas, finales alternativos de capítulos o juegos).
Esta situación y otros proyectos han llevado a Pedro Pérez, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), a definir el actual momento como «refundacional (…) porque en él deben quedar claras las reglas de juego entre todos los agentes del audiovisual». Precisamente la FAPAE remitió al Gobierno una serie de medidas «para que el audiovisual sea un negocio cierto y exportador y el productor independiente pueda entrar en un mercado en condiciones que permitan la competencia».
Entienden los productores que el nuevo panorama audiovisual (evolución del mercado, nuevas licencias, TDT, Ley Audiovisual, etc.) convierte el momento actual en el adecuado para establecer las líneas que pueden marcar el futuro y dentro de éste, las estrategias para que la industria de la producción audiovisual (cine y televisión) española tenga posibilidad de ocupar el lugar que le corresponde, tanto nacional como internacionalmente. Por esta razón se puede hablar de «medidas de choque que complementarían el marco jurídico actual y contribuirían a hacer desaparecer las incertidumbres en el sector audiovisual».
En primer lugar se constata la necesidad de que en la legislación se apruebe una definición de obra y de productor independiente que permita una clarificación de los agentes que concurren en el mercado y favorezca una actividad en condiciones de competencia. Es fundamental, en este sentido, que las grandes multinacionales (majors) que en su propio país no pueden actuar en determinados campos, tengan también en España límites a su actuación como productoras y, en concreto, se solicita que no tengan acceso a los fondos públicos para la producción.
Los miembros de la FAPAE consideran también básico que las productoras vinculadas, de forma directa o indirecta, a operadores de televisión y a grupos de comunicación, tengan restringido su acceso a los fondos públicos a la producción, y que éstos sólo se apliquen a la parte de la obra financiada por un productor independiente. En ningún caso se pretende que dichas productoras dejen de ejercer un papel dinamizador de la producción audiovisual, «pero ha llegado el momento de diferenciar las productoras independientes, las productoras vinculadas y las emisoras de televisión», dicen los productores independientes.
Inversión del 5 por ciento en el cine
Respecto a la inversión de un 5 por ciento de los ingresos de los operadores de televisión en cine se especifica la necesidad del cumplimiento del Real Decreto 1652/2004 de 9 de julio que obliga a ello. También se pide un compromiso firme del Ministerio de Industria para hacer cumplir la Ley y poner las medidas necesarias, tanto de cumplimiento, como de graves consecuencias en el caso de incumplimiento.
Para completar las medidas, los productores ponen de manifiesto la necesidad de reformar el actual régimen sancionador convirtiendo en falta grave los incumplimientos reiterados de los operadores; de establecer claramente cuáles son los ingresos que contabilizan para el cómputo del 5 por ciento; de incrementar el 5 por ciento actual con un 2 por ciento adicional que abarque series de animación y documentales. Estiman así que por parte de las televisiones públicas se hace totalmente necesario un tratamiento especial respecto a su inversión que supere los límites mínimos de cuotas de inversión (del 5 al 7 por ciento) y emisión (del 10 al 15 por ciento del total de la parrilla para producciones independientes), precisamente los porcentajes recomendados por el Informe para la reforma de RTVE.
Además de medidas de ayuda a la promoción de obras audiovisuales y de cine, se propone la creación de una agencia o consorcio estatal que pueda asumir las competencias relativas del sector y sobre todo la creación del Consejo Audiovisual Estatal, organismo regulador de la actividad de los operadores de televisión, con carácter independiente y capacidad sancionadora.
En el sector audiovisual habitualmente no se venden los productos físicos terminados, sino los derechos, es decir se trata de intangibles, lo que hace especialmente indispensable, en opinión de la FAPAE, la creación de un registro público de carácter obligatorio y de consulta pública, donde se recojan todas las operaciones de compra-venta de derechos de obras audiovisuales así como su nacionalidad. También se debería ampliar el actual registro de productoras cinematográficas a las productoras de series de ficción, tv movies, animación, etc.
En consonancia con todo lo anterior, es necesaria una política clara y decidida que contemple los cambios tecnológicos que se están produciendo en la llamada segunda revolución digital. El Ministerio de Industria debe asumir un papel de claro promotor. Para ello deberán crearse grupos de trabajo o comités intersectoriales para anticipar problemas teniendo en cuenta el rápido desarrollo y la implantación de nuevos sistemas.
En la sociedad digital hay que prestar especial atención a los derechos de las obras audiovisuales en Internet. Se deberán concretar las «medidas/acciones urgentes» planteadas dentro del Plan Integral Antipiratería así como el apoyo a las campañas de sensibilización que el sector está llevando a cabo.
¿Qué piensan de todo esto los operadores, las cadenas de televisión? Agrupadas en UTECA, las principales cadenas privadas de televisión siguen considerando inadecuada la obligación de destinar un 5 por ciento de sus ingresos para promocionar el cine. De ello dejaron constancia en su día al anunciar que recurrirían esta norma y así se lo han manifestado también en un reciente documento. Por lo demás siguen expresando su derecho a constituir sus propias productoras.
La Comisión Europea entiende que el sector audiovisual tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo cultural. Por ello asume que el pluralismo se verá favorecido en la medida en que la producción sea originada por un mayor número de productoras independientes.
Tradicionalmente han sido los organismos de radiodifusión en Europa los que a lo largo de la historia han asumido el papel de productores. Y en gran medida siguen haciéndolo. Por otra parte, en la mayoría de los mercados europeos se ha producido un proceso de concentración de las productoras: hoy un número escaso de éstas suministra la mayor parte de contenidos a los canales de televisión públicos y privados.
La importancia de los productores independientes se puede valorar especialmente a través del estudio de la programación del prime time. Cada país resuelve el compromiso por la producción europea independiente de forma diferente. Estudiar estas diferencias podría arrojar algunas luces para elaborar propuestas adecuadas al mercado que contribuyan a la diversidad y, en definitiva, al pluralismo. También convendría tener en cuenta las posibilidades concretas y el uso que se hace de los programas europeos en especial el Media Plus sobre ayudas a la producción, distribución y formación en el ámbito de la industria audiovisual.
José Fernández Beaumont
Artículo extraído del nº 65 de la revista en papel Telos