Importancia y debilidades económicas de las PYME han generado un elevado número de ayudas, con programas específicos para los problemas más candentes. La introducción de tecnologías de la información ocupa un lugar importante en ese contexto.

INTRODUCCIÓN

Dado el preponderante pa-pel que las empresas de pequeño tamaño desem-peñan dentro de las eco-nomías de los principales países occidentales, son muchas las medidas que se han ido tomando para su fomento y para garantizar su futuro.

En España la situación se agudiza ya que existe un mayor número de empresas pequeñas que en el resto de países europeos y además éstas son de inferior tamaño, con lo que se ponen de manifiesto las debilidades clásicas de este colectivo: bajo conocimiento de los mercados, formas de producción tradicionales, escaso uso de nuevas tecnologías, carencia de canales de comercialización, cualificaciones inadecuadas, fuertes limitaciones financieras,etc.

Estos hechos, unidos a las potencialidades existentes en las PYME como motores de la economía por su mejor adaptación a los cambios en los mercados y en las demandas, se encuentran detrás del elevado número de programas y ayudas que se han instaurado como mecanismos de protección y de ayuda empresarial.

Tanto la Comunidad Europea como los gobiernos nacional, autonómico y local tienen actualmente puestos en marcha diversos programas dirigidos a ayudar a la PYME desde distintos aspectos: modernización, acceso a información, financiación, formación, uso de tecnologías avanzadas, etc.

Dado el elevado número de estas acciones y lo limitado del espacio disponible, este artículo se ha centrado, fundamentalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad Europea, complementando esta información con datos sobre acciones concretas a nivel nacional en cada una de las líneas que se mencionan.

Esta postura viene también justificada por el hecho de que las acciones institucionales deben venir complementadas para aunar esfuerzos en busca de unos objetivos comunes y lógicamente las iniciativas comunitarias sirven de guión para las acciones de las Administraciones nacional, autonómica y local, que con un espacio geográfico y un colectivo afectado más reducido, llevan a la práctica fundamentalmente medidas y proyectos enunciados en los grandes programas comunitarios.

Después de esta breve introducción, el artículo se centra en recoger las actuaciones de la Comunidad Europea en relación con las pequeñas y medianas empresas, destacando las acciones relacionadas con la política empresarial y con la política regional. La segunda parte se dedica a revisar los principales problemas existentes en las PYME y las medidas institucionales que se han puesto en marcha como posibles soluciones para cada grupo de dificultades empresariales. En el último apartado se realizan una serie de reflexiones finales sobre los principales objetivos plasmados en las actuaciones institucionales.

EL PAPEL DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Las autoridades de la Comunidad Europea vienen mostrando desde mediados de la década de los ochenta un marcado interés por la pequeña y mediana empresa, hasta el punto de elaborar, dentro de la política empresarial comunitaria, un apartado específico para las PYME.

Lo cierto es que en los últimos años se han multiplicado las medidas y los programas orientados hacia ese segmento desde todos los niveles administrativos, intentando crear un entorno favorable para la creación y el desarrollo de las empresas.

Los gobiernos nacionales comparten también la preocupación por un colectivo que se perfila como básico dentro del presente y el futuro de los sistemas económicos.

Resalta la importancia que concede la Comisión al papel que tiene el sector empresarial en la consecución de los objetivos establecidos en el Acta Unica. Las empresas comunitarias son una pieza fundamental para conseguir el establecimiento de un mercado interior sin fronteras, el fortalecimiento de la cohesión económica y social, el desarrollo de una política común en materia de desarrollo científico y tecnológico, el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo y una actuación coordinada en materia de medio ambiente.

Pero si el comportamiento de las empresas influirá en el establecimiento del Mercado Unico Europeo, también el Mercado Unico determinará el modo de actuar de las empresas, que se enfrentan al mayor reto que se le haya presentado en mucho tiempo una vez que el mercado interior se materialice. Las empresas tendrán que revisar sus estrategias, acostumbrarse a internacionalizar sus actividades y actuar sin protección nacional de ningún tipo.

La Comunidad esboza unas directrices de política dirigidas a las empresas que son asumidas por España, y establece unos mecanismos de intervención que generalmente son aplicados por organismos e instituciones nacionales, siendo poco frecuente la relación directa entre la Comisión y las empresas.

Aparte, la Administración lleva a cabo medidas dirigidas a la pequeña y mediana empresa a través de sociedades y organismos especializados que dependen de ella y existen también iniciativas privadas desde corporaciones y asociaciones de empresarios.

Las características fundamentales de la política comunitaria para la PYME son concretamente tres: una dispersión de las medidas diseñadas para este colectivo que adolecen de una coordinación adecuada, una desagregación de esta política dentro de los distintos niveles administrativos y, finalmente, un gran componente empírico en su elaboración y reelaboración a través del tiempo.

A pesar del asumido papel de la pequeña y mediana empresa como instrumento de desarrollo, la Comisión Europea también reconoce la multitud de obstáculos que dificultan la actividad del pequeño empresario en Europa, algunos de ellos externos a la empresa, como puede ser la desventaja relativa de la PYME frente a las grandes compañías, y otros estrictamente relacionados con las propias deficiencias internas de la pequeña y mediana empresa europea.

A tal efecto, a mediados de la década pasada la Comunidad Europea se encomendó la tarea de elaborar una política de apoyo a este colectivo que asegurase, sobre todo de cara al Mercado Unico, que la PYME europea pudiese salvar todas las barreras que su tamaño y características le imponen y convertirse en un elemento estratégico de la economía europea.

Los objetivos globales de dicha política van orientados hacia el fortalecimiento de las estructuras de las empresas, a través de actuaciones sobre su entorno, con el fin de reforzar sus posiciones de cara a la entrada en vigor del mercado interior. En concreto, dichos objetivos establecen la necesidad de proteger y mejorar el entorno de las empresas, de desarrollar políticas que contribuyan a que empresas nuevas y en fase de crecimiento aprovechen las oportunidades que les ofrecerá el Mercado Unico, y finalmente, de garantizar la existencia de un marco coherente de principios y métodos para la aplicación de las políticas comunitarias más importantes.

Es importante destacar el objetivo de mejorar el entorno empresarial, pues supone un cambio sustancial respecto a otras líneas de política empresarial desarrolladas con anterioridad, basadas en el subsidio directo a la empresa. De alguna forma, se intenta comprometer, con esta nueva orientación, a la propia empresa en la consecución de su progreso en un mercado abierto, y así evitar el mantenimiento artificial de un colectivo parasitario.

Además de los citados objetivos, la Comisión ha establecido unas directrices que regulan las intervenciones de las autoridades comunitarias y que perfilan el marco de actuación de las políticas. En primer lugar, las medidas y ayudas deben tener como objetivo el fortalecer el mercado y corregir posibles deficiencias que éste pueda tener; evitando aquellas políticas que puedan distorsionar la libre competencia. Por otra parte, dichas políticas deben tener una dimensión comunitaria y fomentar la asociación entre diferentes colectivos de agentes económicos y entre distintas regiones de la Comunidad.

Las iniciativas de intervención deberán tener en cuenta la variedad y multitud de las estructuras institucionales comunitarias e intentar utilizarlas, evitando la creación de nuevos organismos. Por último, las directrices de política empresarial destacan la importancia de imponer un mínimo de obligaciones a las empresas, que comprometan a éstas con los objetivos fijados, y la conveniencia de fijar una serie de exenciones o condiciones especiales,dentro de determinados requisitos legales o administrativos, para las pequeñas y medianas empresas.

POLÍTICA EMPRESARIAL

La elaboración por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas del programa de la Task Force-PYME, creada en 1986, supone la materialización del interés de las autoridades comunitarias por la pequeña y mediana empresa. Este programa, definido en las reuniones del Consejo Europeo que tienen lugar en 1985, por primera vez en la historia de la Comunidad establece un marco coherente donde situar la política empresarial europea. Además, también por vez primera se realiza una distinción entre la política destinada a mejorar el entorno empresarial en general, y entre aquellas medidas dirigidas de forma específica a la PYME.

La Task Force-PYME configura en su momento unos objetivos y unas directrices de política para las pequeñas y medianas empresas que siguen vigentes en la actualidad. Además de aquellas medidas de política económica de carácter general que pueden favorecer indirectamente a la pequeña empresa, quedan establecidas disposiciones específicas que sólo afectan directamente a este segmento. En particular, el programa fija como metas generales la coordinación de todas las actividades de importancia dentro de la Comisión (derecho comunitario, financiación, prestación de servicios y estímulo del análisis, de la discusión y de la transferencia de tecnología), la ayuda a la armonización de las políticas nacionales y comunitarias, la creación de un sistema de asociación con organizaciones representativas de las PYME y, finalmente, el diseño de estructuras y programas a escala comunitaria, para resolver los problemas prácticos de la pequeña y mediana empresa y especialmente para desarrollar planes de formación y medios de comunicación destinados a ellas.

El programa concebido por la Task Force-PYME especifica una amplia gama de estrategias para impulsar el despegue y el auge de la pequeña y mediana empresa dentro de la Comunidad. Este programa ha sido asumido por la Dirección General XXIII de la Comisión Europea, que es la Dirección General de la política de empresa, comercio, turismo y economía social.

Se pretende proporcionar un entorno favorable a la PYME a través del estímulo del espíritu de empresa, de la mejora del entorno ad-ministrativo, del control de la realización del mercado interior, de la adaptación del derecho de sociedades, de la creación de una sana estructura competitiva, del establecimiento de un entorno fiscal favorable y de la mejora del entorno social de las pequeñas y medianas empresas mediante la intervención de cooperativas en la fase de planificación.

Por otra parte, se intenta dar prioridad a los planes relacionados con la formación de capital y con el logro de un alto grado de flexibilidad en materia de anticipación y adaptación a la demanda del mercado, todo ello a través de proyectos de formación, de información, de promoción de exportaciones, de creación de empresas e innovación, de cooperación entre empresas y regiones y, por último, de aportación de capital, es decir de financiación empresarial.

POLÍTICA REGIONAL

Cada vez en mayor medida, la PYME se va convirtiendo en un instrumento básico de política regional, tanto desde el punto de vista nacional como desde la perspectiva comunitaria. La importancia de este segmento radica en su capacidad para inyectar dinamismo en la actividad económica, y en su flexibilidad, que le permite mantenerse a flote en épocas de recesión económica. Por todo ello, este colectivo constituye una variable básica dentro de las políticas de desarrollo regional, dado que puede suponer una rampa de lanzamiento para el crecimiento de regiones desfavorecidas. Con el debido apoyo institucional, la pequeña y mediana empresa puede jugar un papel importante como motor generador de empleo y de actividad económica, y como propulsora del desarrollo de zonas deprimidas.

Los instrumentos de esta política son los Fondos Estructurales, el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), que realizan intervenciones a través de planes operacionales, subvenciones globales, la financiación de proyectos individuales de dimensión mínima, la cofinanciación de ayudas junto con las autoridades nacionales y, por último, la prestación de ayuda a la asistencia técnica y a los estudios preparatorios.

Los recursos financieros utilizados por los Fondos proceden del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Nuevo Instrumento Comunitario (NIC) y de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). La política llevada a cabo por los Fondos Estructurales se aplica a través de los Estados miembros,es decir, que no hay una relación directa entre la Comisión y la pequeña empresa. Todos los recursos recibidos son gestionados por la Administración Central, siempre siguiendo las directrices de los Marcos Comunitarios de Apoyo.

Las políticas comunitarias para la pequeña y mediana empresa son aplicadas en los Estados miembros por las autoridades nacionales, y en el caso de España, la aplicación efectiva es llevada a cabo, cada vez en mayor medida, por las comunidades autónomas y otros organismos regionales.

El apoyo a la PYME en España se basa en tres instituciones: las actuaciones del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI), más bien centrados en los sectores industrial y servicios, las medidas llevadas a cabo a través de la política regional por las comunidades autónomas, y por último, las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dirigidas al pequeño empresario agrario. Asimismo, existe un gran número de organismos que contribuyen, a través de sus actuaciones, a mejorar el entorno de la pequeña y mediana empresa,como son el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y las agencias de desarrollo regional y local que se van creando en las distintas regiones españolas.

Por otra parte, hay que mencionar la Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial elaborada por el Ministerio de Industria y Energía y aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 6 de mayo de 1994. Dicha iniciativa pretende establecer las líneas maestras de un método de trabajo que implique a todas las administraciones que llevan a cabo políticas dirigidas a la pequeña y mediana empresa, con el fin de que estas políticas se asienten sobre bases más sólidas y que de esta manera las unidades productivas de menor tamaño se beneficien a largo plazo de condiciones más propicias para el desarrollo de su actividad. Los programas en los que se centrará está resolución serán principalmente: cooperación empresarial, información, apoyo al producto industrial, apoyo a la financiación y apoyo a redes de organismos territoriales.

LINEAS DE ACTUACIÓN SEGÚN PROBLEMAS

A pesar de los rasgos positivos que reflejan el potencial de crecimiento de las empresas del colectivo y la importancia de éstas como instrumentos de política económica, la PYME arrastra consigo una serie de problemas que minan su capacidad para desarrollarse e incluso mantenerse en el mercado, y que sitúan a las empresas de menor tamaño en una posición de desventaja respecto a las grandes.

En el caso concreto de España, la pequeña y mediana empresa se enfrenta a problemas derivados de los rasgos característicos de la empresa española, además de aquellos obstáculos comunes a la PYME europea. En general, los problemas del colectivo español son los mismos que afectan al colectivo europeo, sin embargo, determinadas carencias están más acentuadas en España:
-Falta de información necesaria para tomar decisiones, en especial sobre los mercados y sus tendencias.

-Despreocupación ante el Mercado Unico derivada de esa falta de información.
-Carencia de canales de comercialización de productos.

-Falta de mentalidad exportadora, y como consecuencia, falta de experiencia en los mercados internacionales.

-Una estructura organizativa inadecuada que obstaculiza el establecimiento de relaciones entre las empresas.

-Unos métodos de producción obsoletos.

-Inadecuada cualificación del personal.

-Un grado de innovación insuficiente en los productos y en la gestión.

-Bajo nivel de autofinanciación.

-Dificultades para acceder a la financiación a largo plazo.
La desinformación es uno de los problemas más importantes con que se enfrenta el pequeño empresario, dado que cualquier medida que se lleve a cabo sobre el colectivo PYME puede verse condenada al fracaso si no recibe la debida difusión, al no llegar hasta su objetivo final. La falta de información en la pequeña y mediana empresa es un factor que a menudo condiciona la ineficiencia de este tipo de explotaciones. El problema de la desinformación cobra especial relevancia de cara al Mercado Unico Europeo, dado que la pequeña y mediana empresa española carece de información suficiente sobre el mercado único, tanto sobre su esencia, como sobre los efectos que va a generar sobre el tejido empresarial nacional.

Las líneas de actuación comunitarias en este aspecto son dos: por una parte ofrecer información general sobre temas comunitarios a través de campañas de información desarrolladas por los Estados miembros, de boletines periódicos, de un manual práctico para empresas sobre el acceso a los programas comunitarios, y a través de la participación de la Comisión en conferencias y seminarios con cámaras de comercio, organizaciones profesionales y otros representantes del mundo de la empresa, y por otra parte, suministrar información más precisa y actualizada a la empresa, que esté descentralizada y disponible en las regiones cercanas a la misma.

Dentro de esta segunda vía de actuación la Comisión ha establecido una red de oficinas de información, centros de documentación, bibliotecas y bancos de datos con información actualizada de gran utilidad para la PYME, pero destacan en importancia dos instrumentos: los centros de empresa e innovación y los centros de información empresarial (Euroventanillas).

En 1991 existían en España siete centros empresariales y de innovación y treinta Euroventanillas. Estas últimas y sus subredes cubren todo el territorio nacional, y en todas las comunidades autónomas existen una o más Euroventanillas o suboficinas. Están situadas en entidades especializadas en el apoyo a la empresa, en cámaras de comercio o en bancos especializados en actividades de desarrollo.

Por su parte, tanto el IMPI como el ICEX cuentan con sus propios sistemas de bases de datos, SIE y SIBILA respectivamente, que permiten obtener información completa, actualizada y fiable sobre el panorama empresarial nacional y los mercados exteriores, proporcionando a las empresas un instrumento eficaz de gran utilidad en sus procesos de toma de decisiones.

Por último, dentro de las políticas de información a las empresas, hay que reseñar el Programa de Información que contiene la Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Energía, que se bifurca en dos tipos de actuaciones: los Servicios de Atención Personalizada (SAP), instrumentos que tienen por objeto facilitar el acceso a la información disponible, tanto en los fondos documentales como en las bases de datos de interés empresarial, en respuesta a las consultas de los empresarios que son atendidas de forma individual a través de una entrevista o una llamada telefónica, y la producción y distribución de bases de datos de interés empresarial con información genérica.

La pequeña y mediana empresa española tiene entre sus puntos débiles la falta de mentalidad exportadora, y como consecuencia, la falta de experiencia en los mercados internacionales. Los estudios realizados sobre este colectivo ponen de manifiesto una serie de carencias en relación con el acceso a los mercados exteriores y la existencia de redes de comercialización.

Las autoridades comunitarias, a través del Libro Blanco para la realización del Mercado Interior, proponen, a partir del diagnóstico de la situación en que se encontraba el Mercado Común en el momento de realizarse ese documento, un conjunto de medidas orientadas a la supresión de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas, que garanticen, entre otros objetivos, un aumento sustancial en las relaciones comerciales entre los países de la Europa de los Doce.

Por otra parte, en España la política de promoción de exportaciones es llevada a cabo por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organismo que depende del Ministerio de Comercio y Turismo. El objetivo global de esta institución es la internacionalización de la empresa española, algo necesario y crucial de cara al reto europeo que comenzó en 1993, de forma que ésta adquiera una posición reconocida en los mercados internacionales.

Las funciones que cumple el ICEX destinadas al fomento de la internacionalización pueden dividirse en genéricas, aquellas que pueden ser igualmente desarrolladas por la iniciativa privada, y específicas, que son funciones que sólo el Instituto está en condiciones de llevar a cabo. Dentro de las funciones genéricas, se incluye la prestación de servicios diversos como son, entre otros, servicios de información, de formación, de puesta en contacto entre empresas, de apoyo al desarrollo de marcas y filiales, participación en ferias y organización de planes sectoriales conjuntamente con Asociaciones. Las funciones específicas consisten en proveer a las empresas de determinados servicios que, dada su naturaleza, sólo pueden ser prestados por una agencia estatal: velar por la coherencia nacional y de cara al exterior de las acciones de promoción exterior y representar la política de fomento española en el extranjero.

Las características personalistas y familiares de la PYME española y su tamaño impiden que se produzca una propensión al establecimiento de relaciones con otras empresas, y por tanto, obstaculizan el acceso a otros mercados. La cooperación entre empresas es una variable decisiva para la pequeña empresa a la hora de enfrentarse a un mercado mayor y superar las limitaciones que su reducido tamaño impone.

La Comisión Europea reconoce que la cooperación afecta directamente al núcleo central de un gran mercado europeo sin fronteras para la empresa. La aceleración del proceso de integración económica trae consigo una transformación estructural más rápida y un aumento de la presión de la competencia de las empresas. La asociación y la cooperación entre empresas puede ayudarles a hacer frente común de cara a un mercado ampliado.

Dentro de la política empresarial de la Comunidad, y en el marco de las medidas de fomento de la cooperación empresarial, existe una serie de instrumentos destinados a estos efectos, como son la red BC-NET, el Centro de Cooperación Empresarial (BRE), las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (que a diferencia de los otros no depende de la DG XXIII sino de la DG III, mercado interior y asuntos industriales), y las medidas para fomentar la subcontratación en la CE. A su vez se han creado los encuentros europeos Europartenariat e Interprise, que si bien dependen de la DG XXIII, la Dirección General de política de empresa, se ajustan más a la política regional, dadas sus características. Todos estos instrumentos están diseñados para conseguir el desarrollo de la flexibilidad de las empresas y la adquisición por parte de éstas del tamaño crítico necesario para mantener y mejorar sus posiciones competitivas.

Dentro también de la política industrial española, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI) es uno de los organismos más activos en lo que al estímulo de la cooperación empresarial se refiere. En el apartado de la subcontratación, el IMPI participa en Ferias Internacionales de Subcontratación, en la organización del Congreso Internacional de Subcontratación Industrial, y aparte ha creado una Base de Datos de Subcontratistas Industriales (BADASUB). Por otra parte, este organismo ha sido seleccionado por la DG XXIII de la Comisión Europea como agente consultor en España dentro del programa Europartenariat y como asesor de empresas de la BC-NET, de forma que cualquier empresa española interesada en los servicios de la Red puede ponerse en contacto con el IMPI. También participa en la gestión del Centro de Cooperación Empresarial en España. A partir de 1993, el IMPI gestiona igualmente la Orden de Cooperación, publicada anualmente por el Ministerio de Industria y Energía, que regula el Programa de subvención de ayudas para el fomento de la cooperación industrial y la colaboración internacional.

Por otra parte, la Iniciativa PYME desarrollada por Ministerio de Industria contempla las siguientes actuaciones en materia de cooperación empresarial: el fomento de la cooperación mediante la creación de espacios de cooperación entre empresas españolas y extranjeras para la utilización conjunta de capacidades productivas, comerciales o tecnológicas; el Apoyo a Acciones Colectivas a través de la creación de Sociedades Anónimas integradas por PYMES para desarrollar un proyecto común, y por ultimo, el apoyo financiero a la cooperación, fusión y transmisión de empresas por medio del Fondo MIE-ARGENTARIA, creado entre el Ministerio de Industria y Energía y ARGENTARIA con el fin de financiar este tipo de operaciones en condiciones ventajosas.

La política agraria española llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) también tiene entre sus objetivos el fomento de la cooperación entre los empresarios del sector.

Otro de los problemas importantes con los que se enfrenta la PYME es el de su atraso tecnológico, es decir, la falta de adecuación de las tecnologías de la fabricación a las exigencias del mercado. Al no contar con equipos productivos lo suficientemente modernos queda limitada su capacidad para crear nuevos productos, de mejor calidad y más adaptados a las demandas.

Los esfuerzos de la Comisión, a la vista de estos problemas, se concentran en mejorar la competitividad de la empresa europea mediante el apoyo al esfuerzo de investigación de las PYME de alta tecnología y en el fomento de la transferencia de tecnologías de difusión de los centros de investigación.

La intervención de la Comisión se realiza a través de programas marco, habiendo finalizado recientemente el Tercer Programa Marco (1990-1994), que va a ser seguido en el período 1994-1999 por el Cuarto Programa Marco, cuyas destinatarias, al igual que en los precedentes, son las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de las industrias (incluidas las PYME), centros de investigación y universidades.

Algunos de los programas europeos de I+D contenidos en los Programas Marco están gestionados en España por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organismo dependiente de la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnología del MINER. Los programas de los que se ocupa el CDTI son aquellos cuyos objetivos sean eminentemente industriales.
Por su parte, el Plan de Actuación Tecnológico Industrial (1994-1996) de la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria y Energía (MINER) tiene por objeto el apoyo directo a la com-petitividad empresarial a través de la ayuda a desarrollos claramente dirigidos al mercado, ya sea por la vía de generación de productos o de mejora de procesos y el fortalecimiento del tejido industrial existente en el campo de las tecnologías avanzadas. El PATI es un plan de aplicación más horizontal que sectorial, puesto que se basa en la implantación de tecnologías avanzadas en todos los aspectos de las actividades industriales que contribuyan a mejorar la competitividad del sistema productivo.

Una mención aparte merece la Red Integrada de Servicios Electrónicos, REDINSER, incluida dentro del Plan de Difusión Tecnológica que nació en 1983. Esta Red cumple la función de difundir la electrónica a todos los niveles de la sociedad, y muy especialmente, a las PYME. Los Centros REDINSER están pensados para que las empresas puedan palpar y tocar las diferentes tecnologías y sus capacidades para mejorar el rendimiento, la productividad y la competitividad de la empresa. La descentralización del servicio prestado es la filosofía que rige este sistema, dado que la difusión de las tecnologías entre las PYME requiere un planteamiento descendente y activo, yendo a las empresas en vez de que ellas se acerquen, y especializando este servicio de forma que se ajuste lo más posible a las necesidades de cada sector.

A su vez, dentro de la Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, se contempla la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Producto Industrial, cuya finalidad es el promover la mejora e innovación del producto industrial como vía para mantener y aumentar las cotas de competitividad empresarial.

Por último, el sector agrario también se beneficia de actuaciones en el terreno de la investigación y experimentación. Desde 1986 se aplica el Plan Nacional de I+D, compuesto por programas sectoriales que son financiados por los Ministerios correspondientes, y programas nacionales financiados con cargo al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica.

La calidad de los recursos humanos es un factor decisivo de competitividad, pero las PYME reconocen sus carencias en este sentido. La formación adecuada y la cualificación del personal, bien aprovechados, son pilares básicos en los que se fundamenta la capacidad de las empresas para reaccionar de un modo flexible y dinámico ante una situación cambiante. Por lo tanto, resulta de vital importancia el potenciar las cualidades profesionales de los trabajadores a través de políticas de formación y aprendizaje, que inyecten el suficiente espíritu innovador y competitivo en las pequeñas y medianas empresas de forma que puedan superar sin problemas el reto del Mercado Unico.

La política europea en materia de formación a trabajadores y empresarios descansa sobre tres instrumentos: el Fondo Social Europeo (FSE), el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) y los programas de formación específicos.

El principal instrumento comunitario en el campo de la formación es el Fondo Social Europeo, que suministra a las PYME ayuda para la formación o el reciclaje con vistas a la introducción de nuevas tecnologías, para mejorar las técnicas de gestión y para que participen en programas de I+D comunitarios. Asimismo, en 1975 fue creado el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) para promover el desarrollo de la formación profesional a escala comunitaria. El Consejo de Administración de este organismo está formado por representantes de la Comisión Europea,de los gobiernos nacionales y de las organizaciones sindicales y empresariales. Por último, se han elaborado y puesto en práctica una serie de programas plurianuales destinados a la realización de una serie de objetivos de política industrial, social y regional de la Comunidad, entre los que destacan COMETT y EUROTECNET.

En el ámbito estrictamente nacional existen una serie de organismos e instituciones implicadas en la mejora de la formación dentro del mundo de la empresa, la mayoría de ellos además suelen prestar ayuda al empresario en forma de asesoramiento e información, entre las que destacan el Instituto Nacional de Empleo (INEM), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI).
La obtención de recursos financieros es quizá la dificultad más importante con la que se enfrenta la PYME española en la actualidad, dificultad en parte motivada por los obstáculos que este tipo de empresas encuentra a la hora de acceder a los mercados de capitales, dado su reducido tamaño. Una característica general de la pequeña y mediana empresa en España es el predominio de los fondos ajenos sobre los recursos propios, es decir, se produce un nivel muy bajo de autofinanciación.

La Comisión Europea estudió los aspectos concretos relacionados con las disposiciones financieras aplicables a las PYME y preparó una política apropiada para este colectivo, que tiene una proyección desde la política empresarial y otra desde la política regional.

La política empresarial tiene dos vertientes: por una parte, los instrumentos de préstamo comunitarios: el Banco Europeo de Inversiones, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y el Nuevo Instrumento Comunitario, y por otra, el fomento de formas innovadoras de financiación, como son los sistemas capital riesgo y capital de lanzamiento, a través de los programas Venture Consort y Eurotech Capital. Por su parte, a través de la política regional comunitaria se cofinancian conjuntamente con los Estados miembros, aquellas inversiones y gastos previstos dentro de los planes de desarrollo regional de cada nación, siempre y cuando se ajusten a las directrices establecidas por la Comunidad.

Mención aparte merece la inciativa comunitaria PYME, creada en la reunión de la Comisión del 15 de junio de 1994, que constituye un elemento más de financiación directa a la pequeña y mediana empresa industrial y de servicios, especialmente en las regiones menos desarrolladas, cuya finalidad es favorecer la adaptación al mercado único de este tipo de entidades y garantizar su competitividad internacional.

Ya en el ámbito nacional, en el marco de las acciones emprendidas por el Ministerio de Industria y Energía dentro de la Iniciativa PYME, destaca el Programa de Apoyo a la Financiación que se articula sobre tres tipos de instrumentos: préstamos avalados para inversiones, la promoción de sociedades y líneas de préstamos participativos y préstamos para reestructuración financiera.

El IMPI también desarrolla una política tendente a favorecer la financiación de las PYME, fundamentalmente a través de cinco vías: prestando asesoramiento financiero a las PYME basado en el Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, subvencionando los tipos de interés de los préstamos que conceden las entidades financieras, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración con las entidades financieras para poner a disposición de la PYME unas líneas de crédito en unas condiciones más ventajosas que las que le ofrece el mercado financiero, facilitando el reafianzamiento de los préstamos que conceden las entidades financieras a las PYME, a través de una política de capitalización y subvenciones a la Sociedad de Garantías Subsidiarias, S.A. (SOGASA), y finalmente, creando fondos especiales destinados a financiar los proyectos de empresas innovadoras.

El sector agrario también cuenta con instituciones de apoyo financiero, que se dedican a financiar la actividad de explotaciones de menor tamaño. Hay que destacar en primer lugar aquellas entidades financieras, tanto privadas como oficiales, que concentran la mayor parte de los recursos en la financiación de la empresa agraria. Sigue en orden de importancia el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que se encarga de canalizar préstamos hacia las empresas de este sector.

CONSIDERACIONES FINALES

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad Europea, las pequeñas y medianas empresas constituyen un objetivo preferente por tratarse de agentes fundamentales para el desarrollo regional. Por este motivo, desde hace varios años gran parte de las iniciativas comunitarias se dirigen hacia este colectivo bien mediante ayudas soporte de sus actividades (desarrollo de infraestructuras, fomento de asociaciones, facilidades de información), o bien mediante ayudas directas a la pequeña empresa.

La entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 inició un proceso de integración que pasaba por la coordinación de los aspectos de política nacional a las directrices marcadas por las autoridades comunitarias. Esto no implica una ausencia de autonomía en el marco de actuación de las autoridades nacionales, sino más bien una transmisión de competencias a una autoridad supranacional en determinados campos de actuación, dentro del proceso de convergencia económica, política y social llevado a cabo por los países de la Europa de los Doce.

De esta forma las actuaciones nacionales se llevan a cabo, por un lado, poniendo en marcha las iniciativas comunitarias y, por otro, mediante acciones propias de ayuda que complementan las anteriores actuaciones de fomento empresarial.

El objetivo común de las actuaciones institucionales se dirige a conseguir un colectivo empresarial dinámico, adaptado al nuevo entorno más competitivo, y con capacidad de generar riqueza en las distintas regiones europeas, gracias a sus fuertes lazos con las economías endógenas.

El conseguir estos objetivos, pasa por modernizar los procesos productivos de las PYME mediante la utilización de nuevas tecnologías, crear los adecuados canales de comercialización y distribución, disponer de información según las necesidades de cada empresa, cualificar la mano de obra según las nuevas exigencias y la existencia de los recursos financieros necesarios para afrontar las inversiones que en cada momento se requieran.

Con estas modificaciones se logrará la adaptación de los productos a las demandas cambiantes, especializarse en nichos de mercado cuando se considere conveniente, elevar el valor añadido de los productos mediante mejoras en diseño, uso de tecnologías y servicios post-venta, disponer de un tamaño suficiente para equiparse convenientemente y, mediante el uso asociaciones en los casos ne-cesarios para resultar competitivo en el nuevo entorno en el que se desenvuelve la empresa española, caracterizado por la globalización de mercados y por la internacionalización de actividades.