El ambicioso, ya denominado, Plan Antipiratería del Gobierno está concebido como un instrumento integral para erradicar este fenómeno, y aborda el problema desde su perspectiva más amplia. Perseguirá a quienes ponen a disposición del público los productos, y a las bandas organizadas que están detrás de ellos, e investigarán sus conexiones con otro tipo de delitos. El Plan aborda el problema de forma horizontal y enumera un conjunto de medidas que afecta a once ministerios. Dada la gravedad del problema, se contempla una serie de medidas como urgentes, y otras que se desarrollarán a medio y largo plazo para sentar las bases definitivas para erradicar la piratería.

De entrada, se aborda la realización de un mapa sobre la piratería en España que permitirá elaborar planes territoriales de actuación policial. Para abordarlos, el Fiscal General del Estado está unificando criterios de tratamiento del delito, y contará con fiscales especializados que puedan agilizar los juicios rápidos. Por su parte, el Ministerio del Interior tendrá un grupo policial específico sobre delitos relacionados con la propiedad intelectual, que coordinará todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como los órganos de delincuencia organizada, extranjería e inmigración ilegal. Las policías autonómicas y locales también estarán implicadas.

La última acción urgente contemplada en el Plan es la creación de un grupo de trabajo en el que participan los ministerios de Industria y Cultura, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la industria de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para detectar y retirar contenidos ilícitos de Internet.

Este grupo de trabajo ya está en marcha. Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (www.sgae.es), explica que «nos estamos coordinando para que el prestador de servicios retire los contenidos no autorizados por Internet con una simple denuncia privada, tal y como sucede en otros países. La segunda medida acordada es la promoción de la investigación de sistemas anti-copia DRM más potentes, pues los actuales son ineficaces. Todos estamos de acuerdo en que no respetar los derechos de autor, y no realizar un comercio electrónico seguro y legal, puede devaluar la calidad de los contenidos y conducir a una Internet basura».

A medio y largo plazo se realizarán medidas de sensibilización y educación social, sobre todo dirigidas a la población más joven. También se pondrá en marcha una Comisión Intersectorial formada por representantes de todas las Administraciones Públicas con responsabilidad en esta materia, entidades que defienden los derechos de propiedad intelectual, la industria de las TIC y las asociaciones de consumidores. La Comisión se encargará de marcar las líneas directrices del plan y controlará su ejecución.

Aprobado con peros

El Plan ha sido muy bien recibido por todos los representantes del mundo audiovisual y de la industria del software, aunque con distintas posturas críticas. José Manuel Tourné, director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), entiende que «la absoluta emergencia en la que se encuentran los sectores que representamos (cinematográfico, videográfico y de videojuegos), junto a la industria de la música, obliga a una aceleración de determinadas medidas, como la creación de la Comisión interministerial, que dada su complejidad puede dilatar el proceso durante varios años. Nosotros pedimos la creación de la figura de un Comisionado con dotación y poderes, que escuche a las entidades privadas y acelere soluciones. A esta petición nos han ofrecido la creación de un Secretariado, figura de menores poderes».

José Manuel Tourné también solicita el apoyo público a las campañas contra la piratería desarrolladas por la industria privada, y pide «la sanción de la adquisición a sabiendas de ‘productos pirata’, tal y como ocurre en Italia, así como la realización de juicios rápidos a los ‘manteros’ y la expulsión inmediata del país de los que son ilegales, que lo son casi todos».

Para frenar la piratería por Internet, José Manuel Tourné quiere la «reforma legislativa de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, para adaptarla a la Directiva de la que emana, y hacer responsables a los prestadores de servicios por Internet si conocen los servicios ilegales ofrecidos a través de sus servidores y no los suspenden».

La piratería audiovisual que afecta a los sectores representados por la FAP supuso 70 millones de producciones ilegales frente a 40 millones distribuidos legalmente en 2004, lo que ha causado pérdidas superiores a 750 millones de euros en el sector audiovisual, y a 300 millones en el de los videojuegos, además de poner en peligro los 50.000 puestos de trabajo de estos sectores.

La piratería hace un daño mucho mayor al indicado, pues atañe a más sectores. Pedro Farré recuerda que la piratería provocó pérdidas superiores a los 200 millones de euros en el conjunto de la cadena del sector musical, durante 2003. «Desde entonces, la piratería realizada a través del ‘top manta’ ha disminuido, gracias a la actuación policial, pero se ha trasvasado al mundo de la piratería digital, que ha aumentado de forma alarmante», puntualiza Pedro Farré. En 2003 se descargaron 20 millones de ficheros cinematográficos en España y 180 millones de ficheros musicales, mientras que en 2004 la cifra de descargas musicales ascendió a 270 millones, según datos de CIMEC, recogidos por la SGAE.

El prestigio de Internet

Salvar el prestigio de Internet. Esta es la preocupación de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (www.internautas.org). «Dejando por sentado que estamos en contra de la piratería porque es una actividad delictiva, nos preocupa que, dado el enforque de la nueva legislación, las campañas y las denuncias de los afectados por la piratería, se trate de criminalizar a Internet. Con ello también se desprestigian y se penalizan conductas legales como la del intercambio de archivos, que es una actividad sin ánimo de lucro», asegura Domingo.

Los internautas también luchan por terminar con prácticas injustas como los cánones de los soportes vírgenes digitales, como los de CD y DVD. «Nos cobran por compensación de la bajada de productos de Internet y las copias de programas, cuando nosotros utilizamos estos soportes para grabar nuestros datos y realizar back-up de seguridad. ¿Por qué nos penalizan si los derechos de autor están cubiertos por ley, y los soportes digitales originales tienen sistemas anticopia? –explica Domingo– Los internautas queremos que se persiga la piratería, pero que con ello no se dañen nuestros derechos, tal y como está sucediendo. Y esto no ocurriría si se nos hubiera consultado a la hora de realizar la legislación. Denunciamos el que la Administración no ha consultado a ninguno de los agentes de Internet para realizar el Plan Antipiratería», termina Domingo.

Software empresarial

La piratería del software empresarial es especialmente dramática, porque la casi totalidad de empresarios y trabajadores autónomos ni siquiera sabe cuándo la realiza. Luis Frutos, presidente de la Business Software Alliance (BSA en España) (www.bsa.org), habla de la «proliferación de pequeñas empresas y autónomos que realizan de forma muy económica el mantenimiento informático de las pymes y de los profesionales, y que compiten en precio con los legales poniendo en los equipos software pirata. Muchos empresarios no saben que debe haber una licencia de software por ordenador, y que esto es imprescindible para que los programas realicen actualizaciones automáticas a través de Internet. El ‘software pirata’ provoca ineficacias en el trabajo, porque no se actualiza y tiene ineficiencias en las copias, y este es uno de los motivos de que las Pymes españolas sean menos competitivas que las de su entorno».

La solución para Frutos es «el que las Pymes pidan la licencia de cada uno de los programas de sus ordenadores, y que se debe puntualizar el número de puestos de trabajo en los que se puede instalar. Además, el canal que no vende ni regala con los equipos ‘software pirata’ debe denunciar a las tiendas que lo hacen, y que son casi la mitad de las que hay en España». Frutos quiere que las peculiaridades de la piratería del software empresarial sean recogidas en el Plan del Gobierno. «Sólo están contemplados Internet y el ‘top manta’, pero no la piratería que realiza casi la mitad de las 12.000 tiendas que hay en España». También denuncia que «no se ha establecido un presupuesto dentro de las acciones que desarrollan las diferentes comisiones».

La música legal vende menos

Los productores de música de España, representados en Promusicae (www.promusicae.org), han vivido la caída de un 12,6 por ciento de sus ventas en 2004, año en el que realizaron ventas por valor de 431,4 millones de euros, mientras que en 2003 vendieron 493,8 millones de euros. La piratería ha tenido una buena parte de culpa en este descenso. El presidente de la asociación, Antonio Guisasola, afirma que «la caída de ventas es algo paradójico en un entorno en el que la música está más presente que nunca. En Promusicae confiamos en que 2005 suponga un cambio de tendencia que venga de la mano de la reducción de la piratería y de la consolidación de nuevos mercados como son Internet y la telefonía móvil».

Promusicae ha recibido con los brazos abiertos la puesta en marcha del Plan Antipiratería del Gobierno, pues España es el país europeo en el que se vende el mayor número de discos piratas: uno de cada cuatro discos vendidos es ilegal. «Sólo el hecho de poner sobre la mesa este debate y el firme compromiso por parte de la Administración, de hacer frente a esta lacra suponen una señal positiva para el sector de la música, que hasta el momento se había visto abandonado y contemplaba como se frivolizaba con la destrucción del medio de vida de más de 50.000 familias», afirma Antonio Guisasola. Un pequeño paso pero, «dado que, evidentemente, el Plan no puede ser completo, es fundamental una revisión periódica del programa aprobado, en función de los resultados».