‘Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como vía de salida de la crisis’. Ése fue el tema que incitó en la segunda mitad de la década de 1970 a los Gobiernos de los grandes países industriales a desarrollar estrategias voluntaristas de reindustrialización. En este caso, la crisis era debida al doble impacto petrolero y a que el informe emblemático de Simón Nora y Alain Minc sobre la informatización de la sociedad (1978) no vacilaba en diagnosticarlo como una ‘crisis de civilización’. Una crisis del modelo de crecimiento y modo de organización de la voluntad general.

Los discursos mesiánicos sobre el proyecto global de Sociedad de la Información (SI) no dejaron de promoverlo como el paradigma que dominaba el cambio social y la fianza de un mundo más libre, solidario, transparente. En realidad, la idea de conectividad digital inspirada por una visión determinista de la técnica se alineó conforme a la norma productivista de modo de producción hegemónico y sus dañinas formas de consumo. A base de concentración y de financiación, la feroz desregularización permitió arrojar las bases de un complejo técnico-informacional. Los modelos matemáticos de los negociadores que sacan provecho de las herramientas reticulares sin medir las consecuencias externas de sus operaciones son la caricatura de la huida hacia adelante, hacia una economía desfasada en relación con las necesidades fundamentales humanas y la supervivencia del ecosistema.

Los principios de una nueva utopía social

La representación unívoca y ‘performativa’ de la SI ha seguido su curso sin que los ciudadanos hayan podido ejercer su derecho a un verdadero debate sobre el proyecto de sociedad subyacente a esta categoría conceptual ya hecha.

Hubo que esperar a principios del milenio, en un contexto de movilización de nuevos sujetos históricos, para que el debate público se abriera y comenzara a cuestionarse los nuevos yacimientos de la riqueza inmaterial bajo la influencia de las doctrinas y las estrategias hegemónicas. Los nuevos actores y las redes de espacio público -movimientos sociales, coaliciones profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil- lo demuestran en las conferencias preparatorias de las dos Cumbres Mundiales -Ginebra en 2003 y Túnez en 2005- de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre la planificación de la SI y también durante las negociaciones del Convenio relativo a la protección y promoción de las expresiones culturales que se desarrollaron a la vez en el marco de la Unesco. Como telón de fondo, la nueva centralización adquirida por la información y el conocimiento de la formación del valor económico.

Desde la crítica en movimiento que emana de los nuevos actores sociopolíticos a la SI, afloran dos principios fundadores de una nueva utopía social opuesta a la captación del conocimiento y de la cultura por los monopolios cognitivos y que contribuye a dibujar el perfil de los proyectos plurales de la apropiación democrática de la tecnología, en un mundo cada vez más marcado por unos rasgos no igualitarios.

El primero remite al derecho a la comunicación como ampliación de los derechos humanos. Desde comienzos del nuevo milenio, los cuatro principios básicos que fundamentan este derecho a comunicar -diversidad, libertad, acceso y participación- se encuentran en el centro de las obras abiertas por el movimiento social en cuanto a la diversidad de las expresiones culturales y populares, de los actores y de los contenidos del conocimiento. Ironía cuya historia guarda secreto. Se trata de una vuelta crítica sobre una propuesta aparecida a finales de la década de 1960, cuando se crea en la Unesco, con motivo del debate sobre las libertades en el campo de la información, una representación de la comunicación como proceso dialogado y recíproco, el rechazo comunicativo de la élite hacia las masas, del centro hacia la periferia, de los ricos en cuanto a comunicación hacia los pobres.

Una de las aportaciones de reformulación contemporánea de este derecho a comunicar es mostrando la necesidad de articular cultura, conocimiento, información y comunicación. No se puede instaurar ‘sociedades del conocimiento’ dignas de este nombre sin preguntar sobre los procesos de concentración capitalista en todos los sectores de producción de los recursos no materiales. En efecto, el riesgo se encuentra en que la evolución de las industrias de los medios de comunicación y de la cultura no anticipe rasgos lógicos estructurales en los modos de implantación de los nuevos dispositivos de conocimiento.

El segundo principio reside en la filosofía de los bienes públicos comunes, todos esos bienes a los cuales las personas y los pueblos deberían tener derecho en condiciones de igualdad y de libertad y los cuales, por esta razón, deben constituir ‘excepciones’ respecto a la ley del libre cambio. Entre ellos el conocimiento, la cultura, la educación, pero también el agua, la vida, la salud, el espectro de las frecuencias, etc. Esta regla excepcional ya se probó a través de políticas públicas en el sector de los medios audiovisuales y del software.

Esta filosofía de bienes públicos comunes debería extender el estatuto de los canales de dinero con el fin de impedir que la especulación financiera se hunda en el desconcierto de las sociedades enteras. Como bien dice el Manifiesto de Porto Alegre (2005), «Otro mundo es posible, debiendo respetar el derecho a la vida para todos los seres humanos gracias a nuevas normas de economía».

El retorno a la historia y a la memoria colectiva

Desde el lunes negro del mes de octubre de 2008 -es decir, treinta años después de la instauración de las TIC como vía de salida de la crisis- el capitalismo atraviesa una de las crisis más violentas de su historia. Una crisis hacia la cual confluyen desórdenes económicos y financieros, ecológicos, energéticos y alimenticios. Todos ellos son portadores de crisis sociales y de tensiones geopolíticas.

Esta crisis de sistema -cuya duración y efectos a largo plazo son difícilmente predecibles- vislumbra bajo un nuevo día la filosofía de los bienes públicos comunes y del derecho a la comunicación. El modelo neoliberal de reordenamiento del mundo no dejó de mostrarse, durante más de un cuarto de siglo, como el último escalón del crecimiento, el horizonte infranqueable de la evolución de la especie humana. Su agotamiento desplaza los límites y abre a la imaginación social la posibilidad de nuevas formas de intervención.

Utopías sociales enterradas vuelven a la superficie mostrando la importancia del principio de solidaridad en la construcción de una sociedad no regida por el productivismo ni la ideología de los números. La vuelta a la idea de la economía ‘social’ o ‘solidaria’ y a la de ‘decrecimiento’ es un ejemplo entre tantos. En esta vuelta a la historia y a la memoria colectiva se ofrecen nuevos territorios que explorar; la vuelta a la utopía del reparto del conocimiento arraigada en la filosofía del derecho a la comunicación y a los bienes públicos comunes.

¿Quién va a poner las reglas? Es una cuestión básica. Indudablemente, la crisis desmiente las profecías que habían decretado el envejecimiento del Estado y del Estado-Nación. O bien nos conformamos con defender la intervención del poder público y del papel económico del Estado hasta el día en que llegue la siguiente crisis, o bien reanudamos el principio fundador de la soberanía popular y la primacía de lo político. Esto supone un salto cualitativo en la participación de los ciudadanos en la gestión de las grandes preguntas vivas que se presentan en la sociedad y de cara a su futuro. Y entre otras, la forma que tomará la sociedad del conocimiento en plural. Esto implica inventar nuevas formas de democracia participativa y plantearse el papel de los expertos y sus sistemas de análisis y de toma de decisiones. Encender los contrafuegos se hace obligatorio si se quiere que las sociedades cognitivas puedan salir a la luz sin ser un calco de la sociedad industrial, de sus jerarquías y de su relación conocimiento/poder.

La cara oculta de los usos del espacio cibernético

Solamente una aproximación ciudadana que escape del elitismo, absteniéndose de hacer el juego popularista, podrá equilibrar la balanza respecto al proyecto amnésico de sociedad global de la información, a la mirada miope atada al imperativo categórico de la vuelta a la inversión a corto plazo. Es en la búsqueda de este nuevo contrato social donde reside el sentido de la lucha a favor de la transformación; en realidad, la promesa de una nueva unión universal entre humanos gracias a la apropiación democrática del mundo tecnológico.

El fracaso de esta utopía hecha realidad significaría, sin ninguna duda, dejar vía libre al desarrollo de nuevas formas autoritarias del ejercicio del poder. La inversión creciente que en nombre de la lucha contra las ‘nuevas amenazas’ realizan las sociedades democráticas en el sector de las tecnologías intrusivas deja entrever el posible perfil de este estrechamiento de libertades individuales y colectivas, ya que una de las novedades de esta primera década del tercer milenio respecto al proyecto tecnocrático de SI es que, en lo sucesivo, muestra crudamente la cara oculta de los usos del espacio cibernético: la trazabilidad de los ciudadanos con el fin de controlar, so pretexto de protegerlos.