Más de doscientas personas pertenecientes a 170 organizaciones culturales de 60 países distintos se reunieron el pasado mes de mayo en Madrid para celebrar el IV Encuentro Internacional de Organizaciones Profesionales de la Cultura. Los asistentes, entre los que había autores, compositores, artistas, directores, intérpretes, dramaturgos, cinematógrafos y creadores digitales reclamaron en esta reunión “reglas propias” para el sector cultural tendentes a afianzar su protección y garantizar la diversidad.

La Coalición Española para la Diversidad Cultural, entidad promovida por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales (FAPAE), la Federación de Uniones de Actores Españoles (FAEE) y la Sociedad General de Autores (SGAE), organizó este encuentro con la colaboración de los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores. Una colaboración gubernamental “muy positiva”, en palabras del jefe de gabinete de la SGAE, Pedro Farré, ya que «la diversidad cultural es un elemento fundamental en la política de Estado de un país [y ] desde el momento que la cultura se contempla en la Constitución, el proteger la cultura es un deber constitucional de todo Estado».

El Comité Internacional de Enlace de las Coaliciones para la Diversidad, que integra, junto a la española, a las Coaliciones de otros 24 países, tiene en su punto de mira la firma el próximo otoño boreal de la Convención de la UNESCO para la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, uno de cuyos objetivos es reequilibrar la libre circulación de los bienes culturales. Para que esta Convención llegue a buen puerto es tan necesario el trabajo de los gobiernos como una movilización social favorable. «La opinión pública debe estar movilizada bajo el mensaje de que no debe de haber otra solución que construir una sociedad desde el respeto a la diversidad», afirma el presidente de la SGAE y de la Coalición Española para la Diversidad Cultural, Eduardo Bautista.

La Declaración de Madrid

Los asistentes al IV Encuentro Internacional de Organizaciones Profesionales por la Cultura firmaron la llamada “Declaración de Madrid”. En ella se alaban los progresos realizados por la UNESCO en la elaboración de su Convención por la Diversidad, en la que se proclama el derecho soberano de los Estados a aplicar sus propias políticas culturales y se rechaza, en consecuencia, «que el ejercicio de este derecho pueda ser objeto de sanciones comerciales».

Los aspectos culturales y los comerciales deben estar equilibrados, «la cultura no puede estar supeditada al comercio», explica el secretario general de la FAEE, Jorge Bosso. Como mínimo deben estar «al mismo nivel”, continúa, y para ello es muy importante «el apoyo de los gobiernos a la cultura». Por ejemplo, «EEUU considera la cultura y el cine como una mercancía más, como una parte de su negocio económico y de exportación»; a este país y a los que actúan como él es a quienes hay que convencer aunque sea difícil. Sin embargo, según Bosso, «las organizaciones culturales americanas apoyan la diversidad cultural, y de algún modo estas organizaciones representan a la sociedad civil», que es a quienes los gobiernos escuchan. Si estas organizaciones pueden mover a la opinión pública en la dirección adecuada, la sociedad será quien obligue a los Gobiernos a aceptar y apoyar la diversidad.

La futura Convención de la UNESCO llena un vacío en el derecho internacional, reconoce la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales sin considerarlos únicamente por su valor comercial, y refuerza la cooperación internacional a favor de un intercambio equilibrado. Esto es especialmente importante cuando determinados países contrarios a la Convención ejercen un comercio agresivo que puede poner en peligro las manifestaciones culturales y artísticas propias de otros países más débiles que ellos.

«La diversidad cultural es el motor que impulsa la defensa de la identidad propia», indican fuentes de la FAPAE. Es cierto que la industria cultural tiene un componente comercial que «está relacionado y afecta a todos los sectores de la actividad y a distintos ministerios, como los de Cultura e Industria en España», pero se trata de que «la cultura se halle en igualdad de condiciones que la economía». ¿?

Un texto matizado

A pesar de su adhesión a la Convención de la UNESCO, los firmantes de la Declaración de Madrid hacen una serie de puntualizaciones a la misma, con el anhelo de que este texto, que tendrá rango de tratado internacional una vez aceptado por los países firmantes, sea lo más claro posible.

De hecho una de sus peticiones es un uso claro y riguroso del lenguaje: piden una definición concisa de los “bienes y servicios culturales” y que se abandone la expresión “actividades culturales” que emplea la UNESCO, así como que se enuncie sin ambigüedad el derecho de los Estados a tener sus propias políticas culturales. En este sentido, se pretende que el texto indique claramente cuáles son las cuotas para los bienes y servicios culturales de origen nacional. Esto es necesario, según Farré (SGAE), ya que «hay países que carecen de políticas de fomento y protección de la diversidad cultural» y han dejado que terceros estados invadan su panorama cultural. En cambio «hay otros Estados beligerantes, que no han permitido una invasión cultural procedente de otros mercados».

En el ámbito cultural es también importante la cooperación para el desarrollo. Los firmantes de Madrid invitan a los Estados miembros de la UNESCO a «ir más allá y comprometerse proporcionalmente a su capacidad financiera» con el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural cuya creación prevé la Convención.

La Declaración de Madrid sugiere además que en el texto de la UNESCO han de mencionarse, junto a los derechos de los países y en el apartado de las obligaciones, la reclamación de que haya «un compromiso más fuerte de los estados partes para tomar medidas que permitan a sus ciudadanos tener acceso a una verdadera diversidad de expresiones culturales locales, regionales, nacionales e internacionales».

¿Qué necesita una Convención efectiva?

Además de unas garantías jurídicas que afiancen el estatuto de la Convención de la UNESCO en el derecho internacional, lo que necesita este texto para resultar efectivo es, en primer lugar, un apoyo amplio. Una Convención fuerte necesita el apoyo de cuantos más países sea posible. Según Bosso, «cuantos más países apoyen la Convención, los que queden fuera pueden ser poderosos, pero estarán en minoría». Si ocurre lo contrario y la Convención «deja de defender los derechos de los más débiles sólo porque la acepten países como Estados Unidos», será un texto débil. La de la UNESCO debe ser «una Convención lo más fuerte posible y también lo más amplia posible en cuanto a adhesión».

Además, según Farré, «la ratificación debe producirse cuanto antes; no se puede dilatar más en el tiempo la aplicación de políticas que fomenten la diversidad cultural, es una necesidad». Bosso explica que «si la Convención se aparca hasta 2007, se intentará someter a los países más pobres a negociaciones bilaterales que terminarán por debilitar el texto de la UNESCO», y vulnerarán las culturas originarias de estos países; de hecho, «habrá tremendas presiones para que se respeten los acuerdos comerciales anteriores a la Convención».