Un un momento transcendental en Europa tras la creación del espacio único audiovisual que las empresas deben aprovechar creando colaboraciones entre industrias nacionales, redes transfronterizas, operadores nacionales que superen la fragmentación y la dispersión de mercados, fluyendo sinergias que multipliquen el potencial de las sociedades, movilizando capitales transeuropeos, se plantea el interrogante de la función del audiovisual en las comunidades autónomas dado su ámbito de actuación limitado y la importancia fundamental que tiene en la defensa de las identidades culturales.

Un concepto clave en la industria audiovisual para entender su funcionamiento es el de industria cultural, que implica la complementariedad de ambos términos, al formar las actividades económicas industriales la base del desarrollo de las actividades culturales, necesarias las unas para el funcionamiento de las otras.

El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo adoptado por el Consejo de Europa en diciembre de 1993 presenta al sector audiovisual europeo con un elevado potencial de desarrollo en todos sus aspectos. Esta tendencia hacia el crecimiento y desarrollo de la industria audiovisual europea corre el riesgo de difuminarse si las fuerzas centrífugas la marginalizan en segmentos de mercado locales, regionales o estatales, que desaprovechen el crecimiento global del sector audiovisual.

La marginalización en segmentos de mercado locales es el gran riesgo que corren las industrias audiovisuales de las Comunidades Autónomas que traten de defender exclusivamente sus identidades en sus políticas audiovisuales.

La diferenciación cultural es un argumento que se utiliza para justificar un estado real carente de estructuras industriales y de creatividad audiovisual, dado que si éstas existen las posibilidades tecnológicas actuales permiten desarrollar la edición y la difusión multilingüe en optimas condiciones económicas de la producción artística de calidad, de forma que la diferenciación de productos que supone la diferenciación cultural permite estructurar un mercado de calidad, que puede constituir una baza económica importante. La fragmentación de mercados, que va a suponer la introducción de nuevas tecnologías en el campo de la transmisión y recepción, llevará a los servicios a una estrategia de diferenciación dirigida a satisfacer audiencias pequeñas, pero suficientes para financiar ofertas específicas.

La calidad junto a la diversidad cultural pueden desarrollarse en condiciones económicas viables.

Para encontrar en las CCAA una realidad industrial audiovisual autóctona, diferenciada de espacios geográficos definidos históricamente en España como Madrid y Barcelona, hay que remontarse a épocas recientes, asociadas a las transformaciones políticas y sociales que han supuesto los estatutos de autonomía y los traspasos de competencia en materias audiovisuales.

Igualmente las transformaciones económicas que han supuesto la evolución de las economías hacia una profunda terciariación en nuestra órbita occidental han incidido en la evolución de la industria audiovisual incluida la de las CCAA.

Referirse a la industria audiovisual en las autonomías supone inmediatamente vincularla con las TV autonómicas, motores impulsores del desarrollo audiovisual en muchos casos y único referente de medidas audiovisuales planificadas a medio y largo plazo, en contraste con medidas puntuales y limitadas propias de políticas audiovisuales coyunturales intranscendentales.

La existencia de políticas autonómicas planificadas o puntuales suele ir vinculada a la presencia o ausencia de televisiones autonómicas en las Comunidades, pero aun en el caso de existir canales propios, la planificación suele limitarse al control de la administración de los entes televisivos o al apoyo de la producción basada en criterios cuya característica dominante es un aspecto cultural, el lingüístico, que no coincide con otros criterios menos particularistas y más industriales de algunos profesionales, lo que ha llegado a originar incluso escandalosas protestas de éstos en alguna Comunidad Autónoma concreta. Caso opuesto es el País Vasco, donde se articula una política posibilista y coherente de apoyo a la producción con criterios mercantiles, industriales y culturales, conjugando equilibradamente los factores que componen una industria cultural, incluido el lingüístico, previendo además la posibilidad de evolución si las futuras necesidades del sector como las formativas, tecnológicas o de comercialización lo requieren.

La industria audiovisual autonómica se encuentra limitada por factores estáticos geográficos y demográficos estando, sin embargo, su presencia enmarcada en unos contextos superiores como son el estatal y el europeo al que otros factores de tipo dinámico, como la multiplicación de canales de TV, la ampliación de horas de emisión, el incremento del mercado videográfico, la difusión por cable y satélite, modifican continuamente en su evolución la estructura general existente en el audiovisual, lo cual afecta muy directamente al desarrollo de la industria audiovisual autonómica.

La preocupación por la existencia de una industria audiovisual viene dada por la necesidad de aportar una alta contribución a la creación de empleo y renta, así como de proyectar al exterior una imagen positiva.

Actualmente, el peso económico directo de la industria audiovisual es poco importante en relación con otros sectores económicos, pero la expansión de los últimos años, el alto valor añadido de la producción audiovisual, el uso intensivo de mano de obra cualificada, el elevado efecto multiplicador sobre un amplio abanico de servicios, hace de este sector uno de los más interesantes para merecer una atención especial de los poderes públicos.

Igualmente ha llegado a ser el principal foco de articulación de la demanda cultural en comunidades desarrolladas, al ocupar una posición dominante sobre el resto de mercados culturales, como medios de comunicación y de información.

El uso de políticas audiovisuales autonómicas complementarias a las estatales y a la europea, para cubrir los huecos y satisfacer las necesidades de consumo, que estas últimas no alcanzan a llenar por las peculiares características idiosincrásicas y culturales que conforman las identidades de las CCAA (productos específicos, ajenos a los de la tendencia globalizadora de la oferta), puede ser el estímulo que sirva para potenciar la creatividad artística necesaria, corazón de la actividad industrial, que entronque con las demandas globales de calidad tan necesaria para el futuro del sector audiovisual.

Cualquier política activa audiovisual de apoyo debe ser considerada en sus justos términos, limitados por las dimensiones microespacial y geográfica, y destinada a aprovechar los recursos y las potencialidades que posee cada región, entroncando las estructuras audiovisuales autonómicas con las más amplias estatales y europeas.

En definitiva, se pueden encontrar nichos a ocupar en la estructura audiovisual estatal, europea y global con servicios audiovisuales relacionados con la diferenciación cualitativa basada en especifidades culturales.
El aprovechamiento de estos nichos de mercado, que los grandes capitales con su política homogeneizadora y masificadora de consumo no pueden llenar, es la gran baza que el audiovisual autonómico debe jugar para conseguir estabilidad y un futuro económico viable de acuerdo con las posibilidades reales de las empresas locales.

Pero la cimentación de una estructura audiovisual local exige un nivel de capacitación técnico y profesional altamente cualificado que cubra las diferentes categorías y especialidades que componen la industria. Por ello una política audiovisual dinámica, coherente con una perspectiva de futuro, debe contemplar la inversión en capital humano, labor que debe coordinarse entre los sectores públicos y los privados, dada la necesaria formación práctica en empresas de todo tipo de educación audiovisual que quiera responder a los retos que el uso de nuevas tecnologías supone.