El activismo político en España ha tomado mucha fuerza en el último año y medio y, sobre todo, ha conseguido ser mucho más visible en la sociedad y en la prensa. La sociedad española protesta en las calles y se une para exigir que se la tenga en cuenta. 

Una de las batallas que se están librando en estos momentos es la aprobación de una ley de transparencia, una de las reivindicaciones con más apoyos. España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de transparencia. Desde hace ocho años se promete una ley de acceso a la información y la sociedad civil, representada por la Coalición Pro Acceso[1], que presiona para que esta ley se apruebe y sea lo mejor posible.

El valor del trabajo de la sociedad civil

Hoy por hoy existe un proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno que está siendo debatido en el Congreso de los Diputados. A pesar de los esfuerzos por conseguir una ley a la altura de los estándares internacionales, es un proyecto de ley incompleto, que llega tarde y es insuficiente para ser el pilar de un sistema de transparencia fuerte y progresista que pueda ser también la base de las futuras políticas de Gobierno Abierto, que España ya ha anunciado que va a incorporar.

El activismo político es lobby; desde la sociedad civil se pide a los gobernantes y a los parlamentarios que adopten las medidas que esta defiende. La diferencia estriba en que en la naturaleza del trabajo de la sociedad civil no cabe la negociación, especialmente cuando se trata de defender los derechos humanos. El rol de la sociedad civil es subir el listón para conseguir más derechos y presionar para que el gobierno alcance ese nivel.

Ya hace tiempo que tratados, declaraciones, cumbres internacionales, etc., vienen reconociendo el valor del trabajo de la sociedad civil y recomiendan a los gobiernos escucharla (por ejemplo, las declaraciones sobre la eficacia de la ayuda: el Programa de Acción Accra[2] y la Declaración de Busán[3]), la novedad es que ahora las políticas de Gobierno Abierto exigen una relación de colaboración con la sociedad civil y de participación activa de la ciudadanía. Ya no vale escuchar, ahora hay que trabajar juntos.

¿Está España preparada para ser un Gobierno Abierto? ¿Está dando los pasos necesarios para conseguirlo? ¿Es la relación del anterior y del presente gobierno con la sociedad civil durante el proceso de aprobación de la ley de transparencia una prueba de ello? Para responder a estas preguntas analizaremos en primer lugar el impacto del activismo sobre la ley de transparencia y en segundo lugar la relación del Gobierno con la sociedad civil a la hora de construir la futura política de Gobierno Abierto.

La elaboración de una ley de acceso a la información en España

La Coalición Pro Acceso nace en 2006 impulsada por seis organizaciones de la sociedad civil, expertas en el derecho de acceso a la información; con el tiempo, organizaciones de toda índole se van sumando a esta agrupación conscientes de lo fundamental que es este derecho para el desarrollo de su trabajo. Hoy la Coalición está formada por 64 organizaciones.

La primera vez que la Coalición pro Acceso consiguió reunirse con un responsable político para debatir sobre el contenido de la ley de transparencia que estaba siendo redactada, fue gracias a la campaña de Twitter ‘#preguntaalgobierno @mpresidenciagob ¿Dónde está la ley de transparencia?'[4]. Solo gracias a la presión de esta campaña se consiguió una reunión con el responsable, con una persona con capacidad de decisión.

Con el nuevo Gobierno se supera la lucha por las reuniones, pero los encuentros, las consultas con la sociedad civil[5], con los expertos[6], no sirven para nada. La mayoría de los consultados coincide en que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y que debe ser protegido por un organismo independiente, pero el Gobierno hace oídos sordos. ¿De qué sirve consultar si después, por más que haya una mayoría que opine distinto, no se va a cambiar nada?

Tras años de reuniones y negociaciones, la opinión de la sociedad civil no ha sido tenida en cuenta; una opinión que, hay que recordar, coincide con la de los expertos nacionales e internacionales. El papel y el impacto de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas en España siguen siendo muy débiles.

En 2012 el Tribunal Supremo condenaba en costas a la organización Access Info Europe por solicitar información sobre implementación de medidas anticorrupción en España[7], alegando que la organización no estaba solicitando información sino que en realidad era una forma de pedir explicaciones al gobierno. Señalaba además que este es el trabajo de control político que corresponde al Parlamento. Un concepto muy distinto al que tiene el resto del mundo sobre el rol de la sociedad civil.

La elaboración de la política de Gobierno Abierto en España

Ahora España es miembro de Open Government Partnership (OGP), una nueva iniciativa internacional en la que los gobiernos se comprometen a ser más abiertos. Pero ¿qué significa Gobierno Abierto para España?

España presentó en abril de 2012 su primer plan de acción de Gobierno Abierto y ha sido muy criticado[8] por no contener realmente propuestas de Gobierno Abierto y por no haber sido sometido a consulta pública, tal y como exige la organización del OGP. Ante las preguntas sobre una posible consulta en reuniones internacionales del OGP, el representante del gobierno español respondía simplemente «no news».

La actitud de España no es muy esperanzadora: se presenta una ley de transparencia insuficiente; no hay planes de desarrollar políticas de participación claras; las políticas de apertura de datos varían según comunidades e incluso se da marcha atrás. Hace poco veíamos cómo la AEMET comenzaba a cobrar por sus datos y el gobierno declaraba que la ley de transparencia no es para compartir los datos con los que trabaja la Administración[9]. Los ejemplos se multiplican.

En España no se escucha a la sociedad civil, pero utilizamos la comparación según nos conviene; justificamos el alcance pobre de la ley de transparencia con la ley italiana y el silencio administrativo con la ley sueca, pero no decimos que en Italia se está trabajando con la sociedad civil para definir la política de Gobierno Abierto y que en Suecia el silencio administrativo no importa porque siempre contestan. Por el contrario, en España tenemos un 47 por ciento de silencios administrativos ante solicitudes de información[10].

Propongo unos ejemplos de los que sí podría inspirarse España para redactar su política de Gobierno Abierto: el Reino Unido, próxima sede de la cumbre de la OGP, mantuvo un amplio debate con representantes de la sociedad civil sobre qué bases de datos habría que hacer públicas; en Eslovaquia el gobierno recorrió el país, organizando seis reuniones públicas para debatir con los ciudadanos cómo hacer que el gobierno rinda cuentas y sea más participativo; por último está Finlandia, que ha definido su plan de acción de la mano de la sociedad civil hasta el punto de presentarlo juntos durante una ponencia en el Festival de la OKFN que tuvo lugar en Helsinki en septiembre de 2012.

Conclusiones

La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, advirtió durante la sesión de apertura de la cumbre del OGP celebrada en Brasilia (en abril de 2012) que el proceso para construir sociedades abiertas implica que los gobiernos tienen que estar predispuestos para cambiar y aquellos que no estén preparados tendrán que enfrentarse a un futuro difícil e inseguro.

Ese cambio debe hacerse con más transparencia, con más participación, con una mayor rendición de cuentas y sobre todo con más colaboración con la sociedad civil, empezando por definir la política de Gobierno Abierto juntos y por hacer una consulta pública sobre este, tal y como exige el OGP.

España llega tarde a la transparencia, pero está aún a tiempo para ser pionera en impulsar políticas de Gobierno Abierto. El trabajo de la sociedad civil es exigir el máximo a los gobiernos y no permitir que llamen, en este caso, transparencia a aquello que no lo es o Gobierno Abierto a políticas que no lo son.

Pero el trabajo de la sociedad civil también es trabajar con los gobiernos para conseguir el mejor reconocimiento para nuestros derechos y ahora la nueva forma de hacer gobierno también incluye contar con la sociedad civil y con una ciudadanía que ya no se conforma con votar cada cuatro años.

Notas

[1] La Coalición Pro Acceso es una agrupación de 64 organizaciones de la sociedad civil que pide desde 2006 la aprobación de una ley de transparencia que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Véase: http://www.proacceso.org

[2] Punto 20.b del Plan de Acción de Accra. Véase: http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf

[3] Véase Busan Partnership for Effective Development Cooperation [en línea]. Disponible en: http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf

[4] Para más información sobre la campaña de Twitter ‘preguntaalgobierno’, véase: http://www.access-info.org/es/coalicion-pro-acceso/162-twitter-campaign

[5] Para más información sobre la consulta pública, véase: http://www.access-info.org/es/coalicion-pro-acceso/249-spain-confusion-access-law

[6] Para más información sobre la comisión de expertos, véase: http://www.access-info.org/es/coalicion-pro-acceso/253-cuarta-reunion-comision-expertos

[7] Para más información sobre el caso contra Access Info Europe, véase: http://www.access-info.org/es/litigios/297-caso-ministerio-justicia

[8] Crítica del Plan de Acción de Gobierno Abierto de España por Access Info Europe. Véase: http://www.access-info.org/es/coalicion-pro-acceso/237-spain-in-ogp

[9] Declaración del Secretario de Estado de Relación con las Cortes en el artículo sobre los datos de la AEMET. El País. Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353531861_871099.html

[10] El último informe de tuderechoasaber.es revela un 47 por ciento de silencio administrativo. Véase: http://www.access-info.org/es/coalicion-pro-acceso/307-si-saben-pero-no-contestan-