Por Daniel Butti
El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) se postula como referente en momentos que en España se debate la necesidad de crear una institución reguladora con potestad de sanción a nivel nacional que vele por los contenidos, la pluralidad informativa, la protección de los menores y el respeto de las diferentes culturas y lenguas en el entorno audiovisual.
La necesidad de contar con un organismo que custodie la emisión de contenidos adecuados al bienestar del público en general es un debate en España aún no saldado. A diferencia de la casi totalidad de sus vecinos europeos, la floreciente evolución de la industria audiovisual ha llegado en este país sin un estamento regulador con poder de sanción a nivel nacional. En este marco, la proliferación de contenidos violentos en horarios de audiencia infantil, así como la exacerbación de una estética del género rosa montada sobre obscenidades y expresiones denigrantes ha llevado al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
La controversia sobre la idoneidad de de un organismo público que ponga en orden el parque audiovisual ha llegado a instalarse como debate no sólo en las columnas editoriales de la prensa, sino hasta en el plató de los mismos programas televisivos del corazón. Y es que frente a la dificultad que presenta en la actualidad dejar la resolución de estos problemas a la iniciativa privada, la política de crear autoridades audiovisuales independientes es la deriva lógica en la mayoría de los países.
A la fecha, en el espacio común europeo el único país que no ha consolidado un organismo de este carácter es España, sin contar con que algunas leyes clave -como la Ley 4/1980 de Estatuto de la Radio y la Televisión- se han convertido en obsoletas, dada la rápida evolución de la industria audiovisual. El último intento fallido en este sentido puede fecharse el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso desestimó con 154 votos a favor y 162 en contra una proposición de ley del grupo Convergència i Unió (CiU) con el objeto de crear y regular el funcionamiento de un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales. Cabe mencionar que los otros estados que no poseen organismos reguladores son Liechtenstein, Mónaco, San Marino y el Vaticano.
El caso catalán: un Consejo de consensos
Pese a esta realidad, muchas de las Comunidades históricas ya han avanzado en este sentido. El caso de Cataluña es ejemplo de ello, con una tarea reconocida por todos los actores en juego, desde los operadores, las asociaciones ciudadanas e incluso las organizaciones internacionales del sector. Tal es así que Joan Botella, proviniendo del Consejo del Audiovisual de Cataluña, es hoy vicepresidente de la European Platform of Regulatory Authorities (EPRA / www.epra.org), asociación que nuclea a las autoridades reguladoras de 39 países europeos.
Constituido el 5 de julio de 1996, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC / www.audiovisualcat.net) es el encargado de velar por el pluralismo de los medios en estructuras y contenidos, la honestidad informativa, el cumplimiento de la misión de servicio público de los medios dependientes de las distintas administraciones y la diversidad accionarial de los medios privados. Creado por la Ley 8/1996, de Regulación de la Programación Audiovisual Distribuida por Cable, el CAC es un ente público que funciona como órgano asesor del Gobierno de la Generalidad Catalana. La Ley 2/2000 redefine al CAC como entidad independiente y otorgándole poder sancionador. Su composición habla a las claras del espíritu de consenso en las decisiones con el que se ha fundado, ya que nueve de sus miembros son elegidos por el Parlamento, a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios, por una mayoría de dos tercios; y el décimo de ellos, que ocupa la presidencia, es propuesto y nombrado por el Gobierno después de oír la opinión mayoritaria de los otros nueve.
El CAC tiene por objetivo manifiesto velar por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural del conjunto del sistema audiovisual catalán. Esto se traduce en un estricto cumplimiento de las normas relativas al uso de la lengua catalana, así como al seguimiento de los contenidos informativos, para lo que elabora el Informe sobre la observancia del pluralismo en la televisión y la radio, en el que monitorea la distribución tanto temática como territorial de los contenidos, el rango y orden de las noticias de los telediarios emitidos por las emisoras locales y las desconexiones de los canales nacionales.
Entre otras tareas el CAC va a suscribir un acuerdo de colaboración con la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR / www.fcr.es), por el cual analizará periódicamente la presencia y el tratamiento de la información científica en los telediarios de ámbito catalán. Además, se va a redactar el Informe sobre el tratamiento informativo de la temática de las drogas y el Informe sobre el tratamiento informativo de la temática de la educación y la enseñanza en los telediarios.
Las dos actuaciones de mayor relevancia en el último tiempo han sido, por una parte, la celebración el pasado 13 de diciembre de las «Jornadas sobre telebasura», y, por otra, la presentación del Libro blanco: La educación en el entorno audiovisual.
En este sentido, el Libro Blanco identifica que determinados contenidos audiovisuales son caracterizables como de riesgo, y que es obligación de la función pública velar por el impacto que puedan tener sobre niños y adolescentes. En sus páginas denuncia la ausencia de una correcta educación audiovisual en las escuelas y propone introducir estos medios en el ámbito educativo, tanto para aprovechar sus potencialidades pedagógicas como para aprender a mirar de forma crítica los contenidos audiovisuales actuales. De esta forma, el Consejo promueve la corresponsabilidad compartida entre todos los sectores involucrados: la familia, la industria audiovisual, la Escuela y las administraciones.
En relación a la telebasura, la inquietud generalizada en torno al tema ha podido ser medida en una encuesta en la que el 57,6 por ciento de los entrevistados se manifestaba a favor de regular o prohibir la telebasura, mientras que el 38,5 por ciento sostenía que no se debe intervenir. El CAC abrió un proceso de consultas previo a la celebración de la jornada de debate para recoger las diferentes propuestas de los actores implicados. En sus consideraciones previas definen a la telebasura no como un género específico, sino como la degradación de los valores humanos y de la democracia. Lo preocupante del caso es el efecto arrastre de esta dinámica en la parrilla televisiva, propiciando hibridaciones de géneros y formatos con similares recursos efectistas. El nudo del encuentro fue la búsqueda de consensos para el cumplimiento de unas normas de actuación sustentadas por la vía de la autorregulación.
Independencia, consenso y complicidad
Pese a su potestad sancionadora, la filosofía del CAC se basa en tratar de prevenir los litigios a través de la búsqueda de acuerdos amplios. Si bien basa su actuación desde la autoridad que le otorga la ley, su reconocimiento lo obtiene por el hecho de que sus decisiones se adoptan prácticamente por unanimidad entre sus miembros. Este principio viene rigiendo como norma en las actuaciones del CAC, ya que si bien posee entre sus competencias los procedimientos sancionadores, en la práctica esta potestad es utilizada con suma mesura. La autorregulación supone un ir más allá, con normas que los operadores acepten voluntariamente aunque no estén reguladas por un texto legal. Ejemplos de ello son la creación de la Mesa de Televisión Local de Cataluña, propiciada por el CAC, que reúne a todas las asociaciones de televisión local catalanas, así como los diferentes códigos creados sobre la cobertura informativa de juicios, tragedias, inmigración, violencia de género, la publicidad de juguetes y el tratamiento de la religión en los programas de entretenimiento.
Consultado por TELOS, Francesc Codina i Castillo, presidente del Consejo, explicó el sentido de esta política: «En junio de 2000, cuando tomé posesión del cargo de presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña pedí que se nos dejara trabajar sin presiones y afirmé que no queríamos ser correa de transmisión ni del Gobierno ni de los partidos. Cuatro años y medio más tarde, tenemos más competencias y el Consejo cuenta con el reconocimiento moral de todas las partes», afirma satisfecho. ¿El secreto? «Mantener una estricta independencia, actuar desde el consenso y establecer una cierta complicidad con todos los implicados. Esto ha sido posible al constatarse que todos tenemos el interés común de defender a los ciudadanos y ciudadanas».
Este compromiso de defensa pública se materializa en la Oficina de Defensa de la Audiencia, institución creada el 9 de abril de 2001 a instancias del Consejo, que atiende a las personas que deseen tanto asesorarse como plantear consultas, sugerencias o quejas sobre la programación de las radios y televisiones públicas y privadas que operan en Cataluña. Radiotelevisión Española se comprometió el pasado octubre a difundir mediante anuncios publicitarios la labor y existencia de esta oficina, facilitando el contacto directo con los usuarios de los medios. El teléfono de la Oficina de Defensa de la Audiencia es el 901 100 321 y su correo electrónico audiencia.cac@gencat.net.
Afrontar la dimensión internacional que tiene Internet es quizás el mayor desafío de cualquier organismo regulador de jurisdicción nacional. La solución que encontró el CAC fue la creación de la Agencia de Calidad de Internet (IQUA).
La IQUA, integrada por los consejos audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andorra, se propuso, a través del establecimiento de estándares de calidad, la mejora de los contenidos y servicios en Internet. El sitio web del Consejo en la Red es una buena muestra de la actividad del organismo. Allí es posible acceder tanto a información general (funciones y composición del CAC, así como la Ley y el Reglamento correspondiente) como a informes redactados por la institución sobre temas específicos o recomendaciones en relación a los temas candentes. Valgan como ejemplos las «Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de género en los programas informativos y de entretenimiento en los medios de comunicación» o las «Recomendaciones sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales».
Asimismo, a través del sitio del CAC se tiene acceso al día a día del organismo a través de las notas de prensa o los acuerdos y convenios establecidos. Igualmente, el sitio destaca la posibilidad de acceder a los formularios de la Oficina de Defensa de la Audiencia, donde se reciben quejas y sugerencias relativas al acontecer del espacio audiovisual. La página puede navegarse en castellano, inglés y francés, aunque buena parte del material se encuentra sólo en catalán.
Nombre Institución: Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)
URL:www.audiovisualcat.net
Director: Francesc Codina i Castillo (Presidente)
Dirección: c/ Entença, 321 – (08029) Barcelona
Pais: España
Teléfono: 93 363 2525
Fax: 93 363 2498
Artículo extraído del nº 62 de la revista en papel Telos