La revista Telos ha venido siendo pionera en España a la hora de conectar las telecomunicaciones con la sociedad, incluso en tiempos en que las múltiples consecuencias de esta relación eran menos evidentes.

Al fin hemos dejado de estar solos. Las revistas, los periódicos y los medios de comunicación en general cada vez otorgan más protagonismo a nuestra tradicional preocupación. Incluso a nivel personal, familiar y profesional, las telecomunicaciones han dejado de ser un tabú para convertirse en un asunto de común interés.

La telefonía móvil ha sido quizás el nuevo servicio de telecomunicaciones que más ha contribuido a la difusión social de estas inquietudes. Su impacto ha sido tan directo y sus consecuencias tan extraordinarias, que la gente comienza, después de digerir y disfrutar en muy poco tiempo este nuevo alarde tecnológico, a interesarse, además, en otras posibilidades de telecomunicación.
El vicepresidente norteamericano Al Gore, con su enfático apoyo a las autopistas de la información, incluso si las consecuencias directas de su acción política son hoy escasas, ha contribuido sobremanera a vulgarizar a nivel mundial esta especie de nuevo paradigma de fin de siglo.

Si en el pasado la socialización de las telecomunicaciones pudo considerarse un mero voluntarismo sin demasiada transcendencia, hoy la difusión de las mismas se está convirtiendo en una necesidad para vivir integrados, no sólo social sino económicamente, en la nueva economía global que estamos comenzando a vivir.

¿Y qué posición ocupa España en esta encrucijada histórica?
Una pertinente respuesta viene dada por el Informe 1995 del Observatorio Europeo para la Información Tecnológica (EITO), en el que se señala que España, junto con Grecia y Portugal, son los países de Europa occidental que menos dinero invierten en tecnologías de la información, siendo EEUU y los países escandinavos los líderes en esta materia.

Nuestro país parte de una buena base de equipamiento y desarrollo, aunque aún dispar e insuficiente, en telecomunicaciones.

Si bien en número de televisores y otros aparatos electrónicos, el consumo por hogar en España es equivalente al de otros países europeos, en materia de teléfonos fijos y móviles, ordenadores personales y televisión por cable nuestra situación deja mucho que desear.

Y frente a este sensible retraso en la difusión social de las tecnologías de la información, en algunos ámbitos, España es, sin embargo, un país avanzado e incluso precursor. Es el caso de la telefonía rural basada en la infraestructura celular móvil. El interés político del Gobierno, el apoyo financiero de las comunidades autónomas, y la capacidad tecnológica nacional, conjugadas empresarialmente por Telefónica, han proporcionado una brillante solución a un problema endémico, que siempre había quedado aplazado en nuestro país.

En telefonía de uso público, la oferta de equipos y servicios españoles se compara con ventaja con los mejores países.
No deja de ser paradójico -o acaso no lo es- que nuestro país esté más avanzado, precisamente en aquellos servicios que ha desarrollado con tecnología propia, y que luego, naturalmente, termina exportando a otros mercados.
A nivel global, falta en España un impulso suficiente y sostenido a las inversiones en tecnologías de la información.

En materia de inversiones en tecnologías de la información como porcentaje del PIB, puestos de trabajo asistidos por ordenador y número de modems por habitante, España está considerablemente alejada de la media europea.

Caben pocas dudas, y aún menos o ninguna en el ámbito de esta publicación, que en un futuro próximo, el ser o no ser shakesperiano de las naciones,pasará por su pertenencia o no al mundo de las telecomunicaciones avanzadas, o en el brillante modo de decir americano, las autopistas de la información.

Los EEUU, líderes históricos en la materia, han recuperado con extraordinaria energía su fe en el sector, multiplicando por doquier las inversiones en telecomunicaciones.

En Dinamarca está previsto el próximo lanzamiento de un plan nacional de tecnologías de la información, que con el nombre de Infosociety 2000, pretende «enlazar a las instituciones públicas y las compañías a través de la información y crear nuevas posibilidades para los ciudadanos».

Quizás no sería exagerado plantear en España un plan equivalente al danés en materia de tecnologías de la información.

El proyecto de Ley de Telecomunicación por Cable, hoy en el Congreso de los Diputados que debiera ver la luz pública lo antes posible y servir, junto con la liberalización de la telefonía móvil, de acicate a la inversión privada y pública, aun siendo muy importantes, son insuficientes para que nuestro país dé el salto que necesita.

La pretérita virtud de las telecomunicaciones se ha convertido hoy en una necesidad ineludible.

En España no deberíamos seguir por más tiempo esperando que los buenos deseos, simplemente por el hecho de serlo, se cumplan. Es el caso del Plan Nacional de Telecomunicaciones, que tan lleno de buenas intenciones como ayuno de recursos, no se está cumpliendo por falta de medios.

En materia de telecomunicaciones públicas, una coherente y estable (no coyuntural ni espasmódica) política de tarifas, junto con un adecuado soporte financiero, debieran favorecer un plan de expansión y renovación tecnológica de las infraestructuras, que en un plazo de unos cinco años nos dejara en la mejor disposición posible para enfrentar la fascinante aventura del próximo siglo.