El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España se ha propuesto cambiar la Ley de Propiedad Intelectual, vigente desde 1996, para adaptarla al actual entorno social y económico en el que se mueve la creación. La revolución tecnológica ha favorecido la aparición de nuevos medios de distribución, como Internet o los teléfonos móviles, que conviven con los tradicionales, como los televisores que tienen las habitaciones de los hoteles, por ejemplo.

Lo que el Gobierno propone es una nueva norma que, en principio, debía incorporar los preceptos contenidos en la nueva directiva de la Unión Europea sobre Derechos de Autor y afines en la Sociedad de la Información, pero que en la práctica va más allá. Desde el Ministerio reconocen que su propuesta introduce otros cambios para «mejorar el actual sistema de gestión de los derechos, de forma que se reduzcan los elevados índices de conflictividad de los últimos años».

Y éste es uno de los puntos de fricción del debate. «Han aprovechado la nueva directiva europea para pegar un tajo a los autores», afirma el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, que pide que se trasponga la directiva europea sin más añadiduras.

Otro aspecto no menos polémico es que el anteproyecto de ley plantea, entre otras cosas, la creación de una comisión que se encargará de fijar las tarifas a recaudar por las obras y de sancionar determinados incumplimientos de las sociedades de gestión, que no aparecen tipificados por la ley y que hasta ahora quedaban impunes en muchos casos. Este organismo sería el heredero de la Comisión Mediadora Arbitral pero tendría más competencias. Actuaría sólo cuando no haya acuerdo entre las partes y tendría la potestad de fijar pagos bajo reserva, hasta que las partes lleguen a un acuerdo o haya una solución judicial.

¿Mediación o intervencionismo?

Este planteamiento ha levantado todo tipo de ampollas entre los organismos de gestión. La SGAE se resiste con uñas y dientes a que el Gobierno ejerza lo que califica de «intervencionismo absurdo». Su presidente, Eduardo Bautista, señala que «los precios los marca el mercado, es una barbaridad que no existe en Europa y que podría incluso vulnerar principios constitucionales». La SGAE ha anunciado que recurrirá la nueva ley ante diversas instancias internacionales.

En juego hay mucho dinero y muchos intereses. Bautista señala que, de salir adelante esta ley, 25.000 puestos de trabajo quedarán borrados del mapa y la SGAE dejará de ingresar 11.000 millones de euros en los próximos 15 años. Pero el Ministerio de Educación considera estas cifras imposibles, dado que la facturación de la SGAE el año pasado ascendió a 245 millones de euros.

El Gobierno insiste, además, en que la Comisión aportará una mayor transparencia y fórmulas alternativas para la resolución de conflictos. Este argumento no es baladí, porque los tribunales están saturados de demandas planteadas por los distintos grupos de gestión en relación con los derechos de autor: unos 7.000 pleitos pendientes en juzgados de toda España, según datos de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) o más de 12.000, según la Federación Española de Hostelería (FEHR).

El Supremo ampara a los hosteleros

Sin embargo, el horizonte judicial está hoy más claro, después de que el pasado 10 de mayo una sentencia del Tribunal Supremo liberara a las televisiones de las habitaciones de los hoteles del pago de un canon a las entidades de gestión de la propiedad intelectual. El presidente de la FEHR, Pedro Galindo, afirma que «da por finalizada la guerra que manteníamos ambos sectores desde 1993, porque la sentencia del Supremo es firme». El Tribunal Supremo considera que las habitaciones de los hoteles son domicilio privado también a efectos de la propiedad intelectual y que la simple recepción de la señal de televisión no equivale a una comunicación pública, en contra de lo que argumentaba la SGAE, que entendía que podía cobrar una tasa mínima de 12 euros tan sólo por tener una televisión o una radio. Ahora, parecería que se ha zanjado la cuestión, aunque la SGAE aún puede recurrir el fallo.

Todo esto es una prueba más de lo encarnizado que está el debate. Muchos de los afectados critican al Gobierno por lo que consideran una falta de diálogo. La SGAE denuncia que Cultura no ha aceptado ninguna de las 108 propuestas que hizo tras analizar el anteproyecto de ley y esgrime que un colectivo de 72.000 autores debe tener algún derecho a opinar al respecto. Y no son los únicos que piden que se les escuche.

La Asociación de Músicos y Compositores (ACAM), con 600 asociados entre los que se encuentran figuras como Miguel Ríos, Víctor Manuel, Loquillo, Rosendo o Ramoncín, también ha planteado sus críticas ante el Ejecutivo. La ACAM considera que «el derecho de autor deja de ser propiedad del creador para convertirse en un privilegio que le otorga el poder establecido, porque no se puede decir que un autor tenga el derecho de propiedad sobre su obra si pierde la facultad de fijar el precio frente a un tercero que desee hacer uso de ella».

Fotocopias ilegales

En la misma línea se mueven los argumentos del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), asociación que defiende a los creadores y editores del daño que les causa el fotocopiado de libros, periódicos y revistas. Según el último informe de CEDRO, en España se fotocopiaron, entre noviembre de 2001 y el mismo mes de 2002, casi 3.500 millones de páginas de obras protegidas por derechos de autor, y la mitad de esas fotocopias se hicieron sin compensar al autor. «No hemos encontrado ni enemigos ni aliados en el Ministerio», explica el vicepresidente de la asociación, Federico Ibáñez Soler, quien sin embargo se muestra convencido de que el Gobierno no está dando muestras de querer avanzar en la protección de los derechos de autor. «Prefieren conceder premios», se lamenta, al tiempo que añade: «nuestra impresión es que en Educación y Cultura se han topado con obstáculos insalvables».

La entidad de gestión Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) tampoco se muestra muy convencida del anteproyecto de ley, aunque por ahora no ha ofrecido una postura clara al respecto. Considera que el nuevo texto legal no supone «ninguna alarma» para los autores, pero advierte que se mantendrá «atenta a cualquier modificación de última hora» que se introduzca en el texto propuesto.

Quien sí se ha mostrado claramente a favor de la reforma legal es la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). Su presidente, Alejandro Echevarría considera «urgente» que el proyecto de Ley llegue al Parlamento, aunque no responde del todo a sus expectativas, ya que un nuevo retraso ocasionaría un «grave daño» al sector, dada la crisis por la que atraviesa. UTECA se muestra especialmente satisfecha con la propuesta de crear una Comisión Arbitral porque considera que eso acabaría con la «situación de dominio» de las entidades de gestión.

Regular las descargas a móviles

También la Asociación de Empresas de Servicios a Móviles (AESAM) cree «correcta, adecuada y necesaria» la reforma legal que prepara el Gobierno porque, en su opinión, «va a permitir avanzar hacia una mayor seguridad y transparencia», y, asimismo, defiende la creación de una Comisión Arbitral. Un caso que preocupa a las empresas que transmiten datos, imagen y sonido por móviles es el de las melodías y los logos descargados. «Cabe la posibilidad de que los objetos de esas descargas estén protegidos por los derechos de propiedad intelectual y que, consecuentemente, las empresas de servicios a móviles deban pagar por su utilización. AESAM no cuestiona la obligación de pagar, sino que se plantea los conceptos, procedimientos y cuantías que algunas de las entidades de gestión les cobran en estos momentos».

Sin embargo, la batalla, ya iniciada, todavía no tiene visos de terminar. Las partes implicadas aún se encuentran inmersas en el debate, y hay quienes, como UTECA, apuntan a una posible dificultad añadida: la supuesta «falta de consenso» que podría existir en el seno del Ejecutivo sobre este asunto.

El propio Gobierno admite que aún tiene una ardua tarea por delante. Cuando terminen las consultas sobre la propuesta de reforma, se elaborará un nuevo anteproyecto que incorpore las sugerencias hechas por todos los implicados. Ese documento deberá ser enviado al Consejo de Estado para que decida si es constitucional o no. Si no lo es, habrá que modificarlo nuevamente, pero si lo es, será enviado al Consejo de Ministros, que lo convertirá en proyecto de ley. Ese proyecto será debatido en el Congreso y en el Senado, y sólo cuando ambas cámaras le den el visto bueno podrá convertirse en ley. Eso significa tiempo. Desde CEDRO señalan que la reforma no verá la luz en esta legislatura.

María Luisa Roselló