En el caso de los países que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y sus asociados (Bolivia y Chile), el interés por la situación del conjunto de las Industrias Culturales y de la Comunicación (IC) data de fecha muy reciente. A finales de 1999, el Parlamento Cultural del Mercosur (PARCUM) aprobó un proyecto destinado a conocer, de manera preliminar, la incidencia económica (PBI, Inversiones, Balanza Comercial) y social (PEA) de las mismas en el desarrollo de la región. Este proyecto fue aprobado también, algunos meses después en Buenos Aires, en una Reunión de Ministros de Cultura de la región y entre los principales objetivos del estudio figuran los de reunir y procesar información sobre la evolución de las IC en el último período para proponer cambios en la legislación y las políticas relacionadas con las IC.

En materia de procesos de digitalización, las IC han iniciado su implementación en la última década, en el marco de una tentativa de modernización que se vio facilitada por la compra de empresas locales por grupos transnacionales o a través fusiones o asociaciones entre unas y otros. En el sector en el sector audiovisual –televisión, cine, disco, vídeo, etc.– la digitalización estuvo inicialmente a cargo de las empresas con mayor capacidad de inversión, reforzando procesos de concentración productiva y de servicios. Asimismo, la combinación de los sistemas de telecomunicación, transmisión de datos, señales de TV e informática –representada cada vez más por Internet– ha comenzado a modificar la comercialización de los productos digitales (noticias, música, imágenes, programas de informática) y a modernizar el conjunto de las IC, de acuerdo con la capacidad de las mismas y según las políticas vigentes para el sector en cada país.

Diferencias en el interior del bloque regional

En este punto se observan desajustes y competencias guiadas más por el afán de dominar el mercado que por concurrir a una integración efectiva. La regulación estatal del sector televisivo ofrece claras diferencias entre Brasil y Argentina. En este país, la política elegida en los años noventa fue la de “liberalización por decreto”, abandonando las medidas proteccionistas que existían para preservar ciertos intereses nacionales en materia de relaciones de propiedad (restricciones al capital extranjero) y emisión de contenidos (porcentajes mínimos de programación nacional). La elección fue manu militari, sin debate público, intervención judicial o cualquier forma de participación ciudadana. Contrariamente, en el Brasil las reformas implementadas han sido producto de la actualización del marco legal de las industrias de la comunicación.

El panorama brasileño ofrece todavía, por el nacionalismo de sus dirigencias y el tamaño de su mercado interno, un proteccionismo industrial que parece estar cediendo ante los embates de la globalización. Un ejemplo de ello fue la privatización de Telebras en 1998, indicio de un eventual debilitamiento de la política anterior.

La aparición de la televisión digital (DTV) acentuó las diferencias en vez de atenuarlas. A fines de 1998, el Grupo Clarín, de Argentina, realizó a través de su Canal 13 de TV, la primera emisión de este nuevo sistema y, poco después, el gobierno de este país decretó la adopción del sistema norteamericano ATSC de TV digital –uno de los tres principales sistemas en competencia– sin aprobación parlamentaria, ni consultas técnicas, rompiendo además tratados del Mercosur. El pretexto formal de los funcionarios argentinos fue que si el Brasil establecía el sistema antes que la Argentina, toda la producción de DTV tendría como base de referencia a ese país, en lugar de tenerla en el propio. La decisión real mostraba simplemente, de parte del gobierno argentino, su disposición de alineamiento automático con los Estados Unidos antes que someter ésta a una verdadera política de integración y desarrollo regional.

La situación de crisis más o menos generalizada que afecta a las economías de la región a partir de 2000 amenaza con detener esos procesos o, por lo menos, derivar cada vez más el control de los mismos a las grandes compañías transnacionales, en beneficio de franjas altamente selectivas y reducidas de los mercados locales. El crecimiento de la informática, por ejemplo, experimenta en la actualidad un ritmo mucho más lento que el que tuvo en los años noventa.

La creciente competencia interna e internacional en el marco de la globalización económica ha empujado a las IC a desarrollar fuertes procesos de integración interempresarial de los que participan diversos medios e, inclusive, actividades económicas y financieras ajenas al sector.

Un rubro en el que se están realizando emprendimientos conjuntos es el de las telecomunicaciones, asociadas en algunos casos al sector satelital y a la televisión. A este tipo de fusiones de empresas intrarregionales se suman convenios vinculados a las políticas de globalización de los grandes conglomerados de multimedios. Con el Mercosur las multinacionales ya no necesitan como en otros tiempos manejar fábricas propias en cada país; ahora pueden repartir los esfuerzos desde un principal centro productivo o de maquila, con la consiguiente reducción de costes.

Paradójicamente, la integración regional se acentúa a través de esas asociaciones y fusiones empresariales, en las que los capitales extrarregionales tienen un creciente protagonismo. Esta situación, relativamente nueva en las IC, no es acompañada por políticas de nacionales o regionales de regulación para que represente beneficios reales y duraderos para los países del Mercosur. Lo cual implica que las inversiones efectuadas hasta ahora -en general de muy corto plazo- puedan desaparecer con la misma rapidez con la que llegaron.

Transnacionalización y concentración

Transnacionalización y concentración son los dos rasgos distintivos de la nueva situación planteada en las industrias culturales. Esto amenaza también a la diversidad cultural en materia de producción de contenidos. El mayor control de la industria y del mercado implica, a la vez, un poder de igual magnitud sobre la “agenda” de programación y los títulos a producirse, sean ellos películas, programas de TV, discos, libros o material discográfico.

El sector más perjudicado con estos procesos son las pequeñas y medianas industrias culturales (PyMEs). Dedicados los grandes conglomerados a desarrollar líneas de producción de éxito seguro con fuertes inversiones de publicidad y mercadeo, los emprendimientos de menor capacidad están obligados a trabajar en los espacios intersticiales sobrevivientes: nuevos y desconocidos creadores, experiencias artísticas innovadoras, públicos altamente selectivos, mercados territoriales limitados, etc., con los consiguientes riesgos que ello representa para cualquier tipo de inversión productiva.

Los pequeños editores de libros o de fonogramas se ocupan así de producir obras de nuevos creadores y de tiraje muy reducido; las publicaciones periódicas se orientan a franjas minúsculas de lectores, principal fuente de financiamiento de las mismas, en tanto ellas no cuentan con avales publicitarios; los nuevos cineastas y videastas, sin productores interesados en arriesgar financiamiento alguno, se abocan a tramitar subsidios gubernamentales, en el marco de presupuestos seriamente afectados por las políticas económicas vigentes. Tales situaciones afectan conjuntamente a la fabricación y comercialización de manufacturas culturales y a los procesos de diseño y creación artística, cultural y comunicacional. La concentración de la producción y de los mercados tiende a estandarizar y a serializar, como forma de “macdonalización” de la cultura, no sólo los procesos de fabricación y producción de libros, revistas, discos y películas, sino también los contenidos simbólicos y las narrativas inherentes a dicha producción, con sus obvias implicaciones en la demanda y el consumo. Ello permite pronosticar una seria amenaza a la diversidad cultural y, con ello, a la propia existencia de una democracia verdaderamente representativa.