El reordenamiento jurídico del sector audiovisual español, con la creación de un Consejo del Audiovisual y la aprobación de un nuevo estatuto para RTVE son, junto con la promoción de la participación ciudadana y el fomento de la educación y la investigación televisiva, algunas de las recomendaciones y propuestas que se desprenden del Informe elaborado por la Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos del Senado.

La aparición y proliferación de la denominada telebasura propició la creación, en diciembre de 1993, de una Comisión Especial que desde el Senado estudiase los contenidos que las televisiones ofrecían en sus programaciones.

Profesionales de cadenas públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, representantes de usuarios y consumidores, realizadores de televisión, responsables de distintos programas, altos cargos de la Administración y expertos en temas de comunicación social y de educación, han comparecido durante más de un año ante esta Comisión para aportar distintas perspectivas al análisis del sector audiovisual.

Una vez finalizado y aprobado el Informe en el que se han recogido las conclusiones de estas comparecencias, la senadora socialista Victoria Camps, presidenta de esta Comisión, explica de esta forma el desarrollo de este trabajo: «la Comisión la propuso el PP en el momento álgido de los reality show,de preocupación por la violencia que se desprendía de algunos espacios infantiles… Ciertos programas parecían traspasar los límites de lo presentable.

Pero con este Informe hemos conseguido lo que queríamos hacer, no algo concreto sobre determinados programas o géneros, sino que se ha convertido en un estudio más profundo que aborda temas como la diferencia entre la televisión pública y la privada, la financiación de las distintas televisiones, el reparto publicitario…

Se ha hecho algo más amplio: analizar el sistema de televisión que tenemos en cuanto a los contenidos y, si cabe, ser un poco más exigentes, comprobar si se cumplen y son suficientes las leyes que rigen el sector audiovisual, estudiar la eficacia de los tipos de códigos que han empezado a hacer las cadenas y los profesionales para autorregularse, cómo es la programación infantil, si es educativa o se trata de un contenedor en el que se recogen espacios de muy distinta índole, si se respeta lo que se consideran horarios infantiles, si la cultura y la educación están presentes en la televisión y hasta qué punto queremos y nos podemos permitir una televisión más minoritaria y elitista».

La propuesta de participación en esta investigación ha recibido una buena acogida desde todos los sectores a los que la Comisión del Senado ha solicitado su aportación, incluso los medios de comunicación, según reconoce Victoria Camps: «los medios de comunicación se han mostrado muy interesados por nuestro trabajo, quizá con una cierta reserva de entrada, porque este tipo de cosas siempre tienden a interpretarse mal y a pensar que va a ser una comisión más de control que de otra cosa, lo cual no es cierto, porque no se pretendía controlar nada, ya que existe una comisión de control de TVE que está en el Congreso, sino que se trataba de hacer un estudio profundo y serio de los contenidos.
Agradezco a los medios que hayan sido tan receptivos a lo que se estaba haciendo en esta Comisión, porque han contribuido a que se desarrollase un debate sobre el sector que ha sido hasta ahora lo más positivo que hemos conseguido».

El interés parece ser recíproco y desde los medios de comunicación se siguen con curiosidad los análisis efectuados por esta Comisión, según se desprende de las declaraciones efectuadas a esta revista por Pablo García, actual director de la Televisión Educativa de TVE: «me parece fundamental que los poderes públicos y el Parlamento se ocupen de la televisión, porque creo que tiene una transcendencia importante en la sociedad actual.

Si además se plantean la televisión como un instrumento educativo o «deseducativo», como un medio de comunicación que puede utilizarse para que la sociedad sea más feliz, que es el fin de cualquier elemento educativo, y la clave es, por tanto, dar a las personas conocimientos para que puedan vivir mejor y ser más felices, me parece muy bien. Estar en esta parcela de la televisión y comprobar que se preocupan de nosotros, de ver qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, de nuestra utilidad para la sociedad me parece, además de halagador, muy útil, porque nosotros estamos bebiendo en esas fuentes.

Estoy tomando buena nota de lo que se dice en este Informe: en algunos casos nos sirve para corregir algunos fallos que tenemos en la concepción de cómo tenemos que hacer la televisión educativa y en otros casos nos sirve de estímulo para seguir adelante en el camino que tenemos emprendido y que creo que es correcto».

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

«Tan absurdo es magnificar los posibles efectos de la televisión, como trivializarlos», así reza textualmente en las conclusiones de este Informe. Según esta afirmación, se considera la producción televisiva como un «bien cultural» que necesita protección y no se puede abandonar a la lógica del mercado,al mismo tiempo que se reconoce que el control de calidad exigible a todos los productos de consumo carece de vigencia en el ámbito de la televisión.

Los índices de audiencia por los que las cadenas de televisión miden el éxito o el fracaso de cada uno de sus programas es un sistema que, según se desprende de las conclusiones de este Informe, presenta deficiencias obvias y para paliarlas propone que «la democracia necesita asociaciones de usuarios que estructuren la sociedad, sirvan de cauce a las minorías que no pueden expresarse, contrarresten a los grupos de presión y contribuyan a la educación cívica».

A este respecto, Francisco Javier Angelina, presidente de la Unión de Consumidores de España, y que compareció ante la Comisión para exponer los puntos de vista de los usuarios, manifestó a la revista Telos que «los consumidores tenemos mucho que decir y lo estamos haciendo.

Estamos presentes en debates, como por ejemplo el de la contraprogramación en televisión, estamos interviniendo en temas como la publicidad sexista, en la ecológica o verde, a la que criticamos porque algunos productos anunciados como ecológicos no tienen una base objetiva para denominarse así, pero con este calificativo se vende más… Unos grupos podemos estar de acuerdo o no, dentro de la libertad de expresión, ante determinados programas o publicidad, pero eso está dentro del juego de la democracia».

La investigación de la Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos del Senado finaliza su Informe con un apartado en el que se recogen diversas recomendaciones y propuestas para aplicar al panorama audiovisual español. En el ámbito legislativo, se insta a un reordenamiento jurídico del sector y se afirma que «la actual legislación en radiotelevisión y en cuestiones relativas a la industria y cultura audiovisual adolece de dispersión, falta de homogeneidad y en algunos casos de obsolescencia o inadecuación a la normativa comunitaria.

Parece conveniente redactar y aprobar una ley que sirva de marco al sector entero, en la que se defina el actual mapa televisual, sus diferentes modelos y sistemas, su relación con otras industrias audiovisuales y de comunicación y se tracen los futuros perfiles para su desarrollo».

En las conclusiones de este Informe se afirma que el modelo de televisión pública necesita una redefinición, ya que este medio «está en crisis en todas las sociedades avanzadas y merece análisis continuos de los expertos en la materia». En relación con este asunto se recomienda la aprobación de un nuevo estatuto para RTVE en el que prevalezcan las funciones sociales, en especial las relacionadas con la educación y la cultura. En lo referente a la financiación, se propone que «RTVE adopte un plan dirigido a la disminución progresiva de su participación en el mercado de publicidad. Este sistema de financiación implica adoptar también un plan de viabilidad que contemple una correcta adecuación entre limitación de recursos publicitarios y contención de gastos de explotación».

Después del estudio que ha efectuado la Comisión Especial del Senado sobre los contenidos televisivos, su presidenta, Victoria Camps, afirma que precisamente las lagunas más importantes que se han encontrado en el sector audiovisual español son las referentes a cuestiones económicas: «lo fundamental es el modelo de financiación, en el que se incluye el problema de la publicidad. TVE renuncia en un momento dado a la financiación por los presupuestos del Estado y se financia sólo con publicidad, ya que podía permitírselo cuando era monopolio.

Con el nacimiento de las televisiones privadas, la publicidad hay que repartirla y se entra en una situación que estas últimas califican de desleal, porque aunque TVE no tenga una asignación regular ni fija, siempre cuenta con el respaldo de los presupuestos del Estado.

Esto hay que concretarlo para poder permitirse ser más exigente con la televisión pública y limitar la publicidad. Es lo que se propone como línea de reforma del estatuto: que se defina el modelo de financiación y cuál puede ser la financiación por publicidad de la televisión pública».

2. EL CONSEJO DE LO AUDIOVISUAL

Entre las recomendaciones y propuestas elaboradas por la Comisión Especial del Senado, aparece la creación de una «autoridad independiente», con poder sobre todas las cadenas, aunque la ejecución de sus propuestas, incluidas las de sancionar, quedarían reservadas a la Administración. Victoria Camps emplea el término Consejo de lo Audiovisual para referirse a esta «autoridad independiente» y afirma que ésta es la propuesta prioritaria de todas las incluidas en el Informe de la Comisión que ella preside: «no sabemos todavía su contenido, ni su composición, ni cuál será el procedimiento de elección. Lo vamos a concretar en unos pocos meses, pero creo que es lo que no sólo llenará el vacío que hemos constatado, sino que además facilitará la continuidad de la Comisión, proponiendo nuevos temas y líneas de trabajo».

Antes de que finalice este año puede quedar constituida esta figura que ejercerá de árbitro dentro del sector audiovisual español y cuyo modelo estará basado en los que ya existen en otros países: «antes de diciembre esperamos poder hacer una propuesta sobre cómo tiene que ser esta autoridad: unipersonal, colectivo o consejo, y si es así qué tipo de personas tienen que componerlo… Esto es relativamente fácil porque existen en casi todos los países y todos tienen una composición similar. Se trata de estudiar lo que hay en el extranjero y ver qué es lo más adecuado para nosotros, procurando no incurrir en los defectos que existen en estos consejos y que ellos mismos ya detectan y critican», afirma Victoria Camps.

Entre algunos profesionales y expertos que han comparecido ante la Comisión del Senado consultados por esta revista, la propuesta de esta «autoridad independiente» que se recoge en el Informe ha sido la que ha suscitado más controversia. Francisco Javier Angelina, como presidente de la UCE, afirma que: «nos gustaría que esto quedase en manos de los tribunales, porque la protección de los derechos fundamentales debe estar en el poder judicial y estos temas se encauzan dentro de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Eso está dentro del juego de la democracia y el control debe llevarlo la autoridad judicial y no una autoridad independiente, porque en principio un poder independiente es el judicial.
Es un tema complicado…si la justicia funciona mal, hay que hacer que funcione bien, porque si no, desequilibramos los tres poderes, sobre todo hablando de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y aquellos otros que se pueden ver afectados por los contenidos televisivos».

Por otra parte, Pablo García, director de la Televisión Educativa de TVE y responsable del programa La aventura del saber, argumenta que: «nuestro programa está sometido a una comisión de seguimiento, en la que están representadas personas del Ministerio de Educación y Ciencia y de TVE y que analiza el programa, lo critica, da instrucciones, aprueba las propuestas de programación y los contenidos…

Se trata de personas que no saben nada de televisión, son pedagogos o cargos del Ministerio que dan las opiniones que son válidas para unos campos determinados, porque un programa de televisión es algo muy complejo y hay que analizarlo desde distintos puntos de vista. Si cuando se habla de esa autoridad se está hablando de algo así,está bien porque la televisión está afectando mucho a la sociedad y sobre todo a los niños y a los jóvenes.
En todo caso funcionaría en las televisiones públicas, porque al igual que no existe en periódicos ni en otros medios de comunicación, no tiene por qué afectar a las televisiones privadas, que son negocios y se está rozando la libertad de expresión.

La clave está en educar a la gente para ver televisión, más que en pensar en hacer programaciones a la medida de quien sea. Y también los padres tienen que saber lo que es la televisión y verla con sus hijos, con suficiente distanciamiento como para criticarla y convertirla en un elemento educativo más. Hay estadísticas en las que se refleja que programas claramente para adultos son vistos por 150.000 niños. Mientras haya padres de 150.000 niños que crean que la televisión no está perjudicando a sus hijos, el problema estará ahí. Además, la televisión debe instaurarse en las escuelas como una asignatura más y los maestros deberán enseñar a ver televisión».

3. TELEVISION Y EDUCACIÓN

Esta idea de preparar a los niños y enseñarles a ver televisión es recogida también como una propuesta más del Informe de la Comisión del Senado. Concretamente alude a la formación y reciclaje de los maestros para el manejo de los audiovisuales como instrumento de enseñanza, al tiempo que recomienda fomentar la relación con la Universidad y llevar a la televisión programas de formación para los más desfavorecidos.

«En los medios de comunicación audiovisuales se manejan unos códigos que configuran un lenguaje y la mayoría de la gente no lo conoce», puntualiza Pablo García, quien prevé el desarrollo de la televisión educativa en España con la implantación de las nuevas tecnologías y en concreto con la puesta en marcha de la televisión por cable: «se puede llegar a conseguir un canal claramente identificado como educativo, en el que según los horarios se alternasen programas de enseñanza reglada con programas convencionales de interés dirigidos a educar sobre televisión y los medios de comunicación, su utilización y su lenguaje.

La aventura del saber puede ser el germen de lo que en un futuro será un canal temático educativo. Estamos preparando, como experimento de enseñanza reglada, un curso de iniciación a la informática que podría conceder un título… Hay mucho por hacer y estamos entrando en este campo poco a poco.»

Desde la Administración, actualmente, parece prestarse atención al desarrollo de esta televisión especializada, con la creación de un Libro Blanco sobre la Televisión Educativa. Agustín García Matilla, coordinador de este trabajo junto a Luis Miguel Martínez, confirmó a esta revista la propuesta realizada por el Ministerio de Educación a la consultoría GEAC, para la elaboración de este trabajo en el que se pretende recoger y evaluar las distintas experiencias que se han llevado a cabo en el ámbito de la televisión educativa, recabando también informaciones de expertos en educación y en comunicación, para poder sentar las bases de lo que en un futuro podría llegar a ser un canal educativo en el panorama televisivo español.