La falta de una regulación y de una política clara sobre el cable ha frenado el desarrollo del sector y ha generado una situación caótica con voces e intereses enfrentados a la hora de impulsar una ley de Telecomunicaciones por Cable.

Hasta el año 2000 se prevé un crecimiento anual del 7,2 por ciento del mercado mundial de las telecomunicaciones, más del doble que el conjunto de la economía. Es, sin duda, el sector con más alto potencial de generación de riqueza del final del milenio. Sólo en Europa movilizará inversiones en infraestructuras estimadas en más de 7 billones de pesetas.

Se trata de un segmento sometido a una paulatina desregulación que va ofreciendo nuevas oportunidades a la iniciativa privada, que trata de beneficiarse de los nichos que considera rentables y que procura tomar posiciones ante un negocio que cada vez resulta más difícil de definir a consecuencia del formidable avance tecnológico.

En el caso de la televisión por cable, las estimaciones sobre el volumen de negocio en España se aproximan a los 700.000 millones de pesetas, de las que casi tres cuartas partes corresponden a obra civil. El resto se reparte entre elementos pasivos y equipamiento electrónico.

Resulta así fácil de comprender la guerra de intereses que se mueve por influir en un sector con un potencial enorme al combinar satélite y cable, y que debido a la digitalización en las comunicaciones conlleva la convergencia técnica de distintos servicios y su integración potencial en una misma red. Las futuras autopistas de la comunicación.

En la última semana de 1992 entró en vigencia la Ley de Televisión por Satélite, que en dos años y medio ha permitido recepcionar una oferta de doce canales de lengua hispana, y la emisión de cinco canales por satélite desde España, posibilidades ahora superadas por la evolución tecnológica.

El proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable aprobado en mayo último por el Consejo de Ministros y enviado a las Cortes para su tramitación, pretende liberalizar los servicios transmitidos vía satélite y contratar directamente con cualquier satélite sin otro requisito que una autorización administrativa. Uno de sus efectos es el de eliminar la limitación a cinco del número de canales de televisión que pueden difundirse por satélite desde España.

El proceso de liberalización conlleva así la posibilidad de que las empresas que ahora tienen un contrato con Retevisión, Telefónica o Correos para transmitir por el Hispasat y por otros satélites, puedan modificar sus contratos sin que ello suponga una penalización.

Es decir: se podrán utilizar satélites de comunicaciones no españoles, pero con cobertura sobre territorio español. Los radiodifusores podrán usar sus propias infraestructuras o contratar cualquiera de las disponibles en otros satélites.

De esta ley se excluye el servicio telefónico básico, cuya fecha de liberalización sigue establecida en el 1 de enero de 1998. En cuanto a la distribución de señales de televisión por vía herciana, continúa estando reservada a Retevisión.
La falta de una regulación y de una política clara sobre el cable, ha frenado el desarrollo de este sector, y ha ido fomentando una situación caótica, creada al impulso de iniciativas alegales o paralegales, y de sentencias judiciales contradictorias.

Las empresas que actualmente están cableando las ciudades corren un gran riesgo, pues su inversión no garantiza el que se les conceda una licencia de segundo operador. No obstante, apuestan a que mientras más tarde en salir la ley, más superficie podrán cablear y más fuertes serán. Consideran que sería la ley la que regularía definitivamente un sector que desde algunas instancias se califica como alegal.

El problema estriba en qué sucederá con todas las empresas que están cableando las ciudades españolas, muchas de las cuales lo hacen de acuerdo con los ayuntamientos.

Las más de 400 emisoras de televisión local que existen en la actualidad emiten «en una absoluta ilegalidad», según la secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado, quien ha distinguido entre las televisiones por cable, a las que ampara el Tribunal Constitucional para que funcionen en régimen alegal, y las emisoras locales que difunden su programación por vía herciana, que habrán de someterse a la nueva ley que prepara el gobierno y que podría estar terminada para finales de este año.

Así, mientras la ley de Telecomunicaciones por Cable favorece el desarrollo de redes urbanas alternativas tecnológicamente capaces de soportar el conjunto de telecomunicaciones avanzadas, la futura LOT deberá establecer las reglas de juego en un mercado abierto regulando fundamentalmente el modo de financiación del servicio básico universal, la interconexión de las distintas redes y los procedimientos de arbitraje entre los operadores.

Y aquí las voces e intereses son encontrados. El proyecto de ley defiende la iniciativa de los ayuntamientos, cuya colaboración es imprescindible para realizar el tendido del cable, configurando demarcaciones territoriales de ámbito municipal. En el caso de municipios de muy pequeño tamaño, garantiza la viabilidad económica de los proyectos de inversión mediante la agrupación de municipios distintos de una o varias comunidades autónomas.

1. PUGNA DE COMPETENCIAS

El proyecto de ley fomenta la utilización de todas las infraestructuras ya existentes para facilitar la instalación de un segundo operador, ya que de hecho Telefónica ocupa el rol de primer operador. Y permite también que para rentabilizar la inversión se presten sobre esa red todos los servicios de telecomunicación que la tecnología posibilite y los usuarios demanden.

Desde la Generalitat de Cataluña se critica el proyecto por considerar que al establecer el tamaño mínimo de una demarcación en 20.000 habitantes, todos los municipios de menor tamaño (el 25 por ciento de la población de España), se van a quedar sin acceso a las futuras autopistas de la comunicación.

Desde el gobierno se argumenta que el proyecto incentiva a que los pequeños municipios se agrupen entre sí o con otros mayores, pero desde la Generalitat se insiste en que si el concesionario queda circunscrito al ámbito municipal, difícilmente podrá ofrecer telecomunicaciones de la envergadura que sus hipotéticos usuarios desearían. Por eso propone que las demarcaciones coincidan con el territorio de las comunidades autónomas.

A esta aspiración se le replica que de acuerdo con la Constitución española y la doctrina del Tribunal Constitucional, las telecomunicaciones son una competencia exclusiva del Estado; y que en tanto no se apruebe la ley de Telecomunicaciones por Cable, las únicas redes que se pueden instalar son redes de televisión por cable y no redes interactivas de telecomunicación.

Aun con matices, en los tres grandes partidos políticos a nivel nacional (PSOE, PP e IU) hay coincidencia a la hora de defender una organización estatal de las telecomunicaciones frente a la posición de la Generalitat de Cataluña, que, en cambio, exige pleno dominio sobre la organización del cable en su territorio. A su vez, los ayuntamientos entienden que el poder de dar licencias reside en ellos, y de hecho así proceden favorecidos por la inexistencia de una ley reguladora que evite la fragmentación que puede originar infraestructuras no adecuadas que respondan únicamente a procesos especulativos.

2. NUEVOS ACTORES

Como el acuerdo parlamentario no llega y el tendido de cable crece incesantemente, el Ministerio de Obras Públicas se limita a advertir que los ayuntamientos pueden conceder licencias de cable, pero ese cable sólo puede usarse para ofrecer televisión, porque cualquier otro servicio de telecomunicación es competencia del Estado.

Todos saben, sin embargo, que nadie invierte en una red de alta tecnología y que incluye el cableado de fibra óptica, sólo para añadir canales de televisión. En realidad la rentabilidad de la inversión depende de que el cableado pueda usarse para otros múltiples servicios como telebanco, telecompra, vídeo a la carta, juegos interactivos y, sobre todo, telefonía.

Las redes de los operadores de cable son de banda ancha y cuentan con gran capilaridad, por lo que su negocio podría ser el de los servicios interactivos. Las empresas eléctricas, de aguas y de gas, que tienen un saber hacer en redes de comunicación y en la organización de grandes obras públicas, aspiran a ganar terreno en el mercado de las telecomunicaciones.

Las compañías eléctricas cuentan con una infraestructura de fibra óptica de unos 9.000 km y con amplios derechos de paso. RENFE, por su parte, cuenta con 14.000 km de derechos de paso, y aunque su red está basada en cobre, presenta una gran facilidad para hacer tendido en fibra óptica. Sus oportunidades de negocio podrían venir por las alianzas con operadoras o por la venta de derechos de paso.

En estos ejemplos de redes alternativas, también hay que citar las de algunas comunidades autónomas, que aunque estén muy limitadas, cuentan con derechos de paso; o Retevisión, con escasa fibra óptica, pero con gran dominio tecnológico y capacidad sobrante, e incluso Hispasat, con amplia cobertura y la mitad de capacidad disponible.

El sector eléctrico, de poco crecimiento, ya ha avanzado en esta dirección a través del grupo Endesa, que participará en el servicio de televisión por cable en todas las ciudades en las que ya está presente a través de sus filiales (Andalucía, Extremadura, Cataluña, Cantabria, Aragón, Baleares y Canarias).
Telefónica, mientras tanto, se asegura su liderazgo y gracias al Plan Fotón que está ejecutando desde 1993 (que consiste en colocar fibra óptica en los nuevos trazados de redes telefónicas y sustituir poco a poco el actual cable coaxial), antes de fin de año habrá cableado 125 municipios españoles de más de 50.000 habitantes, con lo que alrededor de 25 millones de personas podrían acceder «ya» a la futuras autopistas de la comunicación.

Hablando en teoría, para que los nuevos servicios sean posibles, los usuarios tendrán que pagar la conexión desde la autopista de fibra óptica más cercana hasta su domicilio. Si se decide, el abonado tendrá acceso también a una red de autopistas de información al menos de 17 países europeos que participan en el grupo europeo de comunicaciones avanzadas de banda ancha (ACTS) en el que Telefónica está presente por parte española.