1. Introducción: el nuevo perfil del periodista español

Al abordar el análisis de las transformaciones experimentadas por el oficio de periodista en los últimos años, se aprecia a primera vista que la profesión se encuentra inmersa en unos momentos difíciles, en los que la visión tradicional del periodista, como servidor del interés público, se enfrenta al reto que suponen las complejas realidades generadas por la presión cada vez más acuciante de un mercado abierto y globalizado. Como ha señalado Joaquín Estefanía –sin duda un excelente conocedor del medio periodístico-, en las redacciones apenas se habla ya de periodismo, abrumados como están los profesionales por la presión de un gigantesco volumen de trabajo y, como un elemento nuevo, por la cuenta de resultados del medio o empresa de la que forman parte ( 1).

Desde 1990 se han venido llevando a cabo diversos estudios que han tratado de dar cuenta de esta nueva realidad, en primer término desde un punto de vista sociológico. Su metodología se funda en la realización de encuestas, en una serie de trabajos de campo que recurren a los instrumentos de análisis ofrecidos por la sociología, procurando habitualmente el equilibrio entre los aspectos cualitativos y cuantitativos ( 2).

La radiografía más reciente del estado de la profesión periodística la ofrece el Informe Anual de la Profesión Periodística 2004. Hay que destacar, entre sus resultados más llamativos, la preocupación preferente de los encuestados por los problemas laborales, que aparecen mucho más acentuados que los que atañen a los valores éticos o aquellos que están referidos a la libertad de expresión y a la independencia en el ejercicio profesional. Desde esta perspectiva, los principales problemas que aquejarían en la actualidad a la profesión serían –según los propios protagonistas- el paro, la precariedad laboral, el intrusismo, las bajas retribuciones y el empleo de estudiantes y becarios en tareas inadecuadas.

Desde el análisis de aspectos ciertamente más intangibles, la encuesta también incluye preguntas sobre la autoestima e identidad profesionales, de las que se infiere que el periodista está satisfecho con su profesión, pero considera necesario reforzar su credibilidad ( 3).

Por otra parte, los datos de una encuesta realizada, dentro del Informe 2004 de la APM, entre licenciados en Periodismo de cuatro cursos (1999-2000 a 2002-2003) en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid sobre la incorporación laboral de los periodistas, muestran claramente unas impresiones pesimistas sobre el acceso a la profesión. La precariedad laboral (según el 88,5 por ciento de los encuestados), los horarios abusivos y la baja calidad de vida (44,1por ciento), y las carencias en el plano de los valores éticos (19,2 por ciento), serían los principales aspectos negativos de la profesión. La disparidad entre la teoría estudiada y la realidad de la práctica profesional es denunciada, al mismo tiempo, como el primer problema de la formación recibida.

La principal conclusión que se puede extraer de las opiniones de los estudiantes, una vez más, es que los problemas de carácter laboral se perciben con mucha mayor intensidad que los de naturaleza ética, política y de organización profesional ( 4).

En particular, se insiste en que la mayor parte de los jóvenes –que constituyen la nueva y creciente savia profesional- están sometidos a sueldos precarios. La situación laboral, el empleo y las condiciones de trabajo resultan –casi inevitablemente- los aspectos que más preocupan a los periodistas. En este sentido, Joaquín Estefanía ha pintado recientemente un panorama no demasiado halagüeño de las condiciones laborales de la prensa diaria en España, extensible a otros medios. A su juicio, «los periodistas están divididos en tres clases: los grandes comunicadores, con sueldos astronómicos parecidos a los de las estrellas del star system y los deportistas de elite (más numerosos en los medios audiovisuales); los informadores instalados con sueldo fijo y antigüedad en las redacciones, bien pagados en comparación con otras profesiones; y el lumpenperiodista que trabaja a destajo, vive de las colaboraciones o con permanentes contratos temporales o sueldos adecuados a los nuevos tiempos, mucho más bajos que sus compañeros. Esta tercera clase es muy creciente» ( 5).

Y es que, en palabras de otro gran conocedor del “estado de la profesión” como Fernando González Urbaneja -actual presidente de la APM y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)-, «el periodismo hoy está a mitad de camino entre una profesión liberal clásica y el trabajador por cuenta ajena a turno y encargo. Ambos modelos le son afines. Y, además, conviven en el mismo medio las estrellas y muchos precarios, contratos civiles redactados por finos abogados y primeros empleos negros como el carbón, abusivos e ilegales. Y todos ellos haciendo periodismo» ( 6).

Pese a todo, el porcentaje de asociacionismo en España supera por muy poco el 50 por ciento. Se trata, pues, de una profesión poco asociativa, aunque -o quizá por ello mismo- hasta 1980 era casi obligatorio en España estar asociado para firmar un contrato. Las Asociaciones de la Prensa son las que cuentan con mayor número de miembros. Según datos del Informe 2004 de la APM, por ejemplo, esta Asociación cuenta con en torno a 6.000 socios al corriente de pago de las cuotas, el doble que hace una década. En 110 años de vida continuada, han sido 9.685 los periodistas que se han afiliado a la APM, un tercio durante los últimos diez años. Este sería un indicador de la vitalidad de la profesión.

Sin embargo, los periodistas en su conjunto están divididos y dispersos. Pertenecen a un grupo desigual, con diferencias de poder, de prestigio y de ingresos. Y, a causa del incremento de la competencia, las diferencias se agudizan. En cierto modo, podría afirmarse que es la propia realidad del mercado de la información la que ha convertido en variopinta y difícilmente regulable a la actividad profesional.

2. Los «eternos» problemas pendientes

En relación a los aspectos primarios o de sustrato de la profesión, la formación de los periodistas en las Facultades es uno de los elementos en los que más se ha incidido en los últimos tiempos. En este sentido, se coincide en señalar que jóvenes y veteranos están necesitados por igual de una formación continua. Las Facultades de Ciencias de la Información y las Escuelas de Periodismo de Posgrado, si quieren ser efectivas –si combinan un equilibrio entre el conocimiento humanístico y la técnica periodística- han de ser sin duda cada vez más relevantes, ya que en las salas de redacción no se invierte lo suficiente en formación.

Un segundo elemento básico es el de la regulación del acceso al ejercicio profesional.

El ingreso al periodismo sin requisitos de titulación específica se defiende en virtud del propio derecho a la libertad de expresión e información. En España se impone la obediencia al artículo 20 de la Constitución, que considera que toda persona es titular del derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones y a la libre comunicación y recepción de información veraz.

Sin embargo, en cuanto a la titulación o habilitación requerida para inscribirse en los registros privados de las Asociaciones de Periodistas, procedimiento habitual para acceder a la acreditación profesional, la cuestión no parece tan fácil. En enero de 1993 el Consejo de Dirección de la FAPE aprobó el controvertido acceso a su registro periodístico -y por tanto a obtener el carné profesional- de aquellos empleados del sector que llevasen al menos cinco años ejerciendo como tales aunque no hubiesen cursado estudios de Periodismo. También podrían ser admitidos con pleno derecho en la profesión los titulados superiores que tuvieran dos años de experiencia en el Periodismo. Con esta medida, ratificada por la Asamblea Extraordinaria celebrada en el mes febrero, se trataba –según sus impulsores- de unificar a los periodistas españoles con los del resto de Europa ( 7).

Esta reforma de los Estatutos de la FAPE, en la que se aprobaban dos nuevas formas de acceso a la profesión periodística ( 8), fue inmediatamente rechazada por la Junta Directiva de la APM, ampliamente mayoritaria en España, y por los estudiantes y responsables de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid ( 9).

De hecho, ante esta presión, finalmente la FAPE decidió aplazar sine die la adopción de la discutida tercera vía de acceso a la profesión periodística, considerando que «es oportuno profundizar en el debate abierto, para alcanzar una fórmula que cuente con el más amplio consenso posible» (10).

Llama la atención -y es muy revelador de su propia complejidad-, que una profesión histórica, como el periodismo, sea asimismo la única en España que no tiene colegio profesional. La conversión de las Asociaciones en Colegios de Periodistas, como en las profesiones liberales clásicas, ya es realidad en Cataluña y Galicia, pero sigue estando pendiente en Madrid, la Asociación más numerosa y representativa de todas.

En el presente y en el futuro inmediato se plantean a debate cuestiones fundamentales como la redacción definitiva y consensuada del Estatuto del Periodista, además de la aplicación efectiva de un Código deontológico por el que debe regularse el ejercicio profesional y, en general, un problema básico y de diversas implicaciones como es el de la precariedad laboral.

El debate gira, pues, en torno a la necesidad de estructurar la actividad periodística y dotarla de ciertas normas que la regulen, lo cual se ha mostrado muy complejo en la práctica dada la naturaleza heterogénea y sin duda polimórfica de este singular oficio-profesión. En este sentido, hay que subrayar que emerge indudablemente una grave contradicción, que puede hacerse extensiva a todos los ámbitos periodísticos, ya que parece reclamarse una regulación, según casi todas las opiniones cualificadas, pero luego surgen de inmediato protestas a la hora de llevar a cabo su implementación efectiva y no parece tampoco arraigar definitivamente el movimiento asociativo y profesional dentro del mundo de la comunicación.

Los expertos coinciden asimismo en señalar la delicada situación del empleo y las condiciones laborales de los informadores españoles. Por todo ello, La FAPE propuso en noviembre de 1994 la redacción de un acuerdo marco con las empresas de comunicación como los que existen en casi todos los países de la Unión Europea. En estos pactos, firmados por profesionales y empresarios, se recogerían aspectos referidos al salario mínimo, el acceso a la profesión, los Estatutos de Redacción, los derechos de autor y, finalmente, las propias normas deontológicas o de ética profesional. En este sentido, los periodistas españoles se han mostrado sobre todo partidarios de que se regule la cláusula de conciencia (estipulada finalmente según ley orgánica 2/1997 que, sin embargo, no concreta su ámbito de actuación) y el secreto profesional, recogidos en la Constitución «como garantía no sólo para los periodistas, sino también para el conjunto de la sociedad» (11).

Desde la Agrupación de Periodistas de CCOO y la Agrupación General de Periodistas-UGT (12) se viene reclamando insistentemente la adopción de acuerdos o marcos de regulación sectoriales que clarifiquen el panorama de las nuevas realidades profesionales. Por ello se han postulado como principales promotores de la redacción y promulgación de un proyecto de Estatuto de la Profesión Periodística, que defina y regule deberes y derechos, como ya existe en países del entorno español (Italia, Francia y Portugal) y que haga posible “un desarrollo libre y con garantías” del trabajo periodístico. En el preámbulo del proyecto de Estatuto se proclama su pretensión de «desarrollar los derechos de la libertad de expresión e información en un conjunto de facultades que permitan a los informadores reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es presupuesto de la función social de informar».

El referido proyecto de Estatuto fue elaborado en mayo de 2001 por el Foro de Organizaciones de Periodistas (integrado por la Federación de Sindicatos de Periodistas de España, Colegio de Periodistas de Cataluña, Agrupaciones de Periodistas de CCOO y de UGT y Federación de Asociaciones de la Prensa de España). Los agentes implicados y llamados a ponerse de acuerdo eran, además de las organizaciones profesionales, los partidos políticos, las centrales sindicales y los Gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, las Asociaciones profesionales se desmarcaron enseguida y, en lo que parece una postura bastante generalizada, coinciden en juzgar demasiado regulador e intervencionista al proyecto, frente al que ahora apuestan por la autorregulación profesional (13).

Desde los medios neoliberales no se duda en hablar de “mordaza” para calificar al proyecto, al tiempo que se sostiene que “la mejor ley de prensa es la que no existe” (14). Para los sindicatos, por su parte, la prioridad es el establecimiento de nuevos «marcos de protección y que los empresarios estén dispuestos a defenderlos» (15).

Finalmente, el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional fue presentado en abril de 2004 en la mesa del Congreso como proposición de ley por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida (16) y admitido a trámite el pasado 23 de noviembre. Se trata, sin embargo, de un proyecto que, a juicio del ahora mayoritario grupo socialista, presenta “problemas de definición” y que “en su estado actual se considera mejorable”. En concreto, se juzga necesario extraer de la norma aspectos como el código deontológico, que merecería su inclusión como parte de la autorregulación que los medios deben llevar a cabo.

Además, se señala que las normas no se cumplen si no existe un consenso social o dentro del sector al que se dirigen sobre su contenido. Por todo ello, aunque ya hay un texto para el Estatuto de la profesión en la mesa del Congreso, la intención del grupo socialista parece ser abrir un plazo de reflexión para que el sector debata las opciones posibles y se examine lo hecho en otros países, todo ello para dotar al periodismo de una regulación estable y solvente a través de una nueva propuesta (17).

Como ya se ha apuntado, los problemas de naturaleza ética aparecen en todos los casos estrechamente interrelacionados con los de carácter sociolaboral y su regulación o codificación efectiva constituye otra de las grandes asignaturas pendientes de la profesión. Este hecho ha suscitado una nueva discusión, ya que resulta evidente que el periodismo conlleva el desarrollo de una actividad tan variada, rápida, cambiante, flexible y difícil de codificar que quizá sólo pueda ser definida en su propio quehacer.

La labor o misión histórica del periodista se enfrenta en la actualidad a una serie de problemas que tienen, pues, que ver con el propio objeto tradicional de la profesión. Algunos son, sin embargo, de nuevo cuño, como por ejemplo la preocupación mostrada por los periodistas, a medio camino entre lo laboral y ético, de evitar la excesiva concentración de los medios informativos (18).

En España, por ejemplo, hay unos 22.300 periodistas en activo. Entre ellos, ocho de cada diez empleos en comunicación, dentro de la actividad privada, corresponden hoy a los diez grandes grupos de comunicación y siete de cada diez empleos en las actividades que se han venido en definir como convencionales. Cabría, pues, deducir de estos datos, que es lógica la preocupación por el exceso de concentración y la consiguiente falta de pluralidad (19), sobre todo porque el pluralismo debe ser una exigencia básica en todo sistema de libertades políticas.

Con estas variables, no puede extrañar que las empresas periodísticas, en su mayoría ya propiedad de grandes monopolios multimedia, con legítimos intereses industriales, estén cayendo en el pecado de despreciar en buena medida el trabajo creativo o intelectual del periodista. Todas parecen buscar ante todo contenidos competitivos más que información de calidad e interés social. En otras palabras, buscan resultados rápidos y exigen del periodista una producción en cadena, como si un reportaje pudiera tener la misma consideración que un producto fabricado en serie. Satisfechas con su incorporación, primero al nuevo mercado que demanda oferta diversificada, aprovechamiento de recursos, y luego al ciberespacio –periódico digital, comunicación interactiva-, las empresas a menudo parecen olvidarse de que la materia prima de todos sus potenciales negocios sigue siendo la información, sea digitalizada o impresa, televisada por cable o antena parabólica o redes terrestres. Parecen olvidar, una vez más, que informar debe ser, ante todo, una labor intelectual y eso no va a cambiar sea cual sea el avance tecnológico.

Resulta, en este sentido, una verdadera sinrazón comprobar que son excepción las empresas informativas que, a la fuerte inversión tecnológica y multimedia, unen otra tan importante como es la inversión en la formación de nuevos profesionales, capacitados técnica, mental e intelectualmente para adaptarse a los nuevos retos de una sociedad en permanente cambio.

A estos problemas hay que sumar algunos más tangibles como el hecho de que, en general, el profesional está mal pagado pese a realizar un excesivo trabajo. Es ya lugar común afirmar que el periodista trabaja sin horarios. Por si fuera poco, la última tendencia o realidad del mercado laboral es el hecho de que las empresas comienzan a exigir la polivalencia a sus empleados, de modo que un solo periodista lo tiene que hacer todo y ello repercutirá indefectiblemente en la menor demanda de nuevos profesionales.

La profesión periodística está, pues, viéndose muy afectada por los nuevos sistemas de producir la información, especialmente en el sector audiovisual. Algunas cadenas de televisión -Antena 3, Tele 5, Telemadrid, entre otras- han incorporado recientemente nuevos equipos que, basados en la tecnología informática y digital, permiten asociar la edición de imágenes y la locución a las funciones profesionales de los redactores. En un plazo de tiempo breve estas tecnologías se incorporarán al conjunto del sector audiovisual. Se asiste, en definitiva, a una importante transformación de los perfiles profesionales.

Los sindicatos, lógicamente, quieren hacer algo al respecto. Desde su punto de vista, es importante también poner límites a las aspiraciones empresariales, concretadas en torno a la aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente en televisión, que se plasman en la aludida intención de convertir a los periodistas en redactores que montan las noticias e incluso llevan la cámara. Por ello, consideran necesario establecer cuanto antes los límites de la profesión y debatir acerca de como incorporar esas nuevas realidades. En este contexto, los aspectos referidos a la formación continua son también objetivo prioritario de la actividad sindical (20).

Sin embargo, los sindicatos se encuentran con el hecho de que la patronal del sector de la comunicación sigue estando por lo común bastante desarticulada. Por ello insisten en que es imprescindible poner en pie estrategias que abran la posibilidad de negociar un convenio marco, herramienta necesaria para poder mejorar las precarias condiciones laborales del sector. Un primer paso, en este sentido, se dio en julio de 2001, cuando se firmó el Convenio colectivo de empresas de prensa diaria y agencias informativas que afecta a más de 12.000 trabajadores. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y los sindicatos UGT y CCOO firmaron el texto, que ponía fin a un vacío legal existente desde 1995. Ese año quedó derogada la Ordenanza Laboral de Prensa de 1976 sin que se aprobase ningún texto alternativo (21).

Las tendencias de evolución en los últimos años indican que el empleo existente en los medios de comunicación más tradicionales (radiotelevisión pública, cadenas de radio privada de difusión estatal, periódicos de tirada nacional, grandes agencias) ha experimentado un cierto estancamiento o incluso en algunos casos, como el de RTVE o radios privadas, un retroceso.

Sin embargo, debido al aumento de la oferta informativa, se observa un crecimiento continuo en las empresas surgidas al calor de las nuevas ofertas de difusión como las televisiones locales, los canales temáticos de las plataformas digitales, la prensa y radio local, las agencias especializadas en información audiovisual o los periódicos digitales.

No obstante, es necesario resaltar una vez más que se trata de un empleo con características muy negativas en lo que respecta a sus condiciones y estabilidad. Se ha cuantificado en torno al 40 por ciento el empleo no fijo en la industria de la comunicación (22).

3. La necesidad de unos nuevos referentes éticos

En todos los casos, desde la Universidad o desde el mundo de los profesionales del sector y los sindicatos, se han venido señalando, pues, una serie de desafíos de naturaleza múltiple. Principales condicionantes de la actividad profesional, las empresas periodísticas son, en su mayoría, propiedad de grandes grupos o conglomerados multimedia que están inmersos en la consiguiente lógica de la competitividad mercantil. Un hecho que conlleva como principal peligro la renuncia al papel crítico respecto a los poderes políticos y económicos y la dificultad añadida de conectar con nuevos públicos, especialmente el joven. Este hecho ha llevado a Ignacio Ramonet a hablar de la “era de la inseguridad informativa”, en la que la información prolifera pero sin ninguna garantía de fiabilidad y en la que se asiste al triunfo del periodismo de especulación y de espectáculo, en detrimento del periodismo de información, de modo que la puesta en escena predomina sobre la verificación de los hechos.

En este sentido, Bill Kovach (presidente del muy expresivamente autotitulado Comité de Periodistas Preocupados) y Tom Rosentiel (director del no menos significativo Proyecto para la Mejora de la Calidad del Periodismo) han advertido sobre los peligros del auge de un periodismo basado en el mercado y disociado de cualquier noción de responsabilidad cívica (23).

Por otra parte, la situación de precariedad laboral en la que viven la mayoría de los periodistas tiene una derivación fundamental en este campo: la amenaza a la calidad del trabajo periodístico, carente de valor e investigación, ya que en las condiciones de trabajo referidas no se podrá garantizar la independencia, la pluralidad y, en definitiva, la propia calidad de la información.

En el caso español, la conciencia del profesional de estar sometido a presiones es generalizada. Es evidente que los medios de comunicación en España son el principal canal a través del cual los ciudadanos obtienen la información y por lo tanto el más influyente en la formación de las opiniones de éstos sobre el sistema político. Sin embargo, la coacción más fuerte, en este sentido, no procede –como podría pensarse a primera vista- del Gobierno o de la publicidad, sino de la propia empresa y tiene sobre todo motivaciones económicas (24).

Así, puede afirmarse que la propiedad del medio de comunicación o incluso la identidad de los anunciantes están por encima de las presiones políticas a la hora de delimitar la autonomía del periodista. Al tiempo, las presiones sobre la autonomía del profesional de la información no son percibidas en términos político o económicos, sino también, y fundamentalmente, en términos profesionales (25).

Por todo ello, se imponen frecuentemente prácticas profesionales como la autocensura, de modo que en muchos casos ya no es necesaria la intervención administrativa de los gobiernos ni de otros poderes fácticos para reducir la profundidad de la información; o el amarillismo, importado desde los medios audiovisuales a todos los sectores de la comunicación y que configura un panorama en el que el mimetismo creciente entre los medios de comunicación sería la mejor prueba de que ha impuesto el mercado sobre cualquier otro tipo de consideraciones.

En este aspecto, es obligado preguntarse cuál debería ser la actitud de los periodistas en un contexto tan cambiante, en el que el desafío fundamental parecer ser el grave problema de una creciente falta de credibilidad, condicionada por el hecho de quien fija la tendencia editorial de las empresas de comunicación son sus intereses movidos sobre todo por la ley de mercado

El común denominador de los teóricos que han abordado este problema es el de resaltar la clave del sentido ético y la preocupación por los contenidos como eje del protagonismo de la actividad periodística. Las respuestas de los propios profesionales al respecto ofrecen una imagen del periodismo español bastante negativa: las informaciones no son rigurosas y se mezclan con los rumores y la opinión (26).

La posible solución suele apuntar hacia la implantación de consejos o códigos deontológicos comunes para toda la profesión, aunque luego no existe acuerdo sobre si deberían tener exclusivamente una fuerza moral o también jurídica y, sobre todo, respecto a la naturaleza del organismo que vele por su cumplimiento.

El código deontológico discutido y elaborado por la FAPE a lo largo de la última década del pasado siglo ha sido, finalmente, puesto en marcha en mayo de 2004 mediante la creación de un Consejo Deontológico del Periodismo integrado por expertos profesionales y representantes sociales, que sólo contaba con el precedente del Consejo de Información promovido por el Colegio de Periodistas de Cataluña. Se trata de configurar un órgano de autocontrol ideológico jurisdiccional interno de los periodistas de ámbito nacional, vinculante y disciplinario en orden a reforzar el arbitraje y la mediación, actuando con autoridad otorgada explícitamente por las Asociaciones de la Prensa de España para velar por el cumplimiento de los principios deontológicos de la actividad periodística e informativa, proclamando que el ejercicio profesional del periodismo, «en el uso de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, está sometido a los límites que impiden la vulneración de otros derechos fundamentales».

Para Manuel Núñez Encabo, uno de sus miembros, «la garantía del autocontrol ético eficaz es el método más adecuado, frente, por una parte, a los que defienden una desregulación ética o jurídica o los que en dirección opuesta demandan una regulación jurídica penal de la actividad mediática, porque con la salvaguarda de la veracidad y la ética en los contenidos de los medios de comunicación, es deseable un máximo ético y un mínimo jurídico» (27).

En cuanto a los límites de la libertad de expresión, parece que casi todos los periodistas coinciden en que es fundamental el respeto a las normas deontológicas para evitar el pecado del sensacionalismo. El periodismo debe, pues, estar sujeto a límites porque el derecho a la libertad de expresión tiene que convivir con los demás derechos.

Como ya se ha señalado, la opinión más generalizada en todos los sectores de la profesión, sin embargo, es la de apostar decididamente por la autorregulación del sector periodístico frente a las legislaciones que puedan llegar desde fuera, «teniendo en cuenta que hay derechos fundamentales, como el secreto profesional, la libertad de conciencia y el derecho a informar que son referencia fundamental» del trabajo periodístico (28).

En cualquier caso, en esta nueva etapa de la sociedad de la información y de la convergencia multimedia digital, los medios de comunicación van a seguir siendo imprescindibles para el desarrollo de la vida social y la salud democrática siempre que se posibilite el ejercicio responsable del periodismo, amenazado por todo tipo de presiones internas y externas.

El libre acceso a las fuentes de los periodistas, el reconocimiento explícito de los derechos constitucionales a la cláusula de conciencia, la reserva de las fuentes de información cuando sea necesario y adecuado, la propiedad intelectual sobre las noticias, la creación de comités de redacción y tantos otros derechos profesionales que deben acompañar a los laborales, no han de ser únicamente garantías para los periodistas. Son también garantías para el ejercicio del derecho a la información y, en último término, para las propias libertades políticas. El propio Tribunal Constitucional sentó doctrina al respecto, al sentenciar que sin un auténtico desarrollo del derecho a la información de los votantes quedarían vacías de legitimidad las instituciones representativas.

Finalmente, la creación del Consejo Deontológico para autorregulación del trabajo periodístico debería ser, en el futuro inmediato, al menos tan importante como el propio Estatuto. La publicidad de los principios éticos en los que se inspirará este Consejo y la asunción de los mismos por parte de los propietarios de los medios de comunicación, privados y públicos, ha de representar una de las mejores garantías para superar algunos de los riesgos que se alzan ante una profesión tan estimulante y de tanta relevancia social.

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