Al borde de una crisis de consecuencias imprevisibles, la RTP es hoy una empresa que finalmente ha suscitado un amplio consenso en la sociedad portuguesa. Y en dos niveles: si los portugueses no tienen dudas de que es necesario mantener un servicio público de televisión, también están genéricamente de acuerdo en que el principal canal de la televisión del Estado portugués (la RTP1) prima cada vez más la oferta de los operadores comerciales, lo cual no corresponde a lo que se esperaba de ella y a lo estipulado en el Contrato de Concesión. A saber: la TV pública debe «desarrollar una televisión pluralista, innovadora y variada, que responda a elevadas normas éticas y de calidad y que no sacrifique esos objetivos a las fuerzas del mercado (…)»; debe «proporcionar una información imparcial, independiente, esclarecedora y pluralista, que suscite el debate y excluya la información-espectáculo o sensacionalista (…)»; debe «privilegiar la producción propia y nacional, en particular de autores cualificados de los ámbitos de la ficción portuguesa y del documental».

Primer Acto

La crisis más pronunciada del audiovisual público portugués comenzó, no obstante, a finales de los años 1980, con aquello que entonces se denominó la «preparación» del monopolio del Estado de cara a la época de la competencia, dado que se avecinaba la entrada de operadores comerciales en el mercado portugués desde principios de los años 90.

Gobernaban en aquel entonces los socialdemócratas (PSD) y en la RTP predominaba fundamentalmente el responsable de antena, José Eduardo Moniz, hoy director de programas y e informativos de la TVI, el canal líder del mercado portugués desde septiembre de 2000. Se hicieron entonces significativas y desproporcionadas inversiones, sobre todo en los mercados extranjeros de programas, con el fin de permitir a la RTP mantener una posición de claro predominio sobre aquellos que vendrían a ser los primeros operadores de televisión privada en Portugal: la SIC (que emitió por primera vez el 6 de octubre de 1992) y la TVI (el 20 de febrero de 1993).

Para los analistas independientes estaba entonces muy claro que no habría mercado para que cuatro emisoras se disputaran el “pastel” de la publicidad. Se lanzaron entonces diversas alarmas, pero lo cierto es que el gobierno de Cavaco Silva decidió seguir adelante con dos nuevas licencias que permitirían a la RTP1 y a la RTP2 mantenerse también en la disputa de la publicidad.

Segundo Acto

Casi simultáneamente con la liberalización de la Ley de Televisión, a principios de los años 90, el gobierno de Cavaco Silva decide acabar con la tasa de televisión en Portugal, lo cual supuso para la televisión pública la eliminación de una fuente de ingresos –y de un vínculo directo con la comunidad de ciudadanos/contribuyentes–, lo que tendría consecuencias inevitables y agravaría el déficit de la RTP, que a partir de entonces aumentó exponencialmente.

Además, se transfirió a Portugal Telecom la red de emisión de la RTP, por un coste que no compensaba a la televisión pública por la pérdida de un importante recurso, y que pasó a ser deudora del alquiler de dicha red, cuyo pago pasó a ser, por tanto, obligatorio.

También el mercado comienza a no ser nada favorable para la RTP. La SIC comienza sus emisiones y rápidamente se sitúa como un canal del agrado de la mayoría de los portugueses. La estrategia frente a la Rede Globo, su socia, que le concede la exclusividad de su programación y en particular de las telenovelas (desde 1977 el género de mayor audiencia en Portugal), constituyó el golpe definitivo sobre la “histórica” RTP. A partir de 1995 la SIC se convierte en líder absoluta de audiencia en Portugal.

En síntesis, la situación actual es en buena parte el resultado de una acumulación de errores cometidos a principios de los años 90. Recordemos algunos de los principales: la indefinición de la estrategia del operador público con respecto a la fase de la liberalización, el final de la tasa de televisión y la enajenación de la red de televisión, la concesión de franquicia a dos operadores privados y no a uno, como recomendaban los estudios técnicos, y la inexistencia de especificación de requisitos para los canales comerciales.

Tercer Acto

En octubre de 1995 los socialistas (PS) sustituyen a los socialdemócratas en el gobierno. Se crea una Comisión de Reflexión sobre el futuro de la televisión, que supuestamente sería el organismo consultivo encargado de emitir una opinión sobre las grandes opciones estratégicas para la RTP, pero las diversas sugerencias realizadas no consiguieron adeptos en el seno del gobierno.

En la Comisión se pretendía «refundar» la RTP1 como auténtico servicio público de calidad y crear en la RTP2 un proyecto más adecuado a los tiempos actuales. Se pensaron diversas fórmulas –canal de saberes/conocimiento, de las regiones, el sistema de televisión de pago, etc. Concretamente, en los puntos 11 y 12 de las Conclusiones y recomendaciones, párrafo e): «Sobre la definición del modelo de servicio público y de su financiación y organización» –(Informe final, octubre de 1996)– la Comisión de reflexión sobre el futuro de la televisión defendía: «Alternativamente, el mantenimiento del status quo de la RTP2, el paso del segundo programa al régimen de televisión de abono, mediante asociación de la empresa con inversores idóneos y la subordinación a una riguroso pliego de condiciones, constituiría un factor de:

– intervención reguladora en el mercado, mediante la liberación de recursos financieros necesarios para satisfacer los requisitos de servicio público de la RTP y parta el fomento de los ingresos publicitarios de los operadores privados;

– superación de las antinomias existentes en los dos canales de cobertura nacional de la RTP y en particular de la pérdida de carácter propio de su primer programa;

– apoyo a la entrada de la operadora de servicio público en el segmento de la televisión de pago;

– desarrollo, por parte de la RTP, de asociaciones estratégicas adecuadas para la adquisición de catálogos importantes de derechos y recursos técnicos cualificados;

– Reducción sustancial del pasivo de la empresa».

En el punto 12: «En la hipótesis contemplada en el número anterior, la programación del servicio público se recentraría en la RTP1 –que vería reducido a su vez el actual grado de dependencia del mercado publicitario–, sin perjuicio del mantenimiento, en el segundo canal, de patrones ético-cualitativos exigentes».

Al mantenerse todo como antes, al empeorar su cuota de audiencia y de mercado, al ver crecer junto a ella a la SIC y a la TVI –aparte de la TV Cabo–, la RTP asistía a la imparable aceleración de su déficit financiero: de casi 50 millones en 1995, pasaría a cerca de 200 millones en 2001. La empresa es hoy, en el contexto de la cohesión económica de las finanzas públicas en el marco de la Unión Europea, uno de los casos nacionales graves. Los propios socialistas reconocen ahora, después de su derrota electoral, que su gestión de los medios audiovisuales públicos fue uno de sus peores campos de actuación desde 1995 hasta 2002.

Cuarto Acto

Se imponía, por tanto, la necesidad de asumir medidas drásticas. Los dos grandes partidos, PS y PSD, en la pugna electoral de cara la legislatura de la era «pos-Guterres» (2002), coincidían en un punto: se requerían medidas de emergencia y se podría llegar incluso a la liquidación de la RTP, mediante la creación desde cero de una nueva empresa de servicio público, que podría llegar a ofrecerse a través de un único canal. El secretario general del PS, Ferro Rodrigues, llegó también a referirse a la crisis de la RTP, afirmando que la empresa podría evolucionar exactamente en ese mismo sentido, si en un plazo determinado –hasta un máximo de dos años– los problemas no encontraban una solución.

El PSD venció en las elecciones y en su programa electoral se decía, en referencia a la RTP: «a) Reestructurar la empresa a partir de una auditoría de gestión, organizativa y financiera efectuada en cortísimo plazo y con fechas bien definidas; b) aplicar un plan financiero a corto y medio plazo, planteándose en el primer plazo una forma de resolver algunos problemas inmediatos y debiéndose vincular el medio plazo a la concreción de un plan de reestructuración con calendarios bien definidos; c) escindir en dos empresas la actual RTP, de modo que cada una de ellas sería titular de una de las licencias que la RTP posee en la actualidad; d) teniendo en cuenta la evolución del panorama actual portugués, enajenar una de esas empresas en condiciones a determinar; e) concentrar el servicio público de televisión en un canal generalista, en la RTP internacional y en la RTP África. Mantener la marca RTP como exclusiva de la empresa entre los canales generalistas; f) enajenar parte o incluso la totalidad de las empresas integradas en el grupo RTP; g) cuantificar de forma rigurosa y a partir de la auditoría antes mencionada el coste real del servicio público de televisión, pasando éste a estar financiado por los Presupuestos del Estado (como por otra parte ya sucede, pero sin ningún tipo de rigor o transparencia); h) fijar patrones de calidad para el canal generalista, basados en una definición de lo que es un servicio público de televisión que defienda la cultura, la lengua, la identidad nacional y la cohesión social. Un canal sin preocupaciones de competencia con los canales privados, pero que pueda ser un socio activo en el mejoramiento del panorama audiovisual; i) autonomizar los centros regionales de las Azores y Madeira, en condiciones que habrá que determinar y mediante negociaciones adecuadas con los respectivos gobiernos regionales; j) convertir la RTP Internacional y la RTP África en verdaderos instrumentos de una política de defensa de la identidad nacional, en el primer caso, y de cooperación, en el segundo, lo cual implica el uso de contenidos producidos por los distintos canales o productores nacionales».

Nombrado Ministro de la Presidencia, Morais Sarmento anuncia un único canal generalista, la reducción del número de empleados, dejando abiertas algunas cuestiones: enajenación o liquidación de un canal, dejando el otro con o sin publicidad, según el dictamen al que llegue una Comisión independiente, que será preciso crear. Y se nombra una nueva administración, presidida por un destacado gestor socialista, Almerindo Marques. Pero la historia no termina aquí. El Consejo de Opinión de la RTP, con competencias para pronunciarse de forma vinculante sobre las personalidades que integran las administraciones de la RTP, veta el nuevo Consejo de Gestión, sobre la base de una argumentación que aparentemente sobrepasaba su competencia específica.

Desde una crisis de los medios audiovisuales, se evolucionaba, según parecía, hacia una crisis institucional, con reclamaciones de intervención del propio Presidente de la República. El hecho es que la situación de la RTP no es compatible verdaderamente con la falta de decisión y el retraso en la intervención. Es fundamental actuar. Y actuar en el sentido de la dignificación de la televisión pública y de la creación, en última instancia, de un Servicio Público de TV más allá de toda sospecha.

¿Cómo hacerlo? Ésa es la cuestión. La respuesta solamente podrá encontrarse en un modelo radicalmente distinto del que ha predominado hasta ahora. En eso parece existir un consenso unánime.

Pero el futuro se construye contra el pasado y contra el servilismo de la RTP con respecto a la política y a las mediciones de audiencia, aspectos en los que ningún presupuesto estatal riguroso le podrá echar una mano salvadora. Se ha llegado a un punto de no retorno. Ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre y devolver la RTP al ámbito de la ciudadanía, apartándola del mercado y de la guerra de audiencias que tanto daño le (nos) ha hecho. Daño que, por desgracia, está bien a la vista.