Algo se mueve en el ámbito cultural a lo largo y ancho del globo. Y no sólo porque la cultura sea un elemento cambiante y en constante evolución, que lo es, sino porque organismos internacionales como la Unesco (www.unesco.org) y la Unión Europea (UE) parecen firmemente decididos a proteger la diversidad cultural. Así se desprende del anteproyecto de la Convención para la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, que podría aprobarse «en otoño del año próximo, en una Convención General de la Unesco», según explica Jesús Prieto, catedrático de Derecho en la Universidad Carlos III y asesor de la delegación española ante la Unesco.

Este será el primer instrumento legal vinculante en el ámbito de la cultura. Una vez aprobado por la Unesco, explica Prieto, la Convención funcionará como un tratado internacional que entrará en vigor –si se mantiene el texto del artículo 28 del anteproyecto– «tres meses después de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión».

Según publicaron varios medios el pasado mes de noviembre, la Comisión Europea (CE) podría negociar en nombre de los veinticinco países miembros de la UE los aspectos del Convenio que afecten a competencias comunitarias. Pero la acción comunitaria en cultura es complementaria, ya que sus competencias en esta materia son limitadas, según explica a TELOS Fernando Riesco, subdirector de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de España. La Convención de la Unesco, continúa Riesco, afecta a competencias de tres tipos: las exclusivas de los Estados, las compartidas entre los Estados y la CE y las propias de la CE.

Pese a que la negociación de la CE permitiría a la Unión tener mayor peso específico en la preparación del documento final, la noticia creó cierta polémica, pues en el caso de las competencias que no son de la Comunidad sino de los Estados, según Riesco, «todos los países deberán coordinarse para tener unos planteamientos afines, que compartan puntos de vista». Sin embargo, en estos casos la CE no debe intervenir, sino actuar como un miembro supranacional en las cuestiones que le afectan. Para Jesús Prieto, es comprensible «que los Estados se abstuvieran de opinar sobre los aspectos del texto que son competencia de la Unión» (las cuestiones netamente culturales y no tan comerciales o económicas), pero sí deberían intervenir en cuestiones «que no son competencia de la Unión», sino de los propios Estados.

Necesaria para la paz

La Convención completará la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural adoptada en noviembre de 2001, según la cual el «desarrollo sostenible y la paz duradera» deben construirse sobre los principios del pluralismo, el respeto a los derechos humanos universales y la promoción de la creatividad y la solidaridad internacional.

Desarrollada en un marco de democracia, tolerancia y justicia social, la diversidad cultural es un elemento indispensable para la paz y la seguridad, tanto en el plano nacional como en el internacional. Ilustra la pluralidad de identidades y enriquece a los pueblos garantizando la cohesión y la vitalidad de las sociedades, haciendo que nos comprendamos mejor unos a otros. Tal como afirmó el Director General de la Unesco, Koïchiro Matsuura, «luchar por fomentar la diversidad cultural es luchar contra el fundamentalismo y los estereotipos culturales». El reto, en la actualidad, consiste en saber tratar los conflictos, la dominación y la injusticia cultural para que se puedan promover la convivencia y la apertura creativa.

Toda persona o sociedad tiene derecho a crear, difundir y distribuir sus bienes culturales, así como a recibir y disfrutar los bienes y servicios culturales ajenos. Pero, además, hay que mirar hacia la cultura como aspecto impulsor del desarrollo y los beneficios económicos. Y es que sólo en la UE, el 5 por ciento del empleo y entre el 0,8 y el 3 por ciento del Producto Interior Bruto de los países miembros proceden de sus industrias culturales.

El papel de los Estados

En el marco de sus políticas culturales los estados nacionales tendrán que adoptar medidas reglamentarias y financieras para proteger la diversidad de las expresiones culturales, tanto en su propio territorio como en el plano mundial, especialmente cuando dichas expresiones se hallen en peligro o sean vulnerables. Esto significa que promoverán las actuaciones culturales, a las que tendrán que reservar un espacio adecuado y ofrecer ayuda financiera pública, ya que la industria cultural no debe depender exclusivamente de la iniciativa privada.

Tal como afirma Carmen Calvo, ministra española de Cultura, la diversidad cultural es un «derecho que forma parte de la dignidad humana que no puede ser tratado de cualquier manera en el mercado». Hay que ofrecer apoyo desde los organismos públicos, fomentar los mercados locales y regionales, y apoyar la libertad de circulación de artistas, expresiones culturales y los intercambios culturales. Asimismo, los gobiernos habrán de proteger los derechos de propiedad intelectual y reconocer plenamente la situación social y jurídica de los autores.

La protección de las culturas

El preámbulo del anteproyecto menciona los procesos de “mundialización” facilitados por la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC): «pese a que crean condiciones inéditas para un reforzamiento de la interacción entre las culturas» facilitando el intercambio cultural entre individuos distantes entre sí, «constituyen también un peligro para la diversidad y un riesgo de empobrecimiento de las expresiones culturales».

Hay que ser cautos, puesto que en Internet la información se ofrece sobre todo en determinados idiomas, dejando de lado a otras lenguas. Este puede ser un factor de “uniformización” de las expresiones culturales, por lo que hay que prestar especial atención a la conservación de la diversidad cultural de todos los pueblos en el ámbito de las NTIC al tiempo que se garantiza el acceso en igualdad de todos los pueblos a ellas.

Dentro del mencionado proceso de mundialización y homogeneización cultural, preocupa también la actuación de los Estados del llamado “primer mundo”, que prácticamente invaden el espectro cultural de otros países en una posición más débil o aún en vías de desarrollo.

A veces se firman «acuerdos de liberalización» por los que «los sistemas de ayuda de los países a sus industrias culturales pueden quedar desmantelados», explica Fernando Riesco. Los países en desarrollo ceden su parte de campo cultural, que queda invadido por expresiones de los países más desarrollados, a cambio de acuerdos comerciales para el más débil que, sin embargo, pueden ver cómo su propia cultura queda empobrecida.

Este tipo de situaciones tendrá solución con la nueva Convención de la Unesco, que protege ante todo a los países en vías de desarrollo, ya que, según Riesco, la Convención ampara no sólo la cultura como diversidad, sino también desde el punto de vista económico, de “cooperación o ayuda al desarrollo” de todos los pueblos.

El proceso hacia la Convención no ha hecho más que comenzar. Sin embargo, la mayoría de los países avizora con esperanza un futuro de diversidad cultural y respeto entre civilizaciones. En octubre, los países de la Red Internacional de Políticas Culturales apoyaron la iniciativa en curso, y en enero de 2005 se celebra una nueva reunión intergubernamental para debatir la futura Convención de la Unesco que, siendo optimistas, podría constituir un paso más en el angosto camino hacia la paz.