Entre 1990 y 1992 el gobierno chileno del presidente Patricio Aylwin impulsó y logró aprobar en el Parlamento una ley que definía la televisión del Estado como televisión pública autónoma. Se ponía fin a los años de manipulación informativa que caracterizaron al medio durante la dictadura de Pinochet.

Entre 2004 y 2008 el gobierno español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero convocó a una comisión de personalidades para proponer un cambio de estatuto de la televisión del Estado que permitiera independizarlo del gobierno de turno. La aprobación de la nueva ley también puso término a la experiencia de manejo gubernamental de las noticias de la que hizo gala el gobierno de Aznar.

¿Qué hay en común entre estas dos experiencias históricas?

Después de dos gobiernos de derecha, uno dictatorial y otro elegido democráticamente, fue posible queliderazgos progresistas entendieran la necesidad de desvincular a los medios públicos de los intereses a corto plazo del sector político a cargo del ejecutivo y lo pusieran a disposición de los ciudadanos. Ahora, la derecha española, en el gobierno y con su mayoría absoluta, ha destejido lo avanzado, generando incertidumbre sobre la orientación editorial que tomará el medio.

Lo que gatilla este artículo es el cambio unilateral de la ley que puso término al dominio partidista de un medio de comunicación influyente, que había dado paso a un período pluralista, el cual fortaleció su imagen ante la opinión pública. Con este cambio lo que está en peligro es la capacidad del medio de privilegiar el punto de vista ciudadano en su línea editorial.

Este temor se ve acentuado con el nombramiento para importantes cargos de personas que tuvieron participación en la anterior etapa de la manipulación informativa.

Parece que la arquitectura jurídica diseñada no fue la más feliz, porque una ley de mayoría simple pudo poner término a un nombramiento que, en aras del pluralismo de verdad, exigía quórum calificado.

Al parecer también faltó tiempo para consolidar un modelo que ya había dado frutos con el liderazgo de credibilidad informativa alcanzado por la televisión pública española en los últimos años. Ello demuestra la falta de convicción en la derecha sobre el rol de garante del pluralismo de un medio que se debe a todos y no a una mayoría ocasional.

Contrasta esta experiencia con el modelo chileno. A pesar del cambio de signo en el gobierno del país: tras veinte años de gobierno de una coalición de centro-izquierda (la Concertación de Partidos por la Democracia) ha asumido una Alianza de derechas.

Durante los dos años que lleva la presidencia de Piñera, ha habido molestias porque la línea editorial mantiene una distancia respecto de lo deseado por los dirigentes políticos del sector. El caso más llamativo fue la transmisión de la serie Los archivos del Cardenal, un relato de ficción sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. El jefe del partido del presidente objetó su emisión. Comenzaron a desarrollarse presiones para remover al director del canal, nombrado por consenso entre los directores afines al gobierno y a la oposición, pero no han fructificado hasta ahora.

La estructura del gobierno corporativo ha permitido mantener espacios de libertad impensados para un sistema de televisión gubernamental. El único cambio ha sido la renuncia del Presidente del Directorio, órgano colegiado que tiene la dirección estratégica de la compañía, pero que carece de atribuciones ejecutivas. No hay que descartar que esas presiones puedan afectar la independencia del medio, pero es impensable que los ideólogos de la derecha chilena puedan sugerir siquiera un cambio de la ley.

Otra diferencia sustancial entre las televisiones públicas de España y Chile es su sistema de financiamiento. La española está regida por un financiamiento al cien por cien del presupuesto público, mientras que la chilena tiene casi el cien por cien de financiamiento publicitario. Esta diferencia se manifiesta en que en los períodos de normalidad y crecimiento económico, la televisión pública de financiamiento fiscal tiene márgenes de maniobra creativa mucho más amplios que aquellos de la televisión pública que logra sus ingresos en el mercado publicitario. Es lo que ha ocurrido en España con una televisión pública líder en la industria del cine, en el desarrollo de la ficción televisiva con contenido histórico y en el área informativa. Sin embargo, la situación se pone en peligro en períodos de crisis.

Por su parte, la televisión pública de financiamiento publicitario tiene enormes dificultades para perfilar su rol público. Esto es especialmente válido para hacer prevalecer en su programación contenidos innovadores que alteren la estandarización creativa de la lógica de la máxima audiencia. No tanto en su defensa de una línea editorial pluralista y la construcción de un punto de vista ciudadano, aunque no estén ausentes las presiones de los grandes avisadores cuando sus intereses corporativos puedan ser amenazados por la independencia del medio.

Ambos extremos tienen repercusiones negativas sobre el desempeño de una televisión que debe cumplir funciones de garante del pluralismo y la diversidad y fomento de la creatividad y la innovación televisivas.

En la televisión pública de financiamiento fiscal la bajada de los presupuestos frente a la crisis pone en peligro la diversidad creativa de la parrilla y, en el extremo, la subsistencia misma de la empresa. En la televisión pública de mercado, la tendencia dominante es a homologar las parrillas de programación con sus competidoras privadas.
En este sentido parecía mucho más prudente el modelo propiciado por la llamada ‘Comisión de súpersabios’, que recomendó un financiamiento mixto donde el presupuesto público sostuviera alrededor del 50 por ciento del total de los ingresos.

Un modelo de este tipo permitiría sortear de mejor manera la crisis de los presupuestos públicos y del mercado. En España ese modelo no alcanzó a desplegarse. En Chile, no ha habido condiciones políticas favorables para aprobar fórmulas de financiamiento público directo que permitieran reforzar el cumplimiento diferenciado de roles públicos por parte de la empresa del Estado.

¿Hacia dónde van las televisiones públicas?

Lo importante sería tener una reflexión y un debate con participación académica y ciudadana que llegue a las instancias políticas. Una televisión pública con perfil propio es una herramienta importante para el progreso de los países. Se requiere una actitud de observación permanente sobre la evolución que tengan estas corporaciones, de tal manera que se impidan los retrocesos y se mantenga la posibilidad de recuperar lo esencial de estos modelos, creando los ambientes políticos más favorables para una contribución democrática de las televisiones públicas.