A principios de abril de este año se realizó en Ciudad de México un seminario internacional en el que participaron expertos de América Latina y de la Unión Europea (UE) con el fin de elevar algunas de sus conclusiones a la Reunión Cumbre de Jefes de Estado de ambas regiones que se celebró en Guadalajara, México, en el mes de junio. El encuentro fue convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Nacional de Cultura de México (Conaculta), y abordó el tema de las industrias culturales (IC) y el desarrollo sostenible, coincidiendo en la necesidad de una asociación estratégica de corto, mediano y largo plazo entre las naciones europeas y latinoamericanas para favorecer la recomposición de los mercados, fomentar la diversidad cultural y el fortalecimiento de la interculturalidad a partir de acciones más incluyentes y recíprocas entre ambas regiones.

Encuentros parecidos han venido sucediéndose en algunos países de América Latina estando aún por verse sus resultados políticos concretos. Sin embargo, todos ellos, al igual que el celebrado en México, permiten verificar importantes avances para estudiar y conocer el impacto económico y social de estas industrias en el PIB, la PEA, y los intercambios a escala nacional y regional. Los trabajos publicados recientemente en Colombia por el Ministerio de Cultura de ese país con la cooperación del Convenio Andrés Bello son un ejemplo elocuente del interés que comienza a aparecer en algunos gobiernos –muy incipiente todavía– para profundizar las relaciones entre cultura y economía, a partir de una visión que no reduzca esta última al estrecho margen de los mercados y pondere el valor de las IC por lo que ellas aportan, o deberían aportar, al desarrollo social y a la biodiversidad cultural de los pueblos.

También en el Mercosur se iniciaron pocos años atrás algunos proyectos en este mismo sentido –avalados en diversas reuniones de sus ministros de Cultura– y aunque quedaron momentáneamente demorados, distintos organismos han recogido esas iniciativas para darles formas operativas, sea tendiendo a incluir la dimensión macroeconómica y social de la cultura como «Cuentas Satélites» en los Sistemas de Cuentas Nacionales –tal como se intenta llevar a cabo en Colombia y Chile– o creando las primeras bases de Observatorios de Industrias Culturales, como está sucediendo en Buenos Aires, a partir de una iniciativa de la Secretaría de Cultura de dicha ciudad. Iniciativas que obligan a la articulación de los principales agentes culturales (autores, empresarios, técnicos, artistas, etc.) con los sectores de economía, trabajo y relaciones exteriores, con el propósito de avanzar no sólo en la cuantificación de datos o en la construcción de estadísticas, sino, además, en el diseño de indicadores culturales para mejorar las políticas del sector y el sentido público de la cultura.

Es obvio que la existencia de información cuantitativa sobre la evolución de la producción, los consumos y los intercambios de bienes y servicios culturales no definirá por sí misma mejores o peores políticas de desarrollo cultural e industrial del sector pero, de igual manera, no es menos obvio que la ausencia de dicha información tampoco aportará demasiado al enriquecimiento de aquéllas. Sin datos realmente confiables, las políticas del sector seguirán fuertemente condicionadas, como sucede en nuestros días, por el accionar del «lobbysmo practicante» de los poderosos conglomerados empresariales o por el «ideologismo predicante» de quienes analizan y re-analizan en términos críticos dicho accionar, pero no son tan eficientes a la hora de desarrollar acciones que, de manera concreta y verificable, contribuyan a los cambios necesarios.

Al respecto, el seminario de expertos realizado en México recomendó a los Jefes de Estado de América Latina y de la UE, entre otras políticas, «impulsar en ambas regiones, estudios cuantitativos y cualitativos en torno a las industrias culturales y su contribución al Producto Interior Bruto en cada país, articulando a los sectores culturales y económicos, los responsables de las cuentas nacionales y de las relaciones exteriores», y «crear sistemas de información macroeconómicos sobre las industrias culturales y avanzar en la creación de cuentas satélites en los sistemas de cuentas nacionales, fomentando la cooperación entre ambas regiones, a fin de analizar qué se cuantifica, cómo se captura y para qué, subrayando que los datos deben relacionarse con la participación social y la cultura política para avanzar no sólo en la construcción de estadísticas, sino de indicadores culturales que evalúen el sentido público de la cultura».

Información objetiva y confiable

En materia de sistemas de información macroeconómica y social, los avances realizados en algunos programas de la UE pueden servir, pese a sus conocidas limitaciones, a un efectivo aprovechamiento por parte de los países latinoamericanos. Se trata en nuestro caso de trasladar al espacio público, para su aprovechamiento colectivo, aquella información que sigue estando apropiada por quienes hegemonizan los mercados, habitualmente ajenos a cualquier otro interés que no sea el de la feroz competencia interempresarial y la rentabilidad sectorizada de sus negocios.

En este punto se destaca la situación subalterna que padecen las pequeñas, medianas y microempresas del sector, debido a su debilidad económica y organizativa, para contar con sistemas propios de recolección y procesamiento de datos, pese a que en América Latina representan, aproximadamente, entre el 75 y el 85 por ciento de la facturación y el empleo de las IC. Situación que obliga a una más efectiva gestión por parte de los organismos del Estado para posibilitar una mayor equidad en el plano de las competencias interempresariales, además de preservar la diversidad cultural representada por las PYME del sector (emisoras de radio y televisión locales, productoras unipersonales de cine y fonogramas, pequeñas editoriales, etc.).

El acceso a la información objetiva y confiable aparece así como uno de los primeros pasos –no necesariamente el más valioso o decisivo– para definir los caminos a seguir. Porque, tal como sucede en cualquier confrontación de intereses industriales y económicos –al igual que sucede con los de carácter político o militar–, más que conocer las amenazas que nos acechan, importa conocer los recursos que poseemos para superarlas.

La diversidad cultural

Otro tema que se vincula al anterior está referido a la posición que asuman los gobiernos latinoamericanos –así como los de la UE– frente a las negociaciones que se llevan a cabo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre las restricciones o el libre acceso de cada país a los mercados culturales, particularmente a los de la industria audiovisual, mundialmente dominados por las majors norteamericanas. A partir de las iniciativas de algunas naciones y de numerosas organizaciones de artistas, profesionales y empresariales, la Unesco está desarrollando una propuesta de Convención sobre la Diversidad Cultural, que pronto estará en manos de los estados miembros de la organización para que ellos debatan su contenido y se proceda, según lo que determine cada país, a su adopción internacional en el marco de la Conferencia General de Unesco prevista para el mes de octubre de 2005. Allí se definirá si el comercio de bienes y servicios culturales debe quedar sujeto a los tratados de la OMC, cuya lógica es eminentemente económica –sin por ello excluir sus facetas ideológicas y políticas– o bien debe salir de los mismos para conformar un nuevo espacio de negociaciones que privilegie lo cultural sin subestimar su dimensión económica e industrial.

Sobre este punto, el seminario de México antes referido recomendó también «definir estrategias conjuntas (América Latina-UE) para impulsar el reconocimiento de la diversidad cultural como ‘principio general del derecho internacional’ en la futura Convención de la Diversidad Cultural que promueve la Unesco, a fin de dar un marco jurídico internacional que permita ejercer la defensa de los intereses culturales de las naciones».

Tanto en el plano de la implementación de sistemas de información cuantitativa, como en el de la elaboración de políticas para preservar las IC locales –no tanto por el origen de su capital, sino por lo que ellas producen como expresión o representación del imaginario colectivo de cada comunidad– las relaciones entre la UE y América Latina tienen hoy un valor claramente estratégico en las políticas nacionales de desarrollo sustentable, así como en materia de intercambios culturales y de integración económica.