Los operadores de cable histórico forjaron su identidad partiendo de las experiencias de vídeo comunitario y de CATV (Community Antenna Television), democratizadoras en un escenario del audiovisual local deseoso de dinamismo (Fondevila, 2002). La irrupción de estos operadores se concretó en las décadas de 1970 y 1980, especialmente en la zona mediterránea (Cataluña, País Valenciano, Murcia y Andalucía), donde un administrador enviaba, a través del sistema de antena colectiva de televisión, la señal de un reproductor de vídeo. Los contenidos predominantes eran películas (1).

El fenómeno del cable histórico, al compás de la legislación

Ante la pujanza del sector, su desarrollo en otros países y la urgencia de una regulación, se promulgó la Ley 42/1995, de 22 de Diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable, derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Ambos documentos pretendían armonizar los servicios de telecomunicaciones por cable y, singularmente, el de difusión de televisión digital por cable. La ley de 2003 ha sido modificada por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, que establece la liberalización efectiva del servicio.

La Ley de 1995 organizó el servicio de telecomunicaciones por cable en 43 demarcaciones territoriales (2). El título para conseguir la prestación del servicio en cada una de ellas se debía obtener mediante concurso público y el concesionario quedaba habilitado para la prestación de este servicio, para el establecimiento de la red necesaria, para el uso de la red en la prestación de otros servicios telecomunicativos y como servicio portador para terceros. Del total de demarcaciones, en 36 se adjudicaron concesiones para operadores de cable, pero en 6 el concurso quedó desierto (3). El texto de 1995 habilitaba a Telefónica de España, S. A. a prestar servicio en todas las demarcaciones de forma independiente del adjudicatario inicial, aunque el incumbente ha renunciado de facto a ese derecho.

El mercado del cable evolucionó moderadamente, tras unas expectativas iniciales algo sobredimensionadas. La Agrupación de Operadores de Cable (AOC) y ONO se disputaban las diversas demarcaciones. Por su cantidad de ellas y por la evolución del negocio, todo apuntaba a una concentración alrededor de AOC, pero al final ONO asumió el liderato del sector. De esta manera, de las 13 empresas adjudicatarias originales se ha pasado a cuatro (ONO, R en Galicia, Telecable en Asturias y Euskaltel en el País Vasco), que ONO domina, convirtiéndose en potencial competencia estatal de Telefónica (Red.es, 2006). El triple play (migrando hacia el quadruple play, con el aporte de la movilidad) concentra las estrategias de estos operadores (R, 2008).

Cable histórico: una realidad extendida en toda España

Justo antes de la legislación del sector se contabilizaban unos 150 operadores de cable histórico, brotados en una época de alegalidad y agrupados mayoritariamente en dos entidades defensoras de sus derechos, Procono y Asociación Española de Servicios Distribuidos por Cable (AESDICA) (4). Ante los movimientos en el sector y el peligro de desaparición de estos operadores (algunos de los cuales han sido absorbidos por los cuatro adjudicatarios de las concesiones), en febrero de 2002 se constituyó la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), que define el fenómeno como cable histórico o cable local (AOTEC, 2008). De los 84 operadores iniciales asociados se ha saltado a los 92 de 2008, que recogen el espíritu mediterráneo (con alguna excepción de interior) del fenómeno (ver tabla 1). Otros operadores funcionan al margen de AOTEC, de forma que se pueden contabilizar unas 500 empresas, que dan servicio a 1.500.000 abonados (más de un 60 por ciento de hogares pasados en sus áreas de influencia) y generan unos 5.000 empleos directos y más de 6.000 indirectos. El sector mueve anualmente más de 200 millones de euros. AOTEC remarca la labor social de estos cableoperadores, puesto que dan servicio a poblaciones que no resultan rentables a las empresas adjudicatarias de concursos que consiguieron la demarcación.

Así, podemos observar un claro predominio de provincias como Murcia o Alicante. En el caso murciano, se constituyó la Asociación de Operadores de Cable de Murcia (Acamur), que contaba a inicios de siglo XXI con una veintena de operadores agrupados. Andalucía (5) ha sido otros de los epicentros de la televisión por cable (ahora telecomunicaciones por cable), puesto que son 36 los operadores andaluces afiliados a AOTEC (6). Puede observarse la existencia nada desdeñable de operadores de provincias de interior, tanto de municipios rurales como de capitales de provincia, lo que constata que la realidad del cable histórico es panestatal.

Operadores de cable histórico en Cataluña

A este listado cabe añadir los operadores de cable histórico de Cataluña, una realidad prolija y que ha ayudado a forjar el espacio comunicativo catalán (Fondevila, 1997). Hemos censado 60 operadores de cable en Cataluña, surgidos desde 1966 (Molins de Rei) y que han adquirido una fortaleza similar a la de las cadenas de televisión local, con las que han estado emparejados en la mayor parte de los casos (ver tabla 2).

Estos operadores catalanes ofrecen una modesta media de canales de televisión (21,20 por operador), una cifra que fluctúa entre los 12 de Pals y Santa Maria d´Oló y los 33 de Caldes d´Estrac o los 31 de El Vendrell. La distribución por propiedad de los operadores demuestra una supremacía de los privados (39, propiedad de 10 operadores) ante los públicos (15) y los mixtos (1) (ver tabla 3).

Las redes de cable de propiedad municipal son las de Ascó, Avinyó, Bagà, Borredà, Camprodon, Castellar de n´Hug, Castellfollit de la Roca, Cercs, Gavà, Igualada, Pals, Sant Feliu de Pallerols, Vallbona de les Monges, Vilada y Vinebre. La red de Castellví de Rosanes es mixta (pública-privada). Estos operadores privados acostumbran a ser empresas de volumen medio. En ocasiones, los operadores sólo se encargan de la instalación, y después las redes pasan a depender de los Ayuntamientos o bien pasan a ser mixtas.

Relaciones con la televisión local

El fenómeno del cable en Cataluña está muy ligado al de la televisión local. En los años 1980 surgen iniciativas de televisión dirigidas en general a satisfacer necesidades lingüísticas y de cultura tradicional y a potenciar la información local. Este movimiento espontáneo «aparece con gran fuerza en Cataluña como una consecuencia lógica del éxito de las primeras experiencias de radio municipal» (Baget Herms, 1994, p. 71). La televisión local de ámbito comunitario (7), que había adquirido un empuje notable en Quebec (Canadá), había servido habitualmente como fórmula propagandística para parte de grupos nacionalistas de la zona. Las primeras radios libres en Italia o Bélgica estimularon iniciativas catalanas impulsadas por empresas del sector eléctrico que ofrecían a precios reducidos aparatos e instrumentos de producción a los grupos que pretendían implantar sistemas de televisión por cable y locales de ámbito comercial o mixto.

La división entre los impulsores de la televisión local y la comunitaria indujo a los promotores de estas últimas a juntarse en la asamblea constituyente de la Federación de Televisiones Locales Docentes-Culturales, que concentraba a unas 40 emisoras, ninguna de ellas con finalidad comercial (Moragas, 1988). Las autoridades toleraron estas iniciativas, ya que su paralización hubiese resulado demasiado impopular. A finales del decenio de 1980 la fiebre de la televisión local se extiende al resto del Estado, aunque, según algunos autores, con características diferentes: «si la televisión local catalana tenía en general un ámbito cultural, de protección lingüística y de prestación de un servicio comunitario, sin ánimo de lucro, en el resto del Estado se concebía la televisión local como una empresa con ánimo de lucro e independiente de los ayuntamientos, es decir, como una televisión privada de ámbito local» (Carreras, 1996, p. 313). El Congreso de Televisiones Locales de Segovia (febrero de 1991), organizado por la Asociación de Televisiones Locales, dejaba en evidencia estos planteamientos contrapuestos y distinguía tres tipos de fenómenos locales: la televisión local por ondas hertzianas, la televisión local por cable y los vídeos comunitarios (8).

Cable histórico: preocupaciones

Las redes de los operadores de cable histórico son tecnológicamente modestas (básicamente cable coaxial), a causa del coste que implica un despliegue de este tipo (Howard & Carroll, 1993), aumentado en las redes de fibra óptica en sus diversas modalidades. Con todo, su valor como referente comunicológico es inestimable, puesto que consagran la opción de elegir, fundamental en tecnología y audiovisual (Gueguen, 1996). Los núcleos urbanos que apostaron por el cable histórico se ubican en comarcas económicamente modestas y que han dinamizado, paralelamente, experiencias de televisión local.

La oferta de los cableros históricos consistía básicamente en paquetes de canales de televisión de terceros y, en algunos casos, la producción propia de un canal local. Así funcionaron, al amparo de la carencia de una regulación específica (alegalidad), hasta el punto que se les bautizó como cableros alegales. Tras la Ley de 1995 y la aprobación de la Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1998, se estableció el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones a cumplir por sus titulares.

Las licencias de las 43 demarcaciones crearon inquietud en los pequeños operadores, que disponen de licencia C1 y autorización de tipo C. A los operadores históricos se les prohibía invertir en red propia una vez otorgadas las licencias. Además, debían desaparecer una vez establecidos los operadores con licencia en su demarcación correspondiente, nunca más tarde de 2005. Sin embargo, las licencias y autorizaciones mentadas concedían la opción de sobrevivir dentro de la legalidad. Efectivamente, las licencias C1 permiten el establecimiento y explotación de una red de telecomunicaciones por cable y las autorizaciones de tipo C habilitan a los operadores a ofrecer servicios de Internet, interconexión de redes locales, vídeo bajo demanda o retransmisión de canales televisivos. Con estos títulos, los operadores de cable histórico pueden seguir ofreciendo todos los servicios y extenderlos a la transmisión de datos e Internet, en la línea de conectividad total que promueve la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Reading, 2008; Comisión Europea, 1994). Ello permite la configuración de una oferta de servicios de Banda Ancha sobre redes locales de cable que, en un escenario de interconexión, pueden cubrir una amplia extensión geográfica de España.

Etapa de conflictos

Los operadores de cable titulares de las respectivas demarcaciones recurrieron ante la CMT las licencias y autorizaciones otorgadas a los históricos. Esos recursos fueron rechazados. Pero la CMT dejó abierta la posibilidad de continuar el litigio por la vía de los tribunales. Los responsables de ONO, el más afectado por la situación, consideraban que la actuación de los cableros históricos infringía el marco legal vigente (9), ya que competirían deslealmente con ellos y operarían en el mercado sin someterse a las condiciones de cobertura y extensión, inversión, fecha de inicio del servicio y compromisos adicionales que ONO debía satisfacer. AOC defendía el cumplimiento de lo establecido en el régimen jurídico en materia audiovisual, para que todas las empresas que compitiesen en el mercado incipiente del cable lo hicieran en igualdad de condiciones. El objetivo de los operadores adjudicatarios de las licencias era que el cable histórico cumpliera los mismos compromisos que ellos contrajeron con la Administración al ganar los concursos y las mismas obligaciones de servicio público, además de asumir el coste de los derechos de propiedad intelectual. La carencia de igualdad de condiciones podría resultar negativa para el mercado del cable.
Paralelo al conflicto entre operadores, el Ministerio de Ciencia y Tecnología mantuvo otro con la CMT relativo a la interpretación del contenido de la licencia de tipo C1 y la autorización general de tipo C. El Ministerio recurrió por vía de lo contencioso administrativo la resolución de la CMT que interpretaba el contenido de esas licencias. AOC también presentó recursos por vía contencioso administrativa contra las resoluciones de la CMT, en virtud de las cuales se otorgaban autorizaciones generales de tipo C, que implicaban difusión de televisión, para cuya prestación era preceptivo obtener una concesión administrativa de la que los operadores de cable histórico no gozaban.

En ese entorno, los operadores asociados en AOTEC se esforzaron en mejorar sus ofertas de servicio, muy variopintas (10), pero que se adecuan, de forma adaptada, al triple play (televisión, telefonía por IP e Internet). Según AOTEC (2008), algunos operadores históricos mantendrán el cable coaxial en las redes, pero otros se plantean, a medio o largo plazo, sustituir sus líneas troncales por fibra óptica, convirtiendo las redes en HFC, similares a las de los adjudicatarios de los concursos.

Perspectivas de futuro

Tras la Ley de 1995 y la reforma de 2003, el destino de los operadores puede ser, por tanto, la supervivencia e incluso el crecimiento en su entorno, aunque algunos han optado por ser absorbidos por los cuatro principales (ONO, R, Telecable y Euskaltel). Pese a ello, la operación no está exenta de escollos, ya que la adaptabilidad técnica de estas redes no es siempre factible a la red híbrida fibra óptica-cable coaxial (HFC) de los operadores, y algunos de los municipios que cuentan con cable histórico están muy alejados de la red troncal. Lo habitual es evitar la duplicidad de infraestructuras, siempre que el tipo de red sea adaptable a la HFC y a las demandas de Banda Ancha (IDC-Tellabs, 2008).

Las principales inquietudes en el funcionamiento del cable histórico se centran en la tramitación de los títulos habilitantes ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), que permiten a los operadores de cable histórico desarrollar los diversos servicios. Otro foco de negociación son los Ayuntamientos y las promotoras inmobiliarias, al efecto de consensuar canalizaciones, compartición de infraestructuras y la norma ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones), las negociaciones conjuntas con proveedores de canales de televisión (11), las incursiones en el entorno de convergencia digital (Comisión Europea, 1997), en comercio electrónico e Internet (12). El fenómeno del cable histórico, surgido de la mano de la televisión local y el periodismo de proximidad, demuestra la capacidad de adaptación de empresas modestas de origen pero muy enraizadas en la sociedad civil que las envuelve.

Conclusiones

El proceso de adaptación de los operadores de cable histórico al fenómeno de convergencia entre el audiovisual y las telecomunicaciones les está permitiendo competir con los operadores adjudicatarios de las licencias en las demarcaciones españolas. Diversos aspectos destacan en este fenómeno:

-Los operadores de cable histórico pueden ofrecer a sus abonados el triple play: televisión, telefonía por IP e Internet.

-El impacto social y el volumen de negocio de los operadores de cable histórico es significativo. Existen unos 500 en España, la mayoría en Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Galicia y Extremadura y con una cobertura de 1.500.000 abonados.

-Los municipios en los que actúan los operadores de cable histórico acostumbran a no ser rentables para los grandes operadores, de forma que la competencia entre ambos grupos no es tan directa como puede parecer. Al contrario, en algunos casos los grandes operadores (como ONO) han absorbido a algunos operadores de cable histórico.

Notas

[1] Buena parte de esos sistemas se convirtieron en redes de CATV y operadores de cable histórico. Éstos se lanzaron a ofrecer el servicio de telefonía e Internet.

[2] El ámbito territorial de las demarcaciones fluctuaba en función de su extensión, que abrazaba desde una parte de un término municipal (14 demarcaciones) hasta la agrupación de varios (29).

[3] Las demarcaciones sin adjudicatario fueron Extremadura, Castilla La Mancha, Menorca, Ibiza, Formentera, Ceuta y Melilla. Este hecho resultaba inquietante, ya que podría generar un gap tecnológico en esas zonas territoriales.

[4] A finales de la década de 1990 AESDICA agrupaba a 25 operadores de cable. El más descollante de ellos era Retecal (Regional de Telecomunicaciones de Castilla-León).

[5] En Andalucía se han llegado a contabilizar 253 redes, distribuidas entre Sevilla (72 redes), Córdoba y Huelva (34), Granada (33), Jaén y Málaga (28) y Cádiz (24).

[6] Uno de los objetivos de estas afiliaciones es negociar mejor ante las entidades gestoras de derechos de autor. Una de ellas, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), estableció contratos de autorización sobre la retransmisión (art. 20.2 f. del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) entre 1998 y 2001 con todos los operadores de cable. Tras los acuerdos con las principales asociaciones de pequeños operadores de cable, como ESPACABLE, AESDICA, ACUTEL y ACAMUR, y con numerosos operadores independientes, se sumaron los establecidos con los grandes operadores o concesionarios, el primer operador, Telefónica de Cable, y los segundos operadores del momento: ONO-Cableuropa, Auna Telecomunicaciones -Madritel, Supercable Andalucía, Aragón de Cable, Cabletelca (Canarias), Menta (Cataluña), Med Telecom (Levante)- y la Agrupación Operadores de Cable (AOC) (Euskaltel, Telecable Asturias, R Galicia, R Coruña y Tenaria).

[7] La televisión comunitaria de ámbito local, impulsada por grupos sociales y cívicos y, a veces, por municipios, halló el primer referente en Cardedeu. El 7 de junio de 1980 esta población del Vallès Oriental realizó la primera experiencia de televisión local, con programación propia. El 23 de junio de 1981 empezaron oficialmente las emisiones de televisión de Cardedeu con periodicidad.

[8] Esta situación evoluciona hasta la promulgación de la Ley 41/95, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, que declara estas televisiones actividad de servicio público, con ámbito territorial delimitado por el núcleo urbano principal de población del municipio correspondiente, con posibles excepciones, con una concesión para ámbito de cobertura (en principio pública y de gestión municipal, aunque si el espacio radioeléctrico lo permitiese se podría otorgar una segunda concesión de gestión privada) y por plazos de cinco años renovables por otros cinco.

[9] ONO se refería a la Disposición Adicional 44ª de la Ley 50/98, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social.

[10] Los operadores de cable histórico ofrecen en líneas generales (AOTEC, 2008) un paquete de 30 canales de televisión por unos 12 euros, Internet de Banda Ancha por 24 euros, Internet de Banda Estrecha (64 Kbps) con tarifa plana 24 horas por 15 euros y transmisión de voz sobre IP gratuita. La tecnología utilizada por estos proveedores, que operan sobre todo en Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Galicia y Extremadura, se basa fundamentalmente en el cable coaxial. Los equipos instalados son de transmisión de datos por cable, en general DOCSIS y EuroDOCSIS, sistemas que conviven con tecnologías propietarias.

[11] Los operadores de cable histórico se han dotado de algunos canales específicos. Así, en 2005, con el impulso de Espacable, la empresa Moviplay presentó Moviplay TV, un nuevo canal de televisión diseñado para el cable histórico. El canal se ofreció a los operadores de cable para su retransmisión gratuita a través de uno de los diferentes canales. Moviplay se emitía durante las 24 horas al día, en español, y constaba de cinco bloques de programación: Moviplay-Música; Moviplay-Fashion; Moviplay-Mujer; Moviplay-Infinito y Moviplay-Hot.

[12] El fenómeno de convergencia implica la cobertura de la propiedad intelectual, la contratación y conflictos con otros ISP, auditoría de páginas web y atención a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Bibliografía

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