Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de televisiones locales incluidas en su censo, que ronda las 900 emisoras (un 21 por ciento más que en 1999). Una gran cantidad de televisiones locales cuya característica común es la diversidad: coexisten canales que emiten un día a la semana durante dos horas con los que lo hacen únicamente durante las fiestas de la localidad, y con otras organizaciones que cuentan con un presupuesto de entidad, un alcance significativo y una programación regular y amplia. También la variabilidad de estas televisiones se refleja en su sistema de difusión (por ondas hertzianas o por cable), y en la propiedad (que puede ser municipal, privada o mixta).

El panorama de la televisión local dista pues de ser homogéneo, y esta heterogeneidad se refleja también en la compleja maraña legislativa sobre la que se sustentan las emisoras, una regulación dispersa y obsoleta. La situación es «caótica, deliberadamente caótica» y constituye «un riesgo para la pluralidad informativa» para Paco Pérez, director de Tele K (www.vallecas.org) y presidente de la Asociación de Televisiones Locales de Madrid, quien destaca en este marco «la falta de regulación, la inseguridad jurídica y por tanto la difícil viabilidad económica, ya que quedan sin resolver temas como la recepción universal, …la medición de audiencias, y por tanto la falta de acceso a la publicidad convencional». Por su parte, Julio Calistro, Director de Contenidos de PRETESA (Promotora de Emisoras de Televisión, S.A.), empresa que aglutina a la red de emisoras agrupadas bajo la marca Localia TV, habla del «enorme vacío» y la «sensación de indefensión» ocasionados por una legislación que «no ha sido debatida».

Lo cierto es que gran parte de las televisiones locales que emiten en España son ilegales sin paliativos: no tienen frecuencias concedidas legalmente y se han estado rigiendo por una ley de 1995 que nada reguló, puesto que no tuvo desarrollo reglamentario ni aplicación posterior.

La Administración central prometió hace meses solventar esta situación, pero la ausencia de empuje de las autoridades competentes ha retrasado la creación de una normativa especializada y consensuada que el sector demanda con cada vez mayor premura (a excepción de algunas normativa autonómicas que están en vigor en Comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía, y que han sido recurridas por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional).

Lejos de mejorar las cosas, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2004, y a sólo tres meses de las elecciones, el gobierno del Partido Popular intentó poner un parche a la legislación audiovisual en el ámbito local con unas medidas que poco o nada complacen a los operadores. Una torpe reacción que se repite por segunda vez consecutiva; el año pasado ya se intentó regular la situación de la televisión local a través del cajón de sastre de la Ley de Acompañamiento.

Una normativa dispersa y obsoleta

El antecedente legal más cercano es la Ley 41/95, una norma que, sin embargo, no tuvo repercusión, ya que no se llegó a aplicar ni desarrollar; ni se exigen sus normas de concesión y programación, ni podría aplicarse a las televisiones nacidas tras diciembre de aquel año.

Esta norma está aún pendiente de ser reformada o incluida en una Ley General del Audiovisual que el Ministerio de Ciencia y Tecnología había anunciado para la legislatura que finalizó este 2004 sin que el proyecto llegara a ver la luz, del mismo modo que tampoco se creó el esperado Consejo General del Audiovisual.

A finales de 2002 el gobierno prohibió que las televisiones locales emitiesen en cadena e incorporó un nuevo régimen de incompatibilidades para que los operadores nacionales de televisión generalista no pudiesen participar en ninguna otra sociedad concesionaria.

Las declaraciones del entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, sobre la nueva normativa, en el sentido de que así se pretendía «incentivar el pluralismo informativo», levantaron ampollas entre algunos operadores del sector, que bautizaron a la nueva regulación como ‘el televisazo’. Los operadores presentes en televisiones de ámbito nacional tendrían que desprenderse de las locales en las que estaban presentes en mayor o menor medida, y se exigía a las débiles emisoras locales utilizar, únicamente, tecnología digital.

Un nuevo escenario para 2004

A finales de 2003 el gobierno empleó de nuevo la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para introducir a través de tres enmiendas otras tantas regulaciones sobre la televisión local. El Ejecutivo suavizó las medidas instauradas un año antes, sobre todo en lo relativo a la emisión en cadena; se flexibilizaron las incompatibilidades accionariales de modo que un accionista puede participar al mismo tiempo en una cadena de televisión de ámbito nacional y en emisoras locales, pero limitando a un máximo de un 20 por ciento de la población la cobertura que podría alcanzar. Esto quiere decir que la red de emisoras locales de un grupo no podrá llegar a más de ocho millones de personas, teniendo en cuenta una población de cuarenta millones de españoles. El mismo límite del 20 por ciento se aplica a los operadores autonómicos con respecto a la televisión local en su ámbito regional.

Además las cadenas locales estarán obligadas a emitir programas televisivos originales durante un mínimo de 4 horas diarias y 32 horas semanales, emisiones que habrán de realizarse entre las 13:00 y las 16:00, y las 20:00 y las 23:00 horas, y deberán corresponder a contenidos relacionados con el ámbito territorial de cobertura del servicio de difusión para el que tengan atribuida la licencia.

Una tercera enmienda fija un periodo de dos años a partir del 1 de enero de 2004 para que las emisoras de televisión local que en la actualidad operan con tecnología analógica se adapten definitivamente al sistema digital. Se flexibiliza así la norma que exigía a las cadenas locales que comenzaran sus emisiones en digital en el segundo semestre de 2004, aunque el nuevo plazo continúa considerándose fantástico e irrealizable en las redacciones de las emisoras locales.

Las reacciones en el sector son diversas, aunque no necesariamente positivas. Los operadores independientes, como Tele K, afirman que con esta medida se «rectifican las serias limitaciones que se ponía a los grandes grupos de comunicación para actuar en el sector de la televisión local»a finales de 2002, al tiempo que se «refuerza la tendencia a la concentración de la titularidad de los medios de comunicación en España que se está siguiendo en Europa». Esto significa, según Paco Pérez, «un gran riesgo para la pluralidad informativa» y la competencia en el sector audiovisual.

La valoración de Calistro tampoco es positiva, ya que alega que la reglamentación de le Ley de Acompañamiento «no ha sido debatida ni consensuada, y no toma en cuenta las necesidades e intereses de cada uno de los operadores, medianos, grandes y pequeños». Se trata de «un modelo de televisión local impuesto», prosigue, que, además, obliga a las locales a ser «punta de lanza tecnológica» de una innovación que supone pasar de la televisión analógica a la digital. «Pedir esto a unas televisiones que generalmente no son ni siquiera legales… es ahogar a alguien que todavía no ha comenzado a dar sus primeros pasos».

Calistro tampoco se muestra conforme con las restricciones gubernamentales sobre las horas de programación exclusivamente local que han de emitirse ni, necesariamente, con su ubicación horaria, ya que «cada localidad es diferente y tiene sus puntos de interés (…) No se puede ser restrictivo y no se puede cercenar el derecho a desarrollar una televisión local rentable».

Aunque las pequeñas cadenas defienden más bien modelos de televisión «genuinamente locales, con un interés social, cultural y educativo, de desarrollo de la comunidad», Paco Pérez reconoce el importante papel «dinamizador y estimulante del conjunto del sector» de los grandes grupos así como su capacidad de suministrar contenidos «complementarios a los genuinamente locales». De ahí que las televisiones independientes buscan marcos de colaboración entre ellas, como el proyecto Madrid en Red en el que participan varios operadores de esta comunidad. Pérez lo ve como un ejemplo de «redes de cooperación desde nuestra independencia» a través de las cuales se puede «acceder a recursos que ahora mismo nos son difíciles y también mejorar los contenidos complementarios, que también son necesarios».

A pesar de las divergencias de opiniones, modelos, tamaños y formas jurídicas de los distintos operadores de televisión local, casi todos coinciden en la situación de indefinición e indefensión creada por el marco legal generado en el ámbito de la televisión de proximidad. Los operadores esperan que el nuevo Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) corrija esta situación con una legislación adecuada y consensuada con todos los sectores implicados, y anhelan la creación de un Consejo Audiovisual con la presencia de todos, «que respete la pluralidad y que tenga competencias reales: que pueda regular, vigilar y emitir informes previos y vinculantes antes de la concesión de licencias», sin que las cuestiones relativas a la televisión local queden al albur del criterio político de turno.

Noemí San Juan