A finales de febrero de 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (CNUCYD), realizó la primera reunión multisectorial de evaluación de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: CMSI + 10.

Durante tres días, en la sede parisina de la Unesco tuvieron lugar varias sesiones plenarias, 83 sesiones temáticas, en las cuales participaron cerca de 1.400 personas provenientes de 130 países. A estos participantes se adicionaron otras 800 personas que siguieron los debates a través de Internet.

La idea de los organizadores de este enorme fórum de debate -que contó con el sostén de grandes empresas como Walt Disney, Google o Verizon- fue reflexionar sobre los desafíos que enfrentan nuestras sociedades en materia de educación, cultura y comunicación y ofrecer principios que guíen una renovada estrategia de la Unesco en su búsqueda de unas sociedades del conocimiento para la paz y el desarrollo sustentable.

Ante este reto es conveniente hacer un poco de memoria. Hace una década la primera fase de la CMSI (Ginebra, 2003) se saldó con dos documentos oficiales de filiación tecno-difusionista: la Declaración de Principios y el Plan de Acción. Ambos proclamaron la necesidad incentivar la inversión privada para el desarrollo de infraestructuras de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en un denominado ‘entorno habilitador’; es decir, un ambiente propicio para la rentabilidad de las grandes proveedoras de acceso a Internet. Por su lado, las distintas organizaciones agrupadas bajo la etiqueta ‘sociedad civil’ presentaron una declaración propia que reclamó una Sociedad de la Información (SI) basada no en los intereses del capital, sino en las necesidades humanas.

Se agudiza la brecha digital

Esta divergencia demuestra el enfrentamiento de intereses y enfoques que tuvo lugar en Ginebra hace diez años. Mientras los gobiernos de algunos de los países desarrollados, en concordancia con el sector corporativo privado, pusieron el acento en la expansión de infraestructuras, los representantes de la sociedad civil junto a los gobiernos de varios países en vías de desarrollo explicaron que la brecha digital es la consecuencia lógica de la desigualdad económica internacional.

Dos años más tarde, durante la segunda parte de la CMSI (Túnez, 2005), el Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la Información, claramente centrado en el funcionamiento de Internet, otorgaba a los Estados nacionales un rol subsidiario en relación al sector corporativo privado-comercial. A su vez, este documento oficial dejaba prácticamente de lado el tratamiento de importantes problemáticas planteadas por las ONG: el papel de los medios, la convergencia entre sectores o la propiedad intelectual en el marco de las nuevas redes digitales. Asimismo, la creación del Fondo de Solidaridad Digital, que suscitó expectativas para paliar la brecha digital entre naciones, fue aprobada como un fondo ‘voluntario’.

La expansión que han registrado las tecnologías digitales en la última década es innegable. Si bien cerca del 66 por ciento de la población mundial no accede hoy a Internet, se ha pasado de 361 millones de internautas registrados en 2000 a más de 2.400 millones de internautas en todo el planeta. Por su lado, la penetración de los smartphones no cesa: en Australia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos más del 50 por ciento de sus respectivos habitantes utilizan smartphones. Y otros siete países -EEUU, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Holanda, España y Suiza- registran penetraciones superiores al 40 por ciento. Si observamos la televisión digital, encontramos que se pasó de una penetración del 23,5 por ciento a finales de 2007 al 48,5 por ciento a finales de 2011.

Pese al fuerte crecimiento de ciudadanos de todo el planeta conectados al novedoso paisaje digital, como bien nos recuerdan Mansell y Tremblay, «Nada prueba que exista una relación directa entre los avances en las tecnologías digitales y la transformación social» (2013, p. 60) . Precisamente en esta afirmación subyace una pregunta clave: ¿cuáles son los verdaderos objetivos que animan a las sociedades a abrazar las tecnologías digitales?

Es ciertamente posible reducir la brecha entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías digitales y aquellos que no, si existe una firme voluntad política y si se asignan recursos a tal fin. Pero el acceso a las tecnologías digitales es un elemento necesario aunque no suficiente para garantizar el desarrollo y realización de las personas y las sociedades.

Una reciente investigación realizada por el equipo Connected Learning Research Network a que en los países del Norte se verifica el surgimiento de una nueva brecha relacionada con el uso que hacen los jóvenes de tecnologías digitales. La diseminación de estas a gran escala no impide la brecha que separa a aquellos jóvenes que encuentran apoyos y guías en su contacto con el mundo digital y aquellos que simplemente no los tienen.

En este sentido, la pertenencia a una determinada clase social y el entorno familiar se revelan como factores decisivos para que los jóvenes de hoy a partir de su contacto con las redes y contenidos digitales puedan desarrollar habilidades de cara a un competitivo y volátil mercado de trabajo. En palabras de la antropóloga cultural Mizuko Ito: «Hoy en día las diferencias básicas entre usuarios en cuanto al hardware o la conexión no son tan pronunciadas como las que había hace 10 años. Sin embargo, en la actualidad la brecha de oportunidades tiene que ver más con las redes de apoyo social y cultural, cada vez más necesarias»3.

Conocimiento y diversidad cultural

Fue en la segunda fase de la CMSI (Túnez, 2005) cuando la Unesco en su informe Hacia las sociedades del conocimiento sugirió pasar de pensar la SI a pensar ‘sociedades del conocimiento’, en las cuales la participación ciudadana debe tener un papel central. Allí se reconocía al respeto por la diversidad lingüística y cultural como uno de los pilares de las sociedades del conocimiento, junto a la libertad de expresión y de información, el acceso universal a la información y el conocimiento y una educación de calidad para todos. Precisamente en la defensa de la diversidad cultural la Unesco ha volcado una importante parte de su trabajo en los últimos años.

En paralelo a su participación en la CMSI, la familia de naciones congregadas en torno a la Unesco ya venía trabajando en la defensa de la diversidad cultural, trabajo que cobró fuerza con el debate sobre la inclusión o no del audiovisual en la lista de bienes y servicios ‘liberados’ para su comercialización que tuvo lugar en la década de 1990.

La Declaración universal sobre diversidad cultural (2001) afirma que la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Y la considera como patrimonio común de la humanidad, cuya salvaguarda constituye un imperativo ético inseparable de la defensa de la dignidad humana.

Por su parte, la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005), actualmente ratificada por 125 países más la Unión Europea, reafirma el derecho soberano de cualquier Estado a formular políticas culturales, así como a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Y expresa que «El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo».

Sin embargo, cómo lograr el proclamado acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales continúa siendo un desafío de enorme calado no solo para los países en vías de desarrollo, sino también para aquellos países tecnológicamente desarrollados.

Las redes y soportes digitales han venido a complicar el panorama y reavivar un discurso tecno-determinista que relaciona de forma automática tecnología digital y diversidad cultural. Así, la implementación de la televisión digital o la conexión a Internet traerían automáticamente aparejada la diversidad de expresiones culturales.

Sin entrar en un análisis detallado sobre este discurso ni negar las nuevas posibilidades de producción, difusión e intercambio que potencian las redes y soportes digitales, es necesario subrayar que se trata de un discurso que ignora las especificidades de cada industria cultural y el fuerte peso de cada región y país en la configuración de sus singulares funcionamientos. Se trata, asimismo, de un discurso que desconoce fenómenos como la re-territorialización de la Red de manos del copyright, el etiquetado de contenidos por parte de los motores de búsqueda o el peso de los nuevos intermediarios digitales. Desconoce, por ende, las estrategias y tácticas de los agentes económicos y actores sociales y las políticas de los poderes públicos. En síntesis, desconoce el carácter socialmente construido de los mercados de la información, la comunicación y la cultura.

Trabajar por la defensa de la diversidad de las expresiones culturales

La ilusión puesta hace una década en las tecnologías digitales como garantes de una automática diversidad cultural ha revelado ser solo eso: una ilusión. Y hoy es evidente el desequilibrio que existe entre un enfoque dominante centrado en el mercado-capitalismo y otro enfoque basado en el fomento de los bienes comunes, de lo compartido.

A principios de 2012 la sección española de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) elaboró el Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo, que señala la paradoja existente entre las posibilidades brindadas por las tecnologías y el deterioro democrático de nuestras sociedades: «Hay un contraste brutal entre las dinámicas sociales participativas -se comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las democracias. Estas están cada vez más orientadas a seguir, incluso contra los electorados, los dictámenes de los agentes financieros metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las políticas públicas en nombre de los mercados. Redefinir y regenerar las democracias son tareas del presente, lo que no es posible sin introducir, simultáneamente, factores de igualación social y de reconocimiento de las diversidades que reconcilien a la sociedad con la utilidad de la gestión pública».

Asimismo, el Manifiesto, firmado por más de un centenar de profesores e investigadores universitarios del campo de la Comunicación y la Cultura, denuncia un aumento de la concentración empresarial y la disminución del pluralismo en el ámbito comunicativo y cultural. «La situación se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la Red».

En este contexto adverso, la búsqueda de unas sociedades del conocimiento para la paz y el desarrollo sustentable debe necesariamente ampliar las actuaciones en defensa de la diversidad de las expresiones culturales, aun más si cabe en el ámbito de las redes y soportes digitales.

Así, la familia de naciones que conforman la Unesco debe redoblar sus esfuerzos para lograr que potencias como EEUU, Rusia o Japón se adhieran a la Convención de 2005. Para que la adhesión llegue también de los países de Medio Oriente y del Magreb. Para que los Estados cumplan con su responsabilidad de enviar sus informes periódicos conteniendo las medidas adoptadas en pos de la defensa y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Para lograr un mayor compromiso de los países desarrollados con el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural.

La diversidad cultural, como sostiene la Convención de 2005, debe ser entendida como patrimonio común de la humanidad, cuya salvaguarda constituye un imperativo ético, inseparable de la defensa de la dignidad humana. No existirán sociedades del conocimiento para la paz y del desarrollo sostenible sin diversidad cultural. Hete aquí uno de los mayores desafíos de nuestras sociedades contemporáneas.

Notas

[1] A petición de la Unesco, los investigadores R. Mansell y G. Tremblay escribieron Renewing the Knowledge Societies Vision: Towards Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development, uno de los informes que sirvieron para animar los debates de la reunión multisectorial CSMI + 10. Véase: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/UNESCO_KS_11_February_2013.pdf

[2] Ito, M. et al. (2013). Connected Learning: An Agenda for Research and Design [en línea]. Disponible en: http://dmlhub.net/sites/default/files/Connected_Learning_report.pdf

[3] Cassidy, M. MacArthur Foundation researchers find a new digital divide that’s hard to cross. Mercury News [en línea]. Disponible en: http://www.mercurynews.com/mike-cassidy/ci_22549113/cassidy-macarthur-foundation-researchers-find-new-digital-divide