Primero fue el Reino Unido, después Finlandia. Italia y Alemania se sumaron poco después. El último país en unirse al club de la televisión digital terrestre (TDT) es Francia, que desde el mes de marzo debe ir incorporando hasta 14 canales en esta modalidad. Mientras que en Europa se apuesta fuerte por la nueva tecnología y los contenidos audiovisuales, en España, pese a los sucesivos intentos para facilitar el despegue de la TDT, no acaba de despejarse del todo el panorama. El último ensayo lo ha planteado el Gobierno socialista con nuevas medidas legales.

Los ejes de actuación del Gobierno para el impulso de la TDT se basan en la modificación del Plan Nacional de TDT, la asignación a la mayor brevedad de las frecuencias que quedaron libres con la desaparición de Quiero TV, el comienzo de las emisiones de los nuevos programas de cobertura estatal el próximo otoño, el adelanto de dos años (2010) del apagón analógico, la coordinación de las fechas de lanzamiento de las televisiones de ámbito nacional con las autonómicas y locales digitales, y la posibilidad de otorgar una o más concesiones de televisión analógica “si queda espectro disponible”.

Si se cumplen a rajatabla estas medidas, a finales de 2005 existirán en España 22 programas en TDT accesibles para los ciudadanos, en abierto y gratuitos. De forma paralela, se imponen determinados acuerdos entre el Gobierno y el sector audiovisual para el impulso de la TDT que pasan por un plan de adaptación de antenas colectivas, medidas de apoyo a los equipamiento de recepción, un plan institucional de comunicación de apoyo hacia la migración y el establecimiento de condiciones mínimas de la oferta digital (contenidos y servicios).

Fractura mediática

Las miradas se vuelven, por lo tanto, hacia el Congreso de los Diputados donde se centra la discusión política desde el pasado 11 de febrero, fecha en la que entró en fase de enmiendas el proyecto de ley que se propone relanzar la TDT nacional, regional y local, y posibilitar, al mismo tiempo, nuevos canales nacionales en analógico.

El contenido del proyecto se había dado a conocer al sector, unos meses antes, en una reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones. El mismo contó con la oposición de Antena 3 y Telecinco. Esta oposición se hizo mucho más virulenta cuando, a primeros de febrero, el Consejo de Ministros decidió incluir en el texto algunas modificaciones para permitir reformas profundas en la radiodifusión, en especial en lo relativo a la concentración del control de las concesiones administrativas del servicio de radiodifusión sonora terrestre.

En concreto, este nuevo articulado, que no había sido dado a conocer previamente al Consejo Asesor de Telecomunicaciones, permitiría a un mismo operador ser titular del 50 por ciento de las concesiones en un mismo ámbito de cobertura con un límite de cinco frecuencias. Algunos empresarios de la comunicación pusieron el grito en el cielo porque entendían que la medida se adoptaba para beneficiar directamente al Grupo Prisa (dueño de Cadena Ser) y zanjar de esta manera la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a deshacer la fusión de las emisoras de la antigua Antena 3 Radio con las de la Ser.

La creciente bola de protestas desembocó en una escenificación conjunta con la publicación el 16 de febrero de un comunicado contra el proyecto de ley. En esta flota mediática se integraron los directivos del Grupo Vocento, Antena 3 TV, Telecinco, El Mundo, el Grupo Recoletos, La Razón y la cadena COPE. Estos editores denunciaron favoritismo del Gobierno hacia un grupo en concreto e indefinición en el texto. La reacción no se hizo esperar. El Grupo Prisa –al que se añadió el Grupo Godó– se defendió a través de un comunicado en el que se acusó a “empresas españolas e italianas” de tergiversaciones y manipulaciones.

Días después, empresas de ambos bandos solicitaron formalmente al Gobierno poder emitir en analógico. Primero lo hizo Sogecable para que se le permitiera abrir Canal +. Dos días después la cadena digital Veo (Recoletos y Unedisa) pidió al Ejecutivo poder emitir en analógico. En esta misma línea de convocar un concurso para usar el sistema analógico se había pronunciado anteriormente Vocento.

Escenario político

Una fractura similar a la de los grupos de comunicación se registró en el escenario político. El partido nacionalista catalán Convergència i Unió (CiU) no prestó su apoyo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la mesa del Congreso a la hora de tramitar el proyecto de ley por la vía de urgencia y provocó un cierto retraso. Posteriormente el PSOE recuperó este apoyo. El Partido Popular (PP), por su parte, se manifestó en contra del proyecto de ley desde el principio, pero no consiguió paralizarlo.

Estos enfrentamientos activaron la polémica en otros sectores del audiovisual. La Asociación Española de Anunciantes (AEA) volvió a apoyar la apertura del mercado a más canales. Los productores asociados en la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) también han considerado positivo que puedan concederse nuevas licencias. Por su lado, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), organización que nuclea a los fabricantes de receptores, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se retrase la implantación de la TDT.

A la luz de las reacciones en contra del proyecto de ley, el Gobierno ha interpretado que determinadas empresas y partidos no desean que se potencie la competencia en el mercado audiovisual. Estos problemas pueden haber retrasado momentáneamente el pretendido relanzamiento de la TDT en sus niveles nacional, autonómico y local. Pero, al margen del grado de desconcierto que han producido estos contratiempos en el Gobierno y en el Grupo Socialista del Congreso, en estos dos entornos se sigue trabajando sobre la hipótesis de que hacia finales de este año podrían empezar a emitir formalmente en TDT unos 22 programas que ocuparían básicamente los canales que dejó libres Quiero TV y se repartirían entre los actuales difusores nacionales (en analógico y digital), los que surjan de las concesiones autonómicas y locales, y los de Radio Televisión Española (RTVE).

Salida del impasse

Mientras el Gobierno trata de cerrar las dos vías de agua que se le han abierto en el proyecto (rebelión de editores y reacciones políticas), un primer signo de la pretendida salida de este impasse ha sido la reciente reunión en la misma mesa (y por primera vez) de la Comisión de seguimiento para la transición a la TDT en el territorio del Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, y de representantes de todo el sector.

Podrían citarse, además, otros factores de apoyo a la decisión de no detener el impulso a la TDT. Por una parte, cabría la referencia sobre este tema del informe del Consejo de sabios para la reforma de los medios públicos. En el mismo se asigna a RTVE el papel de motor de la televisión digital. En los últimos meses los directivos del ente público han hecho saber que Televisión Española (TVE) dispone ya de ocho programas que podría descargar de forma inmediata en la modalidad de emisión digital terrestre.

Merece también consideración la postura de los fabricantes españoles de televisores para quienes «la industria española está preparada para atender la demanda de la TDT». Además de apoyar que RTVE “tire del carro” de la TDT y de constatar que las televisiones autonómicas están cumpliendo los plazos de digitalización, los fabricantes entienden que los precios de los descodificadores serán asequibles, incluso más bajos que los de otros países europeos. Se comercializarán en torno a 80 euros por aparato y también podrán estar integrados en el televisor. Ayudará, sin duda, a proponer este precio e incluso otro más bajo, la medida que ha anunciado el Ministerio de Economía para rebajar el IVA en estos dispositivos.

José Fernández Beaumont