Incógnitas sobre la rentabilidad de la TV por satélite mientras continúa sin resolverse su futuro respecto al cable y la alta definición. Con la puesta en órbita, el pasado 22 de julio , del satélite Hispasat 1B y, en las mismas fechas, la adjudicación administrativa de las concesiones para la explotación de tres de sus cinco canales de radiodifusión directa para España se ha completado el curso de los acontecimientos previstos para la puesta en marcha del primer sistema español de comunicaciones por satélite destinado a la cobertura de las conexiones de telecomunicaciones y radiodifusión.

La configuración definitiva del sistema contará con cinco canales de radiodifusión directa para España (dos de ellos gestionados por RTVE y los tres restantes en régimen de alquiler por concesión), otros dos canales de idénticas características para la canexión con América, a cargo asimismo de RTVE y completados con sendos canales de retorno América-España, dieciseis canales dedicados a la prestación de servicios fijos de telecomunicaciones (videotelefonía, videoconferencias, transmisión de datos, etc.) y cuatro canales de utilización gubernamental.

La sociedad Hispasat S.A. fue constituida para la financiación del proyecto por Retevisión, Telefónica, Caja Postal el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) el Instituto Nacional de Industria (INI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Industria. Sus responsables sltúan las inversiones habilitadas en torno a los 60.000 millones de pesetas; los ingresos previstos por su explotación en sus diez años de utilidad se acercarán a los 130.000 millones, de los que se espera un margen definitivo de beneficios de aproximadamente de 45.000 millones.

La Ley de Televisión por Satélite (ver en esta misma sección, Telos núm. 33) dispuso las condiciones para el acceso, en régimen de concesión, a la explotación, en el caso actual de tres de los cinco canales de radiodifusión directa para España gestionados por Hispasat.

El concurso, convocado por el gobierno en el mes de abril fue prorrogado hasta julio para que fuera el ejecutivo salido de las elecciones quien se pronunciase sobre el particular. Al tiempo, los principales actores interesados en este concurso (básicamente las tres sociedades que en la actualidad detentan las concesiones de TV Privada terrestre) planteaban sus dudas sobre la rentabilidad de su participación. Por un lado, la ausencia de desarrollo de la televisión por cable en nuestro país supone una rémora efectiva por la inexistencia de un canal técnico y comercial de la suficiente dimensión.

Otro factor de riesgo apunta, por un lado, a las condiciones de producción de las emisiones, sujetas a limitaciones porcentuales de la emisión de la programación terrestre de las mencionadas cadenas; e, igualmente, a las posibilidades de rentabilidad publicitaria, tanto por las disposiciones normativas sobre los porcentajes de emisión como por el escaso margen de inversión publicitaria que permite la actual situación de saturación del mercado.

La constitución de canales de pago de emisión codificada se presenta como una salida a esta última cuestión. Sin embargo, las iniciativas para acordar la utilización de un único sistema de acceso y decodificación de la senal, cifradas en el sistema incorporado en la actualidad por Canal Plus, previo pago de un canon, no han concluido hasta hoy con resultados positivos.

La coexistencia de sistemas de codificación diferentes plantea serios problemas sobre su viabilidad comercial al obligar a los usuarios a la adquisición de diferentes equipos de decodificación. Por otro lado, la introducción ya efectiva en el mercado del sistema mencionado se ve como una ventaja a valorar, en orden a una rápida expansión del servicio.

En este punto coinciden asimismo Hispasat y Retevisión, quienes, como miembros del Grupo de Estudios de Sistemas de Encripción (GESA), creado a mediados de año para acordar la normalización de las señales de emisión, recomendaron, como una de las conclusiones del informe final de sus trabajos, la conveniencia en la utilización de un solo sistema en la codificación de las señales en caso de emisión de programas encriptados.

ESPERANDO A LA LEY

Diversas fuentes han coincidido, a lo largo de los últimos meses, en afirmar la inminencia de la tramitación de una legislación que regule las emisiones de TV por cable en España. La Asociación Española de Distribuidores por Cable (AESDICA), que agrupa a las principales redes operadoras del país, asegura recoger la opinión de la Secretaria General de Comunicaciones al afirmar que un borrador definitivo ya estaría dispuesto a este efecto. Una reciente promesa del Ministro Borrell, en el sentido de que antes de finales de año se contaría con un texto de anteproyecto para ser aprobado por el Consejo de Ministros, parece corroborar tal presunción.
La escasez de noticias al respecto hasta hoy se justificaría, en palabras de Juan Torres, Jefe de Prensa de la Dirección General de Telecomunicaciones, en las demoras que ha podido suponer, en el calendario de trabajo del Ministerio, el desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley de TV por Satélite (máxime cuando los plazos para su cumplimentación, en lo que se refiere a las concesiones de emisión, se retrasaron en virtud de las elecciones), así como la adecuación a la legislación española de la Directiva comunitaria sobre la TV sin fronteras.

Mientras tanto, han continuado sucediéndose las noticias sobre los movimientos de los principales actores interesados en los proyectos sobre TV por cable en España. Por un lado, al amparo del vacio legal existente, siguen extendiéndose iniciativas municipales y comunitarias para el establecimiento de redes locales, dedicadas a servicios de difusión audiovisual y otros de alcance municipal, y respaldadas por empresas instaladoras que poco a poco acumulan un volumen de negocio considerable en este tipo de actividad y que mantienen expectativas en un futuro de constituirse en operadoras.

Un ejemplo revelador, no sólo de la envergadura de este tipo de movimientos y de la importancia que una política de hechos consumados puede tener para definir el futuro marco legislativo, sino también de la naturaleza de sus protagonistas, lo constituye el proyecto presentado por Fecsa-Endesa al ayuntarniento de Tarragona, a partir del cual se estudia la viabilidad de una red de comunicaciones por cable, cuya inversión se acercaría a los 700 millones de pesetas, para conectar servicios de TV y comunicación local. AESDICA por su parte, ha dado un paso adelante en su actividad mediante un acuerdo con la distribuidora norteamericana Taurus Programming Services, para la emisión en España de canales temáticos, amparandose para ello en la legislación técnica de vídeos comumtarios y previendo utilizar para la conexión los servicios del satélite Intelsat K.

A consecuencia de esta situación se plantean interrogantes sobre la integración de las redes portadoras de los servicios de TV por cable, uno de los objetivos fijados por la LOT y que, a juicio del citado portavoz de la DGT, resulta uno de los puntos más conflictivos en la elaboración de la ley.

No obstante, se insiste en la ausencia de una postura política oficial por parte de la administración, conceptuando en último término estas dificultades bajo la categoría de condicionantes técnicos.

A la espera de esta regulación, Retevisión y Telefónica, los dos operadores a quienes se ha supuesto mayores garantías para estar presentes en un posible marco de diseño integrado de las redes, mantienen sus expectativas de participación en el mercado. Retevisión participo en la pasada Exposición Universal de Sevilla como instalador y operador de la red interna de teledistribución encargada de transportar las emisiones de TV y radio, así como la red interactiva que sirvió de soporte profesional al tráfico de comunicaciones internas del recinto.
Según Julio Cerezo, Director de Relaciones Externas de la entidad, «la voluntad de Retevisión de estar presente en el mercado nacional de la TV por cable ha sido manifestada en numerosas ocasiones y se está a la espera de que la administración regule y defina las competencias y funciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso de emisión». Por su parte, Telefónica afronta su participación a traves de la sociedad Cablevisión, en la que participan además Sogecable y Abengoa.

LA INCIERTA DEFINICIÓN

En el terreno de la TV de Alta Definición, y tras el abandono por la Comisión de la CE de la obligatoriedad en la adopción de la norma MAC como estándar europeo, no obstante han seguido produciéndose en los últimos meses iniciativas desde esta instancia tendentes a su desarrollo tecnológico y comercial.

En junio, la Comunidad ha puesto en marcha el programa Visión 1250, dedicado a la provisión de fondos de ayuda a los productores y difusores europeos que realicen o emitan sus programas en cualquier sistema de Alta Definición. El monto de las ayudas asciende a 228 millones de Ecus, una cuarta parte de la propuesta debatida el pasado año, cifra más cercana a los programas de fomento de la industria audiovisual integrados en Media que a los presupuestos de los programas de telecomunicaciones.

Las subvenciones se dedicarán a la adquisición de material técnico, la promoción de la norma D2-MAC en el exterior, a la formación de personal y en apoyo al formato 16:9.
El programa pretende con estas medidas fomentar la industria audiovisual de alta definición europea cuando se espera que en 1994 se dé comienzo a las emisiones vía satélite para los primeros receptores de tecnología digital y asimismo para los convencionales dlspuestos con modificadores de señal, y aumentar de esta forma la escasa producción europea cifrada en la actualidad en 200 horas anuales.

Otras iniciativas de alcance europeo parecen sin embargo apostar más decididamente por un sistema digital de televisión de Alta Definición. En septiembre se cerró en Bonn un protocolo para la constitución del Grupo de Desarrollo de la TV Digital que integrará a ochenta empresas, instituciones y organismos del sector; entre otras, Thomson, Philips, Nokia, Sony Europa, TF 1, BBC, Canal Plus, SAT 1, ZDF y compañías operadoras de comunicaciones por satélite. En el comité de dirección estarán por parte española la DGT, Retevisión, Hispasat, Pesa Electrónica, RTVE y Sogecable.