El desarrollo del software libre avanza con paso firme: no parece que las batallas legales sobre su uso ni las campañas de las compañías que controlan el software propietario vayan a ralentizar su desarrollo. Mucho menos si tenemos en cuenta que las grandes compañías de hardware han apostado por sistemas abiertos, que más de la mitad de las Administraciones públicas europeas ya utilizan software libre y que la Unión Europea recomienda su uso.
Para los profanos conviene aclarar que el software libre es aquel que se distribuye de forma gratuita, mientras que el software propietario es aquel que se comercializa. Hasta hace relativamente poco tiempo el único software disponible en el mercado era propietario; esto es, el software desarrollado por una compañía específica para su posterior comercialización. El concepto es muy claro: desarrollar un producto que después sale al mercado.
El mercado de software propietario para ordenadores personales y está liderado por la todopoderosa Microsoft (www.microsoft.es), tanto en el campo de los sistemas operativos (las archiconocidas versiones de Windows), como en el de la ofimática (el paquete Office) y en el de los navegadores de Internet (Internet Explorer).
Sin embargo, en el ámbito empresarial, cuando se realiza el salto de los ordenadores personales a las estaciones de trabajo, el sistema operativo preferido por los desarrolladores pasa a ser UNIX. Las grandes compañías del sector (HP: www.hp.es, Sun: www.sun.es o IBM: www.ibm.es) potencian sus estaciones de trabajo con sistemas operativos basados en UNIX que se adaptan a las necesidades específicas de su hardware.
Estas empresas poseen una licencia UNIX que les permite desarrollar sistemas operativos adaptados; por ejemplo, el sistema desarrollado por IBM para sus procesadores Power PC es el AIX. Evidentemente la empresa propietaria del sistema operativo UNIX posee el liderazgo del sector empresarial similar al que tiene Microsoft en el sector de los ordenadores personales.
Cuando todo parecía dicho en el ámbito del desarrollo de software empezó a fraguarse un movimiento a favor del software libre, software gratuito desarrollado sin ánimo de lucro que pueda ser utilizado por empresas, gobiernos y particulares. El más conocido es Linux (www.linux.org), un sistema operativo creado por el finlandés Linus Torvalds. Precisamente, el padre de Linux se ha incorporado el pasado verano a un consorcio sin ánimo de lucro de empresas tecnológicas, denominado OSDL (www.osdl.org), cuyo fin es promover la adopción del citado sistema operativo. Sin duda, desde su nueva ocupación Linus puede dar un impulso definitivo al desarrollo de su criatura, ya que ha comenzado a dirigir un equipo de miles de programadores de todo el mundo que dedican su tiempo de manera altruista a la consecución de un software de calidad y gratuito. El principal apoyo de este movimiento viene de la organización GNU (www.gnu.org) fundada por Richard Stallman, un antiguo profesor del prestigioso MIT (www.mit.edu). Este sistema operativo, que suele denominarse GNU/Linux, ha sido adoptado por millones de informáticos y está muy extendido en el ámbito científico y universitario.
Si bien la menor implantación de Linux frente a Windows es una importante desventaja, el software libre tiene muchas ventajas sobre el propietario: no cuesta nada, puede modificarse libremente según las necesidades o realizar las copias que sean necesarias según los puestos de trabajo.
Las Administraciones toman partido, los suministradores posiciones
Aunque todo tipo de instituciones y empresas está contemplando la posibilidad de incorporar sistemas abiertos, son las Administraciones públicas las que pueden dar el espaldarazo definitivo a Linux en detrimento de sistemas propietarios como Windows. Por un lado, su capacidad inversora les ha convertido en clientes ideales; por ejemplo, la Administración española (www.mcyt.es) incrementó sus gastos en tecnología en un 18 por ciento mientras el sector dedicado al software cayó un 7 por ciento el pasado año. Por otro, su facultad legislativa y reguladora puede inclinar definitivamente la balanza a favor de uno u otro sistema. En el caso de la Unión Europea (www.europa.eu.int) los pasos dados hasta el momento hacen pensar que los sistemas propietarios pueden haber empezado a perder la gran batalla del software. Así, el Plan eEurope 2005 no puede ser más claro: «los sistemas de información de las Administraciones públicas estarán basados en estándares abiertos y se fomentará el uso de software de código abierto».
Los afectados captaron el mensaje y no han tardado en reaccionar pues es mucho lo que está en juego. No es ninguna novedad mencionar la campaña que Microsoft está llevando a cabo en los ámbitos de las administraciones públicas y de la enseñanza españolas. En sus ofertas a las primeras incluye ahora soporte técnico y formación, y en el mundo educativo donó 25 millones de euros a colegios españoles de las zonas más desfavorecidas, además de poner en marcha un programa en el que invertirá más de medio millón de euros para mostrar a la comunidad educativa las posibilidades de su tecnología informática y estrechar su relación con profesores e investigadores.
Es patente que en el campo universitario se está librando otra batalla entre los dos sistemas y las dos grandes compañías que hay detrás de cada uno de ellos. Así, al inicio del curso académico la Universidad Autónoma de Madrid (UAM / www.uam.es) ha repartido 40.000 distribuciones de Linux, expresamente diseñadas para alumnos docentes y personal de administración y servicios. Dicha distribución fue patrocinada por IBM y su creación estuvo a cargo del Centro de Referencia Linux (http://150.244.56.228/), constituido por la UAM y la empresa informática.
A finales del pasado mes de octubre también ha tomado posición sobre el tema la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información (Sedisi / www.sedisi.es). La Asociación, a través de una nota pública, se manifestó «favorable a la igualdad de oportunidades en la elección del software en las administraciones públicas» y expresó su rechazo «a cualquier acción legislativa o reguladora que implique exclusiones o discriminaciones respecto a un determinado modelo de desarrollo y licencias de software».
Dicha nota parece estar inspirada en el informe El papel del sector público en la industria del software elaborado por la consultora estadounidense Nera, bajo el patrocinio de Microsoft. Aunque en este documento se admite que «la práctica ha demostrado que el software libre ha alcanzado un grado de madurez tal que lo convierte en una alternativa viable al software comercial en algunos segmentos del mercado, y las administraciones públicas hacen bien, por tanto, en eliminar aquellos obstáculos que pudieran impedir el concurso del software libre en licitaciones y aprovisionamientos», en una de sus conclusiones finales se dice que «las administraciones públicas no cuentan con razones técnicas ni económicas que les permitan justificar políticas públicas que discurran a favor del software libre (ni tampoco a favor del software comercial). Por el contrario, la política de la administración con respecto al software debería estar guiada por una estricta neutralidad tecnológica».
Los informes a favor de sistemas operativos libres o propietarios seguirán proliferando. Pero como manifestó Antonio Romano, director general para España de la consultora IDC (www.idc.com) que elaboró el estudio Windows 2000 frente a Linux en la informática empresarial, patrocinado por Microsoft, cuya conclusión es que el primero de los sistemas aventaja al segundo en cuatro de los cinco parámetros analizados, «un informe puede demostrar cualquier cosa dependiendo de las variables con las que juega». El director de IDC destacó en su intervención en la III Semana de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (www.ayco-data.net/e-gallaecia) que «en la actualidad, Linux crece tres veces más rápido que Windows y en dos años estarán al mismo nivel en las grandes empresas».
Dando por supuesto el principio de neutralidad a todos los responsables de introducir los sistemas de información en las diferentes Administraciones, lo cierto es que muchos de ellos están convencidos de que los sistemas abiertos son más baratos, más compatibles y más fácilmente modificables. Es lo que han debido pensar los actuales responsables de la Comunidad Autónoma de Extremadura (www.juntaex.es), que con la puesta en marcha del Proyecto GNU/LinEx (www.linex.org) en 2002, han roto una lanza a favor del software libre.
El proyecto LinEx, que obtuvo el reconocimiento de la prensa técnica especializada al haber sido galardonado como el mejor desarrollo español en los Premios Computerworld 2002 (www.idg.es/computerworld), fue creado por la necesidad de la comunidad autónoma de contar con un instrumento del que se tuviera el control completo. Asimismo se buscó garantiza el éxito del ambicioso Proyecto Global de Desarrollo de la Sociedad de la Información de la Comunidad Extremeña que ha dotado a la región de una potente infraestructura de comunicaciones, la Intranet Regional, capaz de conectar por un sistema de banda ancha más de 1.400 puntos distribuidos en los 383 municipios que integran la Extremadura. Para los responsables de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la región extremeña «conseguir esto y además reducir costes en las instituciones sólo se podía hacer utilizando programas de código abierto».
En España, ha cundido el ejemplo de Extremadura y las comunidades andaluza y valenciana están apostando también por el software libre. Fuera de nuestras fronteras, el Gobierno brasileño, que estudió y llegó a acuerdos de colaboración con el Ejecutivo extremeño, piensa introducir Linux en la mayor parte de la informática estatal. Igualmente, ciudades europeas como Munich, Newham o Nottingham están migrando sus sistemas a Linux.
Pero la utopía del software libre acaba con demasiados intereses creados. Según palabras del presidente de Microsoft, Steve Ballmer, el software libre es «una amenaza para nosotros y para toda nuestra industria».
La batalla que se está dirimiendo en los campos tecnológico y comercial ha llegado, como era de esperar, al terreno judicial. En los últimos meses los ataques a servidores Linux se han disparado y los abogados no han tardado en aparecer. La empresa propietaria de los derechos sobre UNIX, SCO (www.sco.com), demandó en marzo de 2003 a IBM debido al apoyo que el «gigante azul» ofrece al sistema Linux. Según la demanda judicial presentada contra IBM, ésta compartió parte de su sistema operativo basado en UNIX para suplir las carencias de Linux y potenciarlo. Los problemas entre SCO e IBM se remontan a mayo de 2001, fecha en la que IBM dio por terminado el proyecto Monterey de colaboración con SCO para desarrollar un sistema operativo de última generación basado en UNIX que potenciaría los procesadores Intel (www.intel.es), lo que sería una competencia directa en software propietario Windows de Microsoft. La compañía SCO sostiene que IBM utilizó los conocimientos adquiridos en dicho proyecto para después potenciar Linux y que sin su ayuda Linux no supondría la amenaza que hoy supone para el mercado.
Las reacciones no se han hecho esperar. La comunidad internauta ha comenzado su boicot contra SCO, compañía tras la que muchos ven la mano oculta de Microsoft, dado su interés en hundir Linux. Microsoft apoyó públicamente a SCO adquiriendo una licencia de UNIX. Novell (www.novell.com), la propietaria de los derechos sobre UNIX hasta 1995, declaró que SCO no posee tantos derechos sobre el sistema operativo como da a entender. Por supuesto, IBM no ha puesto la otra mejilla.
La respuesta del «gigante azul» ha sido contundente: demandó a su vez a SCO por infringir cuatro patentes de IBM (lo cual no es difícil pues IBM es una de las compañías que más patentes posee del mundo) y por intentar aprovechar en beneficio propio el sistema operativo Linux, que está protegido por la licencia de la organización GNU que impide que nadie pueda aprovecharlo con ánimo de lucro. Simultáneamente, Robert Samson, subdirector general de sistemas de IBM, comunicó a sus clientes que la iniciativa de SCO «es un intento de aprovechar sus limitados derechos sobre un sistema operativo UNIX muy antiguo, generando miedo, incertidumbre y dudas en el mercado».
Aunque la batalla judicial promete ser larga, los inversores dictaron sentencia tan sólo un día después de la presentación de la demanda: las acciones de IBM subieron un uno por ciento, mientras que las de SCO bajaron un ocho por ciento. No está nada claro que la demanda de SCO vaya a condicionar la libertad que goza Linux. De hecho, las maniobras legales de SCO no parecen asustar a las empresas que quieren migrar a Linux, como se desprende de una encuesta realizada entre cien directivos de grandes empresas por el Credit Suisse First Boston (www.csfb.com): el 84 por ciento de los ejecutivos (el 73 por ciento del total) que tenía pensado instalar Linux en sus empresas, seguirá adelante con sus planes.
Y es que, como expresó Juantomás García, presidente de la Asociación de Usuarios Españoles de GNU-LiNUX (Hispalinux / www.hispalinux.es) y firme defensor de la democratización del conocimiento, «los formatos, las herramientas y la información son elementos que tienen que estar accesibles para todo el mundo en todo el mundo».
Marcelino Muñoz Sanandrés
Artículo extraído del nº 58 de la revista en papel Telos
