La política cultural como la conocimos en el siglo XX proviene de una larga tradición en el diseño y aplicación de acciones a favor de la protección y preservación del patrimonio artístico e histórico, lo cual ha permitido la creación de un sistema cultural integrado por una vasta legislación y magníficas instituciones y obras en la mayor parte de América Latina.

Esta política cultural se ha nutrido de formas jurídicas y políticas, así como de la riqueza pluricultural de nuestra región, del enorme patrimonio cultural y de la vocación creativa de nuestros pueblos. Por ello podemos afirmar que históricamente el objeto de la política cultural se ha referido fundamentalmente a la protección y regulación de su patrimonio, la gestión y el fomento de las expresiones creativas, la educación artística, las fiestas y tradiciones populares, los museos, las bibliotecas, el teatro, la literatura, la pintura y el fomento de la lectura.

La cultura como factor de desarrollo económico y social

Sin embargo, en los últimos años, dentro de algunos de los principales foros académicos y económicos internacionales se ha reconocido que la cultura es parte de un innegable proceso de desarrollo económico de las sociedades. La cultura es un recurso para el desarrollo de nuestros pueblos porque genera empleo, ingresos, mejora la calidad de vida de las personas, las aleja de la violencia y genera cohesión e identidad social y cultural. Es decir, la cultura reconstruye el tejido social donde se ha visto desintegrado por la violencia o ciertas políticas económicas.

La unidad de medida de la relación economía-cultura son los conceptos de industria cultural y creativa, aunque esta última con cuestionamientos que ya han sido ampliamente debatidos. Las industrias culturales instituidas son aquellas reconocidas, promovidas y reguladas por la Ley y el Estado; producen, distribuyen y generan el consumo de bienes informativos y simbólicos, susceptibles de protección de derechos de autor, que permiten el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos a la información y la cultura.

Las industrias culturales están circunscritas en un ambiente de mercado altamente competitivo, sujetas a afectaciones de poder económico y político, donde las innovaciones tecnológicas constantemente crean nuevas formas de circulación y consumo que se incorporan en la cambiante cadena de valor como recursos, productos y servicios a la sociedad. Estas industrias afectan y son afectadas por su entorno económico, político y social. Por ello, la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo económico y social y contribuye a fortalecer la independencia, soberanía e identidad de las naciones.

La otra gran perspectiva de la cultura como factor de desarrollo es el turismo cultural. Recordemos que existen industrias culturales de flujo y de red, en las que el derecho de autor o la obra intelectual se transmiten por medio de señales electrónicas (radiodifusión, Internet o telecomunicaciones); las industrias culturales editoriales, en las cuales el producto cultural tiene una expresión física serializada, como la industria de la música en soportes como el disco compacto o el libro impreso.

Finalmente, existe el turismo cultural, en el cual el consumo simbólico ocurre de manera remota y la persona debe desplazarse a un lugar in situ para realizarlo. Desde esta perspectiva, los sitios y monumentos arqueológicos, el patrimonio cultural edificado, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, festivales culturales, tradicionales, gastronómicos y de reserva de biósfera natural entran dentro de esta categoría.

Así como las industrias culturales se han visto trastocadas por la digitalización y las nuevas plataformas tecnológicas, también el turismo cultural se ha visto potenciado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los nuevos paradigmas.

Nuevos paradigmas

Somos una generación que en los últimos veinticinco años ha sido testigo y protagonista de una compulsiva evolución representada por la digitalización, la comunicación móvil, Internet, la Banda Ancha y la convergencia. Estas transformaciones e innovaciones han colapsado los modelos de negocio y sus cadenas de valor en todas las áreas de la economía y de manera relevante en la industria de la comunicación y la cultura.

También llama la atención el efecto estructural en la forma de gestionar la Administración Pública, de diseñar las políticas públicas y la regulación. Estos nuevos paradigmas han provocado un consenso global al considerar el acceso a las TIC como un derecho fundamental de los ciudadanos y, con ello, a metamórficas plataformas de comunicación.

Este derecho de acceso a las TIC comparte las otras características de los derechos fundamentales, incluido su carácter programático, es decir, guía y dirección para que, con el tiempo y la acción pública, se acate. ¿Qué tienen que ver todos estos elementos disruptivos? Que por primera vez están plenamente interrelacionados. El derecho de acceso a las TIC, el ejercicio pleno del derecho a la información y el derecho a la cultura no se reducen a garantizar su ejercicio, sino a proveer en el espacio jurídico y de las políticas públicas las acciones y regulación necesarias para garantizar a todos los ciudadanos -sin discriminación- el uso, goce y beneficio pleno de estas tecnologías en las modalidades existentes, pero también de los servicios públicos y del acceso al patrimonio cultural bajo gestión del Estado en sus diversas expresiones.

En esta nueva generación de derechos potenciados por las TIC, el ciudadano no debe solo acceder a estas tecnologías, sino también hacerlo oportunamente y con la profunda riqueza que ofrece la innovación tecnológica hoy en día. En consecuencia, la regulación y la política pública deben ir alineadas en el proceso de garantizar el ejercicio pleno de estos derechos a los ciudadanos.

Impacto regulatorio y de política pública

En América Latina somos 618 millones de habitantes y contamos con más de 700 millones de conexiones móviles, de las cuales 360 millones son usuarios únicos. Esto quiere decir que poco más de la mitad de América Latina está conectada, mientras que la otra mitad no, lo cual ha generado una nueva reacción de los Estados ante estos nuevos paradigmas en los últimos años, diseñando políticas públicas en forma de Agendas Digitales o Planes de Banda Ancha, nueva regulación y explorando nuevos diseños institucionales.

Son conocidos los casos de los programas Vive Digital de Colombia, el Plan de Banda Ancha de Brasil, Imagina Chile, Argentina Conectada, la Estrategia Digital Nacional de México, el Plan Ceibal de Uruguay, entre otros. Adicionalmente, contamos con nuevas leyes del sector en Ecuador, España, Argentina y México, así como nuevos diseños institucionales como Arcotel en Ecuador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) en Argentina y el Consejo Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMT) en España.

Actualmente se debaten y repiensan nuevos instrumentos regulatorios y de política pública prácticamente en todos los congresos de la región. Regulación, política pública y nuevos diseños institucionales deben construir una visión robusta de conectividad, inclusión digital e impacto económico que permitan alinear transversalmente los esfuerzos de las Administraciones Públicas y generar predictibilidad, certeza y orientación en la inversión, despliegue de tecnología y servicios de la nueva economía digital y de la cultura en la región.

Hoy estas industrias están sometidas a formidables presiones tecnológicas y de mercado. Las oportunidades de solución radican, por un lado, en el diseño de una política digital para la cultura que prevea el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales y, por el otro, la puesta en línea de bienes y servicios culturales para su acceso y disfrute remotos, situación impensable antes del desarrollo tecnológico y la digitalización.

Pensemos en la descarga de contenidos adicionales o guías museísticas, recorridos virtuales de zonas arqueológicas, herramientas de realidad aumentada y consulta de fichas técnicas, escaneo de ultra alta definición de obras clásicas de la cultura universal, descarga sobre demanda o transmisión en streaming de conciertos sinfónicos, digitalización y consulta on line de libros incunables, mediatecas virtuales con imágenes, grabaciones y publicaciones históricas, etc.

Complementariamente, las industrias culturales digitales le devuelven la oportunidad a las políticas públicas y al Estado de propiciar formas creativas de gobernanza y refuerzan su capacidad rectora en la política cultural.

Desde la perspectiva de la política cultural, es un proceso de gestión que debe ser vertebrado por las industrias culturales, porque generan ingresos mejor distribuidos, creatividad, innovación, sustentabilidad, evitan la depredación del patrimonio cultural por la presencia humana, generan ciudadanos culturales responsables y oportunidades generosas de desarrollo.

En 2007 México fue el segundo país en ratificar ante la UNESCO la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que claramente es el marco donde se reconoce la importancia de estas industrias y su contribución al desarrollo integral de la sociedad y de los seres humanos.

Retos para América Latina

La economía digital y de la cultura en América Latina tiene sus propios retos y agenda. Estamos generando regulación que beneficia solo a los ya conectados y hace falta incorporar a quienes carecen de las TIC para garantizar su derecho a la cultura. La promoción y preservación del patrimonio y el turismo culturales pasa ineludiblemente por las nuevas tecnologías digitales. Somos 618 millones de habitantes que por primera vez podemos consumir cultura y contenidos simbólicos desde nuestros dispositivos móviles. La información, el conocimiento y el compromiso colectivo con la cultura y sus creaciones se han ampliado. Hoy más que nunca somos ciudadanos del mundo… en un mundo donde la cultura está virtualizada, digitalizada y al alcance de la mano.