El Consejo de Ministros del 24 de junio aprobó tres anteproyectos de ley –Servicio Público de Radio y Televisión de titularidad Estatal, General Audiovisual y Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales–, así como dos anteproyectos de Reales Decretos que modifican los planes técnicos nacionales de la Televisión Digital Terrestre y de la Televisión Privada.

Coincidiendo con este último anuncio, el Gobierno hizo saber también que concederá al sector privado por concurso público un nuevo canal de televisión, en tecnología analógica, para cubrir el 70 por ciento de la población y transmitió a los empresarios del audiovisual que tenía la intención de permitir la emisión de Canal + en abierto, cadena que operará en su nueva etapa con el nombre comercial de Cuatro.

El pasado 2 de junio el Congreso de los Diputados había marcado un hito en la legislación sobre el audiovisual al aprobar la Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. A pesar de ser una de las leyes más cortas (seis artículos) resultó también una de las más polémicas y controvertidas. Las discusiones dividieron no sólo a los políticos, sino también al sector empresarial de la industria de la comunicación y a los profesionales de los medios. Y todo porque eliminaba el límite de existencia de tres canales analógicos contemplado en la Ley de Televisión Privada (1988) y porque concretaba un determinado porcentaje en la tenencia de emisoras de radio (ninguna persona física o jurídica podrá controlar a partir de ahora más del 50 por ciento de las emisoras que coinciden en su ámbito de cobertura). La norma permitía al mismo tiempo aquilatar el número de televisiones locales –municipales y privadas– y establecía el “apagón analógico” para 2010.

Controversias

La Ley gustó a algunos y disgustó a otros. Óscar López, diputado y portavoz del Grupo Socialista para temas audiovisuales, entiende que la medida aumentará el pluralismo y en definitiva «va a hacer felices a los ciudadanos porque disfrutarán de más televisiones y de más calidad». López considera «lógico y legítimo» que algunos operadores privados no quieran más canales, en clara alusión a la oposición manifestada por los dirigentes de Telecinco y Antena 3, cadenas que nuevamente han anunciado que presentarán recursos contra la apertura de Canal +.

La postura de algunos de estos directivos ha sido cambiante. Tal es el caso de Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco, la cadena de Berlusconi, quien en un principio se manifestó contra la apertura de más canales y recientemente ha dicho que ésta será beneficiosa para las emisoras ya existentes. Los directivos de otras cadenas han preferido guardar silencio tras aprobarse la Ley y tampoco se han pronunciado sobre los proyectos posteriores anunciados por el Gobierno.

Sin embargo, el poderoso y estratégico sector de la industria publicitaria ha dado una buena acogida a la Ley y a la ampliación de canales. Juan Ramón Plana, director general de la Asociación Española de Anunciantes, estima que era necesario ampliar el espectro de canales para aumentar la competencia y para ayudar a solucionar el problema de la saturación publicitaria.

La oposición más contundente a la Ley, como es lógico, llegó desde las filas del PP. La portavoz de este grupo, Macarena Montesinos, ha expresado que el título de la Ley no se corresponde con el contenido, ya que ni su “vertiginosa” urgencia estaba justificada ni aparecen en ella medidas sobre el pluralismo. La diputada ha calificado la Ley de «parche con el que se han traicionado los compromisos programáticos para favorecer los intereses de algunos amigos poderosos».

En una cosa, sin embargo, se han mostrado inicialmente de acuerdo el PSOE y el PP: en la conveniencia de llegar a un más amplio consenso en la tramitación parlamentaria de la Ley General del Audiovisual. Este deseo ha sido expuesto por José Montilla, ministro de Industria, Turismo y Comercio, por Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, y por la diputada Montesinos.

Radio y televisión de titularidad estatal

A los pasos dados con la aprobación de la ley de la TDT han de añadirse los nuevos proyectos que serán enviados en breve al Parlamento. El anteproyecto de ley de servicio público de radio y televisión de titularidad estatal, que sustituye al Estatuto de RTVE (1980), aplica, según fuentes oficiales, los principios aportados por el “Comité de sabios” para la reforma de Radiotelevisión Española (RTVE). Según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se han trasladado las sugerencias del Comité a un borrador de ley que apuesta «por la misión de servicio público», por los «contenidos de calidad» y por una «gestión independiente» con «financiación mixta, estable y sostenible».

En este sentido, RTVE dejará de ser un Ente Público para convertirse en una Sociedad Anónima de capital cien por cien público. Esto significa que, pese a que la cadena mantendrá su doble sistema de financiación –a través de impuestos y mediante publicidad y venta de productos–, perderá el aval ilimitado del Gobierno y que, en la práctica, supone una garantía de solvencia frente a los acreedores y evita su quiebra financiera.

Otra de las novedades de este proyecto de ley es que el director general de RTVE no volverá a ser nombrado por el Gobierno, sino que será elegido por un Consejo de Administración integrado por diez miembros (cuatro elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado y otros dos, también por la Cámara Baja, a propuesta de los sindicatos). Todos los candidatos necesitarán el respaldo de una mayoría de dos tercios y su mandato durará seis años –periodo superior, por tanto, al de una legislatura–. Esta mecánica supone la adopción de la propuesta de los “sabios” con escasas modificaciones.

Ley General del Audiovisual

En palabras del ministro Montilla, con el proyecto de Ley General del Audiovisual se pretende reformar una decena de leyes que «han quedado obsoletas», se intenta poner fin «a la inseguridad jurídica del sector» y se procura adecuar la normativa a las exigencias de la Unión Europea y de las nuevas tecnologías. El Gobierno español ha incluido en este anteproyecto una de las peticiones formuladas por ERC sobre el fomento del pluralismo lingüístico. (El Ejecutivo se comprometió a abordar su solicitud en esta ley a cambio de que el partido catalán preste su apoyo para sacar adelante la ley de TDT). Así, esta norma obligará a los operadores de TDT cuya cobertura incluya una Comunidad Autónoma con lengua propia a emitir un 25 por ciento de su programación grabada –ficción, animación o documentales– doblada o subtitulada.

Por otra parte, este anteproyecto prevé liberalizar los servicios de radio y televisión (excepto los correspondientes a empresas públicas) y mantener el sistema actual de concesión de licencias a todos los operadores de televisión, a excepción de los que transmitan por cable o satélite. Además, limita el número de licencias de tal forma que un mismo operador, en el ámbito estatal, sólo podrá tener un canal analógico y un máximo de cuatro canales digitales (un múltiplex). En el ámbito autonómico podrá detentar el 50 por ciento de los canales privados disponibles y un único canal local. Todo ello, para fomentar el pluralismo y la transparencia. También establece que una misma empresa no podrá participar en más de dos licencias de televisión de ámbito estatal, autonómico o local en el caso de que coincidan en la misma zona de recepción de la emisión.

Aprovechando la reforma del sector, el Gobierno ha derogado la llamada «Ley de interés general», una norma aprobada por la Administración Aznar (PP) que fijaba un calendario de retransmisiones deportivas en abierto y gratuitas. A cambio, se establecen «garantías para que las emisiones de interés general sean difundidas en abierto, ya sean de carácter deportivo, cultural o social».

Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales

También se creará mediante otra ley el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, un órgano regulador que será independiente del Gobierno y cuyo nombramiento dependerá del Parlamento, encargado de controlar el sector. España era el único país de la Unión Europea que carecía de este órgano, como ha recordado la vicepresidenta del Gobierno. Hasta ahora, se han puesto en marcha algunos entes reguladores de carácter autonómico (Cataluña, Navarra) que podrán seguir actuando en sus respectivas Comunidades.

Este nuevo organismo estará capacitado para emitir informes –previos y preceptivos– sobre la convocatoria y resolución de los concursos para la adjudicación de licencias de radio y televisión, y para sancionar a los operadores que vulneren la legislación.

Al Consejo Audiovisual le corresponderá vigilar el cumplimiento de la Directiva Televisión sin Fronteras, que regula los topes de emisión publicitaria de las distintas cadenas, las autopromociones de programas, los porcentajes de emisión de producción española y comunitaria o las condiciones de retransmisión de determinados eventos transfronterizos. También actuará de árbitro en caso de producirse conflictos entre los operadores y la Administración, y controlará el cumplimiento de la Ley General Audiovisual.

Este nuevo organismo, que asumirá algunas de las competencias que hoy recaen en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como vigilar la contraprogramación, estará compuesto por siete miembros, elegidos por el Congreso de los Diputados mediante una mayoría cualificada –dos tercios de la Cámara Baja– y con un mandato de seis años, superior a una legislatura, para garantizar su independencia.

Planes Técnicos de Televisión Privada y de la TDT

A través de dos reales decretos se transformarán los actuales planes técnicos nacionales tanto de la televisión privada como de la TDT. El primero dará luz verde al nacimiento de un nuevo canal en analógico que se otorgará por concurso público y tendrá una cobertura que alcanzará sólo al 70 por ciento del territorio nacional. Esta cuarta cadena de televisión nacional convencional nacerá al amparo de la ya referida Ley de impulso de la Televisión Digital Terrestre.

En lo que se refiere a la TDT, con abril de 2010 como fecha límite para el “apagón analógico”, el Plan Técnico Nacional establece los tiempos en el que las televisiones nacionales, autonómicas y locales deberán emitir en la nueva tecnología. Según este Plan, Televisión Española (TVE) recibirá un múltiplex –cuatro canales– porque el Gobierno considera que la televisión pública es la que debe “tirar del carro” en la adopción de la nueva tecnología digital. Además, reserva un segundo múltiplex para la televisión pública que se otorgará cuando concluya la reforma de RTVE. En relación con los tres múltiplex (12 canales o programas) que quedaron libres tras el cierre de Quiero TV, cinco ya están asignados a Antena 3, Telecinco, Canal +, Veo TV y Net TV; mientras que los siete restantes serán asignados por concurso.

Cuando se produzca el “apagón” de 2010, las televisiones que hoy emiten en analógico dispondrán de un múltiplex –cuatro canales– para su explotación. Los actuales operadores de TDT Net TV (Vocento) y Veo TV (El Mundo y Recoletos) –ambas cadenas han solicitado también un canal en analógico– se quedarán con un canal cada una.

José Fernández Beaumont